Crawfish Rock: el ensayo del neoliberalismo radical en Centroamérica

Empresa gestora del proyecto está registrada en Delaware, un paraíso fiscal de EE. UU.

 

ZEDE Honduras

 

Por: Marcia Perdomo

Edición: Emy Padilla

Fotografías: Fernando Destephen

Ilustración de portada: Reynaldo Raudales

Gráficos: Guillermo Burgos

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Tegucigalpa.-Hace tres años la comunidad de Crawfish Rock, poblada por afrodescendientes de habla inglesa en la costa norte de Roatán, Islas de Bahía, recibió al presidente Juan Hernández, quien visitó la localidad aduciendo la entrega de 35 “techos dignos” y la promesa de desarrollo.

Durante el encuentro, Hernández pidió perdón a los pobladores por el abandono gubernamental que sufrían, prometió construir un parque con servicio de internet gratis “para que los niños y jóvenes realicen sus tareas escolares” y afirmó que entregaría paneles solares a los hogares que no contaban con energía eléctrica.

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Asimismo, aseveró que había incluido la pavimentación del tramo que conduce de Crawfish Rock a Roatán en el fideicomiso por 570 millones de lempiras para la reconstrucción de la red vial de Islas de la Bahía. De estas cuatro promesas, solo cumplió con la entrega de paneles solares, el resto de los ofrecimientos se los llevó el viento.

La visita de Juan Hernández a Crawfish Rock concordó con la incorporación, ese mismo mes, de la Sociedad para el Desarrollo Socioeconómico de Honduras, LLC, en el estado de Delaware en los Estados Unidos y que ahora conocemos como Honduras Próspera, LLC; y que además está ligada y depende de NeWay Capital, LLC, incorporada también en el mismo mes, pero en el estado de Wyoming. ¿Coincidencia?

Lo que hoy conocemos como Honduras Próspera, la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en instaurarse en Honduras, existe desde hace tres años tanto en papel como en la memoria de los pobladores de Crawfish Rock, a quienes en ningún momento se les informó sobre las implicaciones del proyecto y mucho menos que incluía la posibilidad de expropiación de sus propiedades en un futuro. 

La vicepresidenta del patronato de Crawfish Rock, Vanessa Cárdenas Woods, contó a Criterio.hn que la empresa tiene tres años de presencia en la zona, “pero en ningún momento ellos [lo] socializaron como ZEDE” y que fue hasta mediados de junio de este año cuando fueron alertados por otra lideresa descendiente de la zona, sobre la amenaza que representaba Próspera para la comunidad, y desde entonces se mantienen en lucha por la defensa de su territorio ancestral.

La ZEDE “es una amenaza para nosotros como grupo étnico porque a lo largo va a eliminarnos. Si nos quita nuestra tierra, si nos quita el patrimonio cultural, nuestro modo de vivir, nos quita todo, toda la identidad del grupo como negros de habla inglesa, entonces estaría eliminando a todo un grupo étnico”, declaró Cárdenas Woods.

ZEDE Honduras
La población de Crawfish Rock se mantiene en alerta ante los avances de la construcción de la ZEDE Honduras Próspera.

EL SIGILO DE HONDURAS PRÓSPERA LLC Y NEWAY CAPITAL LLC

Honduras Próspera, LLC, es la heredera de lo que en su momento intentó construir el desaparecido MKG Group a través de las inconstitucionales Regiones Especiales de Desarrollo (RED).  Incluso comparten un inversionista: el guatemalteco Gabriel Delgado Ayau, quien es uno de tres directores, más un oficial ejecutivo que manejan a través de Honduras Próspera LLC el fondo de capital privado North Bay Prosperity Fund LP, incorporado en Islas Caimán el 14 de noviembre de 2018  y que afirma contar con un capital de US$ 5,075,000.

Los otros participantes del North Bay Prosperity Fund LP son: Erick Alexander Brimen, director; Rodrigo Quercia, oficial ejecutivo; y Titus Gebel, director. Asimismo, Nicholas B Jenkins, quien aparece como firma del “Director of the Issuer’s Manager”. Es importante resaltar que todos los antes mencionados forman parte del equipo de NeWay Capital LLC, firma de la que depende Honduras Próspera LLC.

En el consejo asesor de Honduras Próspera y NeWay Capital en temas de Políticas Locales y Estrategia se menciona a  Mike Dieckman, quien funge como cónsul general del Reino de los Países Bajos en Honduras. Dieckman, además, está ligado al expresidente Ricardo Ernesto Maduro Andreu (2002-2006) y mediante el decreto No. 368-2013 publicado en el diario oficial La Gaceta, fue uno de los 21 miembros nombrados (uno de cuatro hondureños) del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) de las ZEDE. En el mismo decreto se nombró a Ebal Jair Díaz Lupian, actual secretario de la Presidencia.

Otro hondureño ligado al CAMP es Carlos Alejandro Pineda Pinel, a quien los directivos de Honduras Próspera se dirigen como el secretario alterno y coordinador permanente de CAMP en una notificación sobre la enmienda a la carta constitutiva de la ZEDE de North Bay. En su perfil de LinkedIn, Pineda Pinel menciona que se desempeña como secretario alterno del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas desde 2016. Entre enero de 2014 a abril de 2019 trabajó para la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) y entre marzo de 2011 y enero de 2014 formó parte de la desaparecida Comisión para la Promoción de La Alianza Público-Privada (Coalianza Honduras).

Honduras ZEDE

Tanto Honduras Próspera y NeWay Capital afirman en sus páginas webs que su modelo de inversión está enfocado en trabajar con gobiernos y líderes locales en la construcción de centros de prosperidad. Una afirmación incongruente con el accionar en Roatán, donde los pobladores desconocían la finalidad de Honduras Próspera y sus implicaciones legales.

Recientemente, organizaciones sociales de Roatán exigieron una investigación a Honduras Próspera y el proceso de aprobación para la instalación del mismo. El comunicado afirma que, a la fecha, Próspera ha comprado al menos 58 acres, sin embargo, el proyecto publicita que cuenta con 750 acres, lo que implicaría que los planes de expansión ya están en marcha y siendo publicitados, mientras la población, tanto de Crawfish Rock como de Roatán en general, es mantenida al margen del proceso.

ZEDE Honduras
Titus Gebel, fundador, presidente y CEO de Ciudades Libres Privadas, Inc, sostiene el certificado de aprobación del ordenamiento jurídico de la ZEDE Honduras Próspera, que se instalará en Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía. (Foto publicada el 14 de octubre de 2019 en el sitio del Instituto de Alemán Ludwing Von Mises).

 

EL NEOLIBERALISMO RADICAL EN HONDURAS CON MIRAS A EXPANDIRSE A CENTROAMÉRICA

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) no son más que el remanente del proyecto de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) promovido por los entonces presidentes del Poder Ejecutivo, Porfirio Lobo, y del Poder Legislativo, Juan  , según recoge el Análisis Político-Jurídico de la Legislación de las ZEDE del abogado Fernando García Rodríguez.

En este informe, García Rodríguez recoge a los principales líderes durante la promoción de las Redes Especiales de Desarrollo. En el listado destaca Paul Romer, promotor de la iniciativa de las ciudades modelo y que finalmente abandonó el proyecto alegando poca transparencia por parte del gobierno hondureño; Michael Strong, oficial ejecutivo de la empresa MKG–Group que suscribió una carta de entendimiento con la fenecida Coalianza, el 3 de septiembre de 2013 y que además es fundador de Free Cities Group (Grupo de Ciudades Libres). También se menciona al ciudadano guatemalteco, Gabriel Delgado Ayau, como socio de MKG y que ahora es uno de los directores en el fondo de capital privado North Bay Prosperity Fund, ligado a Honduras Próspera.

Delgado concedió una entrevista al medio guatemalteco Plaza Pública en octubre de 2012, en la que afirmó que su interés en el despegue del proyecto en Honduras es “porque quiero que esta idea despegue en Guatemala, país que enfrenta problemas similares a los de Honduras”. Asimismo, agregó que tuvo acercamientos informales con funcionarios diputados y medios guatemaltecos: “He tratado de educarlos sobre lo que está pasando en Honduras y hacerles ver las oportunidades que esto presenta para el país […] Esto no es sólo una gran oportunidad para Guatemala, sino que podría ser una gran amenaza si la estrategia no se implementa en ese país.  Cuando esto sea un éxito en Honduras, los demás países del istmo tendrán que reaccionar porque de lo contrario dejarán de ser competitivos”.

Michael Strong es un ferviente creyente del movimiento libertario y queda claro que Gabriel Delgado Ayau simpatiza con esos ideales. Pero ¿qué es el movimiento libertario? El abogado García Rodríguez puntualiza en su análisis que los libertarios son conocidos como “neoliberales radicales por su tendencia ideológica – económica radical y extremista. Plantean la reducción del Estado a su mínima expresión; por consiguiente, plantean que una ciudad pueda actuar ‘independiente de su contexto económico y jurídico, si eso le permitirá crecer”. En pocas palabras, están en contra de las regulaciones y su doctrina tiene influencia en grupos económicos trasnacionales y tanques de pensamiento libertarios que proliferan en los Estados Unidos de Norteamérica y algunos países de Latinoamérica.

Si bien, Michael Strong, no parece estar ligado, al menos no en papeles de acceso público, al proyecto de Honduras Próspera, sí lo está el ciudadano alemán Titus Gebel, autor del libro Ciudades Privadas Libres publicado en agosto del 2018 y que modificó el concepto de las ciudades modelo de Paul Romer. Para Gebel, las ciudades privadas libres son “una alternativa pacífica y sobre todo voluntaria”.

Gebel considera que “el futuro de la gobernanza es privado” e incluso crítica a los sistemas donde una mayoría parlamentaria de facto puede modificar el contrato social. Esta segunda posición entra en conflicto con lo ocurrido en Honduras, donde el 23 de enero de 2013,  diputados del Congreso Nacional se abrogaron facultades constituyentes y realizaron cambios a la Constitución de la República de 1982 para que la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico fuese aprobada en un único debate, como lo narra el abogado Fernando García Rodríguez en el Análisis Político-Jurídico de la Legislación de las ZEDE.

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico son consideradas como un pequeño estado dentro de otro estado, ya que estas porciones geográficas se asentarán en territorio hondureño, pero contarán con sus propios tribunales de justicia, policía, sistema financiero, tributario y moneda.

¿Son las ZEDE la panacea para el desarrollo económico de Honduras?

En julio de 2020, Erick Brimen, CEO de Honduras Próspera, dio una entrevista a la publicación Econ Américas de Ecuador, en la que indicó que con todo en contra y en medio de una pandemia lanzó Próspera en Mayo de 2020. Además, afirmó que Próspera ZEDE se constituyó legalmente el 29 de diciembre de 2017, como una sociedad público-privada con un plazo renovable de 50 años y que a través de esta el gobierno de Honduras permitió a Honduras Próspera LLC, constituida en Delaware, promover y organizar la parcela de 60 acres que adquirió en Roatán.

De esta entrevista otorgada a una publicación, que se autodefine como una organización de investigación de empresas emergentes que cree en el potencial de destrucción creativa y arbitraje jurisdiccional para permitir la prosperidad, surgieron las siguientes preguntas: ¿por qué el énfasis en que es una sociedad público-privada? ¿Está relacionada a una alianza público-privada? ¿por qué se constituyó en Delaware? Criterio.hn solicitó entrevistar en varias ocasiones a Brimen, sin embargo, no accedió.

Para conocer un poco más sobre los temas planteados conversamos con el economista y ex presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Hugo Noé Pino, quien aclaró que tanto una alianza público-privada como una ZEDE son dos cosas completamente diferentes. La primera se da cuando el Estado concesiona una construcción de un bien por un determinado periodo de tiempo y en la que tanto el gobierno como la empresa privada, participan conjuntamente en los niveles de inversión, pero es el sector privado quien lo administra. Mientras que la segunda, es el otorgamiento de un territorio nacional con el objetivo de crear reglas completamente diferentes a las que se dan en el resto del territorio nacional.

