De Instituciones e Institucionalidad

Por: Víctor Meza  

Aunque estrechamente vinculadas, no siempre reflejan el mismo contenido. La existencia de instituciones, en tanto que unidades diversas al interior del aparato estatal y del sistema político-social, no siempre es indicio claro de institucionalidad. Puede haber muchas instituciones sin que exista realmente una aceptable institucionalidad.

La historia de nuestra siempre inconclusa transición hacia la democracia sirve como escenario propicio para aclarar estos conceptos. Llevamos ya casi cuatro décadas proclamando que estamos en pleno proceso de transición política hacia el sistema democrático, lo que convierte la nuestra en una de las transiciones más azarosas y prolongadas en la historia moderna de América Latina. A lo largo de estos años hemos construido varias instituciones de carácter supuestamente moderno, plural e inclusivo, pero no podemos decir que contamos con una institucionalidad democrática debidamente establecida, suficiente para fundamentar sobre bases firmes un verdadero Estado de derecho. Tenemos instituciones, pero no tenemos institucionalidad. Nos hace falta esa argamasa necesaria que se llama cultura política democrática, una saludable mezcla de hábitos y costumbres, de estilos y procedimientos que le dan consistencia a la caparazón física en que se envuelven las instituciones. Sin esa cultura política democrática que las fortalezca y cohesione, las instituciones serán siempre débiles y vulnerables. Y, por lo tanto, el riesgo de la involución política y el retorno a las prácticas autoritarias y antidemocráticas estará siempre presente, como ya quedó demostrado en el golpe de Estado de junio del 2009.

A veces, la simple existencia de instituciones crea la impresión de que estamos realmente construyendo estructuras democráticas. Nos envuelve el pensamiento ilusorio que nos lleva a confundir la percepción de los hechos con los hechos mismos. No advertimos, entonces, el verdadero divorcio que hay entre la institución como entidad física y la institucionalidad como expresión de cultura política y afianzamiento democrático.

Si la construcción de instituciones no va acompañada del fortalecimiento de los valores y hábitos de la cultura política democrática, tal construcción será frágil y vacilante. Por lo tanto, el riesgo de la involución política será real y constante. La tentación autoritaria seguirá gravitando sobre la sociedad hondureña. Sin institucionalidad consolidada, el Estado de derecho seguirá siendo una ansiada utopía.

Se nos ocurren estas ideas al comprobar lo que ha sucedido y sigue sucediendo en la vecina Nicaragua. Hasta no hace mucho, la Policía nicaragüense era percibida como la mejor de la región, la más eficiente y, sobre todo, la más vinculada y fundida con la ciudadanía. Un modelo admirable de Policía comunitaria, aceptada y respetada por la gente. Hoy esa situación ha cambiado radicalmente. La Policía es percibida como un organismo represor y criminal, violador de los derechos humanos y enemigo de su propio pueblo. La participación directa de los policías junto a las bandas armadas de los paramilitares en la criminal represión de los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha echado por tierra el antiguo prestigio de la institución policial y ha desacreditado su imagen y ejemplo.

¿Cuáles son las razones que explican esta inesperada mutación del cuerpo policial nicaragüense? ¿Cuáles son las causas de esta súbita transformación de antiguos héroes en actuales villanos? Las respuestas a estos interrogantes son muchas y variadas. Sin embargo, hay una que subyace en el fondo del asunto y nos ayuda a comprender la esencia del problema: la ausencia de una verdadera institucionalidad policial de nuevo tipo. La imagen de Policía comunitaria modélica que revestía a la fuerza policial de Nicaragua no estaba realmente sustentada sobre bases profundas y sólidas. Carecía de una verdadera cultura política comunitaria y asumía su relación con la comunidad más como un procedimiento táctico que como una doctrina profunda.

