¿Qué pasa con las niños y niñas durante el confinamiento?

Por: Nancy García

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Tegucigalpa.-La nombramos Evita, para cubrir su identidad, porque así lo pide su madre. Eva, es una menor, quien recién cumplió tres años. Su cabellera larga y ondulada es una de las partes que más le agradan. «No quiero que me corten el pelo. No», dice con seguridad.

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A Eva el confinamiento le ha pasado factura. Grita aturdidamente todos los días. Llora por todo y llora por nada. A pesar de la corta edad, la niña desde el año y medio ya le indicaba a su mamá cuando quería ir al baño a hacer sus necesidades fisiológicas, pero en el aislamiento se ha orinado en varias ocasiones sin dar aviso.

Uno de los momentos más preocupantes para la madre fue encontrar a su hija hecha pupú y orinada. La niña se escondía en la esquina de un rincón del mueble ubicado en la sala. «Estaba cohibida, con miedo y decía que se iba a portar bien», comenta su madre.

La madrea asegura que optó por no regañar a Evita y que en su lugar la cambió de ropa y le escribió a una sicóloga para comprender lo que pasaba. «La sicóloga me dijo que el encierro está afectando a los niños y niñas porque les cambió su rutina de un solo golpe».

Para lidiar con el encierro, la madre se pone a colorear y cortar papel con la niña. Además, bailan juntas, miran televisión y en ocasiones salen a las afueras de la casa. Evita siempre dice: «afuera está el virus y no podemos salir».

Como Eva son miles de niños y niñas que el confinamiento les está cambiando la forma de ver el mundo, de adaptarse a otras dinámicas de enseñanza, de juego y de sueños.

Emociones recurrentes

La psicóloga Andrea Pineda nos explica que el encierro puede afectar dependiendo de la forma en cómo el padre y la madre les transmitan y manejen la situación a sus hijos. «Por ejemplo, si el padre está muy nervioso, estresado con miedo, todos esos sentimientos son transmitidos de forma inconsciente a su hijo, provocando que el sienta temor o angustia ante esta situación».

La psicóloga Andrea Pineda de la Universidad Metropolitana de Honduras, en una actividad con adolescentes.

«Recordemos que el encierro vino a provocar un cambio en la rutina y estilo de vida de los niños y ellos sienten esa ausencia del contacto diario con sus compañeros de clase y su rutina de aprendizaje», señala.

Según la psicóloga, el aislamiento social puede producir ansiedad, mayor sensibilidad, agresividad, estrés en algunos niños, inclusive regresión. 

Respecto a la adaptación durante el aislamiento, recalca que se debe recordar que cada niño y niña posee una personalidad distinta y que el adaptarse, a unos les resulta más fácil, en cambio para otros puede ser un reto y requiere mayor tiempo. De igual manera no deja de lado el rol importante que deben desempeñar los padres y madres.

Para la psicóloga, las emociones más frecuentes tienen que ver con tristeza, enojo, de no poder salir o ir a la escuela, miedo de pensar que algún familiar se puede morir o enfermarse, angustia, ya que tal vez algunos niños utilizaban el ir a la escuela como forma de escape de la violencia o maltratado que vivía en su hogar e inclusive algunos pueden sentir emociones positivas al ver que sus padres pasan más tiempo con ellos haciendo tareas o actividades familiares. 

«Los niños tienen una gran capacidad de adaptación ante diferentes situaciones, pero también dependerá de la capacidad de resiliencia que han mostrado sus padres ante la situación», advierte.

¿A qué edad los niñas y niños se ven más afectados?

Pineda considera que quienes pueden sufrir más por el cambio de vida temporal son los niños y niñas entre diez y once años en adelante. Esto porque en edades más bajas pasan más tiempos en los hogares. “No es muy común que los niños menores de esa edad salgan a visitar a sus amigos o a estar jugando afuera de sus casas. Con la tecnología de ahora es muy fácil mantenerse en contacto con amistades y jugar, porque es lo primero que buscan los niños».

La psicóloga aconseja a padres y madres que establezcan diálogos permanentes de una manera entendible para que los menores comprendan la situación y evitar las mentiras y exageración de la crisis. De igual manera, reforzar hábitos de higiene, conservar una actitud que apacigüe el confinamiento, crear rutinas de acuerdo con las edades y estar pendientes de la información que llega a sus hijos e hijas.

¿Y los otros, los hijos de nadie?

Evita si tiene la oportunidad de contar con ciertos recursos que le ayudan a sobrevivir, pero no todos y todas la tienen.

En América Latina, los niños, niñas y adolescentes suman casi la mitad de la población. La mitad de esta vive en pobreza. Además, mueren cien niños por hambre o enfermedad incurable.

Se ven obligados a que sus primeros pasos sean para trabajar. Su voz se escucha en los autobuses vendiendo frutas, dulces, pan y todo lo que represente un ingreso que les permita el sustento diario en sus hogares. Algunos, van a la escuela y trabajan, una doble carga que les imposibilita el derecho de ser niños y niñas

En Honduras se estima que más de quince mil menores viven en las calles, un dato que recae en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.

«Ya en sí, su situación psicológica podría estar afectada, pero ahora producto del confinamiento es peor ya que tienen que salir a la calle y la miran vacía teniendo menos posibilidades de vender o de recibir una caridad. Provocando en ellos mayor estrés y ansiedad de tener que vender para poder subsistir día a día aun sabiendo que podrían enfermarse o inclusive no vender nada», asevera la psicóloga, Andrea Pineda.

A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados deben asumir sus compromisos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – En el marco de las reuniones previas al Seminario de Inversión, las coaliciones integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC), hicieron un llamado a los Estados de la región y la cooperación internacional a redoblar los esfuerzos en el cumplimiento del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Además, llaman a la Observación General No. 19 “sobre la elaboración de los presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de todos las niñas, niños y adolescentes.”