Pino explicó que si se quieren mezclar los dos conceptos es con el objetivo “de justificar que en esa ZEDE que fue aprobada en Roatán se hará como una especie de inversión entre el gobierno y el sector privado, pero […] conceptualmente son dos cosas diferentes. Una ZEDE es el otorgamiento del territorio como la misma ley de las ZEDE lo señala y, por lo tanto, esto solo puede estar siendo planteado como una justificación de que algunas de las obras que se van a hacer en ese marco van a ser juntamente con el gobierno de Honduras”.

Al plantearle si una alianza público privada en una ZEDE traería algún beneficio a la población hondureña, el expresidente del Banco Central de Honduras respondió: “Si lo miramos de forma separada nuevamente, las alianzas público privadas que se han dado en el país, como es la Empresa de Energía Honduras, el aeropuerto de Palmerola, la carretera CA-5, la concesión de la Empresa Nacional Portuaria, la concesión del Corredor Turístico y el Centro Cívico Gubernamental, todas han presentado problemas adicionales para el país y también representan riesgos y contingencias muy fuertes para el fisco hondureño”.

Pino, quien además fue director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), planteó que “actualmente, y como producto de una situación extraordinaria como es la pandemia, todos los actores privados están solicitando serios ajustes al gobierno de la República en cuanto a los costos que tienen las inversiones de parte del sector privado. En otras palabras, en el mediano y largo plazo las alianzas público-privadas salen exageradamente costosas para la mayor parte de los hondureños”.

Consultado sobre cuáles son los beneficios de la ZEDE, Hugo Noé Pino, respondió que “el único aporte que estarían haciendo al país es la generación de empleo, pero esto es parte de un enclave nacional actual”, el cual comparó con el enclave bananero y las maquilas, que si bien generan empleo “no irradia otros beneficios que la inversión extranjera tiene, como transmisión de tecnología y la creación de vínculos productivos”, entre otros.

“La ZEDE viene a ser más un mecanismo de venta del territorio nacional en donde el beneficio es marginal en relación con los costos en que el país incurre al ceder soberanía, otorgar territorio, para que vengan inversionistas a apoderarse de una parte de Honduras”, resumió el economista.

Con respecto a si las ZEDE pagarán impuestos en Honduras, Noé Pino reveló que, a través de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, el Estado hace una renuncia en cuanto a la política fiscal tanto nacional como municipal y les da independencia de establecer su nivel de impuesto.

 

Para Hugo Noé Pino, si bien las ZEDE contarán con inversión extranjera, también moverán capital nacional que no desea pagar los impuestos establecidos, violando el principio de equidad de la política fiscal. El economista las comparó con islas con impuestos propios que no realizan contribución al fisco nacional, con el agravante que utilizarán toda la infraestructura ya construida sin aportar ningún impuesto que permita financiar el pago que se hace de estas obras.

En relación con la incorporación de Honduras Próspera LLC en Delaware, el economista clarifica que al ser inversión extranjera debe estar asentada en el exterior y que si bien la inversión extranjera debe ser alentada la misma no debe apoderarse de territorios completos y tener reglas propias. “En algún sentido Delaware es considerado un paraíso fiscal. No es raro que empresas busquen Gran Caimán, Bahamas, Panamá, muchas veces, los que han sido denominados paraísos fiscales, para constituirse y así no pagan impuestos acá y tampoco pagan impuestos allá”, explicó.

A la entrevista de Brimen para Econ Américas, antecede una realizada al inversionista alemán Titus Gebel para el sitio web Ludwig von Mises Institut Deutschland a mediados de octubre de 2019. En ella, Gebel afirmó que la ZEDE en Honduras “no es una ciudad privada 100 % libre, sino una asociación público-privada en una zona administrativa especial. Pero la autonomía jurídica que se otorga es extraordinariamente amplia”. Incluso, resaltó que “si se derogara la ley ZEDE del mismo nombre, la existencia de la ZEDE estaría garantizada por unos 50 años”.

Lea, además: Metástasis: venta del territorio hondureño también incluye a La Ceiba

ZEDE Honduras
El atractivo turístico de Roatán es la campaña de mercadeo utilizada por los inversionistas de Honduras Próspera para atraer a sus clientes.

EL RIESGOSO NEGOCIO DE CEDER SOBERANÍA

Para el coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y La Justicia (MADJ) y exfiscal del Ministerio Público, Víctor Fernández, la inscripción de Honduras Próspera LLC, inicialmente bajo otro nombre (Sociedad para el Desarrollo Socioeconómico de Honduras, LLC), en Delaware y de NeWay Capital en Wyoming, así como North Bay Prosperity Fund LP en Islas Caimán, devela los principales riesgos que tiene Honduras al contar con un perfil donde sus cúpulas están ligadas al narcotráfico.

“Me parece que el temor que teníamos de que los capitales sucios, digamos los capitales contaminados, no solo con narcotráfico, sino con corrupción que es lo que ha configurado este escenario de miseria en Honduras y en Latinoamérica, van a tener cabida frente a iniciativas como estas”, detalló Fernández, quien además agregó que estamos a las puertas del desaparecimiento del Estado Nación en Honduras y la aparición de “múltiples pedazos de pequeños narco-estados” con vía abierta para tener un gobierno libre, con una justicia y policía a sus anchas.

El exfiscal cuestionó “¿quién anda saltando de un lugar a otro para que no lo logren identificar? Pues la gente correcta, las empresas correctas no hacen eso. Es decir, uno cuando es cabal, de entrada, se muestra lo que es, pero cuando hay un interés de ocultar, de ser tránsfuga con la información, con lo que son, [habría que preguntarse] ¿cuál es la proveniencia de su capital? ¿dónde se registra?”.

“Lo que está configurándose o ratificándose aquí, son estas estructuras universales del crimen organizado, es decir, presentado como inteligencia, presentado […] con una serie de eufemismos, pero que en realidad es la consumación del modelo capitalista corrupto, violento y toda su institucionalidad al servicio de estas empresas que finalmente llegan a países y sociedades como las nuestras”, puntualizó Fernández.

Sobre este mismo tema, el investigador y defensor de derechos humanos, Pedro Landa, expresó que como ciudadanos tenemos derecho a plantearnos diversas valoraciones. En primera instancia que las Islas Caimán son un reconocido paraíso fiscal a nivel mundial, por lo que podríamos estar a las puertas de que se dé “en estos momentos o a posteriori un proceso de lavado de activos de dineros que pueden venir de cualquier actividad ilícita en cualquier parte del mundo”.

En segunda instancia expuso que al ser inversionistas de diferentes nacionalidades con empresas radicadas en diferentes países o Estados, en caso de existir un litigio, pese a que las ZEDE cuentan con su propia normativa, se tendría “que definir cuál es el fuero en el que se ventilaría una posible demanda o denuncia contra los inversionistas y estamos seguros que estos inversionistas estarían jugando a eso: a tener diversos escenarios para poder jugar con el escenario jurídico que le sea mucho más favorable”.

Landa pormenorizó que a este proceso se le conoce como velo corporativo “donde existen tantas sociedades mercantiles ligadas a una inversión que se hace imposible poder identificar quiénes son los que están detrás y cuál es el fuero o el tribunal más adecuado para ventilar un posible litigio de demanda que se pueda hacer en contra de los inversionistas”.

Ante este panorama de incertidumbre es mucho lo que se desconoce sobre la instalación de la primera ZEDE en Honduras y los planteamientos a futuro de proyectos similares en otras regiones. Lo que sí se sabe es que Honduras Próspera no surgió en medio de la pandemia por Covid-19. Al contrario, su instalación en Roatán lleva años en sigiloso accionar, no solo por parte de los inversionistas sino también del gobierno central, que en sincronía mantiene un decidido silencio.

Proceso de aprobación de la ZEDE en Honduras
Infogram

 

 

Proyectos ZEDE se expandirán como el cáncer en Honduras

Advierten que además de Choloma y Crawfish Rock, ya hay varias zonas identificadas

 

 

 

ZEDE Honduras
Esta niña, habitante de la comunidad de Crawfish Rock, Roatán, ignora el conflicto social que se ha originado en las Islas de la Bahía por la construcción de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –Varias  regiones de Honduras se mantienen en alerta ante la acelerada construcción de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que implican la existencia de pequeños estados dentro de los 112,492 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía, ya son un hecho de este proyecto extractivista que despoja poco a poco a los pobladores de sus territorios y riquezas naturales.

Aunque no solo Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía, están en los planes, pues el proyecto podría extenderse a otros departamentos como Choluteca, Valle, Colón y Gracias a Dios, advierten defensores comunitarios.

Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH) y férrea opositora a las ZEDE  o ciudades modelo, dijo a Criterio.hn que otra zona que está en los planes de este ambicioso proyecto del capital transnacional, es “Puerto Castilla (Trujillo), que pretenden terratenientes, inversionistas y desconocidos con títulos de propiedad falsos”. Esta región concentra 24 comunidades ancestrales que corren peligro de continuar esta iniciativa, alertó.

Solo en «crisis institucional permanente y desesperación que caracteriza la política hondureña desde el golpe de Estado, a alguien se le ocurriría una cesión de soberanía como esta que también ha costado la vida de líderes y habitantes como Antonio Bermúdez, líder del poblado Punta Piedra, encontrado sin vida el 21 de junio, tras seis días desaparecido”, siguió comentando la líder de los pueblos negros de Honduras.

La situación en la península Zacate Grande, en el Golfo de Fonseca, también podría empeorar con la instalación de la primera ZEDE en la zona sur del país, manifestó Alan Torres, coordinador de la Asociación de Defensa de la Península de Zacate Grande.

Hay mucha confusión. La gente cree que se trata de un solo megaproyecto, de una obra gigantesca que va a entrar de un solo golpe a los territorios. Algo que se puede identificar claramente, pero no es así.

REALIDAD

La ZEDE ya comenzó a operar y los primeros impactos sobre territorios, bienes comunes y las poblaciones de varios municipios y 37 comunidades del departamento de Choluteca ya albergan zonas especiales de minería, energía solar y eólica de empresas de Noruega, Canadá y Estados Unidos, ha denunciado en las últimas semanas el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida).

En el proyecto de energía solar Los Prados, en el municipio de Namasigüe, Choluteca, desarrollado con capital del Fondo Noruego para Países en Desarrollo (Nordfound) a través de la empresa noruega Scatec Solar, las comunidades levantaron campamentos de resistencia por lo que 17 pobladores están acusados y esperan juicio por coacción a empleados de los inversionistas.

También lea: 97 % de la población de Namasigüe dice NO a la minería y fotovoltaicas

 

ZEDE Honduras
El 18 de noviembre de 2019 los habitantes de Namasigüe, Choluteca, realizaron una consulta en la que el 97 % dijo no a los proyectos extractivistas.

En El Triunfo, siempre en Choluteca, la minera Los Lirios, subsidiaria de la estadounidense Electrum Group LLC, pretende explotar más de 1.800 hectáreas para extraer oro, bronce y plata, afectando a unas 20 comunidades de la costa, según han denunciado ambientalistas agrupados en MASS-Vida.

Y en el Corpus, la minera Cobra Oro de Honduras, subsidiaria de la canadiense Glen Eagle Resources Inc, adquirió 15 mil metros cuadrados de terreno para dar paso a sus operaciones extractivistas.

