Delegación estadounidense busca apoyo legal y legislativo para migrantes centroamericanos y los titulares de TPS

Un grupo de organizaciones sociales de Estados Unidos impulsan gira por Honduras y El Salvador en la que participa el congresista James McGovern

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Una delegación integrada por funcionarios de elección popular estadounidenses, defensores de inmigrantes y expertos legales visita Honduras y El Salvador. Impulsará los constantes esfuerzos de investigación y apoyará la construcción de defensas legales y apoyos legislativos para los inmigrantes centroamericanos solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en los Estados Unidos.

Alianza Américas, Centro Presente y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles y la Justicia Económica dirigen la delegación, que cuenta con la participación del congresista por Massachusetts James McGovern y Joseph Curtatone, alcalde de la ciudad “santuario” de Somerville, Massachusetts. Centro Presente y el Comité de Abogados encabezan una histórica demanda ante la administración de Donald Trump (Centro Presente vs. Trump), contra la cancelación del TPS para Honduras, El Salvador y Haití.

Del 12 al 17 de agosto, la delegación recorre San Pedro Sula, Tegucigalpa y San Salvador, ciudades afectadas por la violencia, la pobreza y la impunidad que han impulsado la migración desde los años ochenta. Las actividades programadas incluyen reuniones con funcionarios de los gobiernos salvadoreño y hondureño, representantes de las embajadas de los EE. UU. en estos países; y encuentros con actores locales de la sociedad civil.

La delegación creará conciencia sobre las condiciones que impulsan la migración desde la región y las consecuencias negativas que esperan a los aproximadamente 250,000 titulares de TPS si son deportados a estos países cuando los programas terminen el próximo año.

Esta es la segunda gira que Alianza Américas, Centro Presente y el Comité de Abogados realizan por Honduras y El Salvador. La primera gira, realizada en mayo pasado, produjo un revelador informe titulado “Tantamount to a Death Sentence” que detalla la extrema violencia y pobreza que afecta a la región, y exige protección para los beneficiarios de TPS, que podrían ser deportados a estos países, y para las personas que huyen de la región y buscan protección humanitaria en los EE.UU.

Declaraciones de los participantes

“Es vergonzoso y profundamente molesto ver a la administración Trump poner fin al TPS para salvadoreños y hondureños, su decisión hace que se cierren los ojos a los Estados Unidos, el compromiso a largo plazo de ayudar a las personas y familias que no pueden regresar a sus países de origen debido al conflicto y la violencia. Además, amenaza nuestra seguridad nacional al ignorar problemas graves como pandillas y violencia de género que siguen asolando países como Honduras y El Salvador”. James McGovern, congresista estadounidense

“La necesidad de una reforma humanitaria de la política de inmigración no es exagerada. Debemos adoptar una política que tome en consideración todos los factores relevantes, incluidas las contribuciones inconmensurables que los inmigrantes hacen en este país a diario, así como las condiciones que enfrentan los que actualmente son rechazados en la frontera o deportados” Joseph Curtatone, alcalde de la ciudad “santuario” de Somerville, Massachusetts.

 “Los defensores de los derechos de los inmigrantes que no han viajado a la región entienden solo una pequeña fracción de la compleja dinámica que está en juego actualmente. La región tiene un número alarmante de desplazados internos debido a la violencia. No se puede comprender por completo el costo humano de la migración forzada hasta que vea y experimente las condiciones de las personas que huyen” Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo del Comité de Abogados por los Derechos Civiles y la Justicia Económica.

“Actualmente, los países del Triángulo Norte, especialmente El Salvador y Honduras, están experimentando una situación de violencia generalizada que no tiene precedentes. Si bien en los últimos años Honduras y El Salvador han cambiado el puesto número uno en la lista de naciones de Naciones Unidas con las tasas de homicidios per cápita más altas, la situación se

ha vuelto invisible dentro de la cobertura internacional  de las crisis mundiales. La violencia se ve facilitada por una impunidad alarmante debido al sistema de justicia penal tradicionalmente débil y la corrupción desenfrenada entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las personas jurídicas. Esta violencia e inestabilidad es un claro resultado de las políticas que Estados Unidos históricamente ha estado imponiendo a nuestros países de origen, políticas que solo benefician intereses corporativos y élites corruptas” Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente.

