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Secretarios del Congreso de Honduras podrán cambiar lo aprobado y ratificado por el pleno de diputados

- Redaccion

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El principio de representatividad que tienen los diputados de Honduras ha sido violado luego de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que faculta a los secretarios del Congreso Nacional para que cambien el contenido de lo aprobado y ratificado por el pleno de parlamentarios.

La reforma al artículo 82 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, se aprobó en la sesión de anoche con 57 votos a favor, ante una iniciativa presentado por el secretario del Congreso, el diputado del oficialista Partido Nacional, Tomás Zambrano.

El mocionante, argumenta la reforma en errores que se identifiquen en el proceso posterior a su aprobación y ratificación, por lo que se faculta a los secretarios del Congreso y a la Comisión de Estilo para que “mejoren el texto previo a su envío o sanción”. Esto significa que el pleno podría aprobar una ley o un decreto y los secretarios estarían facultados para trastocar el texto antes de mandarlo a sancionar al Poder Ejecutivo y consecuentemente antes de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

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La reforma estipula además que en aquellos casos en que no se haya aprobado en su totalidad, y se hayan aprobado y ratificado varios artículos de un decreto, pueda cualquier miembro del pleno contribuir con propuestas o reconsideración a los mismos.

ARGUMENTOS

De acuerdo a lo establecido en la reforma, en el momento que la Comisión de Estilo detecte inconsistencias jurídicas, se traería nuevamente al pleno y los diputados decidirán si cabe corregir errores.

Mediante la práctica de las reconsideraciones y fe de erratas se han cometido varios agravios en el Congreso hondureño, constitutivos de varios delitos, sin que hasta el momento se haya castigado con el peso de la ley a los responsables.

Congreso de Honduras
Tomás Zambrano

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Recientemente el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue imputado junto al diputado Román Villeda Aguilar, por los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documento y delito contra la forma de Gobierno, en el denominado caso “Fe de Erratas/Pacto de Impunidad”, por el que el primero fue absuelto y el segundo sigue con acusaciones en los tribunales de la República.

Para justificar la reforma, Zambrano argumenta que el pleno tendrá la última palabra para modificar los decretos ya aprobados antes de que se envíen a sanción y publicación cuando la Comisión de Estilo o los asesores detecten inconsistencias jurídicas.

 “Lo que se pretende es que después de que los diputados aprueben algún decreto, y este pase a revisión a la secretaría, y encontremos algún tipo de error, aunque haya sido ratificado en el acta, pero que no haya sido enviado a sanción o a su publicación, los secretarios o a la Comisión de Estilo puedan plantear ante el pleno corregir el error y si el pleno autoriza se hace la reconsideración del mismo”, apuntó el mocionante.

FE DE ERRATAS

En tanto el también diputado nacionalista y prosecretaroio del Congreso,  Mario Pérez, indicó que la reforma evitará la fe de erratas. “Los compañeros tuvieron más tiempo para analizarlo, pero el tiempo es corto. Cualquier diputado que detecte un error en cualquier tema podrá hacer uso de la reforma”, apuntó.

La reforma fue cuestionada por diputados de las bancadas de los opositores partidos Libre, Liberal y Pinu-SD, que la calificaron como un  absurdo y que despierta una enorme suspicacia y no descartaron que se trate de una nueva trama para seguir favoreciendo la corrupción.

Conozca el contenido de la reforma:

Diputado acusado por la MACCIH de manipular leyes recibe la nómina de los candidatos a fiscal

- Redaccion

Por: Redacción CRITERIO  

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Tegucigalpa.-El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusado de  haber manipulado una fe de erratas sobre la polémica reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, fue quien recibió la nómina de los cinco candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto.

 

En su condición de secretario general del Parlamento, Zambrano recibió el listado de manos del presidente de la Junta de Proponentes y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres y también miembro de la Junta de Proponentes.

 

La Unidad Fiscal Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) imputó a Zambrano y a su compañero de bancada, Román Villeda, la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.

