A “Pandoros” y asesinos de Berta Cáceres no los acusan de asociación ilícita: Omar Menjivar

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El abogado de los defensores de la comunidad de Guapinol, Omar Menjivar hace un llamado para apoyar a los campesinos que están siendo criminalizados por el hecho de defender la tierra y los bienes comunes.

En su página de Facebok Menjivar ha escrito que en el país “Se organizan, estructuran una compleja red de falsas empresas, planifican y saquean el seguro social, por no menos de siete mil millones de lempiras, PERO NO SON ACUSADOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA”.

Puntea también que “Bajo la dirección del grupo económico más poderoso e inescrupuloso del país, como directo y principal interesado, toman la decisión, se asocian casi una veintena de personas, entre empresarios, empleados, militares, exmilitares, sicarios y la colaboración de funcionarios de Estado y planifican y ejecutan el asesinato de Berta Cáceres. El MP acusa a un grupo de nivel medio hacia abajo, por el asesinato, pero no acusa a nadie por asociación ilícita.

Menjivar señala también que, “Estructuran una extensa red de falsas ONGs y empresas mercantiles para saquear las arcas del Estado por miles de millones (cantidad aún no determinada) y financiar su campaña política, asaltar el poder y enriquecerse ilícitamente, lavando activos provenientes del saqueo.

El Ministerio Público acusa un pequeño grupo de nivel medio hacia abajo en el denominado caso Pandora por el saqueo de solo una Secretaría de Estado (doscientos ochenta y dos millones), pero no acusa por asociación ilícita y cuando decidió hacerlo, la juez del caso sobreseyó a los acusados diciendo que no había tal delito, poniéndolos en libertad.

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Finalmente, Menjivar ilustra que a los pobladores del Aguán, mayoritariamente campesinos y campesinas, se organizan para defender el río Guapinol, por el derecho al agua y la vida, frente a una compañía minera y el MP no lo piensa mucho y a estos sí los acusan por asociación ilícita ante un juez de exclusiva competencia para juzgar al crimen organizado y este los manda a prisión sin ninguna contemplación, pese a ser incompetente para juzgar su caso.

Ambientalistas de Guapinol sobreseídos por delitos de usurpación y daños

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La madruga de este sábado el juez Víctor Méndez resolvió dictar sobreseimiento definitivo por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera Los Pineras, a 13 defensores del medio ambiente de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, que permanecen con la medida de detención judicial

El sobreseimiento se dictó a eso de las 2:30 de la madrugada y corresponde al primer requerimiento presentado por el Ministerio Público, quedando pendiente la audiencia inicial para resolver un segundo requerimiento fiscal por los delitos de privación injusta libertad, robo, incendio agravado y asociación ilícita.

La audiencia inicial para dilucidar el segundo requerimiento inició a las 9:00 de la mañana de este sábado, mientras los ambientalistas continúan con la medida de detención judicial.

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El caso de los ambientalistas está siendo abordado en un juzgado con jurisdicción nacional territorial en Tegucigalpa, especializado en crimen organizado. Es decidir que los defensores del medio ambiente están siendo juzgados como criminales de alta peligrosidad.

Todas las resoluciones son contrarias a derecho sobre todo las recusaciones presentadas por la defensa por violación de derechos

Omar Menjívar, abogado defensor de los ambientalistas e integrante del equipo legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa, manifestó que el juicio tiene muchos vicios desde el inicio. Asimismo, que todas las resoluciones son contrarias a derecho, especialmente las impugnaciones y  recusaciones presentadas por la defensa por violación de derechos, falta de acción, nulidad de actuaciones y por la incompetencia del tribunal, las que él mismo juez  declaró sin lugar.

Como parte de los vicios, Menjívar citó que la acusación por el delito de incendio de un vehículo no ha sido individualizada y que la existencia de 47 mil lempiras y dos celulares no ha sido acreditada para imputar el delito de robo.

Los abogados defensores de los ambientalistas de Guapinol, que integran la Coalición Contra la Impunidad, han referido que sus defendidos son víctimas de tráfico de influencias en beneficio del empresario minero Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé.