La amenaza que están viviendo en los últimos años los pobladores de la zona sur, se extiende ahora por toda la costa norte, Islas de la Bahía e Islas de El Cisne, incluyendo a los departamentos de Atlántida y Gracias a Dios. En La Ceiba, Atlántida, se instalaría un parque industrial con asesoría de la firma InSite Bavaria y una consultora alemana encargada de localizar negocios, asociada con la Universidad Técnica de Munich, confesó recientemente, Erick Brieman, propietario y promotor de la ZEDE Próspera

Entre tanto, en Gracias a Dios se daría una concesión para la exploración de petróleo. Para este propósito el 9 de abril de 2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, se aprobó el Decreto Ejecutivo PCM 017-2013. Este decreto fue aprobado posteriormente el 23 de mayo de ese mismo año en el Congreso Nacional, presidido por Juan Hernández.

Según investigaciones sísmicas en aguas del Caribe y tierra firme hay presencia de gas y petróleo, pero en la Ley ZEDE estos territorios figuran como zonas exclusivas de pesca.

Honduras Próspera, propiedad de Erick Brimen, registrada como Economic Development Platform y autor de la amenaza de desalojo a los habitantes de Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía; la ZEDE Morazán, en Choloma, propiedad de Centroamerican Consulting and Capital, funcionarán con estatutos diferenciados, según una publicación en inglés que destacó Criterio.hn el 29 de septiembre pasado.

Uno de los argumentos del gobierno para ceder el territorio hondureño a los inversionistas extranjeros es la generación de empleo, pero Vanessa Cárdenas, líder comunitaria de Crawfish Rock, dice lo contrario. Ella denunció ante Criterio.hn que la construcción de la ZEDE de la compañía Próspera sigue adelante, pero únicamente emplea a dos habitantes de esta localidad.

“Cuando no sabíamos qué era esto la gente protestó por empleo y salario digno, porque ni siquiera el salario mínimo estaban ofreciendo”, continuó relatando.

“Ahora estamos en lucha porque no queremos una “ciudad modelo” en este lugar, pero no podemos acceder a un juzgado a plantear nuestro reclamo porque todo se va a resolver en la ZEDE. No hay acceso al proyecto, han puesto seguridad privada y no sabemos cuál es el impacto ambiental de las obras que se construyen en el lugar”, concluyó.

Oscar Hendrix, defensor de derechos humano en la zona insular advierte que “esto se quiere resolver en un juzgado extranjero y de ahí pasaría a una instancia de arbitraje en Arizona y eso no es gratuito, son pagados por alguien”.

Antonio Trejo Cabrera, el abogado que presentó el primer recurso de inconstitucionalidad contra las ZEDE, además de ganar un juicio de conflicto de tierras a favor de grupos campesinos en el Valle del Aguán, murió acribillado en septiembre de 2014, después de recibir una llamada a su móvil que lo sacó de una iglesia evangélica donde oficiaba una boda.

La desaparición de cuatro garífunas en la comunidad de El Triunfo de la Cruz, Tela y un mes antes el hallazgo del cadáver de Antonio Bernárdez, presidente de la comunidad garífuna de Punta Piedra, tras varios días de desaparición, junto al incidente en Crawfish Rock, configuran una esfera de amenazas de rastro y sangre que fluyen de las ZEDE.

Este arquetipo económico extractivista nada tiene que ver con el enclave financiero construido por Inglaterra en Hong Kong, o con la ultramoderna Shenzhen, provincia de Cantón, China, sede del gigante tecnológico Huawei, entre otros, aquí se instaló una cepa del modelo neoliberal conocido como los “libertarios o Anarcoestado”, que data de la mitad del siglo pasado y que después describiremos.

INCONSTITUCIONALIDAD

La Ley de las ZEDE “es inconstitucional porque otorga facultades a 21 particulares que deben integrar el comité para la organización de buenas prácticas para que regulen materias, cuya competencia conforme a la Constitución de la República corresponde al Poder Legislativo, igualmente por la vulneración de diversos principios constitucionales, libertades y derechos fundamentales y un tratado internacional vigente”, advirtió recientemente el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Fredis Cerrato.

El ex Fiscal General de Honduras, Edmundo Orellana Mercado, señala que las “ciudades modelo” estilo Honduras «no es cierto que sea una panacea, no es cierto que va a ser un paraíso. En las ciudades modelo se pierde la soberanía nacional, la jurisdicción y el imperio del Estado hondureño», destaca.

“Honduras no es un corral en el que van a hacer y deshacer con la ciudadanía, el territorio y las finanzas del Estado, lo que están haciendo estos señores es ilegal y deben responder ante la justicia hondureña”, apuntó el abogado Antonio Trejo, mediante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en febrero de 2012.

Por mayoría de votos el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 283-2010 que creó los Regiones Especiales de Desarrolló, más conocidas como “ciudades modelo”, por considerar que violaba la soberanía, el territorio y la forma de Gobierno.

Los 15 magistrados que integraban el pleno resolvieron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en octubre de 2011, un año antes, por varias organizaciones entre ellas Ofraneh, y la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho.

Trece magistrados votaron para que se declarara con lugar el recurso de inconstitucional y solo uno votó en contra: Óscar Chinchilla, quien fue ratificado de forma irregular a un segundo período en el Ministerio Público, y el presidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, que emitió un voto particular, ni a favor ni en contra, por lo que la votación resultó 13 a 1, más el voto particular de Rivera Avilés.

Pero la historia no terminó ahí. En enero del 2013 revivió el proyecto, reformando el artículo 294 de la Constitución de la República y se conoció como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Para algunos abogados como Fredín Fúnez, el nombre es el único que cambió, porque las violaciones a la soberanía, al territorio y a las formas de gobierno se mantienen.

Ese mismo año, tras un desequilibrio de poder en el Congreso, se aprobó la Ley orgánica de las ZEDE con 102 votos a favor y 26 en contra dando así viabilidad.

ZEDE Honduras
La comunidad de Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía, ha venido protestando en las últimas semanas contra el proyecto de la empresa Próspera, porque no se les consultó y porque no están de acuerdo con ceder la soberanía hondureña.

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico son consideradas como un pequeño Estado dentro de otro Estado, ya que estas porciones geográficas se asentarán en territorio hondureño, pero contarán con sus propios tribunales de justicia, policía, sistema financiero, tributario y moneda.

MÁS ENTREGUISMO

Los casos judiciales de la ZEDE serían resueltos en un tribunal británico en las Islas Mauricio, en el centro del Océano Pacífico, a unos 10 mil kilómetros de Honduras; y en una comisión judicial de un Consejo Privado en Londres, como última instancia de apelación. »Se entiende que el presidente de la Corte Suprema de Mauricio, YKJ Yeung Sik Yuen, admitió el trámite de los recursos de casación que se derivan de las ciudades modelo», dijo en su momento la prensa internacional.

Una declaración reciente del dueño de Honduras Próspera, la ZEDE en Crawfish Rock, afirma que los juicios con las comunidades afectadas en ese sector de Roatán los ventilará una sala de Arbitraje en el Estado de Arizona, EE. UU.

Sin consultar a las comunidades que serán perjudicadas un grupo internacional de inversores y funcionarios del gobierno firmaron un Memorándum de Entendimiento en el Congreso Nacional.

Mientras tanto, en las redes sociales, prensa digital y enlaces financieros, inversionistas como Erick Brimen promovían la venta de escenarios idílicos en la ZEDE Próspera, vista como «catástrofe para Honduras”, por el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino.

ANARCOESTADO O LIBERTARIOS

Es “el grupo de choque más agresivo y reaccionario del neoliberalismo. Militan por la dictadura del empresariado y tienen como enemigo principal al Estado. Han proliferado en los últimos años gracias al internet y las redes sociales”, asegura el economista argentino Julio Zicari.

Se destacan “con inversionistas de aparentes ideas vanguardistas, críticos al orden de cosas vigente y posturas apolíticas que vociferan para reivindicar el anarcocapitalismo: un mercado total, que nadie lo pueda regir y en el que el Estado se desvanezca. Pero que en los hechos terminan por representar la doctrina del liberalismo autoritario”, apunta el docente bonaerense.

El discurso económico además de violento es simplista, ya que nunca aparecen problemas como el subdesarrollo, restricción externa, mejoras sociales, desequilibrios productivos típicos con respecto a la deuda externa. Suponen que mágicamente estas cuestiones se resuelven achicando el Estado o dejando de emitir.

Sus expresiones discursivas no observan al viejo sujeto liberal progresista, sino un individuo reaccionario, en el cual el micro-fascismo, la prepotencia y el narcisismo devienen centrales y toda desviación a sus premisas la identifican como estatismo, una dictadura y “un camino a ser Venezuela”.

Su propio lema “no me pises” (dont treat on me) y su símbolo (una víbora atacando) lo dice todo: se sienten oprimidos por el Estado (que supuestamente los pisotea) y por eso sienten que deban atacar, justificando su agresividad.

¿OPCIONES?

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, advierte que los territorios de las Islas de la Bahía y el Caribe pertenecen al pueblo garífuna y no pueden ser entregados al capital extranjero en una acción de puro colonialismo, como la que Honduras ya vivió en la época en que sus tierras se convirtieron en enclave bananero.

Neocolonialismo como anexo de la “Carta Rolston”, la misiva con las instrucciones que Hiller Rolston, ejecutivo del enclave bananero de la United Fruit Company, redactó en julio de 1920 con las claves, duras y precisas para lograr los fines de las compañías bananeras estadounidenses a inicios del siglo pasado en Honduras.

Una hoja de ruta para ejercer el control férreo y casi total sobre la tierra, sus recursos, la gente, los gobiernos incluso las esperanzas en naciones poco desarrolladas con gobiernos volubles, serviles, autoritarios, corruptos, maleables y dispuestos a ceder a los intereses de corporaciones transnacionales.

La coyuntura ocasionada por las ZEDE deja cuatro posibles escenarios: la no derogación de la ley, la no suspensión de estos proyectos, la generación de impactos ambientales y la expropiación de tierras de los habitantes, condiciones propias para una mayor conflictividad y futuro incierto para el país.

LA REAACCIÓN DE RECHAZO

El pasado 20 de octubre Criterio.hn publicó el repudio de todos alcaldes de Islas de la Bahía, los gremios empresarial-turístico y de un diputado local que demandan al Congreso Nacional un referéndum revocatorio a la instalación de ZEDE, que amenazan la conservación del arrecife Mesoamericano, la segunda barrera de coral del mundo y que exponen como una de las joyas apetecidas por el turismo internacional.

Johan Johnsson y Paula Bonilla, representantes de la Mesa para la Defensa del Territorio de Islas de la Bahía, condenaron el “flagrante irrespeto hacia los isleños al violar sus derechos humanos, constitucionales y hereditarios”, perpetrado por las autoridades hondureñas.

El 18 de octubre los alcaldes de Roatán, Santos Guardiola, Útila y Guanaja, las Cámaras de Turismo como la de Comercio e industrias de Islas de la Bahía y el diputado al Congreso Nacional, Ron McNab, ratifican su rechazo a la ZEDE Próspera y a la postura del gobierno de impulsar dicha iniciativa sin previa consulta a las comunidades locales.

A más de un mes del desalojo de Eric Bremen y sus guardias de seguridad de Crawfish Rock, la construcción de la ZEDE Próspera en Roatán, continúa adelante a pesar de los reclamos de las autoridades y comunidad local.

Días después McNab y varios diputados presentaron ante el Congreso Nacional, una iniciativa de ley para la derogación de la Ley ZEDE y revertir esa nefasta normativa aprobada por ese poder del Estado en el 2013.

También lea: Presentan iniciativa en el Congreso Nacional para derogar Zonas de Empleo y Desarrollo Económico

A finales de septiembre pasado los pobladores del municipio de Choloma, departamento de Cortés, levantaron su voz de alerta y comenzaron a organizarse después que una publicación internacional anunciara que en esa zona se instalaría un enclave en el que el capital extranjero sacaría ventaja de la mano de obra barata y de arrebatar la soberanía al pueblo cholomeño.