El fallo contra los congresistas se espere sea fijado mañana miércoles por el juez natural, Rafael Bustillo. La semana pasada catorce organizaciones de sociedad civil demandaron al juez natural que conoce la causa, del llamado caso “fe de erratas”, que emita un fallo apegado al ordenamiento jurídico, que permita conocer la verdad real de los hechos y se le dé continuidad al proceso penal que se ha iniciado contra los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda.

 

MACCIH
El diputado Tomás Zambrano al momento de recibir la nómina y el informe por parte del presidente de la Junta de Proponentes, Rolando Agueta. Observa el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres.

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El pasado 18 de junio el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, expresó su preocupación por que en el proceso de selección, que se llevará a cabo en el  Parlamento, participarán funcionarios señalados por actos de corrupción.

LOS HECHOS

El 18 de enero de 2018, el pleno del Congreso Nacional aprobó reformar la Ley Orgánica del Presupuesto, mediante la adición del artículo 131-A. Dicha reforma le quitó la facultad de investigación penal al Ministerio Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de personas naturales, funcionarios públicos y diputados al Congreso Nacional.

Con la reforma se le ordenó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que realice auditoría e investigación especial al: fondo social, fondo de desarrollo departamental, subsidios, y cualquier otro fondo destinado para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales.

La acción antes detallada para diferentes sectores de la ciudadanía y la MACCIH, constituyó un “pacto de impunidad” para favorecer a los diputados y todas aquellas personas que participen en la ejecución y transferencia de fondos públicos.

Este pacto implica que no se pueden iniciar acciones de índole penal, civil o administrativa, en tanto el TSC no realice la auditoría de fondos públicos y hasta que la auditoría e investigación especial quede firme, principal argumento expresado por la jueza Alma Guzmán, el 24 de enero, para absolver de responsabilidad a las primeras cinco personas acusadas por el caso “Red de Diputados”.

Durante la aprobación de este decreto, se dieron varias ilegalidades de índole constitucional y penal: se dispensaron dos debates, no se dio copia del dictamen a los diputados, no se leyeron algunos artículos torales y durante la lectura que iba realizando el diputado Román Villeda Aguilar en su carácter de prosecretario, se apoyaba en documentos diferentes al dictamen original, tal como se puede observar en el vídeo de la transmisión de la sesión.

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Posteriormente, en fecha 26 de enero de 2018, los diputados involucrados buscaron subsanar la ilegalidad que se había realizado, mediante la publicación de una fe de erratas, haciendo creer que la aprobación del “pacto de impunidad” fue un simple error y no un acto premeditado que tuvo consecuencias jurídicas. Dicha fe de erratas, con la cual se pretendió modificar el texto de la ley, sigue conteniendo modificaciones al proyecto presentado en el pleno, y la misma se realizó sin las consultas correspondientes al órgano legislativo. Debido a esto, la UFECIC con acompañamiento de la MACCIH, imputó la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno, contra los diputados José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.

Demandan a juez natural que emita fallo jurídico en caso de “fe de erratas”

- Redaccion

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Catorce organizaciones de sociedad civil demandaron hoy al juez natural que conoce la causa del llamado caso “fe de erratas” que emita un fallo apegado al ordenamiento jurídico, que permita conocer la verdad real de los hechos y se le dé continuidad al proceso penal que se ha iniciado contra los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda.

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El juez natural, magistrado Rafael Bustillo, emitirá el fallo mañana viernes y en virtud de la poca confianza en el sistema judicial, es que las organizaciones de sociedad civil se han unido y están haciendo la demanda.

La UFECIC con acompañamiento de la MACCIH, imputó a los diputados la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.

Durante la audiencia de imputado, el juez natural resolvió que los encausados se podrán defender en libertad, sin suspensión de sus funciones y les impuso las medidas cautelares de firmar semanalmente el libro de control en la secretaría de la CSJ, así  como la prohibición de salir del país.

fe de erratas
Los diputados Román Villeda y Tomás Zambrano, presentaron ante el Poder Judicial varias cajas con un sinnúmero de fe de erratas, argumentado que dicha práctica es algo normal en el Poder Legislativo.

