Consideran probado el “fraude electoral” y denuncian la “violenta represión” contra los actos de protesta social.
Tomado de: nuevatribuna.es
La situación extrema que vive Honduras solo se puede solucionar devolviendo la decisión a los ciudadanos para fortalecer su confianza en el Estado de Derecho, manifiesta JpD
Jueces para la Democracia afirma que en Honduras se ha consumado “un nuevo golpe de Estado al intentar legitimar un resultado producto del fraude institucional y la manipulación informática en el recuento de los votos”, tras la proclamación como presidente de Juan Orlando Hernández.
Tras las elecciones del pasado 26 de noviembre, el órgano electoral ha decidido proclamar al candidato nacionalista pese a las protestas sociales y a las denuncias internacionales, entre las que se cuenta un durísimo informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se dio a conocer el 5 de diciembre y en el que constataba “irregularidades” en la celebración de las elecciones presidenciales.
En un comunicado, la asociación de jueces progresistas considera necesario la repetición de elecciones, “en el marco del más estricto respeto al Estado de Derecho y con las garantías de un Tribunal Electoral que goce de capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía”, al tiempo que recuerda que el presidente proclamado tenía una prohibición constitucional para repetir como candidato.
“El apagón del sistema informático del recuento de votos, escrutadas casi el 60% de las papeletas, cuando el candidato opositor (Salvador Nasralla, en la imagen) mantenía una ventaja de cinco puntos sobre el oficialista y su reanudación posterior dando ya una ventaja inversa de un punto, provocó la indignación de una ciudadanía acostumbrada al ejercicio despótico del poder, por unas autoridades que se identifican en el golpe de Estado de junio de 2009*”, señala JpD.
Y es que el proceso de recuento de papeletas “estuvo plagado de irregularidades y deficiencias”, entre las que destacan las “intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático”, la “eliminación deliberada de rastros digitales, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto de los niveles de participación dentro del mismo departamento y papeletas de voto de reciente impresión”, según el informe de la OEA.
Los jueces también denuncian “la represión desproporcionada y violenta contra los actos de protesta social” que se siguen produciendo en el país y que ha causado la muerte de al menos dieciocho personas.
“El proceso fraudulento del recuento de votos ha vuelto a sumergir a Honduras en una situación de violencia extrema y ha provocado una nueva ruptura de la ya débil institucionalidad hondureña”, advierten.
Comité de la OEA en Honduras
JpD también manifiesta su apoyo y solidaridad con las “víctimas de la impunidad” y con “los jueces y juezas que no pueden ejercer su función de control de forma independiente” y avisan de que “la situación de impunidad en la que vive el país supone un peligro para los derechos humanos más elementales.
En este sentido, recuerdan que en Honduras se han asesinado 65 periodistas en los últimos siete años; “se asesina impunemente a dirigentes sociales”, entre ellos la conocida dirigente medioambientalista, Berta Cáceres y se dejan de investigar casos de desapariciones forzadas: “Un Estado que destituye a los jueces comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho y que no ejecuta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a su reincorporación y que sufre unos niveles de violencia insoportables”, concluyen.