A esto habría que agregar el componente político partidario, cuya importancia no se debe nunca menospreciar. En los últimos años, la Policía nicaragüense venía sufriendo un lento y traumático proceso de creciente politización partidaria, que gradualmente la iba convirtiendo en instrumento ciego al servicio del Poder Ejecutivo, en menoscabo de su rol como organismo de servicio comunitario para asegurar el orden público. La “partidarización” de la Policía, junto a la debilidad de su institucionalidad interna y el manoseo político de la filosofía comunitaria, en una combinación peligrosa, crearon las condiciones para que la otrora ejemplar Policía nicaragüense terminara convertida en lo que luce hoy ante los ojos de su propio pueblo: un instrumento de represión criminal al servicio del poder omnímodo del dúo Ortega/Murillo. Triste final para lo que sin duda fue un buen experimento de Policía comunitaria.

Siempre es bueno aprender de las experiencias ajenas. Ahora que la Policía hondureña está involucrada en un proceso de ajustes y reacomodos internos que algunos llaman “reforma policial”, bueno sería analizar la experiencia de Nicaragua y sacar las conclusiones que sean más pertinentes para nuestra propia realidad.

CIDH e Instituciones de DD.HH de Honduras, Guatemala y El Salvador firman compromiso para Cooperación Técnica

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- En ocasión del Segundo Encuentro de Intercambio de Buenas Prácticas para Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, celebrado los días 13 y 14 de noviembre en Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó una Declaración de Compromiso en materia de Cooperación Técnica y creación de un Mecanismo de Puntos de Contacto con la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, la Defensoría del Pueblo de Colombia, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.

Las organizaciones firmantes han acordado crear un Mecanismo de Puntos Focales de Contacto con el objetivo de generar procesos coordinados de intercambio de información, ampliar los canales de participación independiente de las INDH en los mecanismos de promoción y protección de derechos humanos de la CIDH, y desarrollar proyectos de cooperación técnica.

Asimismo, la CIDH y las INDH firmantes se han comprometido a organizar y participar de, al menos, una reunión anual de trabajo y seguimiento de la Declaración de Compromiso, así como identificar temáticas de trabajo, y medidas y acciones conjuntas entre la CIDH y las INDH en virtud de la vigencia de esta Declaración de Compromiso.

Al cerrar el evento, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño destacó “el importante rol de las Instituciones Nacionales como órganos autónomos, independientes y pluralistas para la promoción y protección de los derechos humanos en los Estados de la región” . Igualmente, señaló que “en función de su mandato y en cumplimiento de su Plan Estratégico, la CIDH pretende difundir sus estándares y recomendaciones, brindar apoyo técnico y fortalecer las relaciones con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de los Estados Miembros de la OEA”.

La CIDH, en el marco del mandato establecido en el artículo 106 de la Carta de la OEA y el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en cumplimiento de su Plan Estratégico 2017-2021, está fortaleciendo los vínculos con las INDH a fin de mejorar los canales de información y ofrecer la asistencia técnica necesaria para fortalecer los esfuerzos que las Instituciones realizan en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en cada uno de los países de la región. En ese sentido, la Declaración está abierta a la firma de todas las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de las Américas.

Compañías extractivistas controlan y manipulan instituciones del Estado para desarrollar sus proyectos: Asonog

Hay una campaña nociva contra los y las defensoras de derechos humanos para que no haya organizaciones que defiendan las comunidades y sus pueblos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. Promover el desarrollo de las comunidades no es una tarea de las empresas transnacionales extractivistas como lo quiere hacer ver el gobierno de Honduras, dijo José Ramón Ávila, director de la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales (ASONOG).

Ávila señaló que con esa premisa el gobierno quiere deshacerse de la responsabilidad de impulsar el desarrollo en las comunidades, permitiendo que estas violen los derechos más elementales de los pobladores sin respetar ni siquiera el derecho a la vida.

Manifestó que la situación en el occidente del país donde existen proyectos extractivistas es dramática y en este momento está en plena ebullición por la intención de explotar el cerro del cementerio que tiene más de 200 años y que es un patrimonio ancestral y cultural de esas poblaciones y que muchos de los pobladores rechazan esta acción.

Esa situación ha obligado a que muchas organizaciones defensoras de derechos humanos acompañen estas comunidades que han estado en total indefensión por la falta de mecanismos claros de la institucionalidad hondureña para proteger los derechos más elementales de las poblaciones.