Mediante un comunicado conjunto las organizaciones expresan que esperan que las autoridades judiciales se apeguen al respeto de la impartición de justicia, actúen con independencia sin presiones políticas y en ningún momento pretendan beneficiar a los corruptos “tal como lo hizo la Sala de lo Constitucional en limitar el accionar de la Unidad Fiscal Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)

También demandan que  la clase política hondureña, en especial los diputados del Congreso Nacional, respeten el Estado de Derecho y la voluntad popular de la ciudadanía hondureña para que realmente se combata a la corrupción e impunidad.

Finalmente que la UFECIC, la MACCIH, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras organizaciones de sociedad civil continúen realizando labores de lucha contra la corrupción, la cual debe ser acompañada por la cooperación internacional y la ciudadanía hondureña.

 

El comunicado ha sido suscrito por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Pastoral Social Cáritas Honduras, Sien Comunicaciones, Las Cattrachas, Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Coordinadora Estudiantil Anticorrupción (CEA), Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre), Servicios Técnicos Legales Económicos (SETELEC).

Relación de hechos

El 18 de enero de 2018, el pleno del Congreso Nacional aprobó reformar la Ley Orgánica del Presupuesto, mediante la adición del artículo 131-A. Dicha reforma le quitó la facultad de investigación penal al Ministerio Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de personas naturales, funcionarios públicos y diputados al Congreso Nacional.

Con la reforma se le ordenó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que realice auditoría e investigación especial al: fondo social, fondo de desarrollo departamental, subsidios, y cualquier otro fondo destinado para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales.

La acción antes detallada para diferentes sectores de la ciudadanía y la MACCIH, constituyó un “pacto de impunidad” para favorecer a los diputados y todas aquellas personas que participen en la ejecución y transferencia de fondos públicos.

Este pacto implica que no se pueden iniciar acciones de índole penal, civil o administrativa, en tanto el TSC no realice la auditoría de fondos públicos y hasta que la auditoría e investigación especial quede firme, principal argumento expresado por la jueza Alma Guzmán, el 24 de enero, para absolver de responsabilidad a las primeras cinco personas acusadas por el caso “Red de Diputados”.

Durante la aprobación de este decreto, se dieron varias ilegalidades de índole constitucional y penal: se dispensaron dos debates, no se dio copia del dictamen a los diputados, no se leyeron algunos artículos torales y durante la lectura que iba realizando el diputado Román Villeda Aguilar en su carácter de prosecretario, se apoyaba en documentos diferentes al dictamen original, tal como se puede observar en el vídeo de la transmisión de la sesión.

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Posteriormente, en fecha 26 de enero de 2018, los diputados involucrados buscaron subsanar la ilegalidad que se había realizado, mediante la publicación de una fe de erratas, haciendo creer que la aprobación del “pacto de impunidad” fue un simple error y no un acto premeditado que tuvo consecuencias jurídicas. Dicha fe de erratas, con la cual se pretendió modificar el texto de la ley, sigue conteniendo modificaciones al proyecto presentado en el pleno, y la misma se realizó sin las consultas correspondientes al órgano legislativo. Debido a esto, la UFECIC con acompañamiento de la MACCIH, imputó la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno, contra los diputados José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.

FE DE ERRATAS

- Redaccion

Por: Víctor Meza

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Tegucigalpa.-Está de moda la fe de erratas. Los señores diputados, que gustan apodarse mutuamente con el término “honorables”,  la han puesto en el candelero, al clasificarla como una forma muy especial, a la “hondureña”, de legislar. De esa forma, la fe de erratas ha pasado a formar parte de la inmensa lista de fórmulas, más bien triquiñuelas en la mayoría de los casos, que los autollamados “honorables” utilizan para diseñar, manipular, distorsionar, deformar y acomodar en su favor el contenido y la forma de las leyes.