La revista Free Private Cities reveló información de una nueva concesión del territorio hondureño para beneficiar al capital extranjero, a través del proyecto Ciudad Morazán en Choloma, Cortés.

“Tras el exitoso inicio de la primera ZEDE Próspera de Honduras (ubicada en Roatán), el gobierno ha aprobado ahora una segunda. Se llama Ciudad Morazán y está situada cerca de la ciudad de Choloma en tierra firme”, señala el escrito.

A diferencia de Próspera, el objetivo de la Zona es la manufactura de mano de obra ligera intensiva, centrándose en las familias de trabajadores de salario mínimo. Los organizadores de la ZEDE creen que son los que más se beneficiarán de un entorno más libre”.

FLUJO HUMANO

El detonante de la migración al norte del continente repunta en 2018 con la crisis económica y social, derivada del fraude electoral de noviembre de 2017 y no cesa pese al Covid-19 y a las duras leyes anti migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las ZEDE avanzan en su construcción, pero su oferta de ser una solución al desempleo y pobreza sigue siendo una quimera, ya que la población sigue emigrando motivada por la inseguridad, el desempleo, falta de oportunidades y ahora las secuelas sanitarias, humanas y económicas ocasionadas por el pésimo manejo de la gestión pública.

Ante las mareas humanas que buscan cruzar las fronteras e ingresar a los Estados Unidos, el gobierno de Trump responde con amenazas de sanciones económicas y condicionamientos políticos, obteniendo con ello una actitud cada vez más servil del gobierno hondureño.

“¡Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que, si la gran caravana de personas que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!”, twitteó Trump en octubre de 2018.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1052183647552491521

 

Hoy Honduras es una olla de presión con un gobierno cuestionado en su legitimidad, descalificado internacionalmente por sus vínculos con el narcotráfico, la corrupción y la violación de derechos humanos.

Presentes están los crímenes de líderes ambientalistas y comunales, desde Blanca Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Berta Cáceres a Orlando Morazán, en Guapinol, entre otros que ofrendaron sus vidas por defender la naturaleza, sus territorios y el patrimonio natural.

La lucha de las comunidades donde se levantan los nuevos enclaves neoliberales se mantiene, mientras los tribunales le dan seguimiento a la judicialización de casos de defensores del ambiente por oponerse a proyectos mineros, hidroeléctricos, fotovoltaicos y seguramente pronto se abrirán expedientes contra los opositores de las ZEDE.

¿Guerra contra la corrupción o contra las alternativas al neoliberalismo?

Por: Silvina M. Romano

 El problema de América Latina es la corrupción, pero no la corrupción “a secas”, sino especialmente aquella asociada a los gobiernos progresistas o posneoliberales. Lo aseveran los think-tanks, los asesores de Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y voces expertas sobre lo que “sucede” en la región.

Lo advertía John F. Kelly, ex Comandante del Comando Sur de los EEUU y hoy Jefe de Gabinete de Trump. Aseguran que los gobiernos progresistas se abusaron de los pobres para enriquecer a un puñado de funcionarios de gobierno corruptos. Agrandaron el Estado y lo repolitizaron, intervinieron en la economía y revalorizaron lo público, con el único objetivo de “saquearlo” luego. Privilegiaron la utilización de influencias y fondos públicos para beneficio personal y recurrieron a los poderes del Estado para evitar la rendición de cuentas.

Desde esta perspectiva, los funcionarios y políticos involucrados en gobiernos progresistas que exaltaron ese derrotero, son por definición corruptos y además ineficientes. Son incapaces de manejar al Estado como a una empresa privada, poniendo en riesgo el rumbo de la economía y (supuestamente) del Estado en su totalidad.

Esta serie de argumentos son los que urden la trama de un sentido común reproducido por las derechas y la prensa hegemónica desde hace varios años y que ha contribuido al menos a dos fenómenos: el primero y de corto-mediano plazo, es el de la “judicialización de la política” desde arriba; el segundo es el de la despolitización de la política, el desprecio por “lo público” y el prejuicio respecto de lo estatal como ineficiente.

El hecho de que este relato haya devenido en “sentido común”, de que haya calado profundo en la opinión pública, no es fruto de una campaña mediática particular, o el resultado “inminente” del retorno de gobiernos de derecha.

Tampoco obedece únicamente a factores coyunturales. Por el contrario, forma parte de un proceso histórico que encuentra parte de sus raíces en el ajuste estructural implementado en América Latina a partir de la década de los ’80 y que tuvo como actores principales a las IFI y a las agencias bilaterales del gobierno estadounidense. La “modernización” del Estado, que tenía por objetivo una mayor eficacia y eficiencia para acabar con la corrupción y el favoritismo, fue argumento clave para el adelgazamiento/desaparición y desprestigio de lo público en virtud de lo privado. El Consenso de Washington puede ser un ejemplo de sistematización de tales premisas como lineamientos para la acción de gobiernos

dedicados a procurar que el Estado se subsumiera a las necesidades del sector privado. La empresarialización del Estado.

Las reformas judiciales

Uno de los sectores en los que se intervino tempranamente para la “modernización del Estado” fue el judicial. Tuvieron especial protagonismo los organismos de “asistencia para el desarrollo” bilaterales y multilaterales, como la USAID y el BID.

 Este asesoramiento en la transformación de los aparatos judiciales constituye un eslabón más en una cadena de relaciones dependientes y asimétricas establecidas por la dinámica y normativas inscritas en la asistencia para el desarrollo (al menos desde la Guerra Fría hasta la actualidad)7. El objetivo era lograr la “buena gobernanza” por medio de una reorganización del Estado, ajustando las leyes e instituciones a las normativas internacionales que permitieran el flujo de inversión extranjera directa y el acceso a mercados “sanos”.

Debía garantizarse un “buen funcionamiento” de las instituciones para garantizar el desarrollo. Guatemala fue uno de los mayores receptores de asistencia para la reforma judicial, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Fluyeron asesores, recursos para infraestructura e informática y el “know how” de la experiencia en países centrales, particularmente en EEUU9. El resultado fue una reforma superficial, en el plano de lo técnico, con una fuerte dependencia de la asesoría y fondos provenientes del extranjero.

Los avances a partir de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (desde el juicio al dictador Ríos Montt hasta el Caso la Línea se ven limitados por estar enmarcados en un Estado que en términos generales representa los intereses de una minoría privilegiada (tanto la vieja oligarquía como los nuevos empresarios) asociada directa o indirectamente a un Estado contrainsurgente y genocida. Un Estado ausente en materia de bienestar socio-económico para las mayorías, que nunca fue refundado.

Un Estado que, desde 1954 hasta la actualidad, sigue dependiendo de los lineamientos, recomendaciones y financiamiento del sector público-privado estadounidense y las agencias de asistencia para el desarrollo de otros países centrales. Guatemala es un país condenado por la opinión pública internacional debido a la corrupción y la violencia, pero de ningún modo se lo coloca como el peor caso. Por el contrario, la corrupción es particularmente “grave” en aquellos Estados donde hubo o están vigentes procesos de cambio de la mano de gobiernos posneoliberales, notándose una mayor presión local e internacional para una judicialización de la política desde arriba.

Un caso clave es el de Bolivia, país que recibió un importante flujo de asistencia de la USAID en los ’80 y ’90, entre otros rubros, para la reforma judicial. Estos fondos tendieron a beneficiar a gobiernos y sectores altamente corruptos y que trabajaron sistemáticamente en desmedro del bienestar de las mayorías12. Con la llegada del MAS y la refundación del Estado, se llevaron a cabo reformas estructurales, incluida la democratización del aparato judicial: es el único país de América Latina donde los representantes judiciales son elegidos en las urnas. Sin embargo, sigue fluyendo asistencia, en particular proveniente de la National Endowment for Democracy (NED) en el rubro de “reforma jurídica” a través defundaciones.

Una de las últimas campañas desatadas contra el MAS, previa al referéndum de febrero de 2015, se centró en la difamación y desmoralización del gobierno de turno por “corrupción y tráfico de influencias”, sin pruebas fehacientes. Sin proceso legal adecuado, se manufacturó el “caso Zapata”. La red de intereses tejida entre la prensa local, fundaciones, think tanks y voces expertas hicieron campaña destacando la corrupción como principal atributo del gobierno de MAS. Luego del debido proceso judicial, se mostró que las acusaciones al presidente y ministros de gobierno eran falsas, pero el Caso Zapata influyó para que buena parte de la ciudadanía se inclinara por el NO al momento del referendum. Se desvió la batalla política al campo judicial.

Brasil es sin dudas el paradigma de la judicialización de la política desde arriba, como parte de una campaña mediática, política y empresarial orientada (aparentemente) a combatir la corrupción, pero que tiene por objetivo destruir la imagen del Partido de los Trabajadores y “expulsar de la política” a sus principales líderes. El impeachment a Dilma Rousseff muestra el modo en que opera un aparato judicial intervenido desde fuera. El Juez Moro, líder del Lava Jato, fue uno de los “mejores alumnos” de los cursos de capacitación realizados por el Departamento de Justicia estadounidense para funcionarios judiciales latinoamericanos en el 2009, en el marco del “programa Puentes”.

Técnicas de recolección de información como la “delación premiada”, así como el espionaje (intervención de líneas telefónicas, mails, etc.) a funcionarios públicos o burós privados de abogados, parecen formar parte del know how adoptado. El juicio a Lula da Silva es otra muestra: considerando el modo en que “apresuraron” su expediente frente a otros casos, la ausencia de pruebas y la campaña mediática que lo cubrió16, da cuenta del modo en que EEUU y las derechas de América Latina están recurriendo a la “justicia” como arma para una guerra librada contra la política de gobiernos y procesos progresistas. Es “lawfare”, la guerra jurídica17.

“Lucha contra la corrupción”

Esta guerra contra la corrupción se equipara a la guerra librada contra las drogas (íntimamente vinculadas a los intereses del sector público-privado de EEUU): más allá de los protocolos y discursos políticamente correctos, apuntan a aniquilar sectores, grupos, líderes y procesos que disputan con mayor o menor fuerza y/o éxito alternativas al neoliberalismo (por ejemplo: que obstaculizan el flujo de combustibles y materiales estratégicos, que amenazan el acceso a mercados y la rentabilidad de las inversiones). Para ello, se presenta como objetivo de mediano-largo plazo la anulación de lo político, la despolitización del Estado, evitar ante todo su intervención en la economía, lograr que devenga en un ente técnico subsumido a las reglas del mercado.

 Se promueve que sea dirigido por tecnócratas o empresarios capaces de vaciarlo de soberanía, apartarlo de la causa de las mayorías. Hacerlo más eficiente para el sector privado.

Este es el objetivo de la “lucha contra la corrupción” librada desde los medios hegemónicos, think-tanks, fundaciones y gobiernos como el de EEUU, que exportan un modelo de democracia y gobernabilidad que nada tiene que ver con la inclusión política, económica, cultural y social de mayorías históricamente postergadas. Es la democracia de una “clase media” (imposible de ser definida) cuya única causa sería la de “instituciones transparentes”, “índices de violencia cero” y “cárcel para todos los corruptos, para todos los políticos”. La democracia de una sociedad que (aparentemente) desea ser gobernada por empresarios y tecnócratas que no tengan “nada que ver” con la política.

Así, en los discursos contra la corrupción, la “delincuencia” y “los criminales”, se va reforzando la urdimbre de la ideología dominante, alimentada por la “frustración” generada por gobiernos que (aparentemente) traicionaron a sus pueblos. Unido a este relato, resurge con fuerza el neoliberalismo, un camino que ya hemos transitado en América Latina, que garantiza la salud de los mercados y la profundización de la miseria, injusticia y violencia ¿y quién se atrevería a afirmar que ese rumbo (¡ya transitado!) está exento de corrupción?