“Como organización transnacional, Alianza Américas se compromete a desarrollar un diálogo transfronterizo sobre los desafíos que enfrentan las comunidades de las Américas. Sabemos que la construcción de una política de inmigración humana y funcional requiere conversaciones reales entre los migrantes y los políticos, entre los centroamericanos y las personas en los Estados Unidos. Trabajando juntos, podemos transformar nuestro hemisferio en un lugar donde todas las personas puedan crecer y prosperar a través de las fronteras” Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas.

Fundado en 1981, Centro Presente es una organización de inmigrantes latinoamericanos dirigida por sus miembros y dedicada a la autodeterminación y autosuficiencia de la comunidad inmigrante latinoamericana de Massachusetts. Operado y dirigido principalmente por inmigrantes centroamericanos, Centro Presente lucha por los derechos de los inmigrantes y por la justicia económica y social. A través de la integración de la organización comunitaria, el desarrollo del liderazgo y los servicios básicos, Centro Presente se esfuerza por dar voz a miembros y desarrollar el poder de la comunidad.

El Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica fomenta la igualdad de oportunidades y combate la discriminación contra las personas minorías étnicoraciales e inmigrantes. El Comité se involucra en acciones legales creativas y valientes; como también en trabajo educativo y de abogacía, en colaboración con firmas de abogados y socios comunitarios.

El Comité de Abogados y sus aliados comunitarios presentaron las primeras demandas en el país contra la Administración Trump para proteger las ciudades santuario; y para salvar al TPS, en nombre de inmigrantes hondureños, salvadoreños y haitianos; y para bloquear arrestos de inmigración en los juzgados.

Alianza Américas es una red de 50 organizaciones dirigidas por inmigrantes latinoamericanos basada en los Estados Unidos de America, representando a más de 150,000 familias en múltiples estados. Es la única red nacional en los Estados Unidos de organizaciones latinoamericanas y caribeñas trabajando desde una perspectiva transnacional en función de condiciones de vida inclusivas, equitativas y sostenible.

UNAH nunca tuvo base legal ni jurídica para cobrar en el Hospital Escuela (vídeo)

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – La profesional del derecho, Georgina Sierra, quien presentó el recurso de amparo contra los pagos en el Hospital Escuela Universitario (HEU) explicó que fue un esfuerzo de los miembros de Convergencia Ciudadana y más de 6 mil firmas de hondureños que respaldaron la petición.

Los amparos iban encauzados en la defensa del derecho a la salud pública como un derecho fundamental y enfocados en la normativa internacional en contraste con la Constitución de Honduras que prevalece ante toda norma y las leyes, explicó Sierra.

Además, se hizo una investigación previa donde descubrieron que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), no cuenta y nunca ha contado con ninguna normativa ni base legal, ni jurídica para cobrar por los servicios en el Hospital Escuela Universitario (HEU).

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Esto no solo es una violación al derecho fundamental, sino que, además, cualquier cobro es ilegal dijo Sierra.

El fallo de la sala tampoco es parcial como se ha pretendido hacer creer, el fallo de la sala es bien claro y se otorga a favor del Amparo interpuesto que contempla los cobros y la elevación de los mismos.

Vea la entrevista completa….

Impunidad legal

Por: Edmundo Orellana

La impunidad en nuestro país se legaliza, pero selectivamente, favoreciendo únicamente a las élites corruptas, especialmente las políticas.

El caso de la “Red de Diputados” lo evidenció. Resulta que los diputados, para evitar que la investigación del manejo de los subsidios llegase hasta ellos, aprobaron normas dentro de las Disposiciones del Presupuesto de este año, que prohíben al MP investigarlos y, en los casos ya investigados, procesarlos; igualmente, prohíbe a los juzgados decidir sobre aquellos casos, de este tipo, que estuvieren conociendo. Por tres años estará vigente la prohibición.

