Honduras: Relator de libertad de expresión interviene para que periodista pueda informar

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Relator Especial Para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, tuvo que intervenir para que la Policía Militar dejará entrar al periodista César Silva, a la reunión con la delegación de ese organismo internacional.

Cesar Silva, labora como periodista en el canal UneTv donde es presentador de un programa matutino llamado “Caminando con Silva” y por la tarde en el Programa “De Tres a Cinco” junto a los periodistas Ivis Alvarado y Mauricio Rivera.

A Silva también se le ha negado la entrada al Congreso Nacional por parte del presidente de ese órgano legislativo.

Lo anterior se dio porque la Policía Militar que custodiaba la entrada del Hotel  donde se realizaba dicha reunión, dijo que tenía órdenes de no dejar entrar al periodista.

Ante esta situación el relator  Edison lanza  le dijo «el señor tiene que informar lo que está pasando, si sólo pasamos lo que nos gusta, es autoritarismo”.

La policía Militar entró en franca violación de los derechos del comunicador y del medio para el cual él labora, coartando la libertad de expresión, libertad de prensa y el derecho a reunión.

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Con estas actitudes por parte de los militares hondureños se corrobora las denuncias de violaciones a los derechos humanos que el mismo presidente Juan Hernández se encarga de negarlo y de querer aparentar que Honduras es un paraíso para la prensa y para los defensores de derechos humanos.

Otro ataque a la libertad de expresión

Por: Joaquín Mejía Rivera

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claramente establecido que la libertad de expresión es la piedra angular en una sociedad democrática, ya que permite buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, incluidas las que se difunden o acceden a través de internet. 
La libertad de expresión no es absoluta y algunas expresiones pueden ser prohibidas como la propaganda en favor de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar. 
Sin embargo, los Estados tienen un limitado margen de actuación al momento de establecer restricciones a este derecho justificadas en la prohibición de las expresiones de odio, ya que deben enmarcarse en cinco parámetros importantes. Primero, nadie debe ser penado por decir la verdad. 
Segundo, nadie debe ser penado por divulgar expresiones de odio a menos que se demuestre que las divulga con la intención de incitar a la discriminación o la violencia; tercero, debe respetarse el derecho de los periodistas a decidir sobre la mejor forma de transmitir información y comunicar ideas al público. 
Cuarto, nadie debe ser sometido a censura previa; y quinto, toda imposición de sanciones debe ser proporcional. A la luz de ello, el último movimiento para afianzar la dictadura juanorlandista es la aprobación de una Ley Nacional de Ciberseguridad con la excusa de sancionar los discursos de odio. 
Sin embargo, como lo plantea el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, esta ley pone en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y propietarios de dominios web, así como personas con discursos críticos hacia el Estado y sus instituciones. 
Según María Soledad Pazo, representante Residente del Alto Comisionado, si se aprueba esta ley tendrá un impacto sobre la libertad de expresión en internet, el cual podría verse limitado indebidamente en contradicción con el derecho internacional. 
Al igual que las reformas penales sobre apología del terrorismo aprobadas hace un año, esta ley puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos. 
Cuánta razón tiene Amnistía Internacional cuando señala que en Honduras no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones y cuando lo hacemos, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno. Está claro que la dictadura quiere silenciarnos en todos los espacios.

Conozca la declaración conjunta de la OEA y la ONU  sobre libertad de opinión  y expresión

 Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Ante la amenaza manifiesta por el Congreso Nacional de Honduras de aprobar una ley que cercene la libertad de expresión  disfrazada de «Ley para combatir campañas de odio en redes sociales», el equipo de Criterio.hn publica  la declaración conjunta Realizada por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, el 20 de enero de 2012.

                                                                                  DECLARACIÓN CONJUNTA  

Realizada por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA

Washington, D.C., 20 de enero de 2012—La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, instaron hoy a Estados Unidos a proteger enérgicamente la libertad de expresión en Internet. Los relatores especiales recordaron que las leyes que regulan Internet deben tener en cuenta sus características especiales como herramienta única de transformación, que permite a miles de millones de personas ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, además de otros derechos humanos.

