Bancada del Partido Libre rechaza integrar dicha comisión
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, nombró este jueves una comisión especial de diputados que se encargará de reunirse con varias instituciones del Estado para analizar los alcances de las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, que blindan a los corruptos.
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Mediante un comunicado, el Congreso informó que la Comisión estará integrada por los diputados: Mario Pérez (PN), quien la presidirá; Tomas Zambrano (PN), Yuri Sabas Víctor Sabillón (PL), Enrique Yllescas (AP), Oswaldo Ramos Soto (PN) y Edgardo Casaña (Libre).
El diputado de Libre, Edgardo Casaña, aclaró ante CRITERIO que no integrará la Comisión porque su partido no comparte las reformas porque transgreden la Constitución, la Ley del Ministerio Público, la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y otras leyes y porque la posición del partido y de la bancada es que todos los diputados deben rendir cuentas sobre los fondos recibidos y en caso de utilizarlos en forma indebida deben ser investigados y juzgados.
El presidente del Parlamento considera que sobre el tema hay un ambiente de desinformación, ya que, según él, es falso que las reformas beneficien a imputados en casos de corrupción como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El comunicado señala que la Comisión se encargará de reunirse con funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Procuradora General de la República (PGR), y del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), “para analizar juntos los alcances de las reformas aprobados por los diputados del Congreso Nacional y poder aclarar los verdaderos alcances legales que tendrá en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia y la cultura de la rendición de cuentas en Honduras”.
“De estas reuniones la comisión tomará sugerencias para mejorar lo hecho, si así fuere el caso, todo encaminado a asegurar la correcta impartición de justicia para que todos los fondos públicos dirigidos a apoyar proyectos sociales en los últimos cuatro gobiernos sean auditados y que todo acto reñido con la ley no quede impune, pero que ningún inocente sea afectado, asegurándoles a todos el respeto al debido proceso”, añade el texto.
Ayer el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez, denunció que las reformas eliminan la facultad de investigación que tiene el Ministerio Público.
El decreto, que se convirtió en ley con su publicación en el diario oficial La Gaceta el pasado 19 de enero, protege de investigación por parte del Ministerio Público a diputados y funcionarios del Estado que ejecuten fondos públicos.
Asimismo faculta al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que efectúe una auditoría, pero hasta tres años después de la ejecución de los fondos y será esta institución quien determinará si existe responsabilidad penal sobre los auditados.
Partido Libre rechaza “pacto de impunidad”:
