Directivos de periodistas no están exonerados de rendir cuentas

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – Todos los que manejan fondos públicos tienen que ser transparentes y rendir cuentas, dijo Edison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, ante la pregunta de CRITERIO sobre el escudo de impunidad de que gozan los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) para no rendir cuentas sobre su gestión del ente de previsión gremial.

Lea también: Directivos de periodistas reaccionan furiosos porque se les exige transparencia

CRITERIO entrevistó a Edison Lanza –en el marco de su visita a Honduras– para conocer su opinión sobre la posición de los directivos del Colegio de Periodistas que, sistemáticamente, rechazan la transparencia y la rendición de cuentas sobre las operaciones financieras y administrativas del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).

“Es un tema que, la verdad, no he analizado en profundidad, pero digamos, todos los que manejan fondos públicos tienen que ser transparentes y rendir cuentas de acuerdo a la ley de Acceso a la Información, incluso”, dijo Lanza a un reportero de CRITERIO en un evento el jueves en Tegucigalpa, en el que disertó sobre las repercusiones del llamado “Código Penal de la Impunidad” en la libertad de expresión en Honduras.

El Relator de nacionalidad uruguaya, respondió en esos términos a la pregunta de Criterio: “?Cómo califica que desde el poder en el Congreso Nacional se otorgue a directivos del Colegio de Periodistas de Honduras un escudo de impunidad para que no rindan cuentas sobre los dineros del Instituto de Previsión Social del Periodista?”.

El ente de previsión social del periodista ha captado desde que inició operaciones en 1987, un total de 53.2 millones de lempiras de transferencias estatales en cumplimiento de su ley de creación, de acuerdo a los estados financieros de la institución que ha operado casi 500 millones de lempiras.

 El Relator Edison Lanza tampoco tiene conocimiento de que los directivos del CPH pretenden escudarse en la libertad de expresión para no rendir cuentas sobre sus operaciones administrativas y financieras en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).

Y es que el presidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez Coello, convocó a una asamblea el 28 de septiembre de 2019, después de que  fiscales del Ministerio Público citaron a los directivos del IPP y al gerente Nelson Omar Calderón a declarar sobre denuncias de afiliadas jubiladas sobre el otorgamiento arbitrario de míseras pensiones.

En la asamblea, poco concurrida, los directivos encabezados por Rodríguez, dijeron que era “para abordar los siguientes temas: Ataque a la libertad de expresión y de la institucionalidad del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el Instituto de Previsión Social del Periodista”.

Aseguraron que la reunión era para “preparar pronunciamiento y denuncia internacional ante los órganos nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión y de prensa” y Rodríguez aseguró, entonces en su twitter que “vamos a denunciar al Estado ante @RELE_CIDH y @EdisonLanza”.

Los directivos liderados por Rodríguez manipularon el hecho como si se tratara de un ataque a la libertad de expresión y de prensa, aunque se trataba realmente de responder  a unas denuncias presentadas por afiliadas del ente de pensiones.

Consultado Lanza por CRITERIO sobre si se puede usar como escudo la libertad de expresión y de prensa para no rendir cuentas, dijo: “vuelvo a decirle, me entero por usted de la situación, ahora lo que digo es que quien maneja fondos públicos, siempre debe rendir cuentas sobre el manejo de esos fondos”.

Los directivos del CPH, que a su vez son dirigentes del ente de pensiones, se resisten a cumplir la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante que son sujetos obligados debido a que el decreto de creación del ente establece la captación de fondos públicos.

El presidente del CPH y a su vez del IPP,  Dagoberto Rodríguez, ha sido sancionado en dos ocasiones por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con tres salarios mínimos en cada ocasión, unos 29.000 lempiras actualmente, por violar la ley de Transparencia al no publicar información de las operaciones financieras y administrativas.

Rodríguez, jefe de redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa, fue sancionado pecuniariamente, después de que también al ex presidente del CPH y el IPP Eduin Natividad Romero García se le impuso una multa de un salario mínimo de 8.000 lempiras, en el año 2016 por no entregar información a afiliados del ente  de pensiones.

Los directivos del ente de pensiones de los periodistas fueron calificados desde 2016 en 6 ocasiones con un porcentaje de cero por ciento en cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a que no atienden la obligación de publicar en el Portal Único de Transparencia del IAIP la información administrativa y financiera del ente.

Los directivos de CPH se resisten también tenazmente a someterse a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, escudándose en un ilegal decreto que le reformaron y ampliaron a finales de 2019 diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal de la facción leal al ex presidente Carlos Flores Facussé, que exime al IPP de la vigilancia y control de sus operaciones financieras y administrativas.

CRITERIO ha publicado casi 40 artículos sobre lo que ocurre en el ente de pensiones de los periodistas, en los que se pone al descubierto el desvío y despilfarro de fondos, compra sobrevalorada de propiedades y el cálculo arbitrario de pensiones a los afiliados.

Disposición de pasar investigaciones de fondos públicos al TSC, entorpece las facultades constitucionales de la CSJ y el MP: IUDPAS

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), manifestó este miércoles en un comunicado que la disposición de pasar las investigaciones de fondos públicos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entorpece las facultades constitucionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público ( MP).