*Silvina M. Romano es Dra. en Ciencia Política. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe,Universidad de Buenos Aires.

El Neoliberalismo: la ideología en el origen de todos nuestros problemas

 

Por: George Monbiot

Imagina que las personas que vivieron en la Unión Soviética nunca hubieran oído hablar del comunismo. Para la mayoría de nosotros, la ideología que domina nuestras vidas no tiene un nombre asociado a ella. Intenta mencionarlo en una conversación y recibirás a cambio un encogimiento de hombros. Incluso si tus interlocutores han escuchado el término antes, les costará trabajo definirlo. Neoliberalismo: ¿sabes lo que es?

neoliberal

Su anonimato es al mismo tiempo un síntoma y la causa de su poder. Ha desempeñado un papel protagónico en una gran cantidad de crisis: el colapso financiero de 2007-2008, las triangulaciones offshore de capital y poder, de las que los Panama Papers nos muestran apenas la punta del iceberg, el lento colapso de los sistemas de salud y educación públicos, el resurgimiento de la pobreza infantil, la epidemia de soledad, el colapso de los ecosistemas, el ascenso de Donald Trump. Pero respondemos a estas crisis como si emergieran de la nada, como si no nos diéramos cuenta de que todas han sido catalizadas o exacerbadas por la misma filosofía sistemática; una filosofía que tiene —o tuvo— un nombre. ¿Qué demostración de poder más grande que poder operar sin nombre?

El neoliberalismo ha penetrado con tal fuerza que difícilmente lo reconocemos como una ideología. Parecemos estar de acuerdo con la proposición que describe esta fe milenaria y utópica como si fuera una fuerza neutral; una especie de ley natural, como la Teoría de Evolución de las Especies de Darwin. Pero esta doctrina se forjó a partir de un afán consciente por modificar la vida de los seres humanos y trastocar el foco neurálgico del poder.

El neoliberalismo entiende la competencia como el componente esencial de las relaciones humanas. Redefine a los ciudadanos como consumidores, cuyo mayor ejercicio democrático se produce al comprar o vender, un proceso que recompensa el mérito y castiga la ineficiencia. Sostiene que «el mercado» produce beneficios que jamás podrían obtenerse mediante la planeación pública.

Los intentos por limitar la competencia son vistos como inhibidores de la libertad. Los impuestos y las regulaciones deben ser minimizados, los servicios públicos deben ser privatizados. La organización del trabajo y los contratos colectivos negociados por los sindicatos son vistos como distorsiones del mercado que impiden la formación de una jerarquía natural de ganadores y perdedores. La desigualdad es reformulada como algo virtuoso: una recompensa a la utilidad y generadora de riqueza, que en algún momento gotea hacia abajo para enriquecer a todos. Los esfuerzos por crear una sociedad más igualitaria se entienden como contraproducentes y moralmente corrosivos. El mercado asegura que todo el mundo obtiene lo que merece.

Internalizamos y reproducimos sus credos. Los ricos se persuaden a sí mismos de que han adquirido su riqueza a través del mérito, soslayando las ventajas —como la educación, las herencias y la clase— que pueden haber contribuido a conseguirla. Los pobres comienzan a culparse a sí mismos por sus fracasos, aun cuando es poco lo que pueden hacer para cambiar sus circunstancias.

Olvidemos la existencia del desempleo estructural: si no tienes trabajo es porque no eres emprendedor. Olvidemos los costos estratosféricos de la vivienda: si tu tarjeta de crédito está hasta el tope, es porque eres irresponsable y poco solvente. No importa que tus hijos ya no tengan un espacio al aire libre donde jugar: si están gordos, es tu culpa. En un mundo regido por la competencia, aquellos que quedan rezagados son definidos y se definen a sí mismos como perdedores.

Entre las consecuencias de todo esto, como Paul Verhaeghe documenta en su libro What About Me? [¿Y yo qué?] se encuentran epidemias de laceraciones autoinflingidas, desórdenes alimenticios, depresión, soledad, ansiedad para funcionar cotidianamente y fobia social. No debe sorprendernos que Gran Bretaña, en donde la ideología neoliberal ha sido aplicada de forma más rigurosa, se haya convertido en la capital europea de la soledad. Ahora todos somos neoliberales.

El término neoliberalismo fue acuñado durante un congreso en París, en 1938. Entre los delegados asistentes, había dos hombres que definieron dicha ideología, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Exiliados de Austria, ambos veían la democracia social, ejemplificada a través del New Deal de Franklin Roosevelt, y el gradual desarrollo del Estado de bienestar británico, como manifestaciones de un colectivismo que ocupaba el mismo espectro que el nazismo y el comunismo.

CAMINO DE SERVIDUMBRE DE F. A. HAYEK

frederick hayek

En Camino de servidumbre, publicado en 1944, Hayek argumentaba que la administración gubernamental, al aplastar el individualismo, conduciría inexorablemente al control totalitario. Al igual que Burocracia de Von Mises, Camino de servidumbre fue ampliamente leído. Llegó a las manos de personas muy ricas, que encontraron en dicha filosofía una oportunidad de liberarse de las regulaciones y los impuestos. Cuando, en 1947, Hayek fundó la primera organización encargada de difundir la doctrina del neoliberalismo —la Mont Pelerin Society—, fue financiada por fundaciones de millonarios.

Con su ayuda, comenzó a crear lo que Daniel Stedman Jones describe en Masters of the Universe [Amos del universo] como «una especie de internacional neoliberal»: una red trasatlántica de académicos, empresarios, periodistas y activistas. Los acaudalados seguidores del movimiento financiaron una serie de thinktanks que sofisticarían y promoverían la ideología. Entre ellos se encontraba el American Enterprise Institute, la Heritage Foundation, el Cato Institute, el Institute of Economic Affairs, el Centre for Policy Studies y el Adam Smith Institute. También patrocinaron plazas y departamentos académicos, particularmente en las universidades de Chicago y Virginia.

Conforme fue evolucionando, el neoliberalismo se volvió cada vez más estridente. La visión de Hayek de que los gobiernos debían regular la competencia para evitar la formación de monopolios cedió su lugar —entre apóstoles americanos como Milton Friedman— a la creencia de que el poder monopólico podía ser visto como una recompensa a la eficiencia.

Algo más sucedió durante esta transición: el movimiento se desprendió de su nombre. En 1951, Friedman felizmente se describía como un neoliberal. Pero poco después, el término comenzó a desaparecer. Más extrañamente aún, incluso cuando la ideología se volvió más sofisticada y el movimiento más coherente, el nombre perdido no fue reemplazado con ninguna otra denominación común.

Al principio, a pesar de su financiamiento prodigioso, el neoliberalismo permaneció en los márgenes. El consenso de la posguerra fue casi universal: las fórmulas económicas de John Maynard Keynes fueron aplicadas ampliamente, el pleno empleo y la asistencia para salir de la pobreza fueron metas comunes en los Estados Unidos y buena parte de la Europa occidental, las mayores tasas impositivas eran altas y el gobierno perseguía metas sociales sin empacho alguno, mediante el desarrollo de nuevos servicios públicos y redes de asistencia.

Pero en los años setenta, cuando las políticas keynesianas comenzaron a desmoronarse y las crisis económicas golpearon ambos la-dos del Atlántico, las ideas neoliberales comenzaron a formar parte del pensamiento dominante, al tiempo que Friedman señalaba que «cuando llegó el momento de cambiar… había una alternativa lista para ser usada». Con la ayuda de periodistas simpatizantes y asesores políticos, elementos del neoliberalismo, especialmente ciertas fórmulas de política monetaria, fueron adoptadas por los gobiernos de Jimmy Carter, en los Estados Unidos, y de Jim Callaghan, en Gran Bretaña.

Posteriormente, Margaret Thatcher y Ronald Reagan llegaron al poder y el resto de medidas no tardó mucho en llegar: exenciones fiscales masivas para los ricos, la demolición de los sindicatos, desregulaciones, privatizaciones, outsourcing y empresas privadas compitiendo por servicios públicos. A través del FMI, el Banco Mundial, el tratado de Maastricht y la Organización Mundial del Comercio, las políticas neoliberales fueron impuestas —a menudo sin ningún tipo de consenso democrático— en buena parte del mundo. Más notable aun fue la adopción de dicha doctrina por partidos que tradicionalmente habían pertenecido a la izquierda: los laboristas y los demócratas, por ejemplo. Como apunta Stedman Jones:

«Es difícil pensar en otra utopía que se haya convertido en realidad de manera tan contundente».

Puede parecer extraño que una doctrina que promete libertad y la posibilidad de elegir tuviera que ser promovida con el eslogan «no hay otra alternativa». Pero, como Hayek recalcó durante una visita al Chile de Pinochet —una de las primeras naciones en las que el programa fue aplicado de forma cabal— «personalmente prefiero una dictadura liberal que un gobierno democrático desprovisto de liberalismo». La libertad que el neoliberalismo ofrece, que suena tan encantadora cuando se expresa en términos generales, resulta ser libertad para los peces gordos, no para los pececillos.

Estar libre de los sindicatos y de las negociaciones colectivas, significa tener libertad para oprimir los salarios. Estar libre de regulaciones significa tener libertad para envenenar ríos, poner a trabajadores en riesgo, cobrar tasas de interés desorbitantes y diseñar instrumentos financieros exóticos. Estar libre de pagar impuestos significa no estar sujeto a la distribución de la riqueza que permite que las personas salgan de la pobreza.

LA DOCTRINA DEL SHOCK DE NAOMI KLEIN

naomi klein

Como demostró Naomi Klein en La doctrina del shock, los teóricos del neoliberalismo propusieron emplear las crisis para imponer medidas impopulares mientras la gente estaba distraída: por ejemplo como en las postrimerías del golpe pinochetista, la guerra de Irak y el huracán Katrina, descrito por Friedman como «una oportunidad para transformar de manera radical el sistema educativo» en Nueva Orleans.

Ahí donde las políticas neoliberales no pueden ser impuestas de manera local, se imponen por la vía internacional, a través de tratados de libre comercio que incorporan el «arbitraje de diferencia inversor-Estado»: tribunales en el extranjero que pueden ser presionados por corporaciones para retirar protecciones sociales o ambientales. Cuando los parlamentos han votado restringir la venta de cigarrillos, proteger las fuentes de abastecimiento de agua ante las compañías mineras, congelar las tarifas energéticas o impedir que las grandes farmacéuticas desfalquen al Estado, las corporaciones han interpuesto demandas, que en varias ocasiones han prosperado. La democracia queda reducida a un mero teatro.

Otra paradoja del neoliberalismo es que la competencia universal recae en la cuantificación y comparación universales. El resultado es que los trabajadores, los que buscan trabajo y servicios públicos de diversos tipos, a menudo están sujetos a monitoreos y evaluaciones sofocantes y chapuceras, diseñadas para identificar a los ganadores y castigar a los perdedores. La doctrina que según Von Mises nos libraría de la pesadilla burocrática de la planeación centralizada ha, en vez de ello, creado otra variante.

El neoliberalismo no fue concebido como una estafa egoísta, pero pronto se convirtió en eso. El crecimiento económico ha sido notablemente más lento en la era neoliberal (desde 1980 en Inglaterra y los Estados Unidos) que en las décadas anteriores; aunque no es el caso de los muy ricos. La desigualdad en la distribución tanto de los ingresos como de la riqueza, después de 60 años de declive, aumentó rápidamente durante esta era, gracias a la pulverización de los sindicatos, exenciones fiscales, elevadas rentas, privatizaciones y desregulaciones.

