Honduras: Cuando la corrupción se viste de emergencia y legalidad

Texto: Ariel Torres

Ilustración: Guillermo Burgos

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estima que entre 2014 y 2018 Honduras perdió unos 325 mil millones de lempiras por la corrupción, a un promedio anual de 65 mil millones. La pandemia del coronavirus y el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota han evidenciado que esta corrupción aumentó en tiempos de «emergencia nacional», con la autorización de contrataciones directas.

Seguir la pista del destino del dinero público no es sencillo, tomando en cuenta que muchos delitos de corrupción cometidos por los funcionarios de la administración pública se hacen dentro de los márgenes de una «legalidad» que los facilita, como la ineficacia, la incapacidad o la dificultad de los órganos contralores para realizar su trabajo.

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Pero la corrupción no ocurre al azar, responde a una planificación y metodología, que burla las leyes, a los organismos contralores y a las instancias de auditoría social. Es más, con frecuencia estas se vuelven parte de la corrupción. En teoría, hay muchos ojos obligando a los gobernantes y funcionarios públicos a un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos puestos a su disposición, pero en la práctica no resulta así. 

Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) lo evidenció con el escándalo de la compra multimillonaria de hospitales móviles, pese a lo cual, a finales de 2020 se le asignó un nuevo fondo millonario para labores de reconstrucción de la infraestructura dañada por el impacto de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Se trata de una cantidad millonaria de lempiras asignados a una dependencia cuestionada, una responsabilidad que fue otorgada sin adoptar medidas reales de prevención, control y combate a la corrupción.

LOS REQUISITOS

En el interés de Criterio.hn de seguirle la pista a los procedimientos que el Estado utiliza en el manejo de los fondos públicos, se visualiza que los procesos de contratación siguen, en efecto, requisitos y protocolos formales sobre exigencias basadas en ley. Las empresas, por ejemplo, deben estar registradas en la ONCAE y figurar en el catálogo público de proveedores. Formalmente, la ONCAE exhibe en su portal de Contrataciones Abiertas los contratos que el gobierno firma con ellas y los pagos que estas reciben, a cambio de los servicios que proveen. 

Una vez ejecutados los proyectos, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe verificar si los procedimientos fueron correctos, sobre todo si existen denuncias que hagan caer en sospechas sobre el mal manejo de los recursos.

Las instituciones públicas deben seguir los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado. En el sector de infraestructura vial, corresponde esta tarea a la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y a INVEST-H. No obstante, en condiciones de emergencia, están autorizadas a no cumplir con todos los requisitos y pueden hacerlo de manera directa, «sin perjuicio de las funciones de fiscalización», según dice la ley.

El Congreso Nacional interviene cuando las modificaciones a un contrato superan el 25 % de su valor original, y el diario oficial La Gaceta está obligada a publicar estas resoluciones.

Las empresas, por su parte, cumplen con otros requisitos. Deben estar afiliadas a las cámaras empresariales de su competencia, en el caso de las constructoras y supervisoras, a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), que las representa; así como al Colegio de Ingenieros, tanto a título personal como empresarial.

Lo anterior forma parte de una dinámica de requisitos que se ha afinado en los últimos años, algunos de ellos como parte de las exigencias de transparencia que condicionan los organismos internacionales.

CONTRATACIONES DIRECTAS Y DECRETOS 

Las emergencias de 2020 concedieron a INVEST-H una oportunidad ilimitada para demandar fondos y asignarlos libremente, porque la contratación directa para la que está autorizada la exime de los requerimientos formales de la licitación o el concurso, de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado (declaración del Estado de Emergencia).

Esta práctica ha sido ampliamente utilizada a lo largo del tiempo. Hasta las municipalidades que atraen turismo apelan a ella en las vísperas de la Semana Santa, para contratar directamente a empresas que bacheen sus calles. Es porque el mecanismo no cuenta con una reglamentación clara dentro del marco jurídico que rige las contrataciones del Estado.

La contratación directa se limita a tres etapas: la declaratoria de Estado de Emergencia que autoriza la contratación; la negociación, descrita únicamente como el deber del órgano responsable de «…negociar el precio del contrato para obtener las condiciones más ventajosas para la administración»; y la formalización y aprobación, por medio de Acuerdo Presidencial, a través de la correspondiente institución pública.