JOH “es el hombre atrás del saqueo del Estado”: Omar Menjívar

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-De manera lenta pero va avanzando, quizás no como nosotros quisiéramos y no hablo tanto como abogado sino como ciudadano, dijo este lunes a CRITERIO Omar Menjívar, apoderado legal de Fernando Suárez, testigo clave del caso Pandora.

Suárez se entregó a la justicia hondureña el 23 de noviembre de 2018, por estar involucrado en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), bautizó como caso Pandora.

En declaraciones brindadas a los medios de comunicación en diciembre de 2018, Menjívar contó que su cliente había confesado en los tribunales de justicia y ante el Ministerio Público que había formado parte de una estructura criminal constituida para saquear varias instituciones del Estado y que dicha estructura era dirigida por la Hilda Hernández, por delegación y conocimiento de su hermano, el jefe de gobierno, Juan Hernández.

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El profesional del derecho manifestó hoy que las revelaciones que ha hecho Suárez tienen que ver con la integridad del Estado, porque ha develado la existencia de un Estado criminal, gobernado por una organización criminal que se ha dedicado simplemente a saquear al Estado, que se ampara bajo el ropaje de partido político, pero en la dirección del Estado lo que hace es dilapidar, saquear, que pareciera ser su función principal.

Según Menjívar, la evidencia presentada por Suárez es abundante y ha estado siendo analizada por el Ministerio Público, proceso para el cual se requiere tiempo, “pero lo importante es que se avanza, no como quisiéramos, pero va avanzando”, insistió.

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Consultado sobre qué confianza hay en el Ministerio Público para que llegue a los autores intelectuales del saqueo del Estado, respondió que se debe diferenciar en lo que debe ser y lo que es. “Lo que debe ser y lo que debe ocurrir es que el Ministerio Público presente acciones penales contra el presidente de la República, eso es lo ideal y eso es lo que esperaríamos los ciudadanos, si pensamos que funciona correctamente el Estado”, expresó.

El abogado sostuvo que las pruebas contra Hernández son contundentes, pero que requieren de análisis y de hacer la relación necesaria entre un indicio y otro, porque claramente el gobernante nunca estuvo al frente y nunca firmó una cosa que lo pudiera comprometer y ese es el reto que tiene el Ministerio Público.

 “El presidente es el autor detrás del autor, en la doctrina penal así se le llama, el autor detrás del autor, el hombre de atrás del saqueo del Estado”: Omar Menjívar, apoderado legal de Fernando Suárez, actor clave del caso Pandora.

Insistió que el gobernante está detrás de toda la trama del saqueo porque los fondos sirvieron para beneficiar su candidatura presidencial en la primera ocasión cuando lanzó su candidatura interna bajo las filas del Partido Nacional, después para hacerlo presidente y finalmente para reelegirlo presidente de la República.

Consultado por qué su cliente pidió la protección de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para preservar su integridad física, respondió que se tenía que escoger al menos peor de los órganos de seguridad del Estado, pero que se está consiente que el riesgo continúa latente.

De acuerdo a las revelaciones de Suárez hubo saqueo en el Congreso Nacional, Secretaría de Desarrollo Social, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y otras instituciones del Estado, supuestamente, justificado en proyectos dirigidos para la gente pobre, campesinos, mujeres y niños.

Tribunal se declara incompetente de conocer caso de los presos políticos

Legalmente se allana el camino de la libertad

 

presos políticos
Militantes del partido Libre protestaron hoy frente al Poder Judicial, exigiendo la liberación de Edwin Espinal y Raúl Álvarez.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Juzgado de lo Penal con Jurisdicción Nacional emitió este lunes una resolución mediante la cual se declara incompetente para conocer la causa de los presos políticos, Edwin Espinal y Raúl Álvarez.

“Con la resolución de hoy lo que ha quedado claro es que Edwin y Raúl han sido privados de su libertad por una autoridad que no tenía autoridad y la Constitución dice que nadie puede ser privado de su libertad si no es por orden de autoridad competente, de un juez competente”, dijo el abogado penalista, Omar Menjívar, apoderado legal de Edwin Espinal.

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Espinal, de 42 años, y Álvarez, de 25 años, fueron detenidos el 16 y 19 de enero de 2018, respectivamente, acusados de ser responsables de los daños que ocurrieron contra el Hotel Marriot, en Tegucigalpa, el 12 de enero de 2018, durante una manifestación pública que denunciaba un fraude electoral.

