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Senador Merkley celebra que ley suspenda ayuda a las fuerzas de seguridad de Honduras

- Redaccion

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –En una entrevista a la cadena CNN en español el senador demócrata, Jeff Merkley, destacó que el proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras contempla como algo vital el retiro del apoyo del gobierno de los Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de Honduras.

Merkley, quien fue tajante al decirle al presidente de Honduras que se haga un lado porque muchos congresistas de su país así lo demandarán muy pronto, explicó que el proyecto de ley está relacionado por los vínculos de narcotráfico en los que ha sido señalado el presidente Hernández.

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También destacó que lo más importante de este proyecto es que EE. UU., no apoyará a las fuerzas de seguridad de Honduras y que no estarán comprometidos con prolongar esta estructura de gobierno que vincula la corrupción entre narcotraficantes y las fuerzas de seguridad.

En el juicio a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente hondureño, varios fiscales afirmaron que los hermanos Hernández abusaron de su poder para introducir droga a los EE. UU. utilizando a los policías y militares.

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La ley, que fue introducida al Senado estadounidense a finales de febrero, trae sanciones para el gobierno de Honduras entre las que destacan la suspensión de la ayuda a las fuerzas de seguridad y el impedimento de que el presidente Juan Hernández pueda ingresar a la nación norteamericana, hasta que se compruebe que no tiene conexiones con el tráfico de drogas. Este proyecto de ley busca luchar contra la corrupción y el narcotráfico en Honduras.

“Hemos reconocido que más de 200 defensores del ambiente, de derechos humanos han sido asesinados en la última década y ese ambiente tiene que cambiar”, dijo el senador Merkley.

El senador manifestó además que para que EE.UU pueda ser “socio” de Honduras  se deben llevar a cabo reformas significativas.

En la última vinculación que se hizo del gobernante hondureño con el narcotráfico, en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se pidió que se admitieran fotografías en el caso de Geovanny Fuentes Ramírez en las que aparece supuestamente el mandatario hondureño con narcotraficantes.

Por su parte el presidente, Juan Hernández, niega toda acusación en su contra y afirma que todo lo que se dice de él proviene de falsos testimonios de criminales que buscan rebajar sus sentencias.

Mesa de DD.HH. condena represión de las fuerzas de seguridad del Estado contra niñez y juventud

- Redaccion

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La Mesa de Derechos Humanos condenó este jueves las acciones violentas y represivas ejercidas en las últimas semanas por las fuerzas de seguridad del Estado contra la juventud y niñez de Honduras.

“Condenamos enérgicamente la afectación a la integridad física y emocional de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, por el uso excesivo e indiscriminado de gas lacrimógeno por parte de las autoridades policiales en el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE), de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán”, expuso la coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos mediante un comunicado.

El viernes 12 de julio, agentes policiales lanzaron gases lacrimógenos en los predios de la UPN-FM, causando pánico y afectaciones en las vías respiratorias de los niños que estudian en el CIIE.

La Mesa condenó además el asesinato de la niña Esytefany Yolany López (11) quien fue víctima de un disparo de arma de fuego cuando se conducía junto a su familia en un vehículo el pasado 7 de julio en la ciudad de Choluteca.

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Las organizaciones refieren además que datos oficiales, establecen que en el año 2018 murieron de forma violenta alrededor de 2,296 personas menores de 40 años, mientras el gobierno vende la idea que Honduras es un país seguro y con bajos índices de violencia.

“Lo anterior obliga a la niñez a desplazarse internamente o salir del país sin garantías de protección mínimas y sin esperanza de cumplir su proyecto de vida”, reza el comunicado.

La Mesa condenó además la falta de voluntad política para atender las necesidades de la población Misquita. Desde hace más de un mes un grupo de 67 pobladores de La Mosquitia se encuentra apostado en la entrada principal a Casa Presidencial, demandando una reunión con el jefe de gobierno, Juan Hernández, quien hasta la fecha ha ignorado la demanda de este pueblo originario.

Mesa de D.D.H.H.

Los defensores de los derechos humanos expusieron que el recrudecimiento de la violencia de los órganos de seguridad del Estado tiene un comportamiento ascendente en la medida que las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se ven involucradas en el control de las manifestaciones sociales.

Demandas de la Mesa de Derechos Humanos:

  • Investigaciones serias, profundas, imparciales y efectivas por parte de la Fiscalía Especial de la Niñez y Fiscalía Especial de la Niñez y Fiscalía de Protección para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, para identificar a los agentes de seguridad de las diferentes entidades del Estado, y los particulares, involucrados en violaciones de derechos humanos
  • El Ministerio Público debe concentrar esfuerzos para que los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a derechos humanos sean condenados y las víctimas sean reparadas.
  • Que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) garantice de forma real los derechos humanos, como manda la Constitución.
  • La Mesa recomendó a los agentes de seguridad del Estado que tienen el derecho a negarse a cumplir órdenes ilegales e ilegítimas de cualquier autoridad.
  • Por otra parte, exigieron al gobernante que ordene de inmediato el repliegue de las Fuerzas Armadas y que los agentes regresen a cumplir con las tareas de seguridad nacional y ayuda humanitaria.
  • Asimismo, exigieron la eliminación de la Policía Militar del Orden Público por tener efectos regresivos a los derechos humanos.

OACNUDH señala el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones en Honduras

- Redaccion

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifestó su preocupación este viernes por el gran uso de gases lacrimógenos y de incidentes reportados de utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad que resultaron en personas heridas.

