Honduras incumple con obligaciones internacionales al no acatar las medidas cautelares de la CIDH

Por: Joaquín Mejía Rivera

Esto no se trata de David Romero Ellner, se trata del debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del desacato de Honduras a la CIDH, que ahora pone en mayor riesgo a todas aquellas personas que somos beneficiarias de medidas cautelares, las cuales tienen un carácter obligatorio por las siguientes 10 razones:

  1. La CIDH es un órgano creado por un tratado internacional que por naturaleza es vinculante -la Carta de la OEA- y sus facultades fueron ampliadas por otro tratado de carácter obligatorio -la Convención Americana sobre Derechos Humanos-. El Estado de Honduras se comprometió a cumplir con ambos tratados y ello incluye las decisiones que adopten tanto la CIDH como la Corte IDH dentro del ámbito de sus competencias de proteger los derechos humanos en el continente.
  2. En su Resolución N°1/05 del 8 de marzo de 2005, la CIDH reafirmó “la obligación internacional que tienen los Estados miembros de la OEA de cumplir las medidas cautelares dictadas” por ella.
  3. A la luz del principio “competencia de la competencia”, es generalmente aceptado que las organizaciones internacionales tienen poderes implícitos y que corresponde en principio a la propia organización determinar cuáles son dichos poderes. Por tanto, las medidas cautelares son obligatorias porque la CIDH ha resuelto que lo son y este poder de definir tal competencia existe en virtud del principio de buena fe, y no le corresponde al Estado de Honduras determinar su naturaleza obligatoria.
  4. En el Caso Loayza Tamayo Vs. Perú la Corte IDH señaló que “en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional […] tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana”.
  5. Durante varias décadas Honduras ha aceptado la obligatoriedad de las decisiones de la CIDH y esta costumbre internacional es una prueba de una práctica aceptada como derecho por el Estado.
  6. Argumentar que las decisiones de la CIDH no son obligatorias implica el incumplimiento de los jueces y juezas de su obligación de velar que el effect utile (efecto útil) de la Carta de la OEA y de la Convención Americana no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes, decisiones o prácticas contrarias a sus disposiciones, objeto y fin.
  7. En el caso Loayza Tamayo Vs. Perú, la Corte IDH puntualizó que el artículo 33 de la Convención Americana dispone que la Comisión Interamericana es un órgano competente junto con la Corte ‘para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes’, por lo que, al ratificar dicha Convención, los Estados Partes se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus informes”.
  8. En el caso de “Las penitenciarías de Mendoza”, el presidente de la Corte IDH señaló que “en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados deben implementar y cumplir con las resoluciones emitidas por sus órganos de supervisión: Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos”.
  9. La Asamblea General de la OEA ha aprobado varias resoluciones (AG/RES. 2675 [XLI-O/11] y AG/RES. 2672 [XLI-O/11]) en las que acordó dar seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, incluyendo las medidas cautelares.
  10. Como lo señala Germán Bidart Campos y Susana Albanese, si “los Estados se reservaran el derecho a interpretar las recomendaciones de la CIDH para aplicarlas en el ámbito doméstico según las circunstancias de cada caso concreto, estarían desvirtuando el sistema internacional de derechos humanos al que se han afiliado y en el que asumieron sus obligaciones”

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Las medidas cautelares son mecanismos destinados a prevenir daños irreparables a las personas a causa de una potencial violación a los derechos humanos en situaciones de gravedad y urgencia. Que el Estado de Honduras entre en desacato con la CIDH confirma su naturaleza autoritaria e irrespetuosa de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Como señala Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Center for Justice and International Law-CEJIL, «para el Sistema Interamericano es muy serio y grave que los Estados desacaten. Eso mina la autoridad y la legitimidad del sistema».

Organismos internacionales váyanse y llévense todos los ladrones que les hacen el juego

Estamos hartas y hartos de este juego de los organismos internacionales y si van a seguir en lo mismo que se vayan de Honduras

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-  Organismos internacionales váyanse de mi país y llévense todos los ladrones que les hacen el juego, váyanse ya no los queremos más en Honduras, gritó Kathia Cooper, una madre y abuela indignada ante el edificio de las Naciones Unidas en Tegucigalpa.