Se puede concluir que existe una amplia discrecionalidad en la selección de los terceros contratados, misma que crea un ambiente de opacidad en todo el proceso de contratación, y sospechas de sobrevaloraciones, y de favorecer a un grupo de personas.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) sostiene que la figura de contratación directa, al amparo de las declaratorias de Estados de Emergencia, son una herramienta utilizada por los promotores y ejecutores de la corrupción para apropiarse y obtener ventaja en las negociaciones que realiza el Estado con terceros.

Además de las condiciones permisivas existentes en el caso de las declaratorias de emergencia, el Estado ofrece otras facilidades, como mantener bajo reserva o no publicar los nombres de las empresas y los individuos que han estado involucrados en episodios de fraude y corrupción. Eso hace posible que en el listado de empresas contratadas para reconstrucción de obras haya algunas que han estado involucradas en casos irregulares o sean propiedad de personajes que han enfrentado procesos de investigación o que forman parte de una reducida élite política y económica asociada al Estado.

En Honduras, una emergencia puede desplazar las prioridades de otra. Todo depende de cuál se manifieste primero. Los fondos que el gobierno aprobó para atender la pandemia fueron reasignados para responder a la emergencia nacional declarada por los huracanes y tormentas tropicales Eta y Iota, pero ambas fueron desplazadas a su vez para el pago a la burocracia estatal y el déficit fiscal, dos emergencias estructurales y permanentes que nunca se disipan, y que, como la corrupción, absorben un alto porcentaje de los fondos públicos.

Mediante Decreto 33-2020 del 3 de abril del año anterior, o Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia provocada por el COVID-19, el Poder Legislativo autorizó a Finanzas «la contratación directa de préstamos internos o externos, redistribución o reasignación de recursos externos disponibles, colocación de títulos de deuda en el mercado doméstico o internacional y otras operaciones de crédito público a las condiciones financieras que obtenga al momento de su negociación», hasta por un monto de 2,500 millones de dólares, para crear «un fondo de emergencia destinado a atender los efectos originados por el coronavirus (COVID-19)».

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El Decreto PCM 109-2020, publicado el 2 de noviembre, instruyó a SEFIN asignar una partida de 50 millones de lempiras para atender los efectos que pronosticaba el Eta, todavía por llegar al país, «podrá ser de los recursos autorizados y gestionados por medio de los decretos legislativos 33-2020 y 92-2020», la pregunta es si ¿puede un decreto presidencial sustraer los fondos que autoriza una ley, sin que esta sufra una reforma?

Mientras tanto, el Decreto 92-2020, del 27 de julio, autoriza a la SEFIN para que los 2500 millones de dólares destinados a la pandemia y luego a los huracanes, pueda utilizarse para financiar el Presupuesto General de la República y cubrir el déficit fiscal.

LAS MODIFICACIONES EN LOS CONTRATOS

Una lectura de las relaciones contractuales que el Estado mantuvo en el pasado con varias de las veinte empresas constructoras y supervisoras que INVEST-H contrató en noviembre de 2020, para atender la emergencia desatada por los huracanes Eta y Iota, muestra que existe una práctica repetida de modificaciones de contratos que encarecen las obras y alargan su ejecución.

Las modificaciones que aprueba el Congreso Nacional se basan en justificaciones ajenas a la voluntad empresarial o del Estado, como la escasez o el incremento de la materia prima, los malos estratos de suelo o la excesiva sedimentación de los ríos, que son descritos como hechos inesperados e imprevistos.

Al menos seis de las veinte empresas contratadas por INVEST-H para la reciente emergencia, buscaron en el pasado modificar sus contratos con el gobierno, a través del Congreso Nacional, porque los incrementos de las obras superaban el 25 % de los costos originales. Es posible que no sean las únicas, pero se encontró evidencia de las siguientes: Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP), COMPUCAD, Consultoría e Ingeniería (CONSULTING), Ingenieros Consultores S. de R.L. (INCONSUL), Servicio de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (SERMACO), y Técnica de Ingeniería S.A (TECNISA).

Por razones de espacio solo se describen dos casos, a manera de ejemplo:

La empresa SERMACO, que fue contratada para restablecer los daños viales de Eta y Iota en el departamento de Atlántida y parte de Colón, por un costo de hasta seis millones de lempiras, había sido contratada por la alcaldía de Tegucigalpa, en 2017, para construir la vía rápida Anillo Periférico – colonia La Vega – bulevar Kuwait, por un monto de 170.1 millones de lempiras, en 300 días calendario.