La privatización o venta accionaria de servicios públicos tales como la energía, el agua, los trenes, la educación, las carreteras o las cárceles, le ha permitido a las corporaciones instalar casetas de cobro en bienes estratégicos y cobrar renta, ya sea a los ciudadanos o al gobierno, por usarlos. Renta es un término alternativo para el ingreso improductivo. Cuando pagas un precio inflado por un boleto de tren, sólo una parte de la tarifa compensa a los operadores por el dinero que gastaron en combustible, salarios, balances de cuentas y otros enseres. El resto refleja el hecho de que te tienen agarrado del cogote.

Quienes son dueños y manejan los servicios privados o semi privados en el Reino Unido, han acumulado ingentes fortunas al invertir cantidades pequeñas y cobrar precios elevados. En Rusia y la India, los oligarcas adquieren bienes estatales a través de deshaucios. En México, Carlos Slim obtuvo el control de casi todas las líneas telefónicas, así como de los servicios de telefonía móvil, y muy pronto se convirtió en el hombre más rico del mundo.

WHY WE CAN’T AFFORD THE RICH DE ANDREW SAYER

andrew sayer

La extensión de las finanzas a prácticamente todos los ámbitos, como lo señala Andrew Sayer en Why We Can’t Afford the Rich [Por qué los ricos no son costeables], ha tenido un impacto semejante. «Al igual que la renta», argumenta, «el interés, es… ingreso improductivo que se recibe sin ningún esfuerzo de por medio». Mientras los pobres se vuelven más pobres y los ricos más ricos, los ricos adquieren un creciente control sobre otro bien crucial: el dinero. Los pagos de intereses, en su mayor parte, son una transferencia de dinero de los pobres a los ricos. Mientras los precios de los bienes raíces y la retirada de los apoyos estatales saturan de deuda a las personas (pensemos en el cambio de becas al modelo de préstamos escolares), los bancos y sus ejecutivos se sirven con la cuchara grande.

Sayer argumenta que las últimas cuatro décadas se han caracterizado por la transferencia de riqueza no sólo de los pobres a los ricos, sino incluso dentro de las filas de los acaudalados: de aquellos que obtienen su dinero al producir nuevos bienes o servicios, hacia aquellos que hacen su dinero al controlar bienes existentes y obtienen fructuosas rentas o ganancias producto de los intereses o el capital. El ingreso productivo ha sido suplantado por el ingreso improductivo.

ALGO VA MAL DE TONY JUDT

Tony-Judt

Las políticas neoliberales reciben embestidas desde diversos flancos por las fallas del mercado. No sólo los bancos son demasiado grandes como para permitir que quiebren, sino que lo son también las corporaciones encargadas de proveer servicios públicos. Como Tony Judt apunta en Algo va mal, Hayek olvidó que es imposible permitir el colapso de los servicios nacionales de vital importancia, lo que significa que la libre competencia no puede seguir su curso. Las corporaciones reciben los beneficios, el Estado asume los riesgos.

Entre mayores sean los fracasos, más extrema se vuelve la ideología. Los gobiernos utilizan las crisis del neoliberalismo lo mismo como una excusa que como una oportunidad para realizar más recortes tributarios, privatizar lo que queda de los servicios públicos, hacer tajos en las redes de asistencia social, desregular corporaciones y re-regular a los ciudadanos. El Estado que se autodesprecia ahora hinca los dientes en cada uno de los órganos del sector público.

Quizá el impacto más peligroso del neoliberalismo no radique en las crisis económicas que ha causado, sino en las crisis políticas. Mientras disminuye el ámbito de influencia del Estado, también se contrae nuestra capacidad para cambiar el rumbo de nuestras vidas a través del voto. En cambio, la teoría neoliberal se afirma: las personas pueden ejercer su capacidad de elegir gastando dinero. Pero hay algunos que tienen más para gastar que otros: en la gran democracia del consumo o de los accionistas, los votos no se distribuyen equitativamente. El resultado es una pérdida de poder por parte de los pobres y de la clase media. Mientras los partidos de la derecha y de lo que solía ser la izquierda adoptan políticas neoliberales semejantes, la pérdida de poder se convierte en dislocamiento. Una enorme cantidad de personas ha sido proscrita de la política.

Chris Hedges ha señalado que «los movimientos fascistas construyeron sus bases no a partir de los políticamente activos sino de los políticamente inactivos, los ‘perdedores’ que sienten, a menudo con razón, que no tienen voz o un papel que desempeñar en el establishment político». Cuando el debate político ya no nos dice nada, las personas responden, en cambio, a eslóganes, símbolos y sensaciones. A los seguidores de Trump, por ejemplo, los hechos y los argumentos les parecen irrelevantes.

Judt lo definió bien al decir que la espesa red de interacciones entre las personas y el Estado se ha reducido a poco más que obediencia y autoridad, que la única fuerza que nos mantiene cohesionados es la fuerza del Estado. El totalitarismo que temió Hayek tiene muchas más probabilidades de surgir cuando los gobiernos, habiendo perdido la autoridad moral inmanente a la procuración de servicios públicos, son reducidos a «persuadir, amenazar y en última instancia coaccionar a las personas a obedecerlos».

Al igual que el comunismo, el neoliberalismo es un Dios fallido. Pero la doctrina zombi se mantiene en pie, y una de las razones que se lo permiten es su anonimato.

La doctrina invisible de la mano invisible es promovida por banqueros invisibles. Despacio, muy despacio, hemos empezado a enterarnos de los nombres de algunos de ellos. Encontramos que el Institute of Economic Affairs, que ha argumentado con vehemencia en los medios en contra de mayores regulaciones en la industria del tabaco,ha sido secretamente financiada por la British American Tobacco desde 1963. Descubrimos que Charles y David Koch, dos de los hombres más ricos del mundo, fundaron el instituto que originó el movimiento del Tea Party. Encontramos que Charles Koch, cuando montó uno de sus thinktanks, recalcó que «para evitar críticas indeseables, la forma en la que la organización se organiza y dirige no debe ser difundida ampliamente».

Las palabras utilizadas por el neoliberalismo normalmente ocultan más de lo que muestran. «El mercado» suena como si fuera un sistema natural que actúa sobre todos nosotros, como la gravedad o la presión atmosférica. Pero está compuesto por relaciones de poder. Lo que «el mercado quiere» tiende a ser lo que las corporaciones y sus jefes desean. «Invertir», como dice Sayer, quiere decir dos cosas muy diferentes. Una es el financiamiento de actividades productivas socialmente útiles, la otra es la compra de activos existentes para extraerles una renta, intereses, dividendos y ganancias de capital. La utilización de la misma palabra para dos actividades muy distintas «camufla la fuente de la riqueza», lo que nos conduce a confundir la extracción de la riqueza con la generación de la riqueza.

Hace un siglo, los nouveau riche eran menospreciados por aquellos que habían heredado su dinero. Los emprendedores buscaron la aceptación social haciéndose pasar por rentistas ellos mismos. Hoy, la relación se ha invertido: los rentistas y herederos se disfrazan de emprendedores. Se jactan de haberse ganado su dinero improductivo.

Estas confusiones y anonimatos se entremezclan con la ausencia de nombres y lugares concretos del capitalismo moderno: el modelo de franquicia que se asegura de que los trabajadores no sepan para quién trabajan; las compañías registradas a través de una red de regímenes secretos offshore tan complejos que ni siquiera la policía puede descubrir quiénes son los beneficiarios; las estrategias fiscales que descoyuntan a los gobiernos; los productos financieros que nadie comprende.

El anonimato del neoliberalismo es celado ferozmente. Aquellos influenciados por Hayek, Mises y Friedman tienden a rechazar el término, mientras mantienen —con cierta razón— que hoy en día es utilizado sólo de forma peyorativa. Pero no ofrecen ningún substituto. Algunos se describen a sí mismos como liberales clásicos o como libertarios, pero estas descripciones son tanto engañosas como curiosamente autoindulgentes, al sugerir que no hay nada de nuevo en Camino de servidumbre, Burocracia o en el clásico de Friedman, Capitalismo y libertad.

Con todo y todo, hay algo admirable en el proyecto neoliberal, cuando menos en sus fases incipientes. Era una filosofía distintiva e innovadora, promovida por una coherente red de pensadores y activistas con un claro plan de acción. Era paciente y persistente. Camino de servidumbre se transformó en camino hacia el poder.

john keynes

El triunfo del neoliberalismo también refleja el fracaso de la izquierda. Cuando la economía del laissezfaire condujo a la catástrofe en 1929, Keynes diseñó una teoría económica cabal para reemplazarla. Cuando la demanda efectiva keynesiana topó con pared en los setenta, había una alternativa lista. Pero cuando el neoliberalismo se colapsó en el 2008 lo que había era… nada. Esto es lo que le permite al zombi seguir caminando. La izquierda y el centro no han producido ningún marco conceptual económico nuevo en los últimos ochenta años.

Cada vez que se invoca a Lord Keynes es una aceptación de fracaso. Proponer soluciones keynesianas a las crisis del siglo XXI supone ignorar tres problemas obvios. Lo primero, que es difícil movilizar a las personas alrededor de ideas viejas; después, que las fallas expuestas en los setenta no se han ido; y por último, más importante aún, no tienen nada que decir acerca de nuestro predicamento más grave: la crisis ambiental. El keynesianismo trabaja estimulando la demanda de los consumidores para detonar el crecimiento económico. La demanda de consumo y el crecimiento económico son los motores de la destrucción ambiental.

Lo que la historia tanto del keynesianismo como del neoliberalismo muestran es que no es suficiente oponerse a un sistema roto. Se tiene que proponer una alternativa coherente. Para los laboristas, los demócratas y la izquierda más amplia, la tarea central tendría que ser desarrollar un programa económico equivalente al Apolo, un intento consciente de diseñar un nuevo sistema, diseñado a la medida de las demandas del siglo XXI. (Tomado de reportesp.mx)

El demonio neoliberal

Por: Julio Raudales*

No hay palabra que haya sido más usada en los actuales círculos políticos e incluso académicos latinoamericanos de un modo tan indiscriminado, y sobre todo tan repetitivo, como la palabra neoliberalismo. Tanto que a veces se tiene la inevitable impresión que sólo es utilizada como medio retórico para descalificar opiniones divergentes. Basta que alguien se atreva a criticar a algún representante de las ideologías de desarrollo estatal, para ser calificado de inmediato como neo-liberal.

En gran medida, los llamados anti-neo-liberales, recurren a la palabra neoliberalismo de un modo muy parecido a los estalinistas cuando recurrían al concepto de burguesía. Todo aquello que discrepaba respecto al último informe de la URSS, era calificado por los comunistas de ayer como una representación de la ideología burguesa.

Lo dicho contrasta con el hecho objetivo que de los ideólogos que se denominan anti-neo-liberales, ninguno ha hecho jamás una crítica seria al llamado neo liberalismo.

¿Pero qué es el neoliberalismo? En primer lugar, hay que decir que lo que los políticos y críticos denominan neoliberalismo, no es una escuela de pensamiento (no conozco ninguna universidad o centro de análisis que se autodenomine neo-liberal), tampco en un cuerpo doctrinario homogéneo, sino un conjunto de diversas teorías económicas, muchas veces divergentes entre ellas. Unas, como las de Friedrich Hayek, Ludwig von Mieses, Carl Menger, se refieren fundamentalmente al significado del Estado en la economía. Las escuelas de Fribourg y Münich (Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow), ponen el acento en la generación de los precios y de las ganancias, hasta llegar al monetarismo norteamericano de Milton Friedmann, quien ha propuesto controlar el área de la producción mediante el manejo de los mecanismos de la circulación de capital. Todo esto si cabe dentro de lo que los cientistas sociales denominan simplemente “liberalismo económico” o “clásico”.

Así como las teorías económicas de Ricardo, Smith y Marx son hijas de la máquina a vapor, las llamadas teorías neoliberales de nuestro tiempo son hijas de la  robotización, de la computación, y de la digitalización. 