Les dijo a los organismos internacionales “que no se engañen, porque entendemos este juego en el que ellos se están prestando para querer legitimar un gobierno total y completamente ilegitimo que perdió las elecciones, pero que les hace el juego fácil a todas sus maniobras”.

Cooper fue parte de una manifestación frente al edificio de las oficinas regionales de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, hasta donde llegaron para pedir justicia para los jóvenes que están siendo asesinados supuestamente por los órganos represores del Estado.

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La señora Cooper señaló que trabajó más de 50 años con el sueño y la esperanza de heredarle a sus hijos y nietos un mejor país, pero hoy no hay patria porque se la han robado y están dejando a los hondureños sin patria, dijo.

Manifestó con fuerza que se presentaron ante las naciones Unidas indignadas y con dolor de ver cómo están asesinando a los jóvenes estudiantes por el hecho de protestar y reclamar su derecho a la educación y a una vida mejor.

Rosa de Lobo si es funcionaria de acuerdo a convenciones internacionales contra la corrupción: CNA

Los operadores de justicia se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, abrogándose facultades de un Tribunal de Sentencia. Es decir, la resolución dictada, es una sentencia condenatoria prescrita en un tribunal de alzada, cuya competencia es recovar la resolución emitida en primera instancia.

Tegucigalpa. – De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y a la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscritos por Honduras, Rosa Elena de Lobo si era funcionaria pública, ha manifestado el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en un comunicado emitido este lunes.

Los textos de ambas convenciones, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el reglamento y Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública, establecen lo siguiente: «se considerará como funcionario, a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado, elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de la persona en el cargo…»

Pronunciamiento del Consejo Nacional Anticorrupción respecto a la resolución de impunidad adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción

El Consejo Nacional Anticorrupción CNA habiendo analizado y entendido la resolución emitida en fecha 24 de abril del presente año, sobre un recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, manifiesta lo siguiente:

Que una vez más se evidencia la intención desde algunos Operadores en el Poder Judicial, de no impartir justicia en apego a lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, ya que el principal argumento utilizado por los magistrados propietarios Edin Yobany de la O Ramos, Telma Consuelo Burgos y Karla Martínez miembros de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, fue que la señora Rosa Elena Bonilla Ávila fungió como primera dama de la nación y administró fondos públicos, su comportamiento no ha sido a título de funcionaria o empleada pública, dado que no había sido electa, seleccionada o nombrada a un cargo público.

Ante estos vagos y endebles argumentos, el CNA deja en evidencia el poco conocimiento de los togados, respecto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscritos por el país; y a las definiciones que contempla la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, reglamento y Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública; ya que de manera conjunta en las normas antes mencionadas, determinan lo siguiente: «se considerará como funcionario, a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado, elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de la persona en el cargo…».Consecuentemente, la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, ejerciendo una función pública y administrando fondos públicos, es una funcionaria del Estado de Honduras.

Es evidente que la mayor estrategia de impunidad, efectuada por los magistrados, era desacreditar la tesis de que la hoy imputada tiene la calidad de funcionaria, razón por la que nunca valoraron la certificación emitida por el INJUPEMP, en donde el Ministerio Público acredita de que la encartada, aportaba mensualmente en concepto de cotizaciones, la cantidad de cinco mil seiscientos lempiras (L 5,600.00), por devengar un sueldo de ochenta mil lempiras mensuales (L 80,000.00) en el Poder Ejecutivo; no resultando esas pruebas como fehacientes, para los magistrados, argumentando estos que cualquier persona puede cotizar a dicho instituto de previsión social, hasta los que no son funcionarios o empleados públicos, inobservando de esa forma la Ley del INJUPEMP.

De manera dolosa y mal intencionada, los magistrados del circuito anticorrupción en su resolución, dejaron establecido que la ex primera dama cometió un delito de apropiación indebida, siendo este un tipo penal contra el patrimonio, dando a entender los juristas, que el hecho de haber depositado más de dieciséis millones de lempiras (L 16,000,000.00) a su cuenta personal la imputada, no lesionaba el bien jurídico Administración Pública; sino que comete delitos de bagatela.

