Honduras: Envían a prisión a siete ambientalistas que se oponen a contaminación del río Guapinol

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Siete ambientalistas que se oponen a un proyecto minero en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, fueron remitidos a prisión este lunes, acusados por los delitos de portación ilegal de armas y asociación ilícita.

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Los pobladores del litoral atlántico, a quienes se les dictó la medida de prisión preventiva durante la audiencia de imputados en los juzgados capitalinos, fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en la comunidad de Támara, Francisco Morazán.

Guapinol
Los pobladores de Guapinol se oponen al proyecto minero porque contamina el río del mismo nombre, que suple de agua potable a sus hogares.

Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Parque      Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.

El conflicto ha dejado al menos seis personas muertas y la criminalización de decenas de ciudadanos, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como muestra de ese estigma 18 personas que forman parte del “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, que se mantiene desde hace varios meses como acto de resistencia y protesta contra el proyecto minero, han sido judicializadas, acusadas por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”.

Los defensores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.

Diputada mociona para que se investigue proceso de concesión minera de Guapinol

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La diputada al Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (Libre), Patricia Murillo, presentó una moción para que se nombre una comisión multipartidaria y para que se investigue el proceso mediante el cual el Estado concesionó el conflictivo proyecto minero de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón.

Murillo establece mediante la moción presentada la noche del lunes que la Comisión Especial Multipartidaria sea asesorada por entes independientes como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUD) el Instituto Hondureño de Derecho Ambiental (IHDAMO) y otras instituciones que trabajan por la conservación del medio ambiente.

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La congresista establece como objetivo, que se investigue si se cumplieron o no los procedimientos para el otorgamiento de la concesión al proyecto minero ASP y ASP1 en el Parque Nacional de Botaderos, aunque en la misma moción anticipa que para dicho proceso se ha transgredido varios leyes nacionales y convenios internacionales.

Según Murillo, la comisión deberá hacer recomendaciones para la deducción de responsabilidad a los funcionarios en las diversas instituciones que “llevaron a esta grave coyuntura, que pone en entredicho la imagen de un país respetuoso de la Constitución así como las leyes ambientales, de salud y los derechos humanos».

La investigación plateada deberá incluir el proceso legislativo, para determinar si es necesario que el Congreso Nacional, mediante otro proyecto de ley, derogue el decreto 252-2013 que reformó el artículo 5 del decreto 127-2012 de creación de Parque Nacional Botaderos.

Murillo, quien es diputada por el departamento de Cortés, insta para que dentro de la comisión multipartidaria se integre a su compañero de bancada por el departamento de Colón, Ramón Soto. Asimismo, que los resultados y las soluciones concretas a la problemática, sean presentas en un plazo no mayor a un mes.

En su exposición de motivos, la legisladora establece que el conflicto suscitado en Guapinol se torna cada vez más grave, dejando hasta a la fecha seis dirigentes comunitarios asesinados y una cantidad de luchadores sociales por la vida y el agua, criminalizados, amenazados y estigmatizados.

Este lunes un juez con jurisdicción nacional sobreseyó a 12 dirigentes ambientales de Guapinol que luchan contra la contaminación del río del mismo nombre y en rechazo a la violación de leyes y manipulación de hechos, que se ha dado alrededor del tema.

La concesión para la explotación de la mina fue otorgada inicialmente en el año 2013 a EMCO MINING COMPANY, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

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Para la entrega de la concesión se cometió un fraude legislativo, ya que el diputado al Congreso Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Díaz, introdujo un proyecto de decreto para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del parque como área protegida. El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. Ahora la Zona núcleo se ve reducida de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos, las que casualmente fueron concesionadas al proyecto minero.

Guapinol: Con la mirada de la corrupción e impunidad institucional en Honduras

MACCIH

Por: Ondina Maldonado Zavala

La Ley para la regulación de las operaciones de exploración y explotación petrolera y minera, según Decreto 56-91, de mayo de 1991, se estable que “su propósito es promover e impulsar las actividades de exploración y explotación petrolera y minera del país”, y  “que el Estado reglamentará su aprovechamiento de acuerdo con el interés nacional y social y fijará las condiciones de su otorgamiento y aprovechamiento a los particulares”.

El Artículo 172 de nuestra Constitución afirma que “Es deber de todos los hondureños velar por su conservación e impedir su sustracción”. Que el Acuerdo No, 002-2011 hace constar que “el Sistema Nacional de Ureas Protegidas de Honduras, está conformada por áreas protegidas declaradas y propuestas, siendo una de ellas la Montaña de Botaderos”.