América Latina es una región en la que habitan 193 millones de niños, niñas y adolescentes. Diferentes estudios dan cuenta de los logros alcanzados por la región en la última década, la disminución de la cantidad de personas en niveles de pobreza y pobreza extrema es, sin duda, el de mayor importancia.

La prioridad dada por muchos de los gobiernos de los países de la región de reasignar y promover la inversión de recursos para el desarrollo de políticas públicas sociales redistributivas fue clave para esto. Los avances registrados en diferentes indicadores sociales han ido acompañados de progresos en cuanto al diseño, la implementación y evaluación de políticas, así como en la creación de nuevas institucionalidades.

Estos logros alcanzados, lejos están aún de evitar colocarnos en la región más desigual del mundo. La desigualdad en materia de derechos, medios y oportunidades continúa siendo una característica de América Latina y el Caribe, donde persisten altos niveles de desigualdad en los logros educativos de su población, en las remuneraciones provenientes del mercado laboral, en la extensión de los derechos laborales y ciudadanos y en la distribución de la riqueza, que cada vez está más concentrada en menos cantidad de personas.

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Desde 2015, se han observado varios retrocesos que han contribuido al agravamiento de la pobreza extrema, la cual, afecta de manera desproporcionada a niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, mujeres en edad laboral productiva y personas afrodescendientes y de pueblos originarios. Asimismo, en la región, el 50 % de los niños, niñas y adolescentes nacen en los hogares de quintiles más pobres.

Si bien los países de la región presentan altos niveles de adhesión a los convenios y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos, las cifras muestran que aún persisten inconsistencias entre la asignación de recursos de presupuestos públicos y el cumplimiento efectivo de los principios establecidos en la Convención: interés superior de la niñez; no discriminación; supervivencia y desarrollo; y participación.

Bajo este marco, desde la sociedad civil exigen:

  • La asignación de los recursos públicos necesarios se realice desde un enfoque de derechos de niñez para el desarrollo, implementación y pleno funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
  • La institucionalización de sistemas de información y análisis con estrategias e instrumentos de medición de la asignación, ejecución, monitoreo y evaluación de los presupuestos nacionales y locales dirigidos a la niñez con datos periódicos, desagregados (por edad, sexo, etnia, urbano- rural, otros), accesibles y asequibles a toda la ciudadanía.
  • Se garantice la participación de niñas, niños y adolescentes, y de la sociedad civil sin fines de lucro, en los ciclos de los presupuestos públicos (elaboración, implementación, seguimiento y evaluación).
  • Se implementen políticas fiscales progresivas y redistributivas que garanticen los recursos necesarios para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
  • Se redoblen los esfuerzos de los Estados para consolidar herramientas, marcos normativos, institucionalidades y acciones que combatan la corrupción, la elusión y la evasión fiscal.

No es posible un desarrollo sustentable y sostenible de América Latina y el Caribe si no se alcanza un nuevo consenso social entre los Estados, la sociedad civil y las empresas que coloque a la niñez como prioridad en la inversión pública.

Organizaciones piden acompañamiento de los gobiernos a los niños y niñas de la caravana de migrantes

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Las organizaciones miembros de la Mesa de Organizaciones de Sociedad Civil para la Niñez Migrante, piden acompañamiento de los gobiernos a los niños y niñas de la caravana de migrantes hondureños rumbo a México y Estados Unidos.

Que el gobierno de Honduras a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional haga los llamados necesarios a los servicios consulares y embajadas a lo largo de la ruta migratoria para garantizar la protección de los derechos humanos de esta población.

A los organismos de cooperación internacional y organizaciones humanitarias les piden atender la crisis de manera integral y articular esfuerzos desde sus espacios nacionales y regionales para garantizar el respeto de los derechos humanos de estas personas

Además, hicieron un llamado a las familias a no exponer a las niñas, niños y adolescentes a condiciones peligrosas, que resultan del riesgo de migrar de manera irregular y en caso de necesitar medidas de protección avocarse a las organizaciones pertinentes para buscar una salida del país de forma segura y regular.

POSICIONAMIENTO PÚBLICO

Las organizaciones miembros de la Mesa de Organizaciones de Sociedad Civil para la Niñez Migrante, ante la Caravana de Migrantes, iniciada el día viernes 12 de octubre desde Honduras con rumbo a México y Estados Unidos se pronuncia de la siguiente manera:

El contexto de la realidad hondureña, que actualmente atraviesa una crisis social, económica, política y ambiental, obligando a miles de compatriotas a abandonar el país por múltiples causas entre ellas: la pobreza y la extrema pobreza que les genera necesidades básicas no satisfechas (alimentación, salud, vivienda, educación, seguridad, empleo digno, entre otros), los altos índices de impunidad, desigualdad social, corrupción, violencia, discriminación y la falta de garantía a los derechos humanos que representa la agudización de una problemática estructural sin una respuesta integral desde las autoridades de Gobierno.

Desde hace más de una década el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH) viene evidenciando que salen anualmente aproximadamente 100,000 hondureños buscando en un primer momento mejores condiciones de vida que ahora se suman el hecho de salir para salvaguardar su vida y la de sus familias. Esto nos demuestra que no es una situación nueva, sino que ahora se ha constituido en una crisis humanitaria debido a la expulsión masiva y conglomerada de compatriotas.

En particular la situación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que representan un 39.4% del total de la población hondureña con un 60% viviendo en situación de pobreza y vulneración, esto de acuerdo al informe presentado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) del año 2017, el cual también revela que las causas por la que la población migra se debe a factores económicos, violencia, reunificación familiar y reclutamiento forzado. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) maneja cifras de hasta 7,057 niñas, niños y adolescentes retornados desde EEUU y México de enero a septiembre del 2018 sin un adecuado abordaje y respuesta Estatal.