El liberalismo es en gran medida un cuerpo de teorías macroeconómicas reactivas, es decir, de teorías que han surgido como respuesta teórica frente a transformaciones que han tenido lugar en los procesos de producción contemporáneos. Procesos que han incorporado una tecnología extremadamente ahorrativa de fuerza de trabajo, hasta el punto que ha tenido lugar -voy a utilizar por un momento la propia terminología marxista- una alteración de las relaciones entre capital variable y constante donde el factor trabajo propiamente tal se ha convertido en un agregado secundario y no esencial, como ocurría durante el periodo basado en la producción industrial clásica. O para seguir expresándome en jerga marxista: En virtud del desarrollo  (cualitativo más que cuantitativo) de las fuerzas productivas han tenido lugar modificaciones radicales al interior de la composición orgánica del capital.

Ahora bien, el uso y abuso indebido del concepto de neoliberalismo, que tanto caracteriza a las elites “izquierdistas” del pensamiento social latinoamericano -pensamiento que trabaja todavía con las categorías propias a la era de la máquina a vapor- no concuerda en modo alguno con la presencia real de los llamados neoliberales en la gestión económica de los diversos gobiernos.

Quien no me crea, pido que se tome la molestia de analizar el currículum de los ministros de finanzas y economía del continente. No hay casi ninguno, quizás ninguno, que pueda ser calificado como neo-liberal. Véase también los nombres de los principales profesores de economía en las universidades latinoamericanas. Los así llamados neoliberales, en el sentido verdadero y no ideológico del término, constituyen una minoría absoluta. Analíce usted las publicaciones de instituciones académicas, económicas y sociológicas. Casi lo único que es posible encontrar en ellas son enconados ataques al neoliberalismo pero, cosa muy curiosa y sintomática, sin nombrar jamás a un solo neoliberal, como si el neo neoliberalismo no fuesen los neoliberales sino un espíritu maligno que recorre el mundo y que de pronto se apodera de los seres humanos.

En sentido estricto, la contrapartida del liberalismo o del neoliberalismo es el keynesianismo. Los ideólogos del anti-neoliberalismo no se declaran, sin embargo, keynesianos. Ellos se declaran socialistas, y socialistas para ellos significa lo que siempre ha significado para todas las doctrinas antidemocráticas de todos los tiempos: el estatismo.

El socialismo ha sido y es una ideología del estatismo político. Si bien no todo estatismo es socialismo, todo socialismo es estatista. Por eso no ha de sorprender que donde más uso y abuso obtiene la palabra neoliberalismo es en aquellas naciones en donde desde los respectivos gobiernos se incuban proyectos autocráticos e incluso dictatoriales.

La verdad es que la contradicción entre neo liberalismo y socialismo no existe. Es una simple invención del estatismo antidemocrático de nuestro tiempo cuyo objetivo no es otro si no la apropiación del Estado a través de la alianza entre determinadas elites para-estatales y el populismo de masas.

El neoliberalismo, independientemente a su existencia real, cumple la función de operar como el polo ideológico negativo que requiere el estatismo para afirmarse a sí mismo. La verdadera contradicción, si elevamos el tema al plano político, es la contradicción de siempre, la misma que ha recorrido a las naciones latinoamericanas desde los momentos de su propia fundación hasta ahora.

Esa es la contradicción entre democracia y dictadura.

*Economista, exsecretario de Planificación y Cooperación Externa y Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Sígalo en Twitter: @RaudalesJulio y @criteriohn.

Gobiernos de América Latina rescataron función del Estado

Por:Enric Llopis*

redaccion@criterio.hn

Madrid. Aparentemente el neoliberalismo apuesta por el mercado, el sector privado y la desregulación en todos los ámbitos, de manera que (a simple vista) el estado constituiría una barrera para el libre discurrir de la oferta y la demanda. Sin embargo, los gobiernos de corte neoliberal hacen un uso intensivo del aparato estatal para desarrollar sus contrarreformas. En América Latina, sin embargo, los gobiernos progresistas o “posneoliberales” han rescatado al estado y le han otorgado otra función, según el sociólogo y politólogo brasileño Emir Sader: la prioridad de las políticas sociales en lugar del ajuste fiscal; o la primacía de la integración regional y los intercambios Sur-Sur, frente a los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Emir Sader es uno de los fundadores-impulsores del Foro Social Mundial de Porto Alegre, además de profesor retirado de las universidades de Sao Paulo y del Estado de Río de Janeiro. Entre 2006 y 2012 fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Entre su abundante bibliografía figuran “Lula y Dilma, 10 años de gobiernos posneoliberales en Brasil”; “El nuevo topo: los caminos de la izquierda latinoamericana”; “Porto Alegre: otro mundo es posible” o “La venganza de la historia”. Es también coordinador de la Enciclopedia Contemporánea de América Latina y el Caribe.

-El fracaso del neoliberalismo, con las políticas privatizadoras, desreguladoras y sumisas al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, inaugura en América Latina una era de gobiernos que has llamado “posneoliberales”. ¿En qué contexto se desarrolla el neoliberalismo y cómo se fragua la respuesta “posneoliberal”?

El paso del capitalismo a su era neoliberal fue el resultado de varios factores de cambio a escala mundial. Primeramente la derrota del campo socialista en la “guerra fría”, y el paso de un mundo “bipolar” a otro “unipolar” bajo hegemonía imperial estadounidense. Además, se produce el final del ciclo largo expansivo del capitalismo, que viene de la segunda guerra mundial y se prolonga hasta los años 70, y que implica el paso de un modelo regulador keynesiano a un modelo liberal de mercado. Estos factores representan un cambio en la correlación de fuerzas muy favorable al bloque occidental liderado por Estados Unidos. El neoliberalismo surge en este marco. En la idea de que el capitalismo había dejado de crecer, y entrado en un largo ciclo recesivo, porque –se decía- había una excesiva cantidad de reglamentaciones. Desregulado, el capitalismo volvería a funcionar y todos ganarían. Pero lo que realmente sucedió con la “liberalización” fue una inmensa transferencia de recursos del sector productivo al sector especulativo, además de la hegemonía de éste a escala mundial. Ocurre entonces que las fuerzas populares y anticapitalistas se sitúan a la defensiva. América Latina, en particular, fue una víctima especial porque sufrió la crisis de la deuda en el paso de los años 70 a los 80; dictaduras militares en países políticamente tan importantes como Brasil, Uruguay, Argentina o Chile; y la mayor cantidad de gobiernos neoliberales del mundo, en una modalidad muy “radical”. La reacción se produjo en la forma de elección de gobiernos que expresaban un rechazo al neoliberalismo y al fracaso de su gestión.

-Los gobiernos “posneoliberales”. ¿En qué países acceden al poder ejecutivo, cuáles son sus características y qué políticas desarrollan?

Sea por la crisis mexicana de 1994, Brasil (1998-99) o Argentina (2001-2002), sea porque no cumplió sus promesas (ni siquiera el control inflacionario) y, sobre todo, porque profundizó la desigualdad y la exclusión social, ciertamente el neoliberalismo fracasó en América Latina. La ola de gobiernos que empieza con Chávez (1999) y llega hasta Rafael Correa (2007) se plantean esencialmente la superación del modelo neoliberal. Algunos se plantean como objetivo estratégico superar el capitalismo (Venezuela, Ecuador o Bolivia), pero lo que los une es la idea de superar el neoliberalismo y sustituirlo por otro modelo al que, por no haber encontrado una palabra mejor para definirlo, he llamado de gobiernos “posneoliberales”. Se caracterizan básicamente por la prioridad de las políticas sociales en lugar del ajuste fiscal; la primacía de la integración regional y los intercambios Sur-Sur, frente a la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Por último, son gobiernos que impulsan el “rescate” del estado. Contra la centralidad del mercado, el rol activo del estado en los político, lo económico y para la garantía de los derechos sociales.

-En 2013 coordinaste un libro sobre una década de gobiernos del PT en Brasil. ¿Cuáles son los principales logros y déficit? ¿Han conseguido los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff romper con el neoliberalismo?

Los gobiernos del PT han cerrado el ciclo de gobiernos “posneoliberales” de Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso. Han terminado con los procesos de privatización, rescatado la prioridad de las políticas sociales y priorizado otros elementos de lo que denominé gobiernos “posneoliberales”. Sin embargo, por la herencia negativa que han recibido, no han realizado cambios estructurales en el país. Por ejemplo, la hegemonía del capital financiero continúa vigente, lo que es un obstáculo para mantener niveles de crecimiento altos. El peso del agronegocio en el campo es otro obstáculo al avance de políticas de autosuficiencia alimentaria y reforma agraria. En tercer lugar, el monopolio privado de los medios de comunicación es un elemento que fortalece a la oposición política. El último factor es la financiación privada de las campañas electorales, que produce congresos muy copados por los grupos de presión corporativos. En algunas de las circunstancias mencionadas, el gobierno empieza a plantear cambios, pero en otras no encontró la forma de hacerlo. Ello hace que los avances tengan límites.

-En 2014 se cumplía el 30 aniversario del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST), uno de los más potentes del mundo y en el que participan 1,5 millones de personas. ¿Cuál es su relación con los gobiernos del PT, sobre todo en la cuestión de la agroindustria?

El MST es un movimiento social muy especial. Pelea por la reforma agraria pero tiene también una visión política de los asuntos. Si el MST se orientara sólo por la política agraria del gobierno, debería tener una posición más dura. Y la tiene en esa cuestión. Pero dado que se ubica también como movimiento social y político, sabe que en la polarización nacional (y no sólo en Brasil), la alternativa está en la derecha. Incluso cuando algunos sectores salen o se desplazan del gobierno, como Marina Silva en Brasil, se van a la derecha. El MST tiene, por tanto, una actuación de lucha contra la derecha y las perspectivas golpistas que lo hacen estar más cerca del gobierno de lo que debería estar, si sólo considerara la cuestión agraria, en la que los avances fueron pequeños.

-El neoliberalismo es también (o sobre todo) una escala de valores, una cosmovisión y una manera de entender el mundo. ¿Han abierto alguna brecha los gobiernos de izquierda latinoamericanos en la hegemonía neoliberal?

Éste es un elemento presente en todos los países, porque el neoliberalismo no sólo transforma las estructuras económicas y sociales, sino también los valores. Impone una cultura elitista y centrada en el consumidor, no en los derechos de la gente, lo que al final representa un factor de fuerza para los Estados Unidos. Es el llamado “modo de vida norteamericano”, que tiene en el Shopping Center (y la maquinaria publicitaria que lleva aparejada) su forma ejemplar de estilo de vida. Aun en los países en los que hubo un progreso socioeconómico importante (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina o Uruguay), no se ha logrado todavía generar ideologías alternativas. Sobre esta cuestión, el historiador británico Perry Anderson hizo una reflexión muy seria: cuando la izquierda llegó finalmente al gobierno, por el agotamiento de los gobiernos neoliberales, había perdido la batalla de las ideas. Éste es el punto en el que la izquierda encuentra más dificultades para contrarrestar la ola neoliberal.

-¿Qué función han otorgado al estado los gobiernos “posneoliberales”?

El estado fue también una víctima del neoliberalismo, al disminuir sus atribuciones y privatizar propiedades que estaban en manos públicas. Los gobiernos progresistas de América Latina han rescatado el rol del estado. Pero es un estado que, por citar un e jemplo de su modo de funcionar, no está adecuado para una relación distinta con el movimiento popular. No cuenta habitualmente con mecanismos para ello. Es un “milagro” que en Brasil se haga llegar a través de tarjetas el programa “bolsa familia” a 60 millones de personas. Ciertamente no sé cómo logra hacerse, pero es algo que no se compadece con el carácter profundamente burocrático e inerte del estado. Esto lo entendieron muy bien los países que impulsaron la refundación del estado, sobre todo Ecuador y Bolivia, más que Venezuela. El estado venezolano continúa con problemas gravísimos de diferente orden. La refundación en este caso se hizo muy al comienzo del gobierno, cuando a lo mejor no se tenía la misma claridad de perspectiva que después en Ecuador o Bolivia. En mi opinión, todos nuestros países han de refundar el estado, porque es un estado hecho para la inercia y para la reproducción de las relaciones de dominación existentes. No es un estado para transformar la sociedad. Se trata de un elemento de enorme debilidad. No basta, por tanto, con una reforma electoral o de la financiación de los partidos.

