Guardias de seguridad del Hospital Escuela continúan abusando de pacientes y empleados

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –Los guardias del Hospital Escuela continúan abusando de los pacientes que a diario llegan a ese centro asistencial en busca de atención médica, sin que ninguna autoridad del Estado enmiende esta situación que por años se ha venido denunciando.

Este lunes CRITERIO.HN ingresó al principal hospital público de Honduras y constató los vejámenes que comenten los guardias contratados por la empresa CNK S. de R.L. de C.V, que a partir del 1 de agosto de 2018 recibió un honoroso contrato.

Los abusos observados por este medio de comunicación van desde obligar a los pacientes y a sus acompañantes a formar una fila y tenerlos hasta una hora sin justificación alguna, revisar con la mirada inquisitiva a quien desea entrar, hablar por radio para preguntar, supuestamente, a sus superiores en lenguaje militar, si procede o no el ingreso de las personas.

Ante el temor a que no se les permita la entrada, la mayoría de las personas consienten los abusos e incluso hasta los empleados son afectados por la conducta autoritaria.

Una mujer, que pidió el anonimato, confesó que uno de los guardias le propuso llevársela a la cama como pago para dejarla entrar a ver a su madre que se encuentra hospitalizada.

La mujer teme a denunciar a su agresor porque cree que nadie hará nada, pues sabe que en Honduras no existe la aplicación de la justicia.

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CNK fue contrata en un proceso de licitación en el que participaron tres empresas más, pero anómalamente fue beneficiada con el contrato, que supera en 4.4 millones de lempiras a la empresa que hizo la menor oferta.

Un informe de la Asociación por una Sociedad Más Justa señala que el contrato con la empresa CNK es de 19,209,600 lempiras y que en virtud que el proceso se llevó a cabo de manera anómala una comisión evaluadora solicitó subsanaciones legales y técnicas, pero la Junta Directiva del Hospital Escuela Universitario (HEU) para evadir la responsabilidad cambió a los integrantes de la comisión evaluadora.

El contrato estipuló inicialmente la prestación de servicio de 98 guardias de seguridad tanto para el Hospital Escuela como para las clínicas periféricas, ubicadas en las colonias capitalinas, el Hato de En medio, El Sitio y el barrio Las Crucitas de Comayagüela.

CNK presta además los servicios de seguridad a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Fue contratada en el Hospital Escuela por las denuncias de abuso por parte de su antecesora Service. Sin embargo, a casi dos años de su contratación la situación sigue en similares condiciones.

Hospital Escuela
Un guardia de seguridad se refleja en una ventana de la sala de espera del Hospital Escuela, mientras se coloca una mascarilla para entrar a una de las áreas del hospital. Los guardias de seguridad y el supervisor se molestaron ante la presencia del fotógrafo de CRITERIO.HN a quien intimidaron y recogieron sus datos, sin que hasta este momento se conozca las razones.
Hospital Escuela
Una mujer, empleada del área de salud espera un ascensor en el Hospital Escuela. 
Una mujer sale por el portón de acceso vehicular del Hospital Materno Infantil. Al fondo cuatro enfermeras encargadas de tomar la temperatura a las personas que entran, como parte del protocolo de bioseguridad.
Hospital Escuela
Un hombre espera, con la receta médica en la mano, que un familiar le entregue por una rendija su billetera. El paciente salió de la sala de emergencia para comprar su desayuno.
Hospital Escuela
Un nutrido grupo de personas espera sentado en la acera del acceso al área de emergencia del Hospital Escuela. Este grupo se compone de familiares de pacientes que están solos en consulta externa y deben esperar para comprar medicamentos o para estar atentos a cualquier situación que se presente.
Hospital Escuela
Una señora de la tercera edad espera dentro del Hospital Materno Infantil que un familiar más joven le compre lo solicitado. En los accesos de este hospital hay varias casetas de venta de comidas, frutas e insumos de higiene.