Por todo lo anterior recomendamos:

  1. Que el Gobierno de la República de Honduras establezca comunicación inmediata con sus homólogos en los países de tránsito y destino para activar toda la institucionalidad que acompañe y proteja los derechos humanos de las personas que participan en esta caravana, en especial de las niñas, niños y adolescentes.
  2. Que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional haga los llamados necesarios a los servicios consulares y embajadas a lo largo de la ruta migratoria para garantizar la protección de los derechos humanos de esta población.
  3. Que ofrezca respuestas y tome acciones para abordar la problemática de manera integral con enfoque de derechos, tomando en cuenta las acciones de las organizaciones de sociedad civil, organismos de asistencia humanitaria y cooperación internacional, iglesias, academia y expresiones comunitarias para atender a las y los hondureños que retornen o sean deportados de este éxodo.

4 Que brinde los mecanismos de protección nacional e internacional necesarios para quienes no pueden regresar a sus lugares de origen por sufrir amenazas hacia su vida o integridad física.

5 A los organismos de cooperación internacional y organizaciones humanitarias a atender la crisis de manera integral y articular esfuerzos desde sus espacios nacionales y regionales para garantizar el respeto de los derechos humanos de estas personas y haciendo prevalecer el principio de no devolución en los casos que corresponda.

  1. Brindar especial atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, población LGTBI de manera integral y diferenciada atendiendo las necesidades específicas en torno a sus condiciones de salud.
  2. Hacemos un llamado a las familias a no exponer a las niñas, niños y adolescentes a condiciones peligrosas, que resultan del riesgo de migrar de manera irregular y en caso de necesitar medidas de protección avocarse a las organizaciones pertinentes para buscar una salida del país de forma segura y regular.
  3. Que en todo momento prevalezca el interés superior del niño sobre todo la no separación de sus madres, padres o familiares con quienes viajan, la no detención, ni criminalización y estigmatización.
  4. Exhortamos al cumplimiento de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, derecho internacional humanitario y del derecho de protección internacional.

Debe prevalecer la seguridad humana frente a la seguridad nacional de cada país, evitando la criminalización de las personas migrantes.

Las víctimas invisibles en Honduras y la desidia del Estado

La desidia del Estado hondureño es tan profunda que ni datos estadísticos oficiales existen, mucho menos una política que ayude a contrarrestar el fenómeno

Honduras
Durante la presentación del estudio, las y los presentes reflexionaron sobre las diversas consecuencias de los femicidios.

 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La orfandad en Honduras producto de la imparable ola de femicidios está quedando en frías cifras. Los datos se conocen a través de informes que preparan organizaciones de sociedad civil sin que hasta el momento la clase gobernante asuma un compromiso de establecer políticas de Estado que ayuden a palear este fenómeno que cada día envuelve a más víctimas.

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el año 2016, había un 8 % de niñez huérfana, es decir 266,037 niños y niñas y de ese total: 51,921 huérfanos de madre. Los datos oficiales no especifican cuántas madres fueron víctimas de femicidios, pero sí establece que 47,572 niños y niñas perdieron su madre por muerte y 4,349 no se sabe si la madre está viva o está muerte.

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Un cálculo de la Asociación Calidad de Vida establece que de 5.058 mujeres víctimas por un promedio de tres hijos por mujer, da como resultado 15.174 niños y niñas en orfandad a causa de femicidios, durante 12 años. Sin embargo, la cifra podría ser superior ya que las mujeres en Honduras tienen hasta cinco o diez hijos.

Los datos fueron expuestos este martes durante la presentación de la investigación “Las Víctimas Invisibles de los Femicidios”, por parte de la Asociación Calidad de Vida y la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios “Gladys Lanza”.

La periodista y criminóloga, Wendy Funes, resume la investigación: «Las Víctimas Invisibles de los Femicidios».

El estudio pretende describir las circunstancias legales, sociales y económicas en las que se encuentra la niñez huérfana como resultado de los femicidios, explicó la periodista y criminóloga, Wendy Funes, encargada de la investigación.

Funes destacó como principales hallazgos de la investigación, la existencia de impunidad en diferentes ámbitos, es decir impunidad social, impunidad moral, impunidad penal y hasta impunidad estadística, porque el gobierno carece de cifras precisas sobre el problema, y así, dar a conocer cuántas niñas y niños perdieron a sus madres por un femicidio.

Honduras
Ana Cruz, coordinadora de la Asociación Calidad de Vida, durante la presentación del informe sobre las víctimas de los femicidios.

El informe refleja un panorama desolador ya que, en la mayoría de los casos los niños y niñas quedan bajo la tutela de sus abuelas y tías, quienes han criado a sus hijos e hijas y ahora deben hacerse cargo de sus nietas/os o sobrinas/os como consecuencia de los femicidios. Estas mujeres, por sus edades, no poseen la capacidad económica ni física para dar sustento a estos niños y niñas, lo que provoca que abandonen su infancia, dejando la escuela para buscar ingresos para la nueva familia, a la vez que se convierten en protectores y responsables de sus hermanos.

Las víctimas al no contar con los medios suficientes para una vida, digna, pueden fácilmente ser captados por las maras y pandillas, y el crimen organizado, y son más vulnerables a caer en las redes de tratantes, ser parte de la economía informal o sufrir pobreza extrema. Asimismo, sufren daños emocionales, traumas, y alteraciones de personalidad, determina el informe.

