Diputados hondureños gestan nuevo Pacto de Impunidad (+ vídeo)

 

Los diputados, que ya huelen los requerimientos fiscales, van a continuar en esta carrera por blindarse y en un momento de desesperación van a expulsar a la MACCIH

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. Los diputados al Congreso Nacional de Honduras están gestando el cuarto o quinto Pacto de Impunidad, ahora queriendo cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC), para que este no investigue las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, fideicomisos y otras instancias donde se manejen fondos públicos, dijo Lester Ramírez, director de gobernanza y estudios aplicados de la ASJ

Explicó que lo que se busca al querer reformar el artículo 5 y 77 de la LOTSC, es eliminar a las ONGs y a las fundaciones para que no sean auditadas e investigadas por el TSC.

 Señaló que ya estas reformas que incluyen unos 10 artículos de la LOTSC ya están en una comisión de dictamen en el Poder Legislativo.

Agregó que ya es momento de hacer un paro a estos intentos, porque ya la población, las organizaciones de sociedad civil y la comunidad internacional están más que alertados de las intenciones de los actores de la corrupción.

Ramírez dijo a Criterio.hn que conoce de algunas actividades que se están gestando para buscarle una salida a esta situación, procurando que haya justicia y que se devuelvan los dineros robados y se castigue a los culpables.

Agregó que las víctimas de la corrupción son los pobres del país y por esa razón hay que buscar salidas porque de lo contrario esta situación se seguirá arrastrando y habrá diputados que van a estar haciendo campaña y de repente les carea la justicia.

Ramírez es del criterio que hay que buscar salidas, obviamente legales, para no seguir en esta situación que genera inestabilidad e incertidumbre.

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El funcionario de ASJ dice que hay mecanismos para restituir los fondos robados y que estos fondos vayan a parar a un fondo que será destinado para el combate a la pobreza.

Explicó que un diputado que no devuelva el dinero con la debida compensación se le aplicaría una muerte política para que no vuelva a participar en cargos de elección popular, ni en un cargo público.

Ramírez dice que será bastante difícil procesar a más de cien diputados en los últimos diez años y por esa razón se busca aplicar un mecanismo para que devuelvan lo robado con una compensación acorde con los fondos sustraídos o mal manejados y de esta forma acelerar que los diputados devuelvan los dineros, pero evitando que todos vayan a la cárcel.

Intentona de nuevo pacto de impunidad es inconstitucional como el primero: Edmundo Orellana

 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. Ante la consulta de si estamos a las puertas de un nuevo pacto de impunidad en Honduras, el ex Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana, dijo que esa es una actitud manifiesta de los políticos del país, que desde el Congreso Nacional y fuera de este poder del Estado andan impulsando esas acciones.

Sin embargo, todo lo que han hecho hasta la fecha ha sido construido y propuesto sin considerar la legislación nacional, porque el primer pacto de impunidad que se forjó era a todas luces inconstitucional y sin importar el contubernio que había con el Poder Judicial, manifestado desde el hecho que se tomó la decisión hasta que la reforma entró en vigencia, pese a eso, la misma Corte Suprema de Justicia dio un paso atrás, declarándolo inconstitucional.

Porque era tan evidente la violación a la Constitución y tan manifiesta la entrega a las élites corruptas del país que a ellos mismos les provocó nauseas ese comportamiento personal a cada uno de ellos, apuntó Orellana.

Ahora con esta nueva intentona, dijo el exfiscal, también se pone en evidencia que ignoran las cuestiones más elementales de la legislación hondureña porque el problema que tienen no es que la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas lo diga; es que la Constitución de la República tiene un mandato especial en el párrafo específico del artículo 222 que señala las funciones de fiscalizar a posteriori, entre otras, a entidades privadas que reciban fondos de fuentes internas y externas.

Ese artículo es amplísimo y señala que toda entidad privada, sin excepción que reciba fondos del país como fuera del país, serán fiscalizadas por el TSC, dijo Orellana.

Ante esta realidad, cualquier cosa que diga en una ley secundaria, sea suprimiendo las acciones del TSC, o diciendo que no lo puede hacer, finalmente choca contra ese mandato constitucional, señaló Orellana.

Y al final se van a ver obligados a aceptar una sentencia de la Corte donde lo declara inconstitucional.

Si no lo hacen ahora lo harán después porque ya hay magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia que han demostrado que tienen una actitud independiente de las élites políticas y eso se puso de manifiesto en el primer pacto de impunidad que quisieron conformar.

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Sobre las negociaciones que se dice se estarían gestando para que estos diputados devuelvan los fondos mal utilizados y eviten la cárcel, Orellana es del criterio que deben devolverlo, no solo aritméticamente sino geométricamente porque el daño que le causaron al país es terrible porque esos recursos iban destinados a proyectos sociales en sus comunidades.

Esas acciones de no desarrollar los proyectos, ha generado que los hondureños tengan que huir de sus comunidades debido a las condiciones hostiles en que viven y esas acciones son monstruosas para el pueblo pobre y por esa razón deben devolver los dineros y pagarlo con la cárcel, porque son delitos y deben pagarse en las ergástulas.