Los imputados están recluidos desde enero de 2018 en la cárcel de máxima seguridad, más conocida como “La Tolva”, ubicada en el municipio de Morocelí, El Paraíso, acusados por los delitos de incendio y daño agravado, luego de participar en las protestas que denunciaban un fraude electoral y donde resultó  con daños la estructura física de un hotel capitalino.

Por el tipo de delitos, (comunes) la causa de Álvarez y Espinal debió conocerse desde un inicio por un juzgado común y no por un juzgado con juriscción nacional, ya que éstos últimos se encargan de casos de alta criminalidad.

Hasta el momento las autoridades hondureñas no han admitido que los jóvenes sean presos políticos como lo aseveran las organizaciones defensoras de los derechos humanos, al argumentar que los delitos imputados no corresponden a esa categoría.

Sin embargo, Menjívar y Benedicto Santos—apoderado legal de Raúl Álvarez— insisten que sus defendidos son presos políticos del régimen de Honduras, que encabeza el gobernante, Juan Hernández.

Los abogados sostienen que los jóvenes fueron apresados por protestar contra el fraude electoral de noviembre de 2017, una motivación de carácter político, aunque los delitos correspondan a otra categoría.

También señalan que este caso es un mensaje para el resto de los ciudadanos, para que vean y entiendan lo que les puede pasar si se atreven a protestar.

Responsabilidad internacional

En virtud de la violación al procedimiento, el abogado penalista apuntó que existe responsabilidad internacional por parte del Estado de Honduras, porque el Estado tiene obligación de garantizar, promover y respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En ese sentido, Menjívar dijo que una vez que se agote el proceso internamente, las víctimas están en su derecho de proceder a demandar al Estado de Honduras por violación a sus derechos.

Menjívar apuntó que la jurisdicción especial con competencia territorial a nivel nacional y el aparato militar que funciona a su alrededor, a la que han sido sometidos Espinal y Álvarez, fue creada para perseguir al crimen organizado y no para perseguir a ciudadanos que protestan.

Añadió que dicho tribunal es para enfrentar a un enemigo muy peligroso, que es el crimen organizado, donde se ha clasificado a Edwin Espinal y a Raúl Álvarez, sin ser tan siquiera responsables de algún delito, porque hasta el momento no ha existido ninguna prueba que incrimine a los imputados por los delitos atribuidos.

                                Omar Menjívar, apoderado legal de Edwin Espinal.

El Tribunal de Competencia Territorial remitirá entre hoy y mañana el expediente al tribunal ordinario de justicia penal, que es al que eventualmente le habría correspondido conocer del caso.

En aplicación de la Constitución, la defensa de Edwin Espinal y Raúl Álvarez pidió la anulación del proceso y por consiguiente la libertad de los mencionados, sin embargo, eso no fue aceptado y ahora lo que procede es que un juez ordinario conozca la causa.

En virtud que el Ministerio Público no ha presentado las pruebas que incriminen a los inculpados, estará en manos del juez ordinario la aplicación de medidas distintas a la prisión.

Legalmente hoy se ha allanado el camino de la libertad para los dos presos políticos, “pero desde luego estos casos tienen otra serie de ingredientes, de circunstancias que lo rodean, que casi siempre hacen que la ley no se aplique como debe ser”, manifestó Menjívar.

Persecución política

El abogado Benedicto Santos, cuantificó que en el marco de la crisis postelectoral de noviembre de 2017, alrededor de 3.000 hondureños que protestaban contra el fraude electoral fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del Estado. De estos, 180 fueron judicializados y alrededor de 60 penalizados.

Santos, apuntó que muchas personas fueron acusadas por delitos de extorsión, sin presentar ninguna prueba.

Presos polìticos
El coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, dijo que los militares no quieren que se libere a Edwin Espinal y a Raúl Álvarez.

Este lunes en el marco de la audiencia del Tribunal con Jurisdicción Nacional, militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezados por diputados y el coordinador de este instituto político y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, realizaron un mitin en las afueras del Poder Judicial, para exigir la liberación de Edwin Espinal y Raúl Álvarez.