Descargue aquí la investigación: Las Víctimas Invisibles de los Femicidios

Actualmente, no existe ningún marco de protección específica para la orfandad por femicidios y tampoco un sistema que garantice la reparación del daño sobre las circunstancias de muertes violentas de mujeres; de éstas, solo el 4 % de los casos se judicializa, el 96 % está abandonado en la impunidad. En medio de dichas condiciones, la situación es de suma preocupación porque la niñez huérfana está quedando en la total indefensión, sin una institución del Estado que repare el daño ocasionado por el femicidio, dijo Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”.

Honduras
Cristina Alvarado del Movimiento por la Paz «Visitación Padilla», expone su postura ante la falta de compromiso estatal frente a las víctimas de los femicidios.

La feminista amplió que en Honduras hablar de reparación del daño significa “hablar chino”, porque no se contempla en las políticas públicas integrales, debido a la corrupción de los gobiernos, y porque se gobierna para beneficio de los grupos de interés económico y político, y no realmente para la sociedad en general.

Como impacto social del fenómeno, Alvarado enumeró el desplazamiento forzado por la violencia, la presencia del crimen organizado a través del narco menudeo, entre otros delitos.

De acuerdo a la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios “Gladys Lanza”, de enero a agosto de este año, al menos 230 mujeres fueron víctimas de femicidios.

Lavado militar de cerebro en las mentes de los niños de Honduras

Por: Fred Alvarado

Un año después del Golpe de Estado militar del 28 de Junio de 2009 ejecutado por comandos de fuerzas especiales entrenados militarmente por Estados Unidos e Israel que violentamente rompieron el orden constitucional al abrir fuego en la casa del mandatario en aquella madrugada que secuestraron a Manuel Zelaya para echarlo del país en un avión desde la base militar de Palmerola hacia Costa Rica vestido en pijamas y escoltado por militares fuertemente armados que cubrían su rostro con pasamontañas.

La cúpula de las FFAA siguiendo lineamientos del Comando Sur impusieron en la sociedad civil una cultura y propaganda masiva de pensamiento militar antisubversivo a partir del año 2010 en todos los estamentos, clases y estratos de la población hondureña a fin de disolver y reprimir los frentes de resistencia al golpe de Estado a través del lanzamiento de canales de televisión y publicidad militar, fuerte presencia de militares en las calles, colocación de altos mandos militares en instituciones del gobierno, creación de nuevos destacamentos militares en zonas claves del país donde actualmente se desarrollan proyectos de explotación minera y otros recursos naturales, reclutar masivamente soldados de origen rural que dejaron el cultivo de las tierras;  además en 2010 el gobierno lanzó un siniestro programa con apariencia benévola insertado sigilosamente por las FFAA y destinado a adoctrinar niños y adolescentes bajo una mentalidad castrense, del verde olivo y la bota militar; auspiciado por la iglesia evangélica para el lavado de cerebro mediante el proyecto “Guardianes de la Patria” que promueve una cultura y concepto errado de patriotismo y persuasión a la carrera militar desde edad temprana, fomentando el uso y fascinación por las armas, inculcando valores y doctrinas radicales de nacionalismo de origen cristiano-evangélico conservador y obediencia jerárquica, del soldado legendario y mítico impuesto por la violenta cultura militar estadounidense y las películas de Hollywood; un semillero de futuros prototipos militares que recibirán entrenamiento táctico para misiones antisubversivas, torturas, desapariciones, y combatir cualquier forma pensamiento contrario a los intereses del poder armado que sustenta al actual gobierno anticonstitucional que desde el año 2009 tiene secuestrado al país, recibiendo anualmente millones de dólares de financiamiento militar desde Estados Unidos  y que además recibe adestramiento en tácticas de combate y tortura en Colombia, Israel y la infame Escuela de las Américas en Fort Bening, EEUU.

“El mensaje que promueve el programa “Guardianes de la Patria” fomenta la violencia y una cultura de guerra ya que no contribuye a una cultura de paz. Los militares no pueden asumir una responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Educación Pública; por lo tanto, es incongruente con una cultura de paz el hecho que niños hayan desfilado con uniforme militar y armas de guerra fabricadas con madera, estos simbólicamente ante la sociedad hondureña representan la violencia.” Así comentaba este día el periodista Héctor Longino Becerra en entrevista a un medio televisivo sobre la inserción de indumentaria militar y gorros pasamontañas en los desfiles de niños celebrando la independencia.

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La periodista Dina Meza también reflexionaba sobre el lavado de cerebro a la que está sometida la niñez hondureña: “es deplorable la situación que viven nuestros niños y niñas, una gran mayoría no puede ir a la escuela porque no tiene ni siquiera el primer tiempo de comida que es el desayuno; por otro lado, están utilizando su mente con el programa “Guardianes de la Patria” que está caminando silenciosamente con miles de niños incorporados a este programa para infundirles los conceptos militaristas y que en el futuro tengan adeptos al militarismo que nos está haciendo tanto daño. Se les dice que estamos celebrando la independencia cuando somos un país dependiente con la bota militar en nuestro cuello de los Estados Unidos y el falso concepto que se les inserta en su mente de “patria”.

“La patria solo es el 15 de septiembre”, y ese día andan con desfiles, con palillonas, con “bandas de guerra” (que también es un concepto que no debe utilizarse), pero verdaderamente no les enseñan el verdadero sentido de “patria”. Patria no es estar sometido bajo una dictadura, patria no es que hayan muertos y que asesinen a los jóvenes y que no haya ninguna investigación de los asesinatos de niños y niñas, y además se les esté infundiendo el miedo con las escenas grotescas que nos están presentando todos los días.”

Casa Alianza de Honduras exige un alto en las ejecuciones arbitrarias en Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – En un comunicado emitido este miércoles Casa Alianza de Honduras exigió al Estado de Honduras, poner un alto a las ejecuciones arbitrarias de niños niñas y jóvenes.