“Que la Montaña Botaderos posee una extensión superficial de 96,755.4 hectáreas, de las cuales 24,223.7  hectáreas conforman la zona núcleo y 72,531.7 hectáreas la zona de amortiguamiento, y forma parte del sistema montañoso del país y los ecosistemas presentes son de gran importancia en la continuidad y conectividad del Corredor Biológico Mesoamericano”.

El Decreto No. 51-2011 afirma que “Las inversiones calificadas por SEPLAN (Secretaría de Planificación y Cooperación Externa), o COALIANZA, como megaproyectos de interés nacional que requieran una inversión no menor de CINCUENTA MILLONES DE DÒLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA (US$50,000,000.00), solicitarán ante el Concejo Nacional de Inversiones la aplicación de un procedimiento acelerado de inversión”

Que la Cédula de Notificación 2018-SE-0098, asegura que la Sociedad Inversiones Los Pinares, S.A. de C.V. debe presentar “La empresas interesadas en suscribirse al beneficio Declaratorio de Proyecto de Interés Nacional y el Procedimiento Acelerado para inversiones de Gran Escala deberán presentar el formulario respectivo para su aplicación”.

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¿Cuàl es el impacto de los proyectos mineros para los pobladores de la Montaña Botaderos? ¿Quièn es Lenir Pèrez dueño del proyecto minero? ¿Cuàl es la realidad de los pobladores de la Montaña Botaderos?

Para comprender la lucha de los pobladores del Aguán, debemos saber que los principales “impactos de los proyectos mineros se relacionan con la desterritorialización y la fractura del tejido social.  En relación con la desterritorialización, el despojo del territorio a los campesinos llegó con fuerza con la puesta en vigencia del modelo neoliberal a principio de la década de 1990, cuando los neoliberales hondureños derogaron la Ley de Reforma Agraria y aprobaron la Ley de Modernización Agrícola”.

Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro). Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC, en coordinación con el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri. Junio, 2016.

Como bien lo formula una lideresa de Tocoa, “El mercado del recurso tierra se abre con la Ley de Modernización Agrícola, en 1992, cuando era presidente Rafael Leonardo Callejas. Antes de eso estaba en manos de organizaciones campesinas, ya fueran estas cooperativas o empresas asociativas de campesinos. De 1992 hasta el año 2000, estas empresas (asociativas campesinas) se vieron amenazadas o coaccionadas, y muchos hasta perdieron la vida por oponerse a vender los activos; hubo mucha presión, amenazas y toda una serie de estrategias para quitarle la tierra a los campesinos. En estos años estamos hablando de empresarios como el difunto Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, que hoy son tres grandes terratenientes que acaparan la mayor parte de tierra en el valle del Aguán; se está hablando de más de 28 mil hectáreas muy fértiles”.

Prosigue el Estudio de caso 3 de la operación minera del empresario Lenir Pérez. Enero 2017, que “Las y los pobladores del Aguán son testigos fieles de la polarización social en que viven como expresión de la aplicación del neoliberalismo, y de las visiones contrapuestas —de campesinos y terratenientes— sobre la tenencia de la tierra”.

Una líder de la región las expone con maestría: “La tierra es un elemento que genera riqueza y un recurso que viene a generar conflicto porque, por un lado, unos la quieren para cambiar su sistema de vida de pobreza, como los campesinos, y otros la quieren para enriquecerse más”.

“Es de prever que la estrategia de despojo de la tierra para el cultivo de palma africana se repetirá con la minería, ya que los actores en el conflicto agrario son los mismos que están incursionando en el rubro de la minería e hidroeléctricas”. “Es decir, empresarios nacionales vinculados al capital transnacional, como Fredy Nasser y Lenir Pérez, yernos del difunto Miguel Facussé, autoridades públicas como el Inhgeomin y alcaldes municipales, así como empresarios locales presuntamente vinculados al narcotráfico”.

“Mediante visitas de campo y entrevistas a líderes sociales, autoridades públicas y periodistas, se comprobó que la mina en explotación más conocida es la de El Venado, ubicada en los municipios de Gualaco y San Esteban, departamento de Olancho, y colindante con Bonito Oriental. Actualmente, la minería en la zona está en la etapa de estudio de los minerales y, aparentemente, los proyectos ya aprobados no han entrado en operación debido a la caída mundial de los precios de los minerales. Sin embargo, el hecho de que más del 50% del departamento se encuentre en proceso de concesionamiento para actividades mineras, representa una grave amenaza para la vida y los medios de vida de la mayoría de la población del departamento”.