 

Hospital Escuela
Dos empleadas del área de limpieza, con trajes de bioseguridad, realizan la limpieza cerca del área de emergencia del Hospital Escuela. Tras una fuerte lluvia que causó daños, el domingo, en varias unidades del centro asistencial
Hospital Escuela
Una empleada de la Alcaldía Municipal del Distrito Central realiza el aseo de un tramo del bulevar Juan Pablo II, justo debajo del puente del bulevar Suyapa.
Hospital Escuela
Una mujer dentro del Hospital Materno Infantil busca a su familiar para pedirle apoyo, porque si sale no podrá volver a entrar, pues así son las reglas impuestas por los guardias de seguridad.
Hospital Escuela
En el portón de acceso al área de emergencia del Hospital Escuela, un guardia -con voz altisonante- pregunta el o los motivos para querer entrar a la emergencia, ya que el no tener un documento que autorice la entrada o una enfermedad que se manifieste de manera visible es imposible el acceso. La respuesta, muchas veces, es cerrar la puerta e insultar a las personas.
Hospital Escuela
Un doctor de la Sala de Emergencia le da indicaciones a una paciente que llegó este lunes en busca de atención médica
Hospital Escuela
Un empleado de salud se refleja en los vidrios de la sala de espera del Hospital Escuela, hoy lleno de camillas para enfrentar la Covid-19.

Pobladores de Playa Blanca en Zacate Grande son agredidos por guardia privada de Jorge Cassis

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

El terrateniente Jorge Cassis ha contratado guardias de seguridad de la misma comunidad para hostigar y agredir a quienes defienden su territorio, el domingo 7 de febrero recién pasado el campesino Santos Hernández fue gravemente herido por oponerse a que realizaran la medición del predio comunitario que Cassis pretende poner en venta pese a que en él habitan más de 40 familias desde hace décadas.

Santos Hernández se encontraba en el predio realizando su faena diaria, cuando se percató que Sabino Gonzales, empleado de Cassis, junto a dos personas más estaban dentro del terreno con el objetivo de ver el lugar que posiblemente comprarían, Santos les solicitó que se retiraran ya que este pertenece a la comunidad, a lo que Gonzales respondió de forma agresiva atacándolo con piedras e insultos alegando que dicho terreno pertenecía a su patrón, para ese momento miembros de la comunidad llegaron al lugar e impidieron que se dieran hechos aún más graves. Como resultado del ataque Santos fue traslado al hospital para poder ser atendido de los múltiples golpes, en su cara, pie y el más grave de abertura en su cabeza.

Este ataque no es el primero que sucede en la comunidad de Playa Blanca, desde hace un par de años Jorge Cassis y Heriberto Cruz han contratado personas para “cuidar sus terrenos” siendo su principal actividad el ataque y hostigamiento a las personas miembras del grupo campesino de la comunidad, en ocasiones anteriores han amenazado de muerte a varias compañeras y compañeros e incluso a sus hijos menores de edad.

La comunidad organizada como grupo campesino miembro de la Asociación por el Desarrollo de la península de Zacate Grande (ADEPZA), han reafirmado que se mantendrán firmes en su lucha por el territorio y exigen a las autoridades actuar con rapidez contra Sabino Gonzales y demás trabajadores de Jorge Cassis y Heriberto Cruz que hostigan con amenazas y agreden físicamente a la población de Puerto Sierra de la misma forma que actúan cuando de criminalizar a campesinos y campesinas se trata.

Contexto

En toda la península de Zacate Grande existe gran cantidad de propiedades privadas cuyos dueños son empresarios y políticos reconocidos a nivel nacional, que construyen grandes muros, obstruyendo el paso hacia las playas en las comunidades, Playa Blanca posee una de las mejores playas de la península además de ser una de las pocas que no ha sido acaparada por los terratenientes.

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Jorge Cassis era propietario de la playa “La Guayaba Dorada” que era totalmente privatizada y para el acceso de la población hondureña en general se debía pagar 50 lps por persona, esta fue vendida en el año 2014 y según información brindada por pobladores de la zona su propietario es Juan Orlando Hernández quien dice ser actual presidente de Honduras, los campesinos y campesinas denuncian que las pretensiones de Cassis es el enriquecimiento a costa de los bienes comunes en este caso la Playa de su comunidad.

En el año 2012 aparece Heriberto Cruz con título de propiedad de varias manzanas de tierra que asegura compró debidamente a Jorge Cassis, incluyendo el terreno que la comunidad a destinado a la siembra de maíz, ayote y frijoles más una buena parte de la tierra donde están construidas sus casas, la comunidad inició la lucha en defensa de su tierra oponiéndose a la medición del terreno ya que esto significaba su desalojo inmediato, fue en este momento que comenzó todo el proceso de criminalización acusando a varias personas por el delito de usurpación de tierras.