Pero también por la forma poco transparente con que las compañías extractivistas funcionan y además manipulan y controlan incluso hasta algunos poderes e instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos.

Lo que está sucediendo en la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, es nada más una pequeña expresión de lo que se está dando a nivel nacional y obviamente promoviendo el desarrollo a través de las industrias extractivas es preocupante por la expulsión de las comunidades del entorno por el cual han vivido toda su historia.

Ávila denunció que hay Hay una campaña nociva contra los y las defensoras de derechos humanos para que no haya organizaciones que defiendan las comunidades y sus pueblos  y  en estos momentos está dirigida hacia el MADJ, Ciprodeh y la Asonog quienes hoy denunciaron en una conferencia de prensa el hostigamiento y estigmatización de la que son víctimas. 

 

Institucionalidad hondureña se llama al silencio ante inminente desgracia del pueblo Tolupán

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El pueblo Tolupán de la comunidad de Locomapa, en el municipio de San Francisco, departamento de Yoro, están enfrentados entre ellos y a punto de ocurrir una enorme desgracia mientras las autoridades del estado de Honduras se llaman al silencio.

El vicepresidente del Consejo Directivo de la Tribu indígena Tolupán San Francisco de Locomapa en Yoro, Cándido Matute agredió a machetazos a Ramón Matute líder indígena integrante del Movimiento Amplio que lucha por la defensa del bosque y el territorio ancestral Tolupán.

Los hechos se suscitaron ayer 13 de junio, los machetazos fueron lanzados e impactados en la frente y espalda de Ramón Matute a quien además le robaron sus pertenencias. Este suceso es consecuencia del conflicto generado por el saqueo del bosque que han permitido las autoridades de Yoro. Ramón Matute es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH desde el 2013 luego del asesinato de 3 líderes indígenas de su tribu quienes se oponían a un plan de manejo otorgado por autoridades sobre su territorio y sus bosques.

El consejo Directivo de la tribu San Francisco Locomapa encabezado por el señor Cristian Medina ha entregado el bosque y ha permitido el saqueo del mismo, amenazando e intimidando a las y los que defienden los bienes comunes y naturales. El reciente fin de semana, varias rastras entraron a las montañas y salieron cargadas de madera que fue cortada ante la oposición de quienes hoy cuidan y defienden el bosque de la tribu de San Francisco Locomapa.

Los que están a favor de la depredación del  bosque retiran las piedras que bloquean

el camino  para que pasen los camiones cargados con madera

 

El origen del conflicto y la deplorable corrupción de FETRIXI

En abril de 2017, el Empresario Wilder Domínguez propietario de la empresa maderera INMARE, el Consejo Directivo de Tribu y FETRIXI firmaron un contrato de venta de madera en el cual según lo publicado se trataba del otorgamiento de 5000 metros de bosque, sin embargo, recientemente ha salido a la luz pública que realmente firmaron otorgando 17, 000 metros todo ello violentando el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado del resto del pueblo indígena Tolupán.

FETRIXI y el Consejo Directivo, pactaron cada metro de madera por un valor de L. 200 lo que implica que están regalando la madera por una cantidad pírrica. Pero lo que es aún más grave es que, el presidente de FETRIXI, Noé Rodríguez, no firmó el contrato en el acto público aduciendo la falta de consulta, pero, posteriormente y de forma oculta autorizó el corte de madera.

Noé Rodríguez debió haber entregado su cargo desde diciembre de 2017, fecha en la que debió haberse convocado asamblea para la elección de nuevas autoridades del pueblo tolupán, pero que, sin dar a conocer ninguna razón han postergado por más de 6 meses hasta la fecha, lo que implica que, tanto Noé en su condición de presidente, como el resto de FETRIXI están en su cargo de forma ilegítima y que, los contratos firmados a la fecha son nulos.