“En 2013, cuando la maquinaria minera empezó a llegar a la comunidad sin ningún tipo de consulta o aviso previos, los habitantes locales comenzaron a organizar un movimiento de protesta pacífica. Los líderes del movimiento empezaron a recibir amenazas de muerte inmediatamente por teléfono y mensajes de texto. Además, llegaron a la comunidad grupos de hombres armados que hacían disparos de advertencia al aire”.

“Pérez es militante activo del partido gobernante en Honduras y ha hecho apariciones públicas con la primera dama del país. Pérez ha sido acusado de haber sobornado a las comunidades locales para que permitan que la mina Buena Vista I siga adelante. Se dice que alardeó de haber pagado 360.000 USD a un alcalde local del Partido Nacional, que actualmente está siendo investigado por malversación de fondos públicos, en un intento de ganarse el apoyo de la comunidad”.

“Nos dijo: “Son unos mierdas. Les estoy dando electricidad […] Habrá mucho más comercio y ¡hasta tendrán más putas!” – César Alvarenga, describiendo cómo reaccionó Lenir Pérez cuando la comunidad de César se negó a dar su consentimiento a la mina de óxido de hierro en su tierra103.

¿Por qué los pobladores del Aguán se oponen al proyecto? “Porque temían que el daño ambiental que iba a causar fuera irreversible. Se ha demostrado que estos temores estaban justificados. Según un informe de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de Honduras, el suministro de agua de la comunidad se ha contaminado, los peces han desaparecido de los ríos y se ha arrasado con los árboles. En el informe se concluyó que los residuos de la minería no se estaban desechando adecuadamente y que la mina había causado desprendimientos de tierras, inundaciones y erosión del suelo”.

¿Cuáles fueron las farsas de los  hechos de corrupción? “El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. La Zona núcleo se redujo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos, mismas que coincidentemente fueron entregadas al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé”.

El decreto presentado “por el diputado Ricardo Díaz, se aprobó con la dispensa de dos debates y se aprobó de manera inconstitucional. El proyecto legislativo fue presentado ante el pleno del Congreso el 5 de diciembre del año 2013, meses después de que la empresa había solicitado la concesión y que los dictámenes del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y unidades de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ahora MiAmbiente, habían establecido que la concesión no era viable porque el proyecto estaba en la zona núcleo del Parque Nacional”.

“Como muestra de ese estigma 13 personas están en prisión—12 hombres y una mujer— acusados por los delitos de privación injusta de la libertad, robo, incendio agravado y asociación ilícita”. Diputados cometieron un fraude legislativo al aprobar minera en El Guapinol: Abogados. CRITERIOHN. Febrero 2018

Sin embargo, a pesar de toda la odisea que han tenido que pasar los defensores de la Montaña Botaderos y sus alrededores, han sido calificados como “un grupo de personas que tenían tomado ese paso en rechazo a las exploraciones que está haciendo la empresa minera Pinares en el sector montañoso de este municipio” continúa el diario afirmando que “Hay información que manejamos,  para identificar  a cierto grupo de antisociales que está en la región”, debido a lo anterior “se van a fortalecer las fuerza militares en apoyo a la policía”. Con fusiles AK 47 los atacaron en Tocoa dice la policía. Diario La Prensa, 30 octubre 2018.

Y a manera de conclusión y el punto inicial del conflicto “el primer aspecto relevante a señalar en este caso es que la conflictividad social detona cuando no se respeta la voluntad de las comunidades ni su derecho a ser consultadas. El permiso para los trabajos de exploración se otorgó a espaldas de la comunidad, que rechazó el proyecto y comenzó una estrategia de resistencia. La empresa, con la anuencia o el apoyo de algunas autoridades, emprendió una serie de acciones que tuvieron un fuerte impacto social”. Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC, en coordinación con el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri. Junio, 2016

Amnistía Internacional demanda garantía de debido proceso para defensores de Guapinol

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Amnistía Internacional demandó al Estado de Honduras garantice una investigación independiente e imparcial, y con apego a todas las garantías del debido proceso para los defensores de los derechos humanos.

La organización planteó la demanda y expresó su preocupación ante la detención preventiva de 12 personas defensoras de los derechos humanos que hacen campaña por la protección del área protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras frente a proyectos de minería.