Al analizar la petición de la defensa de la ex primera dama se puede observar que los peticionarios en ningún momento solicitaron la recalificación de delitos, sino que el sobreseimiento de los delitos de malversación de caudales públicos y el de lavado de activos; incurriendo estos operadores de justicia en un prevaricato; dado que, se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, abrogándose facultades de un Tribunal de Sentencia. Es decir, la resolución dictada, es una sentencia condenatoria prescrita en un tribunal de alzada, cuya competencia es recovar la resolución emitida en primera instancia.

Con ese comportamiento los magistrados, han determinado de manera tácita, que el caso denominado “Caja chica de la dama”, no puede ser conocido por el circuito anticorrupción, debido a los delitos recalificados son de criminalidad común y no organizada, tal como debe ser la competencia de dicho circuito. Se está consiguiendo el objetivo que muchos han buscado y es quitarle al circuito anticorrupción este caso; en vista que, en primera instancia se ha podido observar una independencia judicial, a pesar de que han existido presiones políticas, mediáticas y amenazas en contra de la juez de letras.

Con la resolución emitida, ya no existe la necesidad de que un tribunal de sentencia conozca los delitos recalificados, puesto que, los magistrados encontraron culpabilidad de que la señora Rosa Elena Bonilla cometió los delitos de fraude y apropiación indebida, sin un contradictorio sobre dichos actos, limitando y desbaratando de esta forma, la capacidad acusatoria del Ministerio Público en un eventual debate de juicio oral y público. Es oportuno mencionar que tanto la UFECIC como la juez de letras del circuito anticorrupción, han actuado apegados a derecho; ya que han limitado a probar y valorar la mínima actividad probatoria del lavado de activos y la malversación de caudales públicos.

El CNA ha podido identificar la razón del porqué la Corte de Apelaciones, sobreseyó el delito de lavado de activos y sin argumentos legales válidos; siendo una de las primordiales, el hecho de que este delito es la causa por la cual la señora Rosa Bonilla se encuentra privada de libertad; pues, el Código Procesal Penal, determina que, con este tipo penal, no se puede dictar una medida sustitutiva a la prisión preventiva. Ya sin esta imputación, la defensa de la imputada solicitará una revisión de medidas, con la excusa que se defenderá en libertad, por lo que este caso dormirá el sueño de los justos como muchos otros.

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La resolución de impunidad dictada por los magistrados, se alimenta de la intención funesta de absolver de toda responsabilidad a la señora Rosa Elena Bonilla; ya que los argumentos de los magistrados de la Corte de Apelaciones es que el delito de lavado de activos no procede, porque el delito de fraude no es considerado un tipo penal precedente, para que se aplique el lavado de activos; desconociéndose lo regulado en el artículo 35 de la norma reguladora, que literalmente dice: «AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN PENAL, la autonomía de la acción penal en los delitos que tipifica este capítulo, deben ser enjuiciados y sentenciado por los “órganos jurisdiccionales” competentes como delito autónomo de cualquier otro ilícito penal contenido en el ordenamiento común y en las leyes penales especiales…». No se valoró la contundente prueba promovida por la UFECIC, en donde se reveló que la ex primera dama, con el dinero apropiado, libró cheques para comprar una inmobiliaria a los Cachiros, por un valor de 3 millones de lempiras.

Finalmente, al pueblo hondureños, le expresamos: Que la lucha contra los corruptos se encuentra en una etapa, en donde nos debemos manifestar desde los diferentes mecanismos posibles, expresando que no aprobamos ninguna acción que vaya en detrimento de condenar a los corruptos, no permitamos que tres personas que fungen como magistrados de la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción, dejen en libertad a una persona que ha jugado con la merienda escolar de la niñez en nuestro país.

¡No más impunidad!

Tegucigalpa, MDC, 30 de abril de 2018.