Demanda además realizar una exhaustiva investigación que lleve a los verdaderos responsables ante la justicia y permita tanto proteger la vida de las niñas, niños y jóvenes como mantener instituciones estatales sanas

Señala que es macabramente simbólico que los cuerpos de los jóvenes estudiantes aparecieran en el lugar denominado “La Montañita”, lugar utilizado en la época de terror de los años 80, en donde los escuadrones de la muerte, bajo el mando del Ejército, lanzaban los cadáveres de activistas críticos al régimen.

Casa Alianza critica la actitud prematura en que salieron a negar la participación de agentes de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), sin una investigación científica que lo respalde.

COMUNICADO  

Ante el secuestro, tortura y ejecución arbitraria de dos estudiantes a manos de sujetos que usaban indumentaria de la Agencia Técnica de Investigación ATIC, Casa Alianza de Honduras a la opinión pública nacional e internacional manifiesta:    

  • Nos solidarizamos con la familia Meza y la Familia Suárez ante esta tragedia y pérdida irreparable, al igual que con los miles de familias hondureñas a quienes, tanto la violencia criminal como la violencia estatal, han llenado de dolor. 
  • Enérgicamente condenamos la ejecución arbitraria de los jóvenes Mario Suárez y Gerson Meza, el pasado 29 de agosto, después de ser torturados y secuestrados de su casa por personas que portaban indumentaria y armamento de agencias estatales.  
  • Denunciamos que este horrible crimen se ejecutó en una coyuntura de protestas y exigencias estudiantiles, que fueron también reprimidas con uso desproporcionado de la fuerza. 
  • Es macabramente simbólico que los cuerpos de los jóvenes estudiantes aparecieran en el lugar denominado “La Montañita”, lugar utilizado en la época de terror de los años 80, en donde los escuadrones de la muerte, bajo el mando del Ejército, lanzaban los cadáveres de activistas críticos al régimen. 
  • Aunque admitimos que rápidamente hubo una reacción gubernamental debido a un video difundido en redes sociales, es lamentable la actitud apresurada con que algunos funcionarios estatales salieron de forma prematura a negar que fuesen agentes estatales los responsables del horrendo hecho, sin una investigación científica que lo respalde; desafortunadamente este tipo de reacciones da la impresión de que están más preocupados de limpiar su imagen que de llegar al fondo de los hechos y que se haga justicia. 

Ante estas ejecuciones pedimos: 

  • Poner un alto a las ejecuciones arbitrarias en el país. 
  • Realizar una exhaustiva investigación que lleve a los verdaderos responsables ante la justicia y permita tanto proteger la vida de las niñas, niños y jóvenes como mantener instituciones estatales sanas. 
  • Establecer mecanismos para garantizar la no repetición y la reparación. 
  • Vaya nuestro aliento a la niñez, juventud y familia hondureña para que no se desfallezca ni se pierda la esperanza de construir una patria comprometida con los derechos de la niñez hondureña. 
  • Agradecemos el apoyo y acompañamiento de la Oficina del alto Comisionado de los Derechos Humanos en el país, las manifestaciones del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y medios de comunicación.  
  • De la misma manera, animamos a las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan con la niñez, a manifestarse y a acompañar este proceso de investigación en aras a construir una patria amigable con la niñez, hoy ausente. 

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa a los cinco días de septiembre de 2018

¿De dónde vienen los niños que trabajan en ambientes peligrosos?

 

Por: Akito Kamei/BID*

Según estimaciones, alrededor de 218 millones de niños de entre 5 y 17 años de edad realizan algún tipo de trabajo. De ellos, 10,7 millones, o 1 de cada 19, viven en América Latina y el Caribe.

Pero antes de hablar del número, pensemos acerca de “cómo definimos el trabajo infantil”. ¿Se considera trabajo infantil el que realizan los niños para ayudar en el negocio de la familia? Si los niños cultivan productos para la agricultura de subsistencia, ¿se llamaría a eso trabajo infantil? Si bien las imágenes más comunes ese trabajo son las de niños que trabajan en fábricas o en la calle, muchos estudios cuantitativos han definido el trabajo infantil como el que los niños desempeñan por lo menos una hora por semana en cualquier circunstancia.

La pregunta que prevalece en la materia ha cambiado de “si los niños trabajan o no” a “si los niños trabajan en un ambiente que es dañino para su desarrollo físico y mental”. Respondiendo a este cambio en la atención pública, la encuesta Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) (Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados), implementada en más de 20 países de América Latina y el Caribe con el apoyo de UNICEF, ahora incorpora un módulo para determinar si el ambiente laboral de los niños es peligroso. En su último informe oficial incluye estadísticas sobre “las formas peores/peligrosas de trabajo infantil” y se refiere a los niños que trabajan en ambientes que son nocivos para su desarrollo. El informe final de la encuesta MICS 2015 en México, por ejemplo, reveló que el porcentaje de niños de 5 a 17 años de edad que trabajan en ambientes peligrosos es 8,2% (11,1% para los niños y 5,2% para las niñas).

Aunque son todavía pocos los estudios cuantitativos sobre “las peores formas o la más peligrosas de trabajo infantil” que utilizan datos a gran escala, estudios de Brasil y Nepal muestran nuevos patrones sobre las características del hogar de niños que trabajan en ocupaciones peligrosas.

Hogares objetivo: características de los niños que trabajan en industrias peligrosas

A fin de entregar de manera eficaz los beneficios de protección social, es importante dirigir las intervenciones a los hogares correctos. La investigación sugiere que varios factores deberían ser considerados como posibles causas del trabajo infantil peligroso y tomados en cuenta cuando se asignan programas sociales para ayudar a reducirlas, incluyendo:

Entre los niños que trabajan, aquellos que lo hacen en ambientes peligrosos provienen de las familias más pobres.