Recuerdo la tragedia de un poeta caribeño, a quien una errata terrible deformó el sentido de un  verso tan superficial como lastimero, al hacer la traducción del poemario del idioma español al italiano. El malogrado verso reflejaba la angustia del poeta exiliado en Roma, atenazado por la miseria y el hambre. Decía así: “Tengo un hambre atroz que me obsesiona…”. El traductor lo transformó en “Tengo un hombre atrás que me obsesiona”. La mar y sus conchas. El poeta estalló y no hubo fe de erratas posible que enmendara el sensual malentendido. Por algo existe la expresión “tradutore traditore” (traductor traidor) al referirse a ese oficio tan noble como fascinante. Lo dice un traductor.

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Pero en nuestro país, en estas cada vez más profundas y angustiantes honduras, la fe de erratas no sirve tanto para corregir malas traducciones de peores versos, sino para trastocar el contenido y sentido último de los textos legislativos. Muchos “honorables” legisladores han convertido las llamadas instancias de “revisión de estilo”, en algo así como una segunda cámara legislativa, una especie de “comisión especial” que revisa, corrige, enmienda, altera y reacomoda los textos que, a toda prisa y sin mayor o ningún discernimiento, han aprobado los diputados, casi siempre apresurados, urgidos por unos cuantos que sí saben en lo que están, involucrados totalmente en el fondo de la trama distorsionadora. Suficientemente discutido, simula preguntar el presidente de la Asamblea legislativa sin descaro, para luego rematar, sin que le tiemble el rostro: ¡queda aprobado!  Así, de esa forma tan inusualmente expedita, se legisla en Honduras, rápido, sin mucho trámite, sin demora burocrática, con la celeridad que la patria reclama… ¡ Bravo por los “honorables Padres de la Patria”!

La fe de erratas, ya se sabe, no es más que un recurso del oficio editorial, que sirve para corregir errores en el ámbito de la ortografía o en el ambiguo y resbaladizo mundo de los signos de puntuación. Solamente. Nada más. No puede ser usado para distorsionar o reconvertir el sentido o significado del texto sometido a revisión. Eso lo saben muy bien los correctores de pruebas y de estilo … o deberían saberlo.

Pero aquí, por la magia y urgencia de la corrupción, unos cuantos desvergonzados han convertido la fe de erratas en un instrumento para deformar el sentido de la ley y reacomodarlo a la conveniencia y ventaja de sus intereses corporativos o personales. Alegando razones de estilo, como si fueran celosos guardianes de la pulcritud gramatical, los corruptos agregan o quitan palabras, introducen párrafos enteros, construyen nuevas oraciones y, al final, reconvierten el texto aprobado en texto acomodado. Es la variante gramatical de la funesta práctica corrupta de convertir lo público en privado. ¡Vaya originalidad la de estos legisladores! La “corrección” calculada se convierte en ley, luego que la imprenta del Estado, mostrando una celeridad sospechosa, imprime a matacaballo los primeros ejemplares del nuevo y corregido texto legal. Es el momento en que el recurso editorial se convierte en delito penal. Así se cierra el círculo infamante de la corrupción legislativa.

Pero esta vez la impunidad no ha sido tan fluida ni silenciosa. Apareció un factor inesperado, incómodo, desesperante: la Misión internacional de apoyo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la Maccih. Y don Juan Jiménez al frente, espoleando al Ministerio Público y obteniendo el apoyo de la recién creada Unidad especial de fiscales certificados para la lucha contra la corrupción. La dulce venganza del inca, el turno del siempre ofendido. Los “honorables” diputados, acostumbrados a legislar por la vía de la fe de erratas, han tenido esta vez que acudir, en vergonzosa y humillante fila, ante las oficinas del Ministerio Público y, si la ley realmente se aplica, deberán comparecer ante otros estrados, los de la justicia oficial, ya que todavía no comparecen ante la ira de la población… Algún día…

Con fe de erratas Congreso modificará acto delictivo denunciado por la MACCIH

- Redaccion

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Con una fe de erratas, el Congreso Nacional modificará el acto delictivo denominado “Pacto por la Impunidad”, por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

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La MACCIH denunció hoy que el Congreso Nacional, que culminó su periodo el 21 de enero, mandó a publicar al diario oficial La Gaceta un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados el pasado 18 de enero.