Originalmente comprendía a todos los servidores públicos. Que lo son también los diputados, pero se auto excluyeron, vía una interpretación, ampliando la que se había aprobado en 1934. Resulta que ésta, la original, se aprobó para permitir que los notarios que fuesen diputados pudiesen ejercer el notariado, puesto que la ley prohíbe ejercerlo a quienes se desempeñen en cargos públicos con anexa jurisdicción. En 1998 decidieron interpretarla en el sentido de que los comprendiera a todos los diputados ¿Por qué ampliaron su aplicación a todos los diputados? Para evitar cumplir con la obligación de presentar la Declaración Jurada de Bienes, porque el MP había iniciado una investigación para acusar a los servidores públicos que no la habían presentado. Con esa interpretación evitaban el deber cívico de acreditar la licitud del origen de sus ingresos y bienes y, a su vez, eludían la acción penal (sin embargo, algunos diputados, que no tenían nada que esconder, la presentaron, lo que hizo posible que hoy todos deban presentarla). No es de ahora, entonces, esa maña de los diputados de buscar la impunidad en la ley.

Cuando se aprobaron aquellas normas presupuestarias, se dispuso que ese privilegio comprendiera a los “servidores públicos, diputados y ONG” que reciben y administren ayudas sociales. Claramente diferenciaba al servidor público del diputado, aplicando aquella interpretación. En su momento, la MACCIH advirtió que con esa disposición se favorecía a quienes estaban acusados por el saqueo del IHSS y a cuantos estuviesen siendo investigados y procesados por el manejo irregular de fondos de este tipo.

El propósito de incluir a todos los servidores públicos fue concitar el apoyo de todos los que podrían resultar afectados por las investigaciones de la MACCIH- UFECIC. Pero, temerosos de despertar la ira popular, después de la advertencia de la MACCIH, decidieron modificar lo aprobado, cuidando que la impunidad para ellos quedara intacta.

Fue así, que, para resolver el entuerto, en lugar de acudir a la técnica legislativa de la reforma de la ley, aprobaron una FE DE ERRATAS. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua por “errata” se entiende la “equivocación material cometida en lo impreso o manuscrito” y por “Fe de Erratas” la “lista de las erratas observadas en un libro, inserta en él al final o al comienzo, con la enmienda que de cada una debe hacerse”.

En la FE ERRATAS, publicada bajo este epígrafe en La Gaceta, suprimen la expresión “servidores públicos” y la mención a las ONG, es decir, modificaron la norma. Esto significa que nuestro legislador utiliza la FE DE ERRATAS no para corregir errores de escritura, de ortografía o de puntuación, que es a lo que alude la Real Academia, sino para modificar, suprimir o agregar párrafos a los artículos; es decir, la utiliza como técnica legislativa para modificar leyes. Además de violar las reglas de la Real Academia, viola la ley. A este efecto, cabe recordar al distinguido lector que nuestro Código Penal dispone que incurre en el delito de falsificación de documentos quien altere un documento público “haciendo…cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido”.

No obstante, conscientes los diputados de que al excluir las ONG del goce de ese privilegio podrían ser investigadas por la MACCIH- UFECIC, y por esa vía llegar a ellos, a la Secretaría de Finanzas, al Administrador de la Casa Presidencial y al Presidente de la República que manejó esos fondos, decidieron incluirlas en el disfrute de ese privilegio, sutilmente. Por eso, en la FE DE ERRATAS, incluyeron los fondos “tercerizados”, que son los manejados por las ONG, y también a las “Instituciones Privadas”, que no son otras que las ONG. ¡Zorros los diputados! Nadie más astuto que ellos para encontrar formas de eludir la justicia.

Los que quedan fuera del privilegio son los servidores públicos corruptos. Pero no teman. Su sufrimiento provocó la conmiseración de los autodenominados “patriotas”, organizados en partido político, quienes, impulsados por su magnánimo corazón, decidieron que estos “pobrecitos” también sean cubiertos por el piadoso manto de la impunidad, y presurosos impulsan la respectiva reforma a la ley que regula la privación de dominio, para que, al menos, conserven sus bienes. ¡Aleluya!