Al Conadeh le preocupa que ley Bozal de las redes sociales viole parámetros internacionales de ciberseguridad

El Defensor del Pueblo advirtió que, en la medida que esa Ley no vaya de acuerdo con la finalidad de combatir la apología del odio vinculada a esa promoción o fomento de violencia y discriminación, no es legítima y va a tener problemas no solamente a nivel nacional, sino que internacional

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh),  quien ve “legitimo” prohibir las formas de expresión en redes sociales, le preocupa más que la “Ley Bozal de las Redes Sociales”, no cumpla con los parámetros internacionales de ciberseguridad.

Así lo dio a conocer en un comunicado emitido este sábado donde señaló que, «Tenemos que tener mucho cuidado en seguir los parámetros internacionales de derechos humanos en esta materia y no estar en situaciones como las que ha rechazado la misma CIDH en el caso de «Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de Venezuela».

Comunicado

Advierten problemas si Ley de Ciberseguridad no sigue parámetros Internacionales de DD.HH

  • El titular del COHADEH declaró que si bien es legítimo prohibir las formas de expresión de odio que constituyan Incitación a la violencia o discriminación, ello no debe traducirse ni en censura previa ni en restricciones Indirectas a la libertad de expresión.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, alertó hoy de la necesidad de seguir los parámetros internacionales de derechos humanos en la aprobación de la Ley Nacional de Ciberseguridad y evitar lo que pasó con la Ley contra el Odio en Venezuela que fue rechazada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El Defensor del Pueblo advirtió que, en la medida que esa Ley no vaya de acuerdo con la finalidad de combatir la apología del odio vinculada a esa promoción o fomento de violencia y discriminación, no es legítima y va a tener problemas no solamente a nivel nacional, sino que internacional

«Tenemos que tener mucho cuidado en seguir los parámetros internacionales de derechos humanos en esta materia y no estar en situaciones como las que ha rechazado la misma CIDH en el caso de «Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de Venezuela», señaló.

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó su preocupación luego que el 8 de noviembre de 2017 se aprobará, en Venezuela, la «Ley contra el Odio» cuyas disposiciones establece sanciones penales exorbitantes y facultades incluso para censurar a medios tradicionales e Internet, en contraste con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

La Relatara Especial instó a las autoridades venezolanas a dejar sin efecto la norma aprobada y desarrollar una discusión abierta y participativa sobre la cuestión de la incitación a la violencia por razones discriminatorias o aquellas expresiones que inciten a la violencia, a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos y rectifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en ese país.

El ombudsman hondureño es del criterio que la Ley de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales, debe tener un enfoque de derechos humanos para no lesionar el derecho a la libertad de expresión que debe ser respetado plenamente.

«Si no se parte de un concepto claro, de acuerdo con los derechos humanos, ni en el preámbulo ni en su contenido, en algún momento puede vulnerarse la libertad de expresión» advirtió.

Indicó que, en esa ley, debe quedar resguardada tanto la libertad de expresión que incluye el acceso y uso del Internet como la prohibición de la apología del delito que instigue a la violencia, la discriminación.

Más de 50 organizaciones internacionales de derechos digitales rechazan ley bozal aprobada hoy en Honduras

8 de febrero de 2018 4:26 PM ET

El Comité para la Protección de los Periodistas, junto con más de 50 organizaciones internacionales y locales de derechos digitales y medios de comunicación, se unieron a los reclamos de los legisladores hondureños esta semana para rechazar una propuesta de ley que regularía el discurso en línea.

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Bajo la ley propuesta, se podría requerir que los proveedores de servicios de Internet, las plataformas en línea y sus administradores bloqueen la información y el contenido que podrían constituir «actos de discriminación, odio, insultos, amenazas o incitación a la violencia». La ley no define qué contenido debe ser bloqueado, lo cual, según los críticos, lo deja abierto a la interpretación por parte de compañías privadas y administradores individuales.

La declaración conjunta dijo que la ley propuesta amenaza la libertad de expresión de defensores de los derechos humanos, activistas y ciudadanos. Una disposición que otorgaría a un organismo gubernamental la supervisión del cumplimiento de la ley es «comparable a la censura de los medios», según el comunicado.