Por su parte, el Consejo Preventivo de Tribu, órgano dedicado a la protección de su territorio y bosque ancestral, se aferran a la protección de su título ancestral que data de 1864, a pesar de la existencia de títulos supletorios otorgados por el INA a ladinos y terratenientes en claros actos de corrupción. Como respuesta por parte de los dos órganos afines a la empresa y la empresa misma se han desatado campañas de difamación en contra de José María Pineda y María Ángela, integrantes del MADJ, tolupanes, a través de redes sociales, acusándoles de delincuentes, entre otras cosas, al igual que en contra de Víctor Fernández encargado de asuntos políticos y Martín Fernández, coordinador general del MADJ, todo esto empujado por el secretario del Consejo Directivo, Cristian Medina.

Sumado a esto, el agresor de Ramón Matute, el señor Cándido Matute, quien funge actualmente como vicepresidente de la tribu Tolupán y defiende el saqueo de madera que en este momento realiza la empresa INMARE, propiedad del empresario Wilder Domínguez, anteriormente se desempeñó como cacique de la tribu entre 1984 y 1985 pero fue destituido porque se quedó con un cheque por 24 mil Lempiras que la COHDEFOR entregaba a la tribu producto del porcentaje acordado por la extracción de madera. Cándido Matute huyó, regresando unos meses después de haber dilapidado los fondos destinados a la tribu San Francisco.

Un conflicto en alarmante escalada incrementado por el silencio y corrupción cómplice de la institucionalidad hondureña

Desde octubre de 2017 los líderes indígenas del Movimiento Amplio han realizado una oposición férrea a la explotación inconsulta de madera dentro del territorio de la tribu San Francisco Locomapa a través del Campamento Digno del Pueblo Tolupán.

El 17 de abril de 2018 el Consejo Directivo de tribu y la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) realizó una reunión para dialogar sobre la explotación de madera, en la que convocaron a integrantes del Consejo Preventivo de Tribu y del Movimiento Amplio, quienes anteriormente fueron amenazados por parte de personeros de la empresa maderera INMARE, y los referidos directivos indígenas en represalia por las actividades de defensa del bosque de pino. A esta reunión asistieron personas vinculadas a los intereses de la empresa, de las cuales, al menos 15 se encontraban absolutamente alcoholizadas.

Nota relacionada Agreden a machetazos a Ramón Matute líder indígena e integrante del MADJ en Locomapa

No hubo diálogo alguno y los directivos de la tribu y Noé Rodríguez, presidente de la FETRIXY, acusaron al MADJ de ser el responsable del asesinato de los tres mártires tolupanes ocurrido en 2013 y amenazaron con declararlos sin la calidad de indígena y desterrar del territorio tribal a todos los integrantes del movimiento que se opongan a la explotación inconsulta de madera. Posterior a ello, las explotaciones de madera se han realizado continuamente, impulsada por el Consejo Directivo de Tribu a través de sus directivos, a base de soborno económico minoritario e induciendo bajo los efectos del alcohol a varios indígenas.

Camiones como este salen todos los días cargados con madera

 

Recientemente, el pasado 25 de mayo de 2018 a las 4.00 am llegaron 4 rastras propiedad de la empresa INMARE, al Campamento Digno, seguidamente, a las 10:00 am se instaló frente al Campamento Digno un operativo policial con 40 agentes preventivos y de la fuerza especial rural, dirigido por el Subinspector Alvarado, quienes llegaron en vehículos policiales, encapuchados, con bombas lacrimógenas y vestidos con antimotines, se hicieron acompañar de un agente de CONADEH y el fiscal del ambiente de Yoro Edwin García, a quien desde el equipo legal del MADJ se contactó para explicarle la situación y el contexto de la problemática.

Sin embargo, el fiscal intervino intimidando a los líderes Ramón Matute y José María Pineda acusándoles de cometer el delito de obstaculización de un plan forestal e indicando que los procesaría penalmente. Además, el fiscal García sostuvo que la empresa INMARE realizaba la extracción de madera de forma legal y “que el Movimiento Amplio les estaba engañando”.

Pese a que el Ministerio Público es conocedor de las reiteradas acciones de denuncias interpuestas por integrantes de la tribu y del MADH pidiendo investiguen los abusos y procedimientos fraudulentos mediante los cuales el ICF sin consulta ni consentimiento previo, libre, informado y de buena fe, favorecieron a la empresa INMARE para que explorara madera en el territorio tribal.