“El estado hondureño debe garantizar una investigación independiente e imparcial, y con apego a todas las garantías del debido proceso para estas personas”, dice un comunicado del organismo internacional.

 Igualmente, la organización recuerda a las autoridades que sólo se debe hacer uso de la prisión preventiva de forma excepcional, cuando exista un riesgo considerable de huida, o un potencial perjuicio para las víctimas o testigos, o sea probable la alteración por parte de las personas investigadas de las pruebas existentes o en la investigación misma.

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El 21 de febrero de 2019, 18 miembros de la comunidad de Guapinol y del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa se presentaron voluntariamente en los tribunales de La Ceiba, en respuesta a un requerimiento emitido por el Ministerio Público en octubre de 2018, por los supuestos delitos de usurpación y daños. Los abogados de los defensores relataron a Amnistía Internacional que no recibieron información de otros requerimientos, por lo que tanto ellos como las personas defensoras fueron sorprendidos con la existencia de un segundo requerimiento que incluía a 13 personas más, para un total de 31 personas acusadas por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Al día siguiente, fueron presentados ante un juez de jurisdicción nacional que ordenó el ingreso en prisión de una defensora y 11 de sus compañeros defensores. Desde el 24 de febrero, las 12 personas defensoras están en prisión preventiva a la espera del juicio.

La comunidad de Guapinol y el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa se han opuesto a la concesión de un proyecto minero por parte del Estado hondureño a la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escalera, antes llamado Montaña de Botaderos, ubicado en el municipio de Tocoa.

Desde el 1 de agosto de 2018 los pobladores instalaron un campamento en protesta ante la que consideran una concesión ilegal por estar en la zona núcleo de un área protegida donde nace el agua que usan para sobrevivir. Asimismo, han denunciado la reducción del área de la zona núcleo, a través de un decreto de 2013 para facilitar que las concesiones quedaran ubicadas fuera de la zona protegida.

Conflicto de Guapinol se origina por ilegal concesión a minera Los Pinares

Por: Redacción CRITERIO

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 Tegucigalpa.- La diócesis de Trujillo, en el departamento de Colón ha manifestado este martes que el conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

En su comunicado resaltan que el Congreso Nacional concedió a ese parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.

Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.

Hacen un llamado a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.

También hacen un llamado al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.

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Comunicado de la Diócesis de Trujillo

La Iglesia Católica de la diócesis de Trujillo, Honduras. C.A. a la comunidad local, nacional e internacional, ante el encarcelamiento y juicio en contra de 13 personas, entre ellas cuatro Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia católica, a causa de la defensa del derecho a la vida, el agua y el ambiente sano en el municipio de Tocoa, Colón, Honduras, por el conflicto de las concesiones mineras a la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, comunicamos lo siguiente:

El conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional mencionado. Resaltamos que el Congreso Nacional concedió a este parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.

Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.

El año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió el dictamen técnico DAP-031-2014, declarando que el proyecto minero no era factible por estar ubicado dentro de la zona núcleo de un área protegida y recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental.

Ante este conflicto, pobladores de la zona, haciendo uso de su legítimo derecho, se han manifestado en contra del proyecto, aglutinados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, por lo cual 18 personas fueron criminalizadas. El pasado viernes 22 de febrero se presentaron voluntariamente en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, 13 de esas personas criminalizadas por los delitos de usurpación y daños ante el juez de jurisdicción nacional Carlos Irías de León; según la Constitución y las leyes de la República, los juzgados de jurisdicción nacional son inconstitucionales porque violan el derecho a la legítima defensa.

En la misma audiencia arbitrariamente el Ministerio Público amplió el requerimiento fiscal o acusación por 4 delitos más: asociación ilícita, incendio agravado, privación injusta de libertad y robo. Al tipificar el delito de asociación ilícita, la intención oculta es enviarlos a la cárcel. Además se amplió la acusación a 14 personas más. Por esa razón se canceló la audiencia de presentación de acusados y se trasladó a la ciudad de Tegucigalpa, que se realizó el sábado 23 de febrero, donde el juez de Jurisdicción nacional Víctor Méndez decretó detención judicial o cárcel para estas personas. El juicio continúa el 28 de febrero de 2019.

defensores de Guapinol

 El delito de asociación ilícita fue tipificado para atacar el crimen organizado y los grupos como maras y pandillas. De aquí se deduce que además de ser una acusación de delitos no cometidos, no hay imparcialidad en la aplicación de justicia por parte de la fiscalía y de los juzgados de jurisdicción nacional, quedando erosionado la institucionalidad del Estado en la administración de justicia y la protecciòn de sus ciudadanos.