Esta empresa logró que, a menos de un mes de vencerse el plazo de entrega de la obra, su contrato se ampliara por 153 días e incrementara su costo en 70,7 millones de lempiras, equivalentes al 41.57 % del monto original. La empresa supervisora Saybe y Asociados (también entre las veinte contratadas por INVEST-H) brindó los elementos de justificación y soporte.

En 2015, el Congreso móvil, instalado en el departamento de Lempira, dispensó dos debates para modificar por séptima vez el contrato de construcción y pavimentación del tramo carretero entre los municipios de Cololaca y Valladolid, en Lempira, suscrito entre SERMACO e INSEP. La obra, que comprendía 25 kilómetros de longitud, amplió el presupuesto en 136.41 millones de lempiras, para sumar un total de 574 millones. 

Otra empresa, COMPUCAD, contratada por INVEST-H, en noviembre de 2020, para supervisar los daños a una caja puente en el departamento de Olancho, por un monto máximo de 400 mil lempiras, había sido contratada en 2003 para supervisar la construcción de un tramo de la carretera que conectaría los municipios de Marcala con La Esperanza, en los departamentos de La Paz e Intibucá, de una longitud aproximada de 17.7 kilómetros. En tres modificaciones iniciales el costo original incrementó de 10.7 millones de lempiras a 33.2 millones, en 2008. En 2010 se volvió a suscribir un contrato similar de supervisión con la misma empresa, para el mismo tramo, por 16.4 millones, que fue modificado en 2012, en 2013 y en 2015 a un costo de 23 millones. Una auditoría del TSC a ese proyecto (período 2003-2009) encontró que el contrato venció sin concluir las obras; no se aplicaron las multas por desfase; las modificaciones de contratos se hicieron cuando habían vencido su vigencia anterior; no había escritura pública de la empresa en los archivos de SOPTRAVI; el Estado no supervisó a la empresa supervisora; hubo pagos anticipados no incorporados a la obra, se pagaron obras no ejecutadas, las mediciones diferían de las obras, no se subsanaron fallas y había maquinaria en mal estado.  

Criterio.hn también encontró que al menos cuatro de las empresas contratadas para reparar la infraestructura vial dañada por los huracanes Eta y Iota firmaron contratos con INVEST-H para construir o supervisar la construcción de los hospitales móviles para atender la emergencia de la COVID-19, como se reseña a continuación:

Corrupción Honduras

De la tabla anterior destaca, además, que dos empresas, cuyos contratos con INVEST-H aparecen como información pública, no estipulan el monto de sus servicios. 

De acuerdo con otros datos encontrados, hay empresas que participan en la explotación extractivista de minerales o han realizado trabajos para empresas extractivistas cuestionadas en comunidades; otras fueron señaladas en auditorías del TSC por conexiones ilegales de energía eléctrica; por incumplimiento y abandono de obras públicas; o por duplicidad de contratos de supervisión que no ejecutaron; o han sido objeto de demandas por delito de usurpación. Incluso, hay una que se registra como MIPYME (Micro, Pequeña y Mediana Empresa) y es considerada por el Servicio de Administración de Rentas como mediana contribuyente. Son señalamientos que navegan entre la antiética, la ilegalidad y la «viveza». 

LAS VENTANAS QUE ABRE LA LEY

¿Se puede calificar a priori que INVEST-H está fuera de la ley en sus contrataciones? No necesariamente. Una, porque puede haber empresas que tratan de cumplir sus obligaciones contractuales, y, otra, porque legalmente es el Estado el que aprueba acuerdos o decretos que dan impunidad a sus acciones, por ejemplo, INVEST-H cuenta con la aprobación del Decreto Legislativo 16-2017 de seguir sus propios lineamientos en materia de construcción, indistintamente del origen de los fondos.

El Capítulo III de sus Lineamientos Estratégicos – «Otros métodos de adquisición»- establece la contratación directa para «casos excepcionales», tal y como en respuesta a desastres naturales.  Asimismo, establece la selección directa para la contratación de consultores en casos de emergencia.

Esa licencia se la otorgan, además, decretos ejecutivos, como el PCM-109-2020 del 2 de noviembre de 2020, reformado por los PCM-112-2020, PCM-115-2020 y PCM 116-2020, en los que el gobierno declaró estado de emergencia por los efectos de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical ETA, con vigencia hasta el 31 de diciembre pasado.

