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Por: redacción CRITERIO

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TEGUCIGALPA.- Organismos internacionales discutieron este lunes con periodistas locales la estructuración de un plan estratégico para la protección en Honduras de los periodistas, que  enfrentan, además de asesinatos, crecientes amenazas de legislación penal que violentan la libertad de expresión.

La problemática que golpea a Honduras, considerado por la organización Reporteros Sin  Fronteras, el “más mortífero” después de México, por el número de periodistas y trabajadores de medios asesinados, fue discutida en un foro dirigido a construir un plan estratégico para la protección de los comunicadores.

 “Ya la violencia física, la muerte de periodistas está ahí, hay periodistas condenados en este país por el ejercicio del periodismo, hay medios de comunicación cerrados como es el caso de TV Globo”, dijo el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora.

 En Honduras más de 71 periodistas, trabajadores de medios y dueños de medios han sido asesinados, en su mayoría en la última década. Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

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 A los crímenes de comunicadores se suma una serie de legislaciones alentadas por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, que pretende reelegirse en unas elecciones en noviembre, dirigidas a criminalizar la libertad de expresión y la libertad de prensa con reformas de tipo penal en discusión, en las que se pretende imputar a los comunicadores y ciudadanos como delito la “apología del odio”, si difunden información que pueda ser interpretada de esa manera.

Tábora intervino en un foro auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el que participaron periodistas y representantes de la organización Reporteros Sin Fronteras en busca de estructurar un Plan Nacional Estratégico de Protección de Periodistas y la Lucha Contra la Impunidad.

En el evento desarrollado en un hotel de Tegucigalpa fue notoria la ausencia de representantes del llamado Mecanismo de Protección, creado por el gobierno para conocer las denuncias de amenazas y atentados contra periodistas, jueces, defensores de derechos humanos, abogados y miembros de la comunidad lésbico gay.

Tábora, un ex fiscal del Ministerio Público, dijo que hay que “exigir que se sancione a los responsables de la violencia contra periodistas y se deroguen todas las normas que atentan contra la libertad de expresión,  que no deben existir porque no abonan para tener una sociedad democrática”. 

Advirtió que en Honduras son graves los atentados y amenazas que se plantean a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo, pues se ha puesto de moda por parte de políticos y funcionarios, mecanismos de criminalización de los periodistas por  presuntos delitos contra el honor.

Reveló que en el nuevo Código Penal en discusión en el Congreso, en el caso de los funcionarios públicos, quien va llevar el impulso de la acción penal será el Ministerio Público.

“Esto es muy preocupante porque hasta ahora, este tipo de casos se tramitan como querellas por los presuntos perjudicados”, dijo Tábora, quien advirtió que en Honduras se genera un escenario legal dirigido a sancionar el ejercicio de la libertad de expresión, similar a como ocurre en gobiernos autoritarios.

Denunció que el estatal Mecanismo de Protección, creado por el gobierno, se ha negado a que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, monitoree los casos que conoce de denuncia de amenazas y atentados contra periodistas, defensores de derechos humanos, jueces, abogados, miembros de la comunidad lésbico gay.

“Esta negativa impide que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos le de seguimiento a los casos que se conoce en el sistema de protección”, dijo Tábora.

El representante de la organización Reportero sin Fronteras, Emanuel Colombié, dijo que Honduras es un país “prioritario” para esa institución que trabaja en la protección del ejercicio del periodismo a nivel mundial, debido a la violencia que se ejerce contra la prensa en este país.

Abogó por la creación de unidades especiales dedicadas a investigar y esclarecer los crímenes de periodistas para poner fin al círculo vicioso de la impunidad que rodea los asesinatos de comunicadores en Honduras.