La declaración al Congreso hondureño se puede ver aquí: 

Comunicado: Ley que regula los actos de odio y discriminación en Internet de Honduras

El pasado 1 de febrero se presentó ante el Congreso Nacional de Honduras la iniciativa de Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet, la cual tiene por objeto que las empresas de proveedores de servicios de Internet, plataformas y administradores de sitios web adopten medidas para evaluar y bloquear información y contenidos que puedan constituir actos de discriminación, de odio, injurias, amenazas o incitación a la violencia.

El texto de la Ley propone la censura de contenido considerado como discriminación, odio, injuria, amenaza o incitación a la violencia, sin embargo, no determina los parámetros para determinar qué contenido debe ser bloqueado. De este modo, el proyecto pone en mano de empresas privadas, a menudo extranjeras, el poder de evaluar qué contenido es ilegal y la obligación de tomar decisiones de censura. Estas son facultades que, en un país democrático, corresponden a los tribunales de justicia. Un procedimiento de este tipo, sin legitimidad legal ni controles democráticos es una restricción desproporcionada e innecesaria de la libertad de expresión; e  incumple con estándares mínimos de Derechos Humanos.

Las medidas desproporcionadas de censura de contenido e información en Internet pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión de activistas, defensores de Derechos Humanos, opositores y de la población hondureña en general, que es fundamental para la existencia de una sociedad democrática.

Por otro lado, se regula la responsabilidad de proveedores de servicios de Internet, plataformas y administradores de sitios web, obligándolos a determinar mecanismos internos para el bloqueo del contenido ilegal, así como de realizar avisos periódicos a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), como consecuencia cada proveedor y empresa tendrán la facultad discrecional de determinar estos procedimientos. Lo anterior claramente vulnera el principio del debido proceso, por la falta de legalidad y uniformidad para establecer los mecanismos de reclamo y bloqueo de contenido. Además, se imponen sanciones administrativas a los proveedores y empresas de Internet, sin distinguir entre actores muy diferentes del ecosistema de Internet, como medios de comunicación en línea, redes sociales o aplicaciones de distinto tipo.

Estas medidas vulneran los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad que se requieren para la restricción de la libertad de expresión, que tienen por objetivo impedir abusos y arbitrariedades. Además de la falta de precisión para determinar qué se considera contenido ilegal y de las obligaciones dañosas que se imponen a los actores de Internet, el proyecto prevé sanciones de bloqueo de sitios web y servicios de Internet. Estas son sanciones extremas equiparables a la censura a medios de comunicación, que afectarán a cientos de miles de personas en Honduras que hacen un uso legal y legítimo de las redes sociales. Esta Ley, como está redactada,  puede usarse para restringir la libertad de expresión en Internet, limitando la crítica al Gobierno e impidiendo que la sociedad exija el respeto de Derechos Fundamentales, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En este sentido, las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la sociedad civil y la comunidad académica de la región latinoamericana, afirmamos nuestra posición sobre esta iniciativa de ley en los siguientes términos:

  • Expresamos nuestro rechazo a la aprobación de la “Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet” en Honduras, porque representa una grave amenaza a la libertad de expresión y acceso a la información en el país, además que incumple con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos como la necesidad, proporcionalidad, legalidad, debido proceso y transparencia, los cuales son requisitos indispensables para la limitación a la libertad de expresión.

 

  • Exponemos que Internet es una herramienta que facilita el ejercicio de Derechos Humanos, principalmente la libertad de expresión, acceso a información y de reunión, que la regulación ambigua e imprecisa sobre el contenido que circula en Internet es una vulneración a estos derechos fundamentales. Además, sostenemos que las sanciones de bloqueo de servicios, aplicaciones y sitios web pueden tener consecuencias desastrosas para la libre expresión de usuarios legítimos.

 

  • Manifestamos nuestra preocupación del contexto político social que está atravesando Honduras, principalmente ante el incumplimiento de garantías y derechos fundamentales que ocasionan un deterioro al régimen democrático, así como del uso excesivo e ilegal de la fuerza pública para silenciar a la población, principalmente a activistas, defensores de Derechos Humanos y opositores.