El artículo 3 del PCM 109-2020 instruyó a INVEST-H a realizar las solicitudes de recursos y el debido plan de ejecución ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para atender de forma inmediata la rehabilitación de tramos carreteros y la infraestructura de control de inundaciones causadas por lluvias, vientos y deslizamientos de tierras. Quedaron autorizadas todas las contrataciones directas realizadas durante la emergencia.

De acuerdo con el Decreto PCM-116, del 18 de noviembre, a INVEST-H, INSEP y SEDECOAS se le otorgó licencia para solicitar recursos a SEFIN, para la atención inmediata de la emergencia, mediante «la contratación directa de bienes, obras y servicios necesarios». En el caso de INVEST-H, «de contratar todas las acciones de evaluación, diseño, limpieza y reconstrucción de infraestructura y las que fueran necesarias», no solo en los cinco departamentos iniciales a su cargo (Atlántida, Colón, Olancho, Gracias a Dios, Francisco Morazán y Cortés), sino también en Islas de la Bahía, «las calles urbanas del municipio de La Lima, así como la habilitación del aeropuerto internacional José Ramón Villeda», por los efectos de la tormenta ETA e IOTA «y futuros fenómenos naturales similares».

Recuérdese que mediante Decreto Ejecutivo PCM-071-2020 del 23 de julio de 2020 y publicado en La Gaceta el 24 de julio se nombró una Comisión Interventora de INVEST-H, con amplios poderes, conforme a lo establecido en la Ley General de Administración Pública. Atribuciones que fueron ampliadas por adición por el Decreto 08-2020 del 23 de agosto de 2020, que la faculta para adquirir servicios especializados con fondos públicos bajo «condiciones excepcionales».

A MANERA DE CIERRE

Esta investigación no pretende establecer si los daños sufridos a la infraestructura vial, para los que fueron contratadas las veinte empresas, fueron subsanados. Es posible que sí. Lo que se destaca es que las empresas y el gobierno arrastran prácticas arraigadas de opacidad, arreglos bajo la mesa y componendas, que persisten en el sistema público, trátese o no de situaciones de emergencia.

Un intento para transparentar los procesos de construcción que impulsa el Estado hondureño es la suscripción a la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST Internacional), surgida en 2014, y liderada, directa o indirectamente, por el gobierno. De hecho, en una evaluación de la CoST Internacional sobre el desempeño de la administración pública en la realización de obras de infraestructura en 2019, colocó en el primer lugar de transparencia a INVEST-H, con 91 % de calificación. Sin embargo, la misma investigación advierte que «este informe no evalúa la corrupción, no es un instrumento de control interno, no es un instrumento de percepción, no evalúa a funcionarios públicos, ni mide la calidad general de los sitios web de entidades de contratación». Con una «aclaración» de ese tipo, cabe preguntarse: entonces, ¿qué mide esta iniciativa?

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INVEST-H asumió en 2018 las funciones que desde 1993 desempeñaba el Fondo Vial, una entidad que cayó en descrédito público cuando se prestó a la firma de contratos con empresas que luego fueron vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado. INVEST-H arrastra ahora el desprestigio por el fracaso en la instalación de los hospitales móviles, para los que le han sido confiados 2.1 mil millones de lempiras (85.4 millones de dólares), de acuerdo con los datos que proporciona la Secretaría de Finanzas.

Como ha ocurrido con otras instituciones públicas, los cambios de nombre o el traspaso de responsabilidades sin revisar las prácticas dolosas que llevan a rebautizarlas son un maquillaje que muy pronto se lava y deja al descubierto que la verdadera emergencia no la provocan los huracanes ni una pandemia, sino quiénes o cómo la manejan.

La tragedia es que está en juego dinero público y en cantidad navegables. Por eso, Criterio.hn decidió indagar a INVEST-H, la cual ha dispuesto de 2.1 mil millones de lempiras para invertir en la protección del «derecho a la salud» del pueblo hondureño ante la Covid-19, incluyendo, por supuesto, los «hospitales móviles» que siguen sin operar.  

Empresas constructoras de hospitales móviles, también beneficiadas tras Eta e Iota

INVEST-H contrató a las principales constructoras de los hospitales móviles, para realizar las obras de reparación a la infraestructura dañada por las tormentas tropicales.

 

Texto: Ariel Torres 

Gráficos: Guillermo Burgos

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El paso casi simultáneo de las tormentas tropicales Eta e Iota por Honduras en noviembre de 2020, fue una tragedia inusual. Por primera vez en la historia, el país fue golpeado por dos desastres naturales en un lapso de quince días. Las consecuencias se reportaron prácticamente a nivel nacional, dejando una infraestructura ampliamente afectada.