-¿Qué opinas de las luchas que en América Latina se despliegan de manera “autónoma” respecto al estado y los partidos políticos? 

Creo que fracasaron en el momento de construir una hegemonía alternativa. El Foro Social Mundial fue vaciado por la presencia predominante de las ONG, que tenían una postura antiestatal, antipartidaria y antipolítica. Fue posible un frente común en la resistencia al neoliberalismo, pero llegó finalmente el momento de buscar alternativas. Consignas como las del movimiento de los “piqueteros” –“¡Que se vayan todos!”- fue suicida. Con todos sus méritos, los zapatistas también excluyen una disputa por la alternativa. Como si fuera posible, sin una disputa política nacional, transformar desde “abajo” no ya la realidad mexicana, sino siquiera la de Chiapas. Creo que perdieron el tren de la historia. Movimientos similares en Venezuela, Ecuador y Bolivia construyeron partidos, pugnaron por la hegemonía y pasaron a dirigir la sociedad. Además, las tesis fundamentales del Foro Social Mundial no podrían ponerse en práctica sin el estado. Regular la libre circulación de capitales, afirmar los derechos sociales… ¿Quién va a hacerlo? En definitiva, fueron elementos castradores que redujeron el Foro Social Mundial a la intrascendencia.

-En cuanto al adversario político de los gobiernos “posneoliberales”, ¿se trata de la derecha tradicional, o constatas un reciclado para hacerse más presentable?

Los partidos de la derecha latinoamericana o los “reconvertidos” de la derecha socialdemócrata están presos aún a sus modelos. En última instancia, sus candidatos en Brasil, Uruguay, Venezuela o Argentina defienden políticas de libre comercio. Es cierto que conceden, en lo verbal, que van a mantener las políticas sociales, pero cuando hablan de sus propuestas económicas, se trata de modelos que hacen inviables cualquier política social. En Brasil, el diagnóstico del “gurú” de Marina Silva es que el problema del país son los salarios excesivamente altos. Aunque digan que la van a mantener, por conveniencia electoral, de la banca pública no va a quedar nada. Ahora bien, los canales tradicionales, partidarios, de la derecha, no tienen viabilidad, porque heredan la imagen de gobierno fracasado. Quien triunfó en Chile, Sebastián Piñera, lo hizo con el prestigio de empresario de éxito. Luis Lacalle en Uruguay, Capriles en Venezuela, Mauricio Rodas en Ecuador, Sergio Massa en Argentina… Se trata de buscar gente que venga de “afuera” del sistema de partidos tradicionales. Por ejemplo, del mundo mediático. En Brasil se intentó hacer con Marina Silva, con la idea de superar la polarización izquierda-derecha, en términos de “nueva política” y discursos similares. Tienen que buscar figuras con esos rasgos, que superen el pasado de la derecha (no sólo el más lejano dictatorial y represivo, sino también el neoliberal). Pero cuando estos candidatos definen su modelo terminan cayendo en los principios neoliberales. Aun con caras nuevas. Éste es su elemento más frágil.

-Constituye ya un lugar común la consideración de los medios de comunicación privados como el “partido de la derecha” en América Latina. ¿Han avanzado los gobiernos “posneoliberales” en la nacionalización de medios o en promover legislaciones reguladoras?

Los medios de comunicación son un elemento de fuerza de la derecha. Aun cuando los gobiernos progresistas nacionalizan medios y se quitan de encima medios de la oposición, promueven canales públicos sin todos los elementos de atracción de la televisión privada (deportes, espectáculos, series norteamericanas…). Y, ciertamente, no vivimos en una época de profunda politización de la sociedad para que un canal informativo público de 24 horas cuente con audiencias muy altas. A pesar de que se realicen nacionalizaciones, y que cuenten con noticieros mucho mejores (como TeleSur), la competencia con los medios de comunicación privados continúa siendo muy desigual. En las elecciones presidenciales de 2010 en Brasil, la presidenta de la Asociación Nacional de la Prensa y directora del periódico Folha de Sao Paulo, afirmó que frente a la debilidad de los partidos, los medios eran el verdadero partido de la oposición. Cosa que ya sabíamos, pero en este caso ellos lo confiesan. Estos medios nunca han logrado la elección de sus candidatos a nivel nacional, pero tienen un poder significativo en debilitar la capacidad de gobierno de los ejecutivos progresistas.

-¿Por qué no cuajan opciones progresistas similares en una Europa, sobre todo la periferia, también sometida a grandes ajustes fiscales y políticas de austeridad? ¿Cuándo “torció” su camino la socialdemocracia europea?

Un momento significativo fue el paso del primer gobierno de Mitterrand a los años siguientes. Entonces se produjo un viraje importante. Posteriormente el PSOE asumió el modelo neoliberal, lo que supuso una “reconversión” grave de la socialdemocracia. Ahora bien, estas dificultades se agrandaron con la forma en que se fraguó la unificación europea y con el euro. Ésta era una “trampa” que blinda la Unión Europea de políticas alternativas. Aunque ganen las elecciones partidos progresistas, están “amarrados” al modelo. En América Latina todo estaba preparado para que el ALCA uniera a Brasil y Estados Unidos, pero Brasil vetó e invalidó esta opción. Estados Unidos pasó entonces a la política de acuerdos bilaterales. Pero, por otro lado, se abrió a partir de ese momento el camino a la integración regional, lo que no sucedió en Europa.

– ¿Cómo encajan estos ejecutivos progresistas en el mundo “multipolar” que abre fisuras en la hegemonía norteamericana? ¿Qué apoyo reciben de los BRICS y, en concreto, de países como China y Rusia?

Más allá del juicio que se tenga sobre el sistema político de China y Rusia, objetivamente desempeñan un rol importante en la lucha por un mundo “multipolar”, que quiebre la hegemonía estadounidense. En agosto de 2013, Estados Unidos pensaba que se daban todas las condiciones para bombardear a Siria, lo que sería el preámbulo de un ataque a Irán. Además de la falta de apoyo a la iniciativa de Obama, Rusia propuso negociaciones con Siria, lo que frenó la perspectiva de bombardeos y abrió espacios para las negociaciones con Irán. Hay elementos, hoy, de debilidad en la capacidad “unipolar” norteamericana (la única potencia mundial que tiene intereses en todas partes). Por otra parte, los BRICS han suscrito acuerdos y mantenido reuniones con los países del MERCOSUR, UNASUR y la CELAC. China y Rusia han firmado numerosos acuerdos bilaterales que cambian la relación de América Latina con el mundo. Hay elementos contradictorios, pero en principio son unas relaciones dinámicas.

-Medios occidentales critican en sus páginas los ataques a la oposición, a la libertad de expresión y la corrupción en algunos de los países integrados en el acrónimo BRICS. Sobre las perspectivas económicas, por ejemplo en América Latina, se habla de “recesión” y “frenazo” ¿Hay intereses de fondo detrás de estos enfoques?

Hace más de diez años que se habla de la disminución del crecimiento económico de China. Pero si China crece hoy a un 7,5%, esto es más que crecer a un 10% hace una década, porque actualmente parte de un crecimiento mucho más alto. Además, ¿Qué país tiene hoy tasas de crecimiento económico del 7,5%? En los medios se habla, sin embargo, de un “tendencia decreciente”. También se habla de una disminución de las tasas de crecimiento de los países latinoamericanos. Está claro. Pero no se trata de una “recesión”, lo que sí ocurre en la Unión Europea. Otra cuestión es la campaña de la derecha brasileña respecto a Petrobras, de la que se hacen eco los medios. Es una gran conquista que la petrolera, principal empresa brasileña, sea estatal, no privada. Eso les incomoda mucho y por ello sacan asuntos laterales para intentar descalificar. Tanto es así que generaron un clima de opinión tal que parecía que Dilma Rousseff fuera a poner al mando de Petrobras a un ejecutivo privado, con el fin de rescatarla. Si lo hiciera, sería un suicidio. Pero todos los días salían determinadas “figuras” en los medios diciendo que el nombramiento era inminente. Sin embargo, Dilma Rousseff nombró a Aldemir Bendine, expresidente de una empresa estatal, el Banco do Brasil, para rescatar la imagen de Petrobras. Y se reafirmó en el discurso de que todos los principios de Petrobras se mantienen vigentes. Ésta es una consecuencia grave del monopolio privado de los medios de comunicación.

-¿Por qué razón diarios como El País toman como referencia de “buen hacer” económico a países como Colombia o México, y también a la Alianza del Pacífico (integrada por Colombia, Chile, México y Perú), mientras se arremete con saña contra los países del ALBA o MERCOSUR?

Esto habla muy negativamente no ya del posicionamiento político, sino del periodismo que practican E l País y sus corresponsales. Hay un lobby internacional que funciona especialmente en contra de Brasil, formado por El País, The Economist, The Wall Street Journal, The New York Times o Financial Times. Lula, como gran líder mundial de la lucha contra el hambre, les incomodaba. Igual que les incomoda Brasil, un país que no se sitúa en las coordenadas neoliberales. Lo importante en Brasil es la transformación del panorama social. Hacer buen periodismo sería, por tanto, ir a ver qué cambió en el país; explicar por qué a pesar del “cerco” mediático, el PT eligió por cuarta vez al presidente de la república. Recientemente planteaban estos medios, incluso, que la situación de México es mejor que la de Brasil. Ahora ya no pueden hacerlo. Perú tiene un gobierno absolutamente desprestigiado. Bachelet acercó a Chile a MERCOSUR, y bajó el perfil del país en la Alianza Pacífico. Colombia está dentro del eje, pero mantiene intercambios económicos muy grandes con Brasil y otros países. No es la Colombia de Uribe. Lo que ocurre es que El País no sólo representa una posición política, sino los intereses de los grandes monopolios españoles en América Latina, que son afectados por los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina. Los puntos de vista del periódico, así pues, están muy viciados por los intereses de los bancos, Repsol y las corporaciones privadas españolas.

-Por último, escribiste un libro titulado “La venganza de la historia”. ¿Qué querías decir con esta expresión?

Se planteó el fin de la historia. Quien estaba ganando el partido, quería que se terminara en ese momento, pero la historia no se ha adecuado a ese planteamiento. Hay contradicciones objetivas que no fueron resueltas con el fin del campo socialista. Al contrario, Estados Unidos pudo imponer la “Pax Americana” en el mundo, pero el número de conflictos ha aumentado. Y además, muchos están fuera de control. Estados Unidos no ha podido siquiera resolver los conflictos de Iraq y Afganistán a la vez. Por tanto, se multiplican los espacios de enfrentamiento, ya que la victoria económica de Occidente no representó el progreso, sino el neoliberalismo, la crisis y la especulación financiera. Hay una dinámica histórica que no se puede frenar con voluntad o mediante decretos. En la década de los 90 nos parecía que América Latina no rompería con el marco establecido (endeudamiento con el FMI, derrota y desmoralización de la izquierda, represión, una maquinaria brutal del modelo de vida norteamericano…), pero contra lo que pudiera esperarse, Estados Unidos nunca ha estado tan aislado en la región como ahora. La historia demostró que las contradicciones siguen vivas. En el fondo, el mejor propagandista del socialismo es el propio capitalismo.

*Periodista español.