Zelaya Rosales dijo que Espinal y Álvarez tienen derecho a defenderse en libertad y demostrar su inocencia, “pero este es un régimen represivo y creo que ha habido información, que los militares se oponen a su liberación”, expresó.

Revelan que Hilda Hernández pagó L 2.5 millones para controlar a fiscales del caso Pandora

Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-La fallecida Hilda Hernández habría pagado 2.5 millones de lempiras a fiscales del Ministerio Público para que presentaran a su conveniencia los requerimientos fiscales en el caso Pandora.

Lo anterior lo reveló, Omar Menjívar, apoderado legal de Fernando Suárez Ramírez, actor clave en el saqueo de los 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), bautizado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Señaló que los fondos pagados sirvieron para controlar a la gente en el Ministerio Público y se asignaran responsables de la investigación “coordinados por la oficina de la señora Hilda Hernández” y fue así cómo se definió a quiénes y por qué delitos se acusaba.

“El rol que desempeño ello (Hilda Hernández) era autorizado por su hermano, pero además con el pleno conocimiento de su hermano, el que ejerce las funciones de presidente en el país, con el beneficio directo para él, porque todo se hizo fundamentalmente para financiar la campaña del Partido Nacional”, expuso Menjívar en una entrevista concedida a Radio Progreso, perteneciente a la iglesia Jesuita.

El procurador privado detalló que los cheques que se emitían eran cambiados en los bancos por los beneficiarios, pero que éstos retornaban los fondos a la Casa Presidencial, para las actividades particulares del Partido Nacional y para los lujos que se daba el círculo que comandaba la mafia.

El abogado Menjívar contó que la extinta hermana del gobernante le regaló una lujosa camioneta a Suárez Ramírez, para mantenerlo contento para realizar las irregulares transacciones a través las fundaciones Dibatista y Todos Somos Honduras, plataformas utilizadas para drenar los recursos del Estado.

“Le fueron a estacionar cuatro Prados (camionetas) en el estacionamiento de Casa Presidencial” e Hilda Hernández le entregó 30 mil dólares a su defendido para que pactara la prima del vehículo con la agencia vendedora.

Menjívar dijo que el Partido Nacional ha mutado de organización política a organización criminal, dirigida en el plano operativo por Hilda Hernández, que era quien daba las instrucciones a su defendido para que distribuyera el dinero, pero antes le establecía el nombre del beneficiario, el momento, la fecha y los montos de los cheques.

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El abogado manifestó que su conducta ética no le permite argumentar que su cliente es inocente, porque existen suficientes argumentos y pruebas que fue parte de una red que causó daños a la sociedad hondureña mediante el saqueo a la SAG. Apuntó que su alegato de dejarlo en libertad, bajo la protección de la ATIC, es porque la vida de su defendido corre peligro en manos de las mafias que lideraron el acto criminal.

“Cualquier cosa que a mí me pudiera pasar, es claro que el responsable de eso sería el presidente de la República para abajo”, expresó Menjívar al dejar establecido que su vida corre peligro.

Finalmente, apuntó el Partido Nacional se ha convertido en una organización criminal, porque no es casualidad que el hermano del gobernante haya sido capturado en los Estados Unidos, por estar ligado al crimen organizado.

El viernes anterior se conoció que Juan Antonio “Tony” Hernández fue capturado en la ciudad de Miami, Florida, por cargos ligados al narcotráfico y armas.

Actor clave en caso Pandora declara que JOH es el cabecilla de los saqueos en varias instituciones del Estado

Fernando José Suarez Ramírez declaró ante el Ministerio Público y tribunales de justicia que, además de la SAG se saqueó, el Congreso Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social, el PANI y el Infop.

Según el abogado Omar Menjívar, su defendido Fernando José Suarez Ramírez, le ha planteado un reto al Ministerio Público y a la MACCIH, para que acusen a los verdaderos responsables del desastre que hay en Honduras.

Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Fernando José Suarez Ramírez, uno de los actores claves del caso Pandora, ha revelado ante el Ministerio Público y ante los tribunales de justicia que el jefe de Estado de Honduras, Juan Hernández y la difunta hermana de éste, Hilda Hernández, son los cabecillas de una red criminal que saqueó varias instituciones del Estado.