Tras las lluvias e inundaciones, se identificaron perjuicios en las carreteras, puentes y otras vías de acceso de 16 departamentos. Para reparar estos daños, el gobierno asignó a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) rehabilitar las obras en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Francisco Morazán y Olancho. Mientras las secretarías de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), coordinarían el trabajo en otros once departamentos.

corrupción Honduras

 

El gasto destinado para rehabilitar la infraestructura dañada ascendió a unos 139 millones de lempiras. Sin embargo, con ese monto, el gobierno de Juan Orlando reconstruyó apenas un 7.5 % de los daños a la infraestructura vial, estimados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en una evaluación conjunta con el Estado. La estimación por los percances fue de 1.8 mil millones de lempiras.

Otra vez INVEST-H

¿Por qué se asignó a INVEST-H la responsabilidad de reconstruir la infraestructura tras el paso de las tormentas Eta e Iota? Recordemos que esta entidad asumió en 2018 las funciones que desde 1993 desempeñaba el Fondo Vial, una instancia que cayó en descrédito público cuando se prestó a la firma de contratos con empresas que luego fueron vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

El Fondo Vial fue dirigido por Hugo Ardón (2010-2015), quien fue nombrado por el entonces ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Pastor, quien ha estado preso por el caso «Narcopolítica». A su vez, Hugo Ardón es hermano de Alexander Ardón, un exalcalde de El Paraíso, Copán, quien se entregó a las autoridades estadounidenses, al ser acusado en ese país por los supuestos delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Casos como el del Fondo Vial reflejan que la corrupción en el rubro de la construcción es reiterada. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este es uno de los sectores más proclives para malversar los fondos públicos. Los antecedentes en Honduras lo confirman, desde la construcción del ferrocarril nacional en el siglo XIX, hasta los hospitales móviles.

Tras los escándalos del Fondo Vial, el gobierno de Juan Hernández decidió traspasar en 2018 el manejo del Programa de Infraestructura Vial 2018-2022 a INVEST-H. Sin embargo, esta instancia también se vio rápidamente salpicada por supuestos escándalos de corrupción de gran escala.

Hasta ahora, el mayor desprestigio que arrastra INVEST-H es el fracaso en la instalación de los hospitales móviles, para los que le confiaron 2.1 mil millones de lempiras (85.4 millones de dólares), de acuerdo con los datos que proporciona la Secretaría de Finanzas. Debido a esta trama, Marco Bográn, director durante nueve años de INVEST-H, se encuentra acusado por presuntos delitos de corrupción. 

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No cabe duda de que las emergencias por el Covid-19 y las tormentas tropicales en 2020, concedieron a la INVEST-H una oportunidad ilimitada para demandar fondos y asignarlos libremente, porque la contratación directa para la que fue autorizada la eximió de los requerimientos formales de la licitación o el concurso, de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado (declaración del Estado de Emergencia).

Conscientes de este contexto, Criterio.hn decide escarbar las contrataciones que firmó el Estado de Honduras con empresas privadas, a través de INVEST-H, en el marco de la reconstrucción de la infraestructura dañada tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Esta investigación no pretende establecer si los daños sufridos a la infraestructura vial, para los que fueron contratadas las empresas, fueron subsanados. Es posible que sí. Lo que se destaca es que el sector privado y el gobierno arrastran prácticas arraigadas de opacidad, arreglos bajo la mesa y componendas, trátese o no de situaciones de emergencia.

La presente información se desprende de los contratos que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y/o la la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) exhiben en sus portales y de un rastreo a la trayectoria en obras públicas de cada una de las empresas constructoras que fueron contratadas por INVEST-H.  

LA DISTRIBUCIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN

El convenio entre el gobierno con la INVEST-H, INSEP y SEDECOAS fue suscrito el 17 de noviembre (el mismo día que Iota ingresaba al país por la zona oriental). El acuerdo incluyó a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría (CHEC), como las sombrillas legales de las empresas privadas que estarían a cargo de «evaluar, ejecutar y supervisar las obras requeridas».

Cabe destacar que, aunque el gobierno hondureño declaró una emergencia por ambas tormentas, los gastos para reconstruir la infraestructura vial se basaron solamente en los daños identificados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) a causa del Eta, excluyendo los perjuicios generados por Iota.