También se deduce la intención del Estado de criminal izar o acusar a las personas defensoras de la vida y de los derechos humanos. Así como de presentarlas como responsables de hechos de alto impacto delictivo y con ello frenar las acciones en defensa de los bienes naturales y comunes. De esta manera, estas personas encarceladas, acusadas y con orden de captura, se convierten en presos y perseguidos políticos.

Llamamos a las comunidades eclesiales, católicas y no católicas, a orar, reflexionar y decidir acciones justas, firmes y pacificas en solidaridad con estos hermanos presos y perseguidos políticos, así como en defensa de la vida y el agua y demás derechos fundamentales.

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.

También llamamos al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.

 Afirmamos nuestro compromiso por la vida y el derecho al agua. Asumimos las palabras del papa Francisco: »Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida ( … ). Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo» (LS 207 y 13).

Trujillo, Colón, Honduras, 27 de febrero de 2019

ACT Honduras pide transparencia e independencia judicial en caso contra defensores de Guapinol

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. El Foro ACT Honduras condenó la criminalización de defensores y defensoras de la tierra de la comunidad de Guapinol ubicada en el municipio de Tocoa en el departamento de Colón al norte del país.
El pasado 22 de febrero 2019, trece defensores decidieron presentarse voluntariamente ante un juez de crimen organizado, para responder por el delito de usurpación, amparados en que el área protegida no puede ser concesionada.
Pero de manera arbitraria, fueron sorprendidos con una alta militarización de los Tribunales y sus abogados no fueron comunicados de una nueva acusación contra ellos por suponerlos responsables de delitos graves contra la empresa minera y el delito de asociación ilícita equiparable al crimen organizado.
Desde el día 22 de febrero los 13 defensores guardan prisión en la Penitenciaría Nacional de Tegucigalpa, entre ellos nuestro compañero del Foro ACT Honduras, Leonel George de la organización Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
Este conflicto medioambiental, provocado por el Estado de Honduras al aprobar un proyecto minero en un área protegida y sin el consentimiento de las comunidades afectadas, ha dejado 6 personas asesinadas, contaminación de las fuentes de agua, amenazas, atentados y desplazamiento interno contra las comunidades sin que las autoridades nacionales realicen acciones para proteger los derechos colectivos.
Pronunciamiento
El Foro ACT Honduras, miembro de la red global ACT Alliance, expresamos nuestra preocupación y condena ante la criminalización de 31 personas defensoras y defensores ambientales del departamento de Tocoa Colón.
Desde septiembre de 2018, pobladoras/es de varias comunidades instalaron un campamento con el fin de proteger los ríos San Pedro y Guapinol ante el inicio de una explotación minera, dentro de la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera, antes llamada Montaña Botaderos.
La situación se agudizó y el conflicto medioambiental ha dejado 6 personas asesinadas, contaminación de las fuentes de agua, amenazas, atentados y desplazamiento interno contra las comunidades sin que las autoridades nacionales realicen acciones para proteger los derechos colectivos.
El 22 de febrero 2019, trece (13) defensores decidieron presentarse voluntariamente ante un juez de crimen organizado, para responder por el delito de Usurpación, amparados en que el área Protegida no puede ser concesionada.
No obstante, fueron sorprendidos con una alta militarización de los Tribunales y sus abogados no fueron comunicados de una nueva acusación contra ellos por suponerlos responsables de delitos graves contra la empresa minera y el delito de asociación ilícita equiparable al crimen organizado. Desde el día 22 de febrero los 13 defensores guardan prisión en la Penitenciaría Nacional de Tegucigalpa, entre ellos nuestro compañero del Foro ACT Honduras, Leonel George de la organización Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.