Los niños cuyo padre ha fallecido, está ausente o físicamente discapacitado tienen más probabilidades de trabajar en ocupaciones peligrosas.

Muchos niños que trabajan en ambientes inseguros provienen de hogares que carecen de protección parental (sus padres biológicos están ausentes del hogar).

Si bien algunas características del hogar, tales como menor riqueza o discapacidad, ya se usan como criterios de análisis en programas de protección social no necesariamente dirigidos a reducir el trabajo infantil, los hallazgos más recientes revelan que esos programas también son beneficiosos para reducir la incidencia del trabajo laboral peligroso.

Sin embargo, el estudio de las formas peligrosas de trabajo infantil está todavía en sus comienzos. Es necesario discutir más a fondo preguntas que surgen en torno a cómo llegar a los niños que viven sin protección parental o qué tipos de programas eliminan efectivamente el trabajo infantil peligroso. Por ejemplo, un estudio de evaluación de impacto ya investiga el efecto de las becas escolares en Nepal. El estipendio condicionado a la asistencia resultó efectivo en la reducción de las instancias de trabajo infantil en las fábricas, especialmente para las niñas. Sin embargo, al final del programa de incentivos no se registró ningún impacto sostenible en el incremento de la escolaridad y la reducción del trabajo infantil. Una reducción más significativa de las formas peligrosas de trabajo infantil requiere de investigación basada en evidencia.

Es hora que la comunidad internacional se reúna y discuta abiertamente el ambiente laboral de los niños.

¿Hay algunas ideas innovadoras en tu país sobre intervenciones para reducir la incidencia de los niños que trabajan en ambientes peligrosos? Cuéntalas en la sección de comentarios o sigue la conversación @BIDgente en Twitter.

*Akito Kamei se encuentra realizando una pasantía de investigación en la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

CIDH otorga medidas cautelares para proteger niños  migrantes separados de sus familias en EE.UU

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares el 16 de agosto de 2018 a favor de niños y niñas migrantes que fueron separados de sus familias como resultado de la implementación de la “Política de Tolerancia Cero”, en los Estados Unidos.

La Comisión emitió dos resoluciones. Una refiere a una solicitud de medida cautelar presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, todas ellas Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, a favor de niños y niñas que permanecen sin ser reunificados. La otra, respecto de cinco familias en particular, refiere a una solicitud de medida cautelar presentada por Texas Civil Rights Project, the Women’s Refugee Commission, the Immigration Clinic of the University of Texas School of Law and Garcia & Garcia Attorneys at Law, P.L.L.C.

En sus resoluciones, la Comisión reiteró que de acuerdo con el principio de complementariedad, el Estado a través de las autoridades nacionales, es el principal responsable de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, en este sentido la jurisdicción internacional es “coayudante” o “complementaria”, sin que las sustituya. En el presente asunto, la Comisión ha dado seguimiento a la implementación de la política de “Cero Tolerancia” y anteriormente expresó su preocupación a través de un comunicado de prensa. Más tarde, la Comisión conoció sobre un posterior Decreto Ejecutivo firmado el 20 de junio de 2018, que habría evitado que continuara la separación de niños y niñas de sus familias migrantes. Asimismo, la Comisión fue informada que mediante la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos)  de 26 de junio de 2018 se habían ordenado una serie de medidas dirigidas a facilitar la comunicación regular entre los niños y niñas con sus padres y lograr la reunificación en plazos específicos, el último venciendo recién el 26 de julio pasado.

Tras recibir ambas solicitudes de medidas cautelares, precisamente en vista del carácter complementario del sistema interamericano, la CIDH solicitó información al Estado en relación con los resultados que habría tenido las anteriores medidas respecto de la situación de riesgo de las personas propuestas como beneficiarias. El Estado presentó su última respuesta el 10 de agosto pasado.

Al emitir sus resoluciones, la Comisión notó que si bien el Estado informó haber dado pasos para la reunificación de los 2,551 niños y niñas que inicialmente fueron identificados, estando vencidos los plazos establecidos en la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos), según su último informe aportado, permanecerían todavía 572 niños y niñas separados de sus familias en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados. Asimismo, según lo informado por el Estado respecto de 410 niños y niñas, los adultos que los acompañaban se encontrarían ya fuera de los Estados Unidos.

La Comisión observó que el Estado no aportó información detallada sobre la situación específica de las personas propuestas beneficiarias y, sobre si la reunificación estaría efectivamente planificada en un corto plazo, ni sobre si existiría un cronograma o se hubiesen habilitado de manera efectiva medios de contacto. El Estado tampoco suministró detalles sobre las circunstancias particulares de las personas propuestas beneficiarias, estado de salud o condiciones de detención en que se encontrarían. De acuerdo con la información aportada, en algunos casos podría no ser posible lograr dicha reunificación y tales niños y niñas podrían terminar siendo entregados a  un patrocinador en los Estados Unidos.

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En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que los derechos a la vida familiar e integridad personal así como el  derecho a la identidad de los niños y niñas, propuestos como beneficiarios, se encuentran, en principio, en una situación de riesgo. Lo anterior, tomando en cuenta en su conjunto el grave impacto que resulta a tales derechos como  resultado de la pérdida del vínculo entre los niños y niñas con su familia biológica que podría producirse como resultado de la separación definitiva en ausencia de información concreta sobre su situación y posibilidades concretas de reunificación, incluso en algunos casos pudiendo ya haberse materializado una deportación en forma separada. Lo anterior, sumado al impacto emocional y psicológico que supondría la detención y la situación de incertidumbre en torno a la reunificación de las niñas y niños, en un momento determinante en el cual la familia juega un rol esencial para la formación de las personalidades e identidades respectivas.