Los relatores especiales han observado atentamente los debates relativos a los dos proyectos de ley sobre piratería en Internet que están siendo tratados en el Congreso de Estados Unidos: la Ley contra la Piratería en Línea (Stop Online Piracy Act – SOPA) y la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual (PROTECT IP Act). Si bien estas normas tienen el objetivo legítimo de procurar proteger los derechos de propiedad intelectual, existen serias preocupaciones con respecto a su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión.

Concretamente, algunas versiones de los proyectos de ley podrían silenciar expresiones que son absolutamente lícitas, por ejemplo, al crear un procedimiento extrajudicial de «notificación y rescisión», al exigir a los sitios web que controlen el contenido generado por sus usuarios, para identificar violaciones de los derechos de autor, y al permitir que la totalidad de un sitio web pueda verse afectada aun cuando solo una pequeña proporción de sus contenidos se consideren ilícitos. Los relatores especiales consideran positivo que en los últimos días algunos líderes del Congreso hubieren manifestado su intención de suspender el debate sobre la ley «SOPA» para profundizar el análisis y lograr un mayor consenso, mientras que el Gobierno del Presidente Obama anunció que «no apoyará leyes que reduzcan la libertad de expresión, aumenten los riesgos para la ciber-seguridad o frustren la capacidad dinámica e innovadora de la red global de Internet».

En junio de 2011, los relatores especiales de la ONU y la CIDH, de manera conjunta con sus colegas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, emitieron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2

Esta Declaración Conjunta señala que si bien la libertad de expresión, incluso a través de Internet, no tiene carácter absoluto, deben formularse enfoques específicos para responder a contenidos ilícitos que, al mismo tiempo, reconozcan las características singulares de Internet y su capacidad de promover el goce de la libertad de expresión. La Declaración señala que no se debe exigir a los intermediarios controlar el contenido generado por usuarios y enfatiza la necesidad de protegerlos respecto de cualquier responsabilidad, siempre que no intervengan específicamente en los contenidos o cuando se nieguen a cumplir una orden judicial que exija su eliminación. La Declaración expresa, además, que la competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder exclusivamente a los Estados donde tales causas presenten impactos directos y genuinos.

Asimismo, toda limitación a la libertad de expresión, incluyendo aquellas que afectan la expresión en Internet, debe establecerse por ley de manera clara y precisa, debe ser proporcionada a los fines legítimos perseguidos y debe basarse en una decisión judicial fruto de un proceso contradictorio. En este sentido, la legislación sobre Internet no debe incluir definiciones amplias y vagas, ni afectar de manera desproporcionada a sitios web y servicios legítimos.

Los relatores especiales de la ONU y la CIDH instan a Estados Unidos a cumplir las normas internacionales sobre libertad de expresión, incluyendo aquellas reflejadas en la mencionada Declaración Conjunta, que procura fomentar el acceso universal a Internet y, a la vez, preservar su rol como medio revolucionario para el intercambio participativo de información y la creación colectiva de contenidos. Al considerar las normas internas y los tratados internacionales como el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), los Estados deberían tener presente que si bien la libertad de expresión puede ser restringida para conseguir objetivos legítimos, como la prevención de delitos o la protección de los derechos de los demás, tales limitaciones deben ser redactadas de manera clara y precisa y afectar en el menor grado posible el derecho a la libertad de expresión. Cualquier medida que afecte las expresiones que circulan en Internet, debería concebirse con la finalidad específica de preservar la capacidad singular de este medio para promover la libertad de expresión a través del intercambio libre de información e ideas en forma instantánea y a bajo costo, sin consideración de fronteras.

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En nombre de la libertad de expresión, el Congreso de EE.UU. piensa prohibir a RT hacer publicidad

La directora del grupo RT ha comentado las polémicas declaraciones de un congresista demócrata estadounidense que acusó al canal ruso de «sembrar discordia».