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Por lo anterior nos pronunciamos de la manera siguiente:
1. Expresamos nuestra solidaridad para nuestro compañero ambientalista y dirigente social, Leonel George.
2. Al Estado de Honduras solicitamos el respeto de las garantías del debido proceso para las y los defensores injustamente criminalizados.
3. Exigimos imparcialidad, independencia judicial y transparencia en la aplicación de la Justicia, para las y lo defensores/as.
4. Demandamos que se investigue en igualdad de condiciones el otorgamiento de la concesión minera sobre el Parque Nacional Carlos Escaleras, la contaminación de sus fuentes de agua y los diferentes actos de violencia que se han cometido contra las comunidades.
5. A los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos solicitamos veeduría sobre este proceso penal para garantizar un juicio justo. Nuestra solidaridad hacia las organizaciones y familias criminalizadas por el Estado que actúa en defensa de un modelo de desarrollo que está despojando a las comunidades de sus medios de vida, en especial del derecho humano al agua.
La Alianza de la Acción Conjunta de las Iglesias (ACT) es un acuerdo global de 150 iglesias y organizaciones de cooperación y Desarrollo, basadas en la Fe, con presencia en 125 Países a nivel mundial, es una alianza comprometida a trabajar ecuménicamente en los ámbitos de la respuesta humanitaria, el cambio climático, el desarrollo y la incidencia. Su quehacer está al margen de las creencias y concepciones religiosas, políticas, étnicas, culturales y de otra índole, que afecten la dignidad humana.
Su conformación global y nacional son Iglesias, Agencias de Cooperación Internacional, y ONGs nacionales, vinculadas al Consejo Mundial de Iglesias CMI y a la Federación Luterana Mundial FLM. El Foro ACT Honduras actúa por medio de 11 organizaciones nacionales y 9 organizaciones internacionales, que realizan acciones de desarrollo, gestión de riesgos e incidencia política, apoyando a comunidades pobres y excluidas por inadecuados modelos de desarrollo.

CEJIL condena acciones estatales que ponen en riesgo el derecho al agua en Guapinol, Tocoa

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El pasado 27 de octubre, aproximadamente 1500 policías y militares desalojaron de manera violenta el Campamento de la Resistencia de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, donde manifestantes protestaban por su derecho al agua ante el desarrollo del proyecto minero de la empresa Inversiones Pinares. 

Esta manifestación surge como respuesta a la decisión estatal de concesionar parte del Parque Nacional “Carlos Escaleras” para establecer un proyecto minero. Como es usual en Honduras, el Congreso tomó la decisión sin consultar a las comunidades afectadas ni tampoco los daños que se están ocasionado a la quebrada Ceibita y al Río Guapinol, principal fuente de agua en la zona.

Ante la oposición legítima de los pobladores, la respuesta estatal se ha caracterizado por el uso excesivo de la fuerza y por permitir la presencia de fuerzas de seguridad privada en la zona. Como consecuencia del conflicto, hasta ahora, hay un saldo de tres personas fallecidas, múltiples personas heridas, una persona torturada y numerosas amenazas en contra de los miembros de las comunidades.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenamos enérgicamente estos actos de violencia y responsabilizamos al Estado de Honduras por haber generado un conflicto a partir de sus decisiones de concesionar una zona protegida. 

Recordamos, además, que las manifestaciones de protesta del Campamento de la Resistencia son expresiones legítimas que están protegidas por el derecho a reunión y la libertad de expresión. 

Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México, recalcó que “la persecución que enfrenta hoy la comunidad de Guapinol es parte de una práctica sistemática en Honduras, donde las empresas en connivencia con autoridades estatales, disponen de agentes de seguridad privada con el fin de controlar el territorio y amenazar la seguridad de los y las comunitarias. Este proyecto es una nueva expresión del modelo que promueve el extractivismo de los recursos naturales por encima del bienestar de la mayoría”. 

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Desde CEJIL hacemos un llamado para que el Estado de Honduras garantice la vida y la integridad de los habitantes de la zona, escuche sus demandas y revise el otorgamiento de estas concesiones, con el fin de proteger los recursos naturales de Guapinol, específicamente las fuentes de agua que son indispensables para la existencia de estas comunidades.

Asimismo, exhortamos a las autoridades hondureñas a investigar a los responsables vinculados con los hechos de violencia y controlar efectivamente las fuerzas de seguridad privada que operan en la zona.

Tal como indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados deben “asegurar que las empresas privadas de seguridad y contratistas actuando en nombre de la empresa no están involucrados en amenazas o ataques contra personas defensoras de derechos humanos”, así como “investigar, procesar y sancionar a todos los actores involucrados en la ejecución, promoción, soporte o financiamiento de la violencia contra quienes defienden los derechos humanos”.

Ante la lucha digna de los y las habitantes de la comunidad de Guapinol, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la garantía de sus derechos humanos, y exhortamos a las autoridades a respetar la vida y la integridad de los y las defensoras de derechos humanos en Honduras, así como su derecho a manifestarse y vivir en entornos seguros.