A INVEST-H le tocó administrar el 37 % (51.6 millones de lempiras) de los fondos estimados para los 16 departamentos; el 58 % al INSEP (81.4 millones de lempiras) y el 4.5 % a SEDECOAS (6.4 millones de lempiras), para un total de 139.4 millones de lempiras gastados.

La siguiente tabla muestra los daños calculados en conjunto con la CHICO, correspondientes a los cinco departamentos asignados a INVEST-H.

Corrupción Honduras

Lo único que comunicó la INSEP fue que «trabajaba a tiempo completo» en seis departamentos que quedaron incomunicados: Choluteca, Valle, El Paraíso, Comayagua, La Paz y Yoro. Irónicamente, también destacó como un logro de su gestión del 2020, que se encontraba por finalizar la construcción del puente sobre el Río Chiquito, en la zona Sur, entre los municipios de Orocuina y Apacilagua, que han quedado incomunicados desde hace 22 años por el paso del Huracán Mitch.La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE), institución que norma y asesora el proceso de contrataciones del Estado, informó solamente sobre el seguimiento a los firmados por INVEST-H. En resumen, Criterio.hn no encontró evidencia oficial de cómo la INSEP y SEDECOAS distribuyeron los 87.8 millones de lempiras que les correspondió.

Por su parte, SEDECOAS no cuenta ni con una página web que informe sobre los avances de infraestructura en los cinco departamentos a su cargo.  Apenas se informó que esta secretaría -adscrita a la Presidencia de la República- habilitaría 130 puntos afectados en el occidente del país.

A dos meses de las firmas de los contratos, INVEST-H reportó en su página web que fueron habilitados 51 tramos carreteros y que autorizó atender las emergencias a 50 empresas constructoras y supervisoras, sin detallar los montos de las rehabilitaciones. De todas estas empresas, 30 no aparecen en la ventana de «Emergencia ETA/IOTA» del referido portal.

Los contratos de INVEST-H

Amparada en los decretos ejecutivos de emergencia 109 y 112, INVEST-H contrató de manera directa, el 16 y el 23 de noviembre de 2020, a once empresas constructoras y a nueve empresas supervisoras para restablecer la comunicación y rehabilitar obras en un período dos meses.

De acuerdo con el Portal de Contrataciones Abiertas, a un día del arribo del huracán Iota al país y trece después del Eta, INVEST-H distribuyó los 51.6 millones de lempiras en los veinte contratos.

Las empresas contratadas por la entidad que dirigía Marco Bográn muestran trayectorias heterogéneas. Al menos cinco (CONASH, ETERNA, Salvador García y Asociados, Saybe y TECNISA) certifican que tienen entre 45 y 55 años de experiencia; cuatro (Fléfil y Asociados, SERMACO, INCONSUL y COMPUCAD), entre 27 y 30 años; dos (PROSIN y OMNI), 18 y 19 años; y dos (ASP y CRESCO), diez años. De siete (Construcciones Múltiples, Consulting, Fénix y Pinel y Asociados) se desconoce cuándo surgieron. 

ANTECEDENTES DUDOSOS

Criterio.hn encontró que al menos cuatro de las empresas contratadas para reparar la infraestructura vial dañada por los huracanes Eta y Iota firmaron contratos con INVEST-H para construir o supervisar la construcción de los hospitales móviles para atender la emergencia de la COVID-19, como se reseña a continuación:

Corrupción Honduras 

En abril de 2020, INVEST-H contrató a las empresas Constructora Serrano Colindres y Asociados (COSCO), Servicio de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (SERMACO), Consultores Asociados de Honduras (CONASH) e Ingenieros Consultores S. de R.L. (INCONSUL) para construir o supervisar cinco de los siete hospitales móviles anunciados.

Los retrasos en los plazos de construcción de los hospitales móviles no impidieron que, en noviembre de 2020, INVEST-H firmara los contratos con esas empresas para la reconstrucción de los daños provocados por las tormentas tropicales Eta e Iota. 

En total, COSCO recibió ocho millones por la construcción de los hospitales y dos millones para reparar unos daños viales en Olancho. A SERMACO le adjudicaron 23 millones por los hospitales y seis millones para reconstruir los percances presentados en la infraestructura vial de los departamentos de Atlántida y Colón.