La publicación en la Gaceta, que consiste en una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, le quitó las facultades de investigación penal al Ministerio Público para que indague la ejecutoria de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.

“A raíz de esos señalamientos y algunas dudas que habían dejado plasmadas, el presidente Oliva (Mauricio), nos pidió que hiciéramos una revisión y una rectificación”, dijo hoy el secretario del Parlamento, Tomás Zambrano.

El Congresista  indicó que Oliva ordenó supervisar y darle seguimiento a las grabaciones que se mantienen en la secretaría del Congreso Nacional para comparar lo aprobado y lo publicado.

“Este tipo de errores, no es la primera vez que se da por las grabaciones, por el sistema que no es de alta tecnología y que tenemos que ir mejorando”, justificó Zambrano, quien de acuerdo a la anunciado hoy por la MACCIH es parte de los funcionarios que esta instancia investigará por la comisión de varios de delitos, entre los que destacan la falsificación de documentos, abuso de autoridad y contra la forma de gobierno.

El congresista refirió que después de hacer el análisis encontraron que al momento de darle lectura al decreto de reforma, el secretario que estaba leyendo en el pleno, obvió darle lectura al último párrafo que está plasmado en el dictamen.

“Ya se está enviando una fe de erratas a La Gaceta, pero siempre se mantiene en esencia lo principal de este artículo, que es la auditoría a los fondos manejados en los tres Congresos anteriores, o sea 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018”, apuntó.

Congreso dice que trastoque en ley de financiamiento político fue un error involuntario y descarta fe de erratas

- Redacción

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Las autoridades del Congreso Nacional han descartado que se aplique una fe de erratas a la Ley de Fortalecimiento y Efectividad de la Política Efectiva, porque las insistencias que fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta son “errores involuntarios”.

La anterior postura fue asumida este martes por el secretario y prosecretario del Congreso, Mario Pérez y Tomás Zambrano, respectivamente

Tanto Pérez como Zambrano admitieron que lo publicado en La Gaceta difiere de lo aprobado por los diputados en el seno del Parlamento, pero para no complicarse  con acciones legales aseguraron que se harán las correcciones con una nueva publicación.

LAS INCONSISTENCIAS

La bancada del Partido Anti Corrupción (PAC) denunció que la  normativa publicada difería de lo aprobado en el Congreso, específicamente en lo referente a la vigencia de la ley, ya que se corre el riesgo que no se aplique para las próximas elecciones internas porque, según lo publicado entraría en vigencia hasta el 18 de abril  y no el día de su publicación, que fue el pasado 18 de enero.

Otras de las irregularidades es que se suprimió de la publicación el artículo 24 que prohíbe que las empresas concesionarias del Estado hagan aportaciones a las campañas de partidos o candidatos políticos.

Al respecto el secretario del Congreso argumentó que el dictamen fue revisado de manera minuciosa por la comisión de estilo, pero al final el diputado que leyó el documento lo hizo de manera mecánica y no dijo en su lectura que la ley entraría en vigencia 90 días después de su publicación.

El diputado del PAC, Luis Redondo, pidió ayer lunes que se investigue y se castigue a quienes llamó ser parte de una “red criminal” que cambia las publicaciones de las leyes que se aprueban en el Congreso.

Redondo dijo que no se trata de recurrir a la de errata sino de aplicar el castigo que se merece quien de mala fe recurre a trastocar las leyes, porque no es la primera vez que esto sucede. En ese sentido citó lo ocurrido  en agosto de 2015 cuando con una fe de erratas se corrigió una manipulación que se le había hecho a la Ley Marco de Protección Social.

El parlamentario retó además a la Misión de Apoyo Contra la corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para que se pronuncie sobre el tema, porque la también  llamada “ley de política limpia” fue sugerida e impulsada por esta instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ante tanta polémica el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, pidió este martes 21 de febrero al Congreso Nacional los audios del día en que se llevó a cabo el debate y aprobación en el Congreso Nacional.

http://criterio.hn/2015/08/05/con-fe-de-erratas-corregiran-ley-marco-de-proteccion-social/