Señala además,  que el combate a la corrupción y a la impunidad debe ser una prioridad del Estado de Honduras, y cualquier disposición legal que retrase, obstruya, proteja y coloque a ciudadanos por encima de las leyes nacionales, se entiende como falta de voluntad para el desarrollo y fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Comunicado:
EL instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) después de recibir los análisis jurídicos de su equipo de abogados, respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto, agregando el Artículo 131-A, realizado por el Congreso Nacional el 18 de enero del año en curso, manifiesta su posición en los siguientes términos:

PRIMERO:
El artículo 131-A que contiene la reforma, dice textualmente:
“LIQUIDACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS O AYUDAS SOCIALES. En aplicación a la aplicación del artículo 123 de la presente ley y leyes relacionadas, se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar Auditorías e Investigación Especial de todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los servidores públicos, Diputados al Congreso Nacional, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´s), fundaciones y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, comprendidos en los periodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018.

Los fondos antes referidos comprenden, tanto al fondo social de planificación departamental, el fondo de desarrollo departamental, subsidios o cualquier otra denominación que se les haya dado a los fondos que son destinados para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales en los diferentes departamentos, incluyendo los tercerizados o los descentralizados.

Quedan comprendidos además los gastos de inversión social y lo relacionado al fortalecimiento de la gobernabilidad y democracia que se ejecuten a través de las instituciones de derecho público y privado creadas para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos.

Dicha auditoría e investigación especial del tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe realizarse en un periodo de tres años después de la publicación de la presente reforma, para lo cual el TSC aprobará un reglamento especial. Todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos y
entregados al TSC para realizar la auditoría correspondiente, por parte de quien los posea o a simple requerimiento de este.

Una vez finalizada la auditoría e investigación especial de conformidad a la ley y el reglamento del TSC y este encuentre hallazgos, determinará la responsabilidad civil, penal o administrativa que en derecho corresponda, notificando a los entes correspondientes en cada uno de los casos , o en su defecto otorgando su solvencia, durante esté en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que esta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal.”
SEGUNDO:
El IUDPAS, Sobre el Artículo 131-A presenta los comentarios y observaciones siguientes:
1. La auditoría y fiscalización de todos los fondos y recursos del Estado que son administrados por funcionarios y empleados públicos, es responsabilidad constitucional del Tribunal Superior de Cuentas, que no se debe circunscribir a un período determinado (2006-2018), sino que debe ser un ejercicio de carácter permanente, oportuno y eficiente.
2. El Congreso Nacional, al no dar un tiempo específico para que el TSC elabore el Reglamento Especial, crea incertidumbre que se traduce en suspicacia respecto al tiempo en que se lleven a cabo las auditorías; por tal razón éste Poder del Estado debe establecer un plazo perentorio, para que el TSC elabore el Reglamento respectivo.
3. Las facultades constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, están siendo entorpecidas, al preceptuarse que “todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos y entregados al TSC para realizar la auditoría correspondiente, por parte de quien los posea o a simple requerimiento de este”. La mencionada disposición, incluye entregar los documentos que el día de HOY están siendo investigados por el Ministerio Público y la MACCIH.
4. El párrafo número 6 del Artículo 131-A OBSTRUYE la funciones constitucionales del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia al detener las investigaciones en curso, respecto al manejo de Fondos por parte de servidores públicos y de Diputados del Congreso Nacional, por lo que beneficia a otros imputados como los supuestos responsables del caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, ya judicializados, y las investigaciones en curso en otras dependencias del Estado, pues la reforma aludida, al impactar en el orden penal, puede ser aplicada de forma retroactiva.
5. La reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, coloca al Tribunal Superior de Cuentas en una posición de supremacía respecto al Ministerio Público para investigar supuestos delitos, y subordina a ésta institución al tener que esperar los informes de auditoría del TSC para iniciar el proceso penal.

El IUDPAS valora que el fortalecimiento de las instituciones y la construcción del Estado de Derecho es uno de los déficits de nuestros sistema político; y que el desencanto de los Ciudadanos con la Democracia, reflejado en la cada vez más creciente porcentaje de hondureños que no ejercen el derecho al sufragio (16% 1985 al 48% en 2017), radica en la falta de credibilidad en las instituciones y en la clase dirigente, y en la frustración al constatar que las instituciones y los dirigentes políticos no se colocan de lado de los grandes intereses nacionales.

El combate a la corrupción y a la impunidad debe ser una prioridad del Estado de Honduras, y cualquier disposición legal que retrase, obstruya, proteja y coloque a ciudadanos por encima de las leyes nacionales, se entiende como falta de voluntad para el desarrollo y fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Una rectificación de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto aprobado el 18 de enero, se hace necesaria y urgente. Esperamos que los Diputados que han tomado posesión para el período 2018- 2022 no defrauden a los ciudadanos que les han favorecido con su voto.
Ciudad Universitaria, 24 de enero de 2018
Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad IUDPAS