La directora del grupo RT, Margarita Simonián, ha respondido a las palabras del vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU., Adam Schiff, que aseguraban que el canal de televisión con sede en Rusia tenía como fin «sembrar discordia» y perjudicar a Hillary Clinton con la publicidad que emitió en Twitter y Facebook durante la última campaña electoral en EE.UU. 

«Los congresistas están considerando la opción de prohibir a RT hacer publicidad, en nombre de la libertad de expresión en EE.UU.», criticó la jefa del canal. 

Simonián contestaba así a las afirmaciones vertidas en la entrevista que Shiff dio a la cadena ABC, durante la cual el político declaró que «los rusos querían ayudar a Trump, querían perjudicar a Clinton y sembrar la discordia» y que «se puede ver todo esto en estos anuncios».

«Los anuncios de Twitter, que tomaron la forma de tuits promocionados por RT, son casi uniformemente anti-Clinton, en la medida en que tienen un sesgo político», defendió el demócrata. 

«La cuestión de si RT debería poder publicitarse es una pregunta difícil. Y hay muchas preguntas que serían mucho más difíciles que esta. Así que no puedo decirles cuál es el papel que debería tener el Congreso en esta regulación, pero creo que hay muchos otros comités, aparte de la Inteligencia, que realmente están considerando esto», añadió Schiff.

La batalla iniciada por Twitter 

El pasado 26 de octubre, Twitter tomó la decisión de bloquear  todos los contenidos publicitarios de las cuentas de RT, alegando que la compañía rusa aparece en el informe del director de Inteligencia Nacional estadounidense correspondiente a enero de 2017, que trata sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EE.UU.

En respuesta a las medidas de bloqueo tomadas por Twitter, Simonián acusó entonces a la red social de estar dirigida por las agencias de Inteligencia de EE.UU. Twitter no mencionó en ningún momento que la misma red social propuso al canal una amplia campaña publicitaria durante las elecciones en EE.UU.

En peligro la libre emisión del pensamiento en México y Guatemala

Por: Reina Esther Nájera Saravia *

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La restricción a la Libre Emisión del Pensamiento se está generando en varios países de América latina, uno de ellos en México en donde algunos diarios restringen a lectores con pensamiento Social Demócrata o con pensamiento de rechazo al sistema publicar sus opiniones.

Hay casos,  como lo que está sucediendo en Guatemala,  donde medios de comunicación como “Prensa Libre” donde retiran a talentosos columnistas como el caso de un intelectual indígena,  Máximo Batiul,  cuyas columnas las ha puesto en defensa de las comunidades indígenas guatemaltecas, o el Periodista Franco Martínez Mont,  quien este día publica su última columna en base a la carta que recibió,  que dice :Estimado Franco Martínez M. Atentamente me dirijo a usted con el propósito de hacer de su conocimiento que debido a la reducción  de espacio en la sección opinión se ha decidido prescindir de su colaboración semanal. Helen Alvisurez, Jefe Administrativo de Prensa Libre.

El Periodista Martínez Mont,  publica este día que los grupos ortodoxos de capital, no toleran a los críticos.

Las políticas de control social de facciones militares en gobiernos de transición con un gobierno entrante sin brújula, técnico-política que a través de sus operadores,  está limpiando la mesa de los indeseables ante sus inevitables metidas de pata en la cosa pública.

La importancia de las ideologías radica en la construcción de sujetos para la transformación social.

Como libres ciudadanos en el exilio, en defensa de la Libre Emisión del Pensamiento enviamos esta denuncia para que la hagan circular en el continente y otras naciones en el mundo,  publicándolo en Medios de Comunicación donde ustedes publican sus opiniones, en Redes Sociales y a grupos periodísticos.

Los guatemaltecos estamos observando que esta actitud obedece a la presión de grupos militares de la ultraderecha guatemalteca con el nuevo gobernante de Guatemala,  Jimmy Morales,  quien debe  aclarar esta situación acerca de sí va a permitir ese derecho a los guatemaltecos o lo va a restringir como cuando crearon en el siglo pasado El Comité de Defensa contra el Comunismo. Voltaire tenía
razón.

*Catedrática Universitaria México