El fallecido aparece en el requerimiento fiscal contra los ambientalistas de Guapinol
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Antonio Martínez Ramos, quien falleció el 5 de abril de año 2015, está en la lista de los ambientalistas imputados por la justicia hondureña por los supuestos delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas.
Martínez Ramos murió producto de un politraumatismo encéfalo craneal, ocasionado por un atropellamiento de una motocicleta, sin embargo, el requerimiento fiscal del Ministerio Público presentado en septiembre de 2018, lo incluye en la lista de 32 ambientalistas de la comunidad de Guapinol, ubicada en el municipio de Tocoa, Colón, acusados penalmente por realizar acciones en oposición al proyecto minero ASP y ASP 1 de la empresa Los Pinares.
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La defensa de los ambientalistas, ejercida por la Coalición Contra la Impunidad (CCI), ha presentado en varias oportunidades los alegatos pertinentes para que el fallecido sea sacado de la lista de acusados, pero el Ministerio Público argumenta que la exigencia no se puede realizar porque no existe ninguna acta de defunción que pruebe legalmente la muerte.
La respuesta de la Fiscalía ha sido rebatida por la defensa porque fue el mismo Ministerio Público quien registró las causas de la muerte de Antonio, al hacer el levantamiento cadavérico porque su muerte se produjo por un accidente de tránsito, dijo a CRITERIO, Esly Banegas, del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa.
“Creo que solo en Honduras se mira esto, al Ministerio Público y a las autoridades les debería dar vergüenza este tipo de situaciones”, expresó la líder comunitaria.
La dirigente comunal detalló que Antonio, era sordo mudo y que murió porque no escuchó el ruido ni la bocina de la motocicleta que lo atropelló, cuando caminaba sobre la carretera.
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Antonio forma parte de la lista de nueve ambientalistas. Siete de ellos fueron remitidos el lunes a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en la comunidad de Támara, Francisco Morazán, acusados por los delitos de portación ilegal de armas y asociación ilícita. Otro ambientalista está recluido en el centro penal de La Ceiba, Atlántida.
El proyecto minero de la empresa Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé, fue concesionado al margen de la ley porque se encuentra en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, afectando directamente al río Guapinol y a otras 34 fuentes de agua, que suplen a todo el municipio de Tocoa y a otras comunidades del departamento de Colón.
El conflicto ha dejado seis personas muertas y la criminalización de 32 ambientalistas, acusados por diferentes delitos y que han sido presentados ante los Juzgados con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.