En otros antecedentes, cinco de las nueve empresas contratadas por INVEST-H para reconstruir la infraestructura dañada, también fueron contratadas en 2012 por el desaparecido Fondo Vial, como parte de los 48 contratos que se dieron para el mantenimiento de carreteras en la zona norte del país, entre las que se benefició a la Inmobiliaria Rivera Maradiaga, S.A. de C.V (INRIMAR), propiedad de «Los Cachiros».

La trama de los 48 contratos suscritos con el Fondo Vial fue investigada por el Ministerio Público, generando dudas en el origen de algunas de las empresas contratadas, pero, sobre todo, desencadenó en el cierre de esa institución en 2018.

Como se puede observar, estos antecedentes no han sido un obstáculo para que las mismas empresas sigan siendo contratadas por el Estado de Honduras, independientemente si han cumplido o no con otras obras pactadas.

¿Qué permitieron los decretos de emergencia para las contrataciones? ¿Cómo fue el proceder de INVEST-H? Estas son las preguntas que Criterio.hn responderá en la siguiente entrega de este reportaje. 

Distrito Central: vulnerabilidad, corrupción e indiferencia

Texto: Aimée Cárcamo

Fotografías: Fernando Destephen

Portada: Reynaldo López

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. -La casita de adobe en la que Giliana Mendoza vivía con sus hijos en la capitalina colonia Cataluña, salida al departamento de Olancho, no resistió el embate del huracán Eta. Antes de que el ciclón saliera del país el 6 de noviembre como depresión tropical, una de las paredes se había derrumbado y el agua y lodo cubrían sus pertenencias.

Llamó a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), pero nadie llegó; entonces, pidió ayuda a un canal de televisión.

La llevaron al albergue de la escuela Hernán Herrera en la colonia Los Pinos, en la parte oriental de Tegucigalpa, pero también se estaba derrumbando por lo que a los quince días fue trasladada por el Comité de Emergencia Municipal (Codem) al macroalbergue en el gimnasio José Simón Azcona, donde lleva ya alrededor de 45 días.

De la antigua casa en la que vivió los últimos siete años, gracias a la generosidad del propietario que se la prestó al ver que ella no podía pagar un cuarto que alquilaba, lo único que pudo sacar fueron “tres mudaditas del niño y los papeles”.

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Corrupción Honduras
Giliana Mendoza espera que la municipalidad o el gobierno central la reubiquen en una zona donde pueda vivir tranquila junto a sus dos hijos. En la imagen muestra, con satisfacción, un juguete que le regalaron en Navidad para uno de sus hijos, quien fue diagnosticado con autismo.

Giliana es madre soltera y trabajaba lavando ropa para sostener a sus hijos de 13 y 20 años, cuyos padres se desmarcaron por completo de su responsabilidad. El mayor no trabaja y el menor es autista, con retraso psicomotor y epilepsia, lo que para ella ha significado mayores penurias para conseguirle sus medicamentos o llevarlo a terapia a la Teletón.

Es la segunda vez que queda damnificada, en octubre de 1998 debido al peligro de deslizamientos de tierra, el huracán Mitch la obligó a salir de la casa que rentaba en la colonia Campo Cielo, una zona de alto riesgo al noroeste de la capital.

Entonces no tenía hijos, vendía frutas y verduras y hacía no mucho había emigrado a la capital desde la zona sur, específicamente del municipio de San Marcos de Colón, Choluteca, frontera con Nicaragua.

El ciclón tropical impactó en aproximadamente el 90 % del territorio hondureño y expuso a décadas de abandono y crecimiento desordenado al país, sobre todo a la capital hondureña.

Los muertos, 5,657 según cifras oficiales, y la enorme destrucción que dejó abrieron una válvula de recursos sin precedentes. Para mayo de1999, los compromisos de la comunidad internacional para apoyar la reconstrucción, sobre todo de Honduras y Nicaragua, ascendían a 12 mil millones de dólares en donaciones, créditos blandos y alivio de la deuda.

El gobierno de Honduras anunció el Plan Maestro de la Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), cuya “meta esencial” era “edificar un nuevo país”. Mencionaba entre sus objetivos el combate a la pobreza, la generación de empleo, el desarrollo humano integral, la reducción de la vulnerabilidad y el uso eficiente y transparente de recursos destinados a la reconstrucción.

Giliana recibió tres mil lempiras (unos $ 215 al cambio de la época) después de responder muchas preguntas a personas que “tomaban datos y datos”, dejó la casa que alquilaba por 700 lempiras (unos $ 50 de entonces) cerca de un gran abismo y durante las dos décadas siguientes logró estar a salvo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Hasta ahora, cuando la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión vuelven a juntarse y la obligan a empezar de cero.