En consecuencia, la Comisión solicitó a los Estados Unidos: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida familiar,  integridad personal e identidad de las personas propuestas  beneficiarias. En particular, garantizando que tales derechos sean salvaguardados mediante la reunificación de los niños y niñas con sus familias biológicas y atendiendo al interés superior de los niños y niñas; b) adopte las medidas necesarias para garantizar en forma inmediata mientras se realiza dicha reunificación, una comunicación adecuada, libre y regular de los beneficiarios con sus familias, conforme a su interés superior. Asimismo, con el objetivo de salvaguardar sus derechos, proporcionar la atención médica, psicológica y demás apoyos, incluidos los de naturaleza consular, así como facilitar interpretación en los casos que resulten necesario para que las personas beneficiarias puedan tener conocimiento de sus derechos y un adecuado entendimiento de su situación y destino; c) en el caso de que alguna o algunas de los padres hubiese sido deportada de manera separada de su hijo o hija, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias en el marco de la cooperación internacional para asegurar dicha reunificación, teniendo en cuenta el interés superior del niño y los cuidados o apoyos  que sean necesarios; d)  suspender  todo procedimiento migratorio que tenga como consecuencia la separación de los niños y niñas de sus familias; y e) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.

En el marco del monitoreo de esta situación, la Comisión Interamericana solicitó a los Estados de México y de los Estados Unidos de América la realización de visitas a sus fronteras norte y sur respectivamente, con el objetivo de monitorear la situación de derechos humanos relativa a las condiciones de recepción en frontera, en particular a la luz de los principios de unidad familiar y el interés superior de la niñez.

Niñez deportada del Triángulo Norte de CA corre mayor riesgo de sufrir violaciones

El informe de UNICEF “Desarraigados en Centroamérica y México” muestra que los viajes desprotegidos y las expulsiones intensifican las causas profundas de la migración irregular y desplazamiento forzado.

Tegucigalpa.-Las violencias extremas, la pobreza y la falta de oportunidades no sólo son causas importantes de la migración irregular y el desplazamiento forzado de la niñez desde el norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México, sino que también son agravadas por las expulsiones desde México y los Estados Unidos, dijo hoy UNICEF en un nuevo informe.

La organización dedicada a la infancia instó también a los gobiernos a trabajar juntos en la ampliación de soluciones que ayuden a aliviar las causas fundamentales de la migración irregular y forzada, y a salvaguardar el bienestar y los derechos de los niños y niñas refugiados y migrantes a lo largo del viaje. 

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Desarraigados en Centroamérica y México examina los distintos desafíos y peligros a los que se enfrentan los niños y niñas y las familias migrantes y refugiados a lo largo de su ruta. 

“Como muestra este informe, millones de niños y niñas de la región son víctimas de la pobreza, la indiferencia, la violencia, la migración forzada y el temor a la deportación”, dijo María Cristina Perceval, Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. “En muchos casos, los niños y niñas que son retornados a sus países de origen no tienen un hogar al que regresar, terminan endeudados o son víctimas de las maras. El hecho de que se les devuelva a situaciones imposibles hace más probable que vuelvan a emigrar”, añadió.

Algunas de las principales conclusiones del informe incluyen:

Pobreza

– El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre los países más pobres del hemisferio occidental, con un 44%, un 68% y un 74% de niños y niñas que viven en la pobreza en cada país, respectivamente. Las familias pobres solicitan a menudo préstamos para financiar su migración irregular a los Estados Unidos, dejándolas en una situación financiera aún más precaria cuando son detenidos y devueltos sin dinero y sin poder pagar sus préstamos. Esta presión económica puede dejar a los niños, a las niñas y a las familias sin hogar o sin los recursos para pagar sus necesidades más esenciales. 

Violencia

– La violencia de las maras está omnipresente en muchas comunidades del norte de Centroamérica, donde los niños y niñas son víctimas de reclutamiento forzado, abuso e incluso asesinato. Entre 2008 y 2016, en Honduras, por ejemplo, aproximadamente un niño murió cada día por homicidio. Asimismo, en El Salvador, 365 niños fueron asesinados en 2017, mientras que en Guatemala se registraron 942 muertes violentas de niños y niñas el año pasado. Los niños, niñas y familias que emigran debido a la amenaza de la violencia pueden correr un riesgo aún mayor si son devueltos por la fuerza, sin ningún tipo de apoyo o protección, a las comunidades en las que ya antes corrían peligro. Muchos retornados terminan en una situación precaria de desplazamiento interno porque no es seguro regresar a sus hogares.

Estigmatización

– Los niños, las niñas y las familias que regresan tienen que hacer frente a la estigmatización dentro de la comunidad debido a sus intentos fallidos de llegar a México o a los Estados Unidos. Esto puede dificultar que los niños y niñas que regresan se reintegren a la escuela y que los adultos encuentren trabajo.

Separación y detención

– La detención y la separación de la familia por parte de las autoridades de inmigración son experiencias profundamente traumáticas que pueden afectar negativamente el desarrollo a largo plazo de un niño o niña. Mantener a las familias unidas y apoyar alternativas a la detención son medidas fundamentales para garantizar el interés superior de la niñez migrante y refugiada.

El informe también describe una serie de recomendaciones para proteger a los niños refugiados y migrantes y reducir los factores que empujan a las familias y a los niños a abandonar sus hogares en busca de seguridad o de un futuro más esperanzador a través de rutas migratorias irregulares y peligrosas.

“Es esencial abordar los riesgos a los que se enfrenta la niñez migrante y refugiada y las causas estructurales que contribuyen a los movimientos de población a gran escala”, dijo Perceval. “Los líderes gubernamentales tienen la responsabilidad de tomar las medidas necesarias. Esto significa aplicar mecanismos comprobados que puedan ayudar a aliviar las causas profundas de la migración; proteger a los niños y niñas durante el tránsito y en su destino; proporcionar a los niños y niñas acceso a los servicios esenciales durante todo el viaje; garantizar que el retorno se lleve a cabo sólo cuando redunde en el interés superior del niño; y proporcionarles la protección y el apoyo necesarios para que se reintegren con éxito”, remarcó.