Lo anterior fue revelado este domingo por Omar Menjívar, abogado defensor de Suarez Ramírez, durante una entrevista proporcionada a la local Radio América.

Añadió que su cliente ha delatado que “lo ocurrido fue producto de la decisión, planificación, ejecución, supervisión de una organización criminal que lamentablemente es la que dirige al Estado de Honduras y esa organización criminal tenía una dirección ejecutiva y esa dirección ejecutiva la ejercía nada más y nada menos que Hilda Hernández, por delegación, conocimiento del presidente actual de la República. Ellos son los cabecillas de esto”, dijo Menjívar.

El profesional del derecho se refirió al tema tras conocer la resolución de la jueza natural que conoce el caso Pandora, Lidia Álvarez Sagastume. La madrugada de este domingo la jueza determinó dejar a Fernando José Suarez Ramírez bajo la custodia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) al valorar que su vida corre riesgo.

La Defensa alegó que mafias del caso Pandora pueden atentar contra la vida del imputado, logrando acreditar que ha sido víctima de amenazas a muerte contra su vida, la de su esposa, e hija de apenas tres años y de su familia en general.

Menjívar sostuvo que las amenazas recobran mayor fuerza luego que su defendido ha proporcionado información clave ante el Ministerio Público y ante la misma justicia.

El procurador privado enfatizó que su conducta ética y profesional no le permite argumentar que su cliente es inocente, porque tiene responsabilidad clave, “él fue un participante de todos estos hechos, que consistieron nada más y nada menos que el saqueo de 282 millones de lempiras solo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero se saqueó fondos del Congreso, saquearon fondos de otras instituciones del Estado”.

Añadió que hubo saqueo en el Congreso Nacional, Secretaría de Desarrollo Social, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y todos, supuestamente, justificados en proyectos dirigidos para la gente pobre, campesinos, mujeres y niños.

Amplió que su cliente no ha llegado a los tribunales de justicia a decir que es inocente, sino que a aceptar su culpabilidad para que se le aplique la ley en la medida que corresponde.

También “ha venido a delatar que los hechos que ocurrieron no fueron hechos aislados que se le ocurrieron a él o a Jacobo Regalado” como se ha manejado por los medios de comunicación e incluso por la misma Fiscalía, dijo Menjívar.

Añadió que su cliente ha delatado que lo ocurrido fue producto de la decisión, planificación, ejecución, supervisión de una organización criminal que lamentablemente es la que dirige al Estado de Honduras y esa organización criminal tenía una dirección ejecutiva y esa dirección ejecutiva la ejercía nada más y nada menos que Hilda Hernández, por delegación, conocimiento del presidente actual de la República. Ellos son los cabecillas de esto”, expresó.

Amplió que Fernando Suárez, fue una pieza, a quien se le asignó un rol que “lo cumplía o lo cumplía”. Una vez que se metió a eso, zafarse no está tan fácil; se metió a eso y ahora asume las consecuencias y desde luego ha recibido amenazas a muerte serias”, anfatizó.

Menjívar identificó como cabecillas de la red criminal al jefe de Gobierno de Honduras, Juan Hernández y a la difunta hermana de éste, Hilda Hernández, quienes—aseveró— de acuerdo a las evidencias utilizaron los recursos para financiar campañas políticas.

Apuntó que es reprochable que su defendido haya participado en los actos ilícitos y que se le debe castigar por lo que hizo, pero que hay que reconocerle que está tratando de redimirse y de colaborar para que el Ministerio Público, en primera instancia conozca la verdad y para que la justicia se realice conforme a esa verdad demostrable, “porque no es que son pablaras simplemente de él, sino que hay evidencias suficiente que demuestra lo que está diciendo”.

En conclusión, el abogado dijo que Suárez Ramírez le ha planteado un reto al Ministerio Público y para que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) “ahora sí tomen la decisión de acusar a los verdaderos responsables del desastre de este país”.

El abogado sostuvo que su defendido ha declarado ante los tribunales que casi la totalidad de los fondos saqueados en todas las instituciones del Estados, sirvieron para pagar la campaña política de Hernández, tanto desde la campaña interna bajo el Movimiento Azules Unidos en 2012 y después, en la campaña de cara a las elecciones generales de 2013 y la campaña general de 2017.