 

  • Exigimos que la “Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet” no sea aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, porque contraviene estándares establecidos en la Constitución de Honduras y tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos de los que Honduras es parte, relacionados principalmente con la libertad de expresión, acceso a la información y debido proceso.

 

Suscriben:

IPANDETEC (Centroamérica)

Access Now (Global)

Código Sur (Latinoamérica)

Fundación Acceso y Observatorio Regional de Seguridad Digital (Centroamérica)

Contra Corriente (Honduras)

Derechos Digitales (Latinoamérica)

Horizontal (Mexico)

Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital (México)

Asociacion por los Derechos Civiles (Argentina)

Public Knowledge (Estados Unidos)

Espacio Público (Venezuela)

Nodo Común (Latinoamérica)

Red Tz’ikin – Realizadores Independientes de Guatemala

Caracol Producciones (Guatemala)

Hiperderecho (Perú)

Asuntos del Sur (Latinoamérica)

Centro de Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos (Argentina)

Artículo 19 (México y Centroamérica)

TEDIC (Paraguay)

Internet Society capítulo Honduras

Red de Desarrollo Sostenible (Honduras)

Usuarios Digitales (Ecuador)

Asociación para una Ciudadanía Participativa (Honduras)

Intervozes (Brasil)

Comité para la Protección de los Periodistas (Global)

Red en Defensa de los Derechos Digitales (Mexico)

Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala

Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Honduras)

Colectivo Josefa Lastiri (Honduras)

Colectivo Creando en las Calles (Honduras)

Asociación Libre Pensamiento (Honduras)

Criterio.hn (Honduras)

Centro de Derechos de Mujeres (Honduras)

Asociación Nacional de Escritoras de Honduras (Honduras)

Comité por la Libre Expresión (Honduras)

Internet Society capítulo República Dominicana

Instituto DEMOS (Guatemala)

Global Voices Advox (Global)

Enjambre Digital (México)

Huaira (Ecuador)

Organización Fraternal Negra Hondureña

Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras

Sula Batsú Cooperativa (Costa Rica)

Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor)

MAS (Movimiento Amplio Santabarbarense)

May First / People Link ( Estados Unidos y México)

La Sandía Digital, Laboratorio de Cultura Audiovisual (México)

RadiosLibres.net (Latinoamérica)

Radialistas Apasionadas y Apasionados (Radialistas.net)

Radioteca.net (Latinoamérica)

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (Ecuador)

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH)