Los programas apoyados por UNICEF en el norte de Centroamérica y México están beneficiando a niños y niñas migrantes, refugiados y retornados, sin embargo, estas iniciativas tendrían que ampliarse a gran escala para hacer frente a todos los desafíos que afrontan los niños de la región en situación de riesgo. 

DATOS CLAVES

68.409 niños y niñas migrantes fueron detenidos en México entre 2016 y abril de 2018, el 91% de los cuales fueron deportados a Centroamérica.

Unos 96.216 migrantes del norte de Centroamérica, entre ellos 24.189 mujeres y niños, fueron retornados desde México y Estados Unidos entre enero y junio de este año. Más del 90% de los niños y niñas fueron retornados por México.

Los niños representan casi una tercera parte de las víctimas de la trata en todo el mundo  

víctimas de trata

Se estima que en Honduras cada 48 horas una persona es víctima de trata.

Tegucigalpa.-Aproximadamente un 28% de las víctimas identificadas de la trata en todo el mundo son niños, según han declarado hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata (ICAT, por sus siglas en inglés) en vísperas del Día Mundial contra la Trata de Personas. En regiones como África Subsahariana, América Central y el Caribe, los niños representan una proporción aún más alta de las víctimas identificadas de la trata: el 64% y el 62%, respectivamente.

En Honduras, la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas (CICESCT) estima que cada 48 horas, en promedio, una persona es víctima de trata, siendo los más afectados los niños, jóvenes y mujeres. De igual manera, el Informe Anual (2017) de la Embajada de Estados Unidos sobre la Trata de Personas resalta que Honduras es principalmente una fuente y un país de tránsito para niños y niñas sometidos a la trata sexual y al trabajo forzoso. El Informe también destaca que las niñas y niños hondureños son explotados en la trata sexual dentro del país y en otros países de la región, particularmente en México, Guatemala, El Salvador, Belice y Estados Unidos.

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El gobierno de Honduras, a través de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas en Honduras (CICESCT), aprobó en abril de este año un plan de trabajo contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. El plan estuvo validado por países miembros de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y el mismo se extenderá por el período 2018-2027.

A nivel mundial, Unicef y el ICAT creen que el número de niños víctimas de la trata es mayor de lo que sugieren los datos actuales. La realidad es que los niños no suelen identificarse como víctimas de la trata. Muy pocos lo reconocen por miedo a los traficantes, por el desconocimiento de otras alternativas posibles, desconfianza de las autoridades, temor al rechazo o la posibilidad de que los devuelvan sin ningún tipo de protección y con ayuda limitada.

Los niños refugiados, migrantes y desplazados son especialmente vulnerables a la trata. Ya sea cuando tratan de escapar de la guerra y la violencia o buscar una educación mejor y oportunidades de salir adelante, muy pocos niños encuentran las vías para desplazarse de forma legal y segura con sus familias. Esto aumenta las posibilidades de que los niños y sus familias escojan rutas más irregulares y peligrosas o que los niños se desplacen solos, lo cual los hace más vulnerables a la violencia, los abusos y la explotación por parte de los traficantes.

“La trata es una amenaza real para millones de niños de todo el mundo, especialmente para aquellos que han debido abandonar sus hogares y comunidades sin la protección adecuada”, declaró la Directora Ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore. “Estos niños necesitan desesperadamente que los gobiernos redoblen esfuerzos y establezcan medidas para mantenerlos a salvo”.

En muchos contextos faltan soluciones sostenibles para los niños víctimas de la trata, como asistencia a largo plazo, rehabilitación y protección. Muchos sistemas de protección infantil siguen sin contar con recursos suficientes, y hay una grave carencia de tutelas y de otras modalidades de acogimiento alternativas. En muchos casos, los niños son enviados a refugios inadecuados en los que están en peligro de volver a sufrir traumas y victimización. Los niños objeto de la trata pueden enfrentarse a otro tipo de dificultades, ya que los estereotipos de género pueden impedir que obtengan o busquen la ayuda que necesitan, mientras que las niñas también podrían exponerse al peligro de volver a sufrir explotación y abusos debido a la discriminación y a la pobreza por razón de género.

La agencia de las Naciones Unidas para la Infancia y el ICAT mantienen su llamamiento para que se apliquen políticas gubernamentales y soluciones transfronterizas para mantener a esos niños a salvo. Algunas de ellas son:

  • Ampliar vías legales y seguras para que los niños se desplacen con sus familias, acelerando el proceso de determinación del estado de refugiados y abordando los obstáculos legislativos y prácticos que impiden reunirse a los niños con sus familias;
  • Reforzar sistemas de protección infantil y social a fin de evitar, identificar, denunciar y abordar casos de trata, violencia, abusos y explotación contra los niños y responder a las necesidades específicas de los niños atendiendo a su edad y su género;
  • Garantizar que haya soluciones sostenibles guiadas por una valoración individual de las circunstancias de cada niño y la determinación del interés superior (DIS), independientemente de la situación del niño, y que el niño participe en este proceso en la medida que sea adecuada para su edad y su madurez;
  • Mejorar la colaboración transfronteriza y el intercambio de información de y entre el control de fronteras, las autoridades de protección infantil y de las fuerzas del orden, así como aplicar procedimientos más rápidos de búsqueda y reunificación de familias y modalidades de acogimiento alternativas para los niños que carezcan de atención paterna.
  • Evitar medidas que puedan llevar a los niños a escoger rutas más peligrosas y a desplazarse solos para evitar ser detenidos por las fuerzas del orden.