Además de gastar los fondos en las campañas del Partido Nacional y también del Partido Liberal, Menjívar manifestó que los líderes de las mafias aprovechaban los recursos para enriquecerse personalmente. “Este pequeño grupo orquestador de todo esto. Se compró bienes, casas, terrenos, aquí y en el extranjero, vehículos y se pagaban lujos”.

Durante la audiencia inicial, que finalizó en horas de la madrugada de este domingo, la jueza natural Lidia Álvarez Sagastume, dictó sobreseimiento definitivo a Suárez Ramírez por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y prevaricato y le dictó auto de formal procesamiento por fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.

Se conoce como caso Pandora a la conformación de una red criminal de 38 personas, entre políticos, empresarios y particulares que, entre los años 2010 y 2013, saqueó 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

De acuerdo a las investigaciones de la MACCIH y la UFECIC, los recursos económicos sirvieron para el financiamiento de campañas políticas de los Partidos Nacional, Liberal y del Frente Amplio.

Fernando José Suarez Ramírez, quien tenía el control de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, desde donde se drenaron más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), se entregó en el pasado jueves a la ATIC.

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Suárez Ramírez, quien se encontraba prófugo de la justicia, es uno de los 38 señalados en el famoso caso Pandora, que en su mayoría se encuentran en libertad tras ser beneficiados por la justicia hondureña con medidas distintas a la prisión, pese haber sido acusados por la MACCIH de haber defraudado al Estado.

De acuerdo al requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC-MP) y la MACCIH, Suárez Ramírez habría sido el principal socio del exsecretario de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, que guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería.

El requerimiento establece además que era “el encargado de los fondos públicos, los cuales fueron apropiados en cuantía aproximada de 55 millones de lempiras para su propio beneficio”.

Dejan bajo protección de la ATIC a saqueador de la SAG

Defensa alegó que mafias del caso Pandora pueden atentar contra la vida del imputado

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La jueza natural que conoce el caso Pandora, Lidia Álvarez Sagastume, dejó bajo la protección de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a Fernando José Suarez Ramírez, uno de los 38 implicados en el saqueo de más de 282 millones de lempiras en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Durante la audiencia de imputado, que finalizó en horas de la madrugada de este domingo, la jueza dictó sobreseimiento definitivo a Suárez por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y prevaricato y le dictó auto de formal procesamiento por fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.

Sin embargo, determinó dejarlo recluido en las instalaciones de la ATIC, bajo la protección de los agentes de esta unidad del Ministerio Público, porque sus abogados acreditaron, supuestamente, que su vida corre peligro.

El abogado defensor Omar Menjívar, manifestó que su conducta ética no le permite argumentar que su cliente es inocente, porque existen suficientes argumentos y pruebas que fue parte de una red que causó daños a la sociedad hondureña mediante el saqueo a la SAG. Apuntó que su alegato de dejarlo en libertad, bajo la protección de la ATIC, es porque la vida de su defendido corre peligro en manos de las mafias que lideraron el acto criminal.

Omar Menjívar
El abogado defensor Omar Menjívar

Menjívar identificó como cabecillas de la red criminal al jefe de Gobierno de Honduras, Juan Hernández y a su difunta hermana, Hilda Hernández, quienes de acuerdo a las evidencias utilizaron los recursos para financiar campañas políticas.

Fernando José Suarez Ramírez, quien tenía el control de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, desde donde se drenaron más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), se entregó en el pasado jueves a la ATIC.

Suárez Ramírez, quien se encontraba prófugo de la justicia, es uno de los 38 señalados en el famoso caso Pandora, que en su mayoría se encuentran en libertad tras ser beneficiados por la justicia hondureña con medidas distintas a la prisión, pese haber sido acusados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de haber defraudado al Estado.

Luis Suarez

De acuerdo al requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC-MP) y la MACCIH, Suárez Ramírez habría sido el principal socio del exsecretario de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, que guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería.

El requerimiento establece además que era “el encargado de los fondos públicos, los cuales fueron apropiados en cuantía aproximada de 55 millones de lempiras para su propio beneficio”.