El 08 de junio de 2018, nuevamente el empresario ha burlado la dignidad del pueblo de San Francisco, introduciendo su maquinaria al territorio de la tribu para seguir extrayendo madera de los bosques indígenas. Ante ello, la población indígena ha realizado acciones de protesta y defensa de sus bosques.

El 10 de Junio del 2018, en la tribu de San Francisco de Locomapa a las 11:30 de la mañana personas afines al Consejo Directivo y a la FETRIXI llegaron al Campamento Digno Tolupan, con armas de fuego, machetes y palos amenazaron y amedrentaron a integrantes del MADJ y del Campamento. Consuelo Soto, fue agredida mientras esta grababa los hechos con su teléfono celular, el desconocido se aproximó a Consuelo colocando el machete en su cuello.

De la misma forma, el 11 de Junio de 2018, Ana Maritza Marcia, hija de Consuelo Soto fue agredida e intimidada por Danilo Matute, indígena afín a la empresa quien estaba en compañía de alrededor de 60 personas armadas en su mayoría con piedras, envueltas en trapos y garrotes. Matute levantó su machete con la intención de agredir a Ana Marcia y fue detenido por Adalid Zerón también promotor de la explotación inconsulta de la madera, logrando pasar el camión con aserrín se retiraron. En el trayecto de ese día ingresaron 4 rastras para cargar madera de pino en rollo y uno para cargar aserrín.

La respuesta institucional: una condena a nueva desgracia 

Ramón Matute, al igual que José María Pineda y el resto de integrantes del MADJ pertenecientes a la tribu son beneficiarios de medidas cautelares desde 2013, a pesar de eso, el Estado de Honduras a través del Mecanismo de Protección ha sido incapaz de implementar de forma efectiva las medidas otorgadas y esto se debe a que, desde el MADJ y la tribu se planteó como medida de protección la integración de una comisión interinstitucional que atendiera el fondo del conflicto referente al saqueo del territorio ancestral Tolupán y el papel de las empresas madereras, quienes incurren en delitos con su actividad en la zona.

Evidentemente, para el mecanismo de protección, al igual que para el resto de instituciones del Estado las acciones que representen atacar frontalmente la corrupción, impunidad y la situación de privilegios de quienes impunemente delinquen representan un reto que pasa antes de cualquier cosa por la voluntad gubernamental, la cual, aún más referente al pueblo Tolupán es históricamente inexistente. Es así que luego de varias comunicaciones al mecanismo de protección, este atendió y realizó diligencias hasta el día de ayer 13 de junio luego que Ramón Matute fue agredido.

El conflicto de la tribu de San Francisco no es nuevo para el Ministerio Público, entre 2016 y 2017 tolupanes han interpuesto 4 denuncias por la tala ilegal del bosque y hasta la fecha estas continúan sin ni una tan sola diligencia investigativa reportada a las víctimas. El 22 de mayo, el fiscal Edwin García informó al equipo legal del MADJ que las denuncias habían sido trasladadas a San Pedro Sula ya que era “mucho conflicto con esa gente”.

El 25 de mayo de 2018, integrantes de la tribu y del MADJ presentaron denuncia ante el MP por la firma inconsulta de los contratos, el 8 de junio desde el equipo legal del MADJ se envió comunicación al departamento de DDHH de la Secretaria de Seguridad y al Sistema Nacional de Protección, sobre los últimos hechos sucedidos en el Campamento Digno Tolupán y en relación a las medidas cautelares de las cuales son beneficiarias las personas en situación de riesgo y el día de ayer, 13 de junio se presentó denuncia sobre los hechos ocurridos el 25 de mayo ante la Fiscalía Especial de etnias.

Sin embargo, el conflicto Tolupán es una situación ante la que las instituciones del Estado han decidido cerrar los ojos desde hace muchos años atrás, condenándoles a la indiferencia sistemática a y a la repetición de hechos fatales como los asesinatos de 2013 y 2015.