Dos nuevos expertos internacionales llegan a la MACCIH

Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA), incorporó a la Fiscal Internacional Ana María Calderón Boy y al Experto Electoral Salvador Romero Ballivián, para sumarse a los trabajos en las áreas de investigación y de financiamiento de campañas electorales, respectivamente. 
La Fiscal Calderón asume el liderazgo de la Unidad de Investigaciones de la MACCIH, conduciendo al equipo de investigadores, analistas criminales, analistas financieros, forenses informáticos y otros expertos que vienen trabajando en las investigaciones y casos de corrupción con el Ministerio Público de Honduras. 
Al ser presentada ante la opinión pública, Juan Jiménez, vocero de la Misión expresó que el área de investigaciones de la MACCIH viene siendo fortalecida y que las primeras acciones de la Fiscal Internacional son las de priorizar las investigaciones de corrupción iniciadas y otras por comenzar con la puesta en funcionamiento de la UFECIC que será inaugurada en los próximos días por el Fiscal General Oscar Chinchilla. 
Por su parte, el doctor Salvador Romero estará a cargo de las acciones de la División de Reforma Político Electoral de la MACCIH, apoyando el proceso de acompañamiento a la Unidad de Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, con miras a lograr una mejor supervisión y control del financiamiento de las elecciones. Juan Jiménez manifestó que la solvencia y conocimiento de la temática electoral por parte del doctor Romero significan un importante aporte de la MACCIH y para la labor que se viene realizando por parte de las autoridades electorales de Honduras.
El vocero de la MACCIH señaló que en las próximas semanas se incorporarán otros funcionarios a la Misión y se iniciarán otros procesos para incorporar a más expertos y expertas que trabajarán para ayudar a combatir la corrupción e impunidad. 
Perfiles de los expertos
La Fiscal Internacional Ana María Calderón, peruana, laboró hasta incorporarse a la MACCIH en el Ministerio Público de su país durante 30 años como Fiscal Penal. Fue Fiscal Antidrogas durante 10 año desarticulando diversas organizaciones internacionales de narcotráfico. Además, ha sido como Fiscal Anticorrupción en los casos Fujimori-Montesinos, sosteniendo importantes investigaciones que concluyeron en condenas efectivas contra altos funcionarios, militares y magistrados. Ha integrado la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. 
Tiene una sólida formación jurídica. Es doctorando en Derecho y Ciencias Políticas y Master en Derecho Constitucional, con Postgrado de Especialización en “Garantías Constitucionales de la Investigación y la Prueba en el Proceso Penal” en la Universidad de Castilla –La Mancha, España y el Certificado de Laureate International Universities en Educación Superior. Tiene trayectoria docente en la Academia de la Magistratura del Perú, preparando a abogados aspirantes a jueces y fiscales, desde el año 2008 y en la Escuela del Ministerio Público y la Universidad Privada del Norte.
El Experto Electoral Salvador Romero Ballivián, boliviano, obtuvo el doctorado en sociología política en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ejerció la presidencia de la Corte Nacional Electoral de Bolivia. Fue el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras. Se desempeñó como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL/IIDH). Integró la Misión Electoral Especial, creada por el Acuerdo de Paz en Colombia.
Profesor universitario e investigador, ha publicado una docena de libros. Entre los principales títulos figuran: Democracia, elecciones y violencia en América Latina (2017, editor); Democracia, elecciones y ciudadanía en Honduras (2014, coordinador); Atlas electoral latinoamericano (2007, compilador).

Instancias internacionales siguen exigiendo reincorporación de jueces, mientras gobierno hondureño sigue dando las espaldas

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Mientras las instancias internacionales siguen presionando al Estado de Honduras para que cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referente al caso López Lone y otros, el gobierno de Honduras sigue dando las espaldas.

En el marco de las conclusiones del Segundo Informe Periódico de Honduras, publicado el 29 de julio por el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se insta nuevamente al Estado de Honduras a reincorporar a los jueces Adán Guillermo López Lone y Tirza del Carmen Flores Lanza, destituidos de manera arbitraria en el 2009, por haberse manifestado en contra del golpe de Estado.

Jueces
                                                          Adán Guillermo López Lone

Al respecto, uno de los afectados por las acciones arbitrarias de la justicia hondureña, Adán Guillermo López Lone, expresó hoy ante CRITERIO que lamentablemente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y el presidente de la República, Juan Hernández—como  representante del Estado—“se han colocado de espaldas al cumplimiento de tratados internacionales y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, al no cumplir con la sentencia de octubre de 2015.

López Lone apuntó que el incumplimiento de la sentencia es el reflejo de que el Poder Judicial en Honduras no es independiente, lo que de paso está trayendo como consecuencia que los indicadores sobre derechos humanos sean muy bajos y eso al final influye, de una u otra manera, para que el país haya sido excluido nuevamente de los fondos de la Cuenta del Desafío del Milenio y de otras iniciativas.

La sentencia del caso López Lone y otros, fue emitida el 5 de octubre de 2015. En ese momento el Estado hondureño fue emplazado para que en el término de un año reincorporara a sus puestos de origen a los jueces Adán Guillermo López Lone y Tirza del Carmen Flores Lanza. El año se venció el 10 de noviembre de 2016.

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Posteriormente López Lone y Flores Lanza, acudieron a una audiencia de supervisión de cumplimiento el 10 de febrero de este año y el 25 de mayo, la CIDH emitió una nueva resolución, mediante la cual le notificó al Estado hondureño que tenía que cumplir con  el reintegro.