Luego de todo un proceso de defensa territorial, en el año 2013 comienzan a llegar las órdenes de desalojo para las 42 familias pobladas en el caserío Puerto Sierra de la comunidad de Playa Blanca, llevando a cabo el primero contra Santos Hernández. Heriberto Cruz haciéndose acompañar de la policía nacional y varios militares le destruyeron la casa donde vivió por más de 40 años junto a su esposa María Concepción Hernández, también criminalizada y sus 6 hijos en su mayoría menores de 16 años, la comunidad organizada como grupo campesino no permitió que avanzaran con los desalojos a pesar de que la amenaza es constante.

En el año 2014 la comunidad decide iniciar la habilitación del predio comunitario para parqueo, ya que la comunidad no contaba con una entrada para ingresar a la misma y en vista de la necesidad de fuentes de ingresos decidieron expandir el predio para que los turistas que en época de vacaciones visitan mucho su playa pudieran entregarles contribución por el cuido de sus vehículos.

Los procesos judiciales iniciaron contra Santos Hernández, Abel Pérez Ávila y Tomás Cruz quienes fueron declarados culpables por los delitos de Usurpación de tierras, daños y amenazas, dictándoles medidas sustitutivas a la prisión, de no acercarse a los predios en litigio, no salir del país y firmar el libro diario  cada 15 días, luego de varios meses a solicitud de la defensa se realizó audiencia de revisión de medidas en la que dictaron prisión preventiva para los campesinos Santos Hernández y Abel Pérez quienes inmediatamente fueron trasladados a la granja penal de Nacaome Valle, gracias a la presión de organismos de derechos humanos regionales, nacionales e internacionales lograron salir de prisión después de 3 meses (102 días), dictándoles nuevamente medidas sustitutivas a la prisión.

El 8 de 2018 se Jorge Cassis presentó un nuevo requerimiento fiscal esta vez María Veneranda Cruz de 70 años, Oneyda Cárdenas Flores, Yessica Cerrato y Jacinto Hernández por el delito de amenazas y daños continuados, esto en respuesta de la fuerte lucha que la comunidad mantiene en defensa de su tierra, mayormente sostenida por las mujeres de la comunidad, meses después emiten un nuevo requerimiento fiscal contra Abel Pérez, Santos Hernández y María Concepción Hernández, esta vez por el delito de daños continuados.

Actualmente existen seis procesos penales abiertos contra 8 campesinos y campesinas de la comunidad de Playa Blanca, por los delitos de Usurpación de tierras, daños y amenazas.

«Condenamos Plan de Criminalizarnos cuando los guardias son responsables de los asesinatos»: Empresa Campesina de Trujillo

Por: redacción CRITERIO

redacion@criterio.hn

Tegucigalpa.- La Empresa Campesina Gregorio Chávez, de la comunidad de Panamá, Trujillo en el departamento de Colón en un comunicado ha manifestado que los guardias de las empresas son los responsables de las muertes de sus propios compañeros y de los campesinos del Aguán.

Condenan el plan de Criminalizarlos cuando los mismos guardias son responsables de los asesinatos , en el caso el 2 de Julio del 2012 secuestraron , torturaron y asesinaron los guardias de seguridad de corporación Dinant y que ellos (guardias) eran quienes tenían el control total de la finca Paso Aguán y en la búsqueda junto a la policía Nacional de la posta de Ilanga los encontraron enterrado allí donde los guardias estaban establecidos y después estaban diciendo que ellos (campesinos) lo mataron y lo enterraron allí donde estaban ellos

Señalan como responsdable directo al coronel Coca a cargo de la Operación Xatruch de estar  cometiendo abusos por el destacamento militar que permanece en la finca Paso Aguan en la comunidad de Panamá, intimidando, amenazando a miembros de la comunidad y lo Responsabilizamos de Provocar a los Campesinos para generar más violencia en el aguan; específicamente en nuestra comunidad de Panamá.

La Empresa Campesina Gregorio Chávez comunica lo Siguiente:

El coronel Coca a cargo de la Operación Xatruch está cometiendo abusos por el destacamento militar que permanece en la finca Paso Aguan en la comunidad de Panamá, intimidando, amenazando a miembros de la comunidad y lo Responsabilizamos de Provocar a los Campesinos para generar más violencia en el aguan; específicamente en nuestra comunidad de Panamá.

Condenamos el Plan de Criminalizarnos cuando los mismos guardias son responsables de los asesinatos , en el caso el 2 de Julio del 2012 secuestraron , torturaron y asesinaron los guardias de seguridad de corporación Dinant quienes tenían el control total de la finca Paso Aguán y en la búsqueda junto a la policía Nacional de la posta de Ilanga lo encontramos enterrado allí donde los guardias estaban establecidos y después estaban diciendo que nosotros lo matamos y lo enterramos allí donde estaban ellos.