La instancia de las Naciones Unidas hizo el señalamiento mediante un comunicado en el que además recuerda la reiterativa recomendación al Estado hondureño por parte de los mecanismos universales y regionales de derechos humanos, en cuanto a que las funciones de orden público sean de exclusiva responsabilidad de las fuerzas civiles de seguridad.

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A continuación el comunicado de la OACNUDH:

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha venido dando seguimiento a las manifestaciones y al paro nacional convocado por los sectores salud y educación, y que se han desarrollado en diferentes partes del país.

La Oficina reitera su llamado al Estado a garantizar el derecho a la reunión pacífica y la protección de su ejercicio. La Oficina insiste en que los organizadores de las manifestaciones no deben ser considerados responsables por el comportamiento violento de otras personas o actos de violencia que ocurran paralelamente.

La prevención y el control de dichos actos de violencia deberán desarrollarse en virtud de los principios de necesidad y proporcionalidad. La Oficina enfatiza su preocupación por el gran uso de gases lacrimógenos y de incidentes reportados de utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad que resultaron en personas heridas en Siguatepeque y Villanueva, Cortés; así como destaca la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en funciones de orden público.

En este sentido, reitera las recomendaciones a Honduras de los mecanismos universales y regionales de derechos humanos a que las funciones de orden público sean de exclusiva responsabilidad de las fuerzas civiles de seguridad y exhorta a que se investiguen los incidentes con prontitud, imparcialidad y diligencia.

La Oficina nota que estas convocatorias se han dado en un contexto de gran polarización y movilización social, que deriva de un amplio reclamo social a participar en la dirección de los asuntos públicos que contribuya a la mejora de las condiciones de vida de las y los hondureños.

La Oficina ha observado con preocupación el desarrollo en medios sociales de campañas de desprestigio en contra de los gremios organizadores de dicha movilización, que agravan la existente polarización y tienen como consecuencia el cierre de espacios de interlocución entre las partes sociales y el gobierno.

En este aspecto, destaca el rol de los defensores de los derechos humanos y de los medios de comunicación en promover el derecho a la libertad de opinión y expresión, a la participación en asuntos públicos y a defender los derechos, como elementos centrales del estado de derecho.

La Oficina alienta al desarrollo de medidas de confianza que contribuyan a crear las bases para la generación de espacios de interlocución constructivos y participativos sobre el derecho a la salud y a la educación, como temas claves en el desarrollo del país.

Hernández advierte que las fuerzas de seguridad tienen mandato constitucionañl para reprimir a los manifestantes

- Redaccion

Insta a particulares a que entreguen fotos y videos a la policía y militares de quienes protestan

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Ante el anunciado paro nacional del 20 al 27 de enero por parte de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el presidente de Honduras, Juan Hernández, advirtió este lunes que las fuerzas de seguridad del Estado están lista para disuadir cualquier manifestación popular, porque así lo establece la Constitución de la República.

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Hernández  indicó que no permitirá que durante esos días se afecte la economía y que dichas acciones conlleven a la pérdida de empleos.

El gobernante, quien resultó reelecto en el cargo como resultado de las polémicas elecciones del pasado 26 de noviembre, según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), anunció que dará mayor apoyo a las fuerzas de seguridad y a la inteligencia del Estado, para judicializar a quienes sean acusados de alterar el orden.

“Las fuerzas de seguridad del Estado tienen el mandato constitucional de mantener el orden, que es vital para que un pueblo civilizado pueda salir adelante. Por tanto, mi llamado a quienes quieran hacer una protesta, ya sea de orden político, de orden sindical o por cualquier otra tazón, que lo hagan dentro del parámetro de la protesta pacífica y que se aseguren que no utilice ese llamado a la protesta, los grupos delincuenciales como se ha estado detectando en algunos lugares”, apuntó.

Señaló que durante las últimas semanas se ha visto que en las tomas de vías públicas, delincuentes extorsionan a los ciudadanos cobrando cifras de dinero para permitirles el paso.

Añadió que tampoco tolerará que las personas que protesten agredan a los militares y policías y que dará su respaldo para que las instituciones del Estado, correspondientes deduzcan la responsabilidad legal a los agresores.

Instó además a los ciudadanos que denuncien a las personas que alteren el orden, ya sea enviando  videos y fotografías, para realizar las respectivas capturas.

En los últimos días han trascendido en las redes sociales videos y fotografías donde se observa que los militares merodean en horas de la noche colonias y barrios en diferentes ciudades del país con el acompañamiento de particulares. Quienes publican las denuncias aseveran que los acompañantes son activistas del Partido Nacional y que existe una estrategia del gobierno para atemorizar a la gente que protesta contra el fraude electoral.

A raíz de las elecciones del 27 de noviembre pasado, Honduras se ha visto enfrascada en una crisis política, que ha derivado en manifestaciones y actos de violencia, que hasta la fecha reportan más de 30 crímenes, los que según organizaciones de derechos humanos han sido perpetrados por los cuerpos de seguridad del Estado.

La reelección de Hernández y los resultados oficializados después de 21 días de las elecciones por el Tribunal Electoral, son rechazados por una importante mayoría de hondureños, integrados en la oposición política y social, que alega que hubo un fraude y que la reelección sigue siendo prohibida por la Constitución.

La poca transparencia y certeza en los resultados, provocó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, planteara la repetición de los comicios.

La Alianza de Oposición contra la Dictadura, coordinada por el derrocado expresidente Manuel Zelaya Rosales y que postuló la candidatura de Salvador Nasralla, alega que fueron los ganadores de las elecciones, por lo que han llamado a las calles y han advertido que enero será el mes de la “desobediencia civil”.