En estas acciones de recuperación pacífica de nuestra Empresa aparecen de manera misteriosa dos Guardias Asesinados el 28 de agosto del 2017 y nos están culpando a los campesinos con el objetivo de desmeritar nuestra lucha digna por el acceso a la tierra , cuando la finca está siendo cuidada por un destacamento militar y los guardias de seguridad mientras ingresamos y nos quedamos cerca de la oficina de manera pacífica donde permanecieron los militares y los guardias , llegando el día siguiente la información que habían aparecido dos guardia asesinados en la salida de la finca y los tenian los militares en la paila de una patrulla militar.

 Desmentimos Categóricamente ante los Medios Nacionales e Internacionales cualquier vinculación de la muerte de los guardias con nuestras acciones pacificas porque en ningún momento hemos tenido enfrentamiento con los guardias y el lugar donde dicen que los encontraron está lejos de donde nosotros nos encontrábamos , si mismo desmentimos al señor Obdulio Pesquera hoy guardia de Dinant las acusaciones diciendo que nosotros somos responsables , cuando en el 2012 levanto un casquillo de escopeta asegurando que los responsables de la muerte de Gregorio Chávez eran los Guardias y tiempo después lo contrataron de guardia y ahora está contra nosotros por dinero.

Desmentimos el Comunicado de Prensa de la Secretaria de Seguridad donde expresa que en tres años no han habido muertes por conflicto de tierras y tenemos los nombres de los campesinos asesinados, Alan Martinez y  Manuel Milla de la comunidad de Panamá, Jose Ángel Flores y Dionisio George del Asentamiento de la Confianza que están en la impunidad y parece que desde las Autoridades del Estado se protege a los asesinos y los que nos han despojado de nuestras tierras.

Condenamos el plan de Criminalización por parte de agentes de investigación y Seguridad contra los campesinos de la comunidad de Panamá y la empresa Gregorio Chávez, por el hecho de exigir justicia , detener las violaciones a los derechos humanos y exigir se devuelvan las tierras de las que las familias campesinas fuimos despojados .

Exigimos Justicia y se entreguen las tierras a las familias campesinas ya que tenemos el legítimo derecho constitucional y la Justicia.

Por la Justicia y la Vida de nuestras familias seguiremos la lucha Pacífica que hemos iniciado en nuestra comunidad de Panamá

Dado en Panamá, Trujillo Colon a los 31 días del Mes de Agosto del año 2017

      Empresa Asociativa de Producción Gregorio Chávez

Guardias acosan a estudiantes de Universidad Nacional de Agricultura por orden de Marlon Escoto

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. Continúa el acoso de parte de los guardias de seguridad azuzados por Marlon Escoto contra los estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura con sede en la ciudad de Catacamas, Olancho.

Las escopetas calibre 12 autómaticas que usan los guardias de la UNA se vieron en los carros con los que ingresaron al campus universitario.
Las escopetas calibre 12 automáticas que usan los guardias de la UNA se vieron en los carros con los que ingresaron al campus universitario.

La tarde de este viernes los guardias llegaron en vehículos con banderas del Estado de Honduras, portando escopetas calibre 12, amenazando a los estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones de la casa de estudios superiores.

Un alumno de apellido Mejía, manifestó que los guardias ingresan a las instalaciones por puntos ciegos y entran a amenazarlos y a decirles que si no dejan la huelga “algo les va a pasar”

Los alumnos hicieron un llamado a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para que constaten que están siendo hostigados por los guardias de seguridad.

Los guardias platican plácidamente con los policías sin que estos intervengan
Los guardias platican plácidamente con los policías sin que estos intervengan

Los alumnos de la UNA se tomaron las instalaciones de la misma desde el pasado 18 de noviembre y hasta la fecha el rector no ha dado señales de querer solucionar la problemática que vive el centro que él dice rectorar.

Ayer jueves, la comisión enviada por el Congreso Nacional presentó un informe donde da a conocer la enorme problemática que enfrenta la Universidad de Agricultura que va desde la falta de un rector, pasando por el nepotismo, hasta un centro sin reglas claras en lo académico y en lo administrativo.

Este próximo lunes 12,  el Consejo Superior Universitario se pronunciara al respecto,  y por los vientos que soplan,  se habla de la destitución del actual rector que se ha querido elegir por un tercer periodo que es ilegal desde todo punto de vista.