Esta vez, Giliana espera algo más que una dádiva, “lo que necesito más que todo es una vivienda… que me cedieran un terrenito” y ella vería cómo levantar su casa. “Saliendo de aquí (del albergue) nosotros no tenemos dónde vivir”, dice esta madre de 40 años.

Corrupción Honduras
La falta de acceso a las tecnologías ha impedido que los niños de las familias afectadas por los huracanes Eta y Iota, tengan acceso a las clases virtuales.

CULPABLES DEL DESORDEN

El paso de los huracanes Eta e Iota es el segundo peor desastre natural en la historia de Honduras después del Mitch, con más de 45 mil millones de lempiras en pérdidas, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Y dejaron al menos 95 muertos -según Copeco- y un “escenario catastrófico”, señala un reporte de la organización Reporteros Sin Fronteras.

En el Distrito Central más de 50 casas fueron dañadas, “la mayoría son covachas” a orillas de los ríos o que fueron impactadas por rodamientos de piedra, dijo el gerente del Codem, Mario Reyes.

Una de esas “covachas” está ubicada en la colonia Altos de El Edén, a poca distancia del barrio La Leona, y es el hogar de Denia Mejía, su pareja y sus hijos de 16, 8, 3 y 2 años. Ellos son parte de las 2,900 personas que según el funcionario del Codem fueron evacuadas y distribuidas en unos 45 albergues en la capital hondureña.

Corrupción Honduras
Esta es la casa de Denia en la colonia Altos de El Edén, en Tegucigalpa, donde las grietas son visibles en varias casas.

Denia (32) trabajaba de mesera, pero está desempleada desde marzo debido a la pandemia por la Covid-19; su compañero de hogar, motorista, tampoco tiene trabajo. Las lluvias provocaron desprendimientos de piedras y el agrietamiento del suelo de su casa, ubicada en uno de los sectores por donde pasa la falla geológica de El Bambú y donde ella ha vivido toda su vida.

Tiene claro que, si no hay otra opción, volverá a su casa, “aunque no nos guste la condición en la que esté”.

En estas condiciones vive Denia con su esposo y sus cuatro hijos.

El gerente del Codem dijo que las casas evacuadas por “riesgo latente” serán inspeccionadas para determinar si son habitables y si no sus residentes serán alojados en un solo albergue; después, Sedis (Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social), Copeco y la Alcaldía evaluarán la situación para “ver la reubicación cómo la hacemos en conjunto”.

Pero es claro al decir que a Giliana o a Denia “yo no le puedo solucionar como alcaldía municipal”.

Las autoridades, dice, no son culpables de la situación de riesgo en que se encuentran muchos habitantes, sino de ellos por instalarse en zonas vulnerables.

“Si usted no quiere respetar las leyes no las va a respetar ni así le pongan un policía por persona”.

Cuestiona que en la colonia El Reparto, por ejemplo, “los vecinos tienen casas de más de dos pisos sabiendo que están ubicadas en una falla”.

Este crecimiento desordenado es resultado “de un actuar permisivo de las autoridades anteriores”, justifica el funcionario.

Desde 1986, con excepción del período 1994-1998 cuando el alcalde era liberal, las autoridades municipales de la capital han sido nacionalistas.

Reyes aseguró que hay varios proyectos en marcha con el patrocinio de la cooperación internacional y recursos propios de la Alcaldía y el Gobierno central. Cuando se le preguntó a qué proyectos se refería, explicó que “primero son las evaluaciones técnicas serias” y luego las obras de protección y mitigación.

La destrucción de Eta e Iota
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Población y riesgos naturales en la capital de Honduras
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POLITIZACIÓN Y CORRUPCIÓN

Hasta 2009, cuando fue aprobada la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), las situaciones de emergencia y desastre nacional eran reguladas por la Ley de Contingencias Nacionales -aprobada en 1990 y con la que se creó Copeco.

Con el huracán Mitch fue evidente su obsolescencia y los vacíos que presentaba.

La diputada pinuista Doris Gutiérrez trabajó en la elaboración de la nueva ley, con la que Copeco dejó de ser el único ente en la atención de desastres al crear un comité coordinador nacional en el que participan diferentes instituciones “para atender de manera integrada una emergencia o desastre natural”.

Otro aspecto importante “es que también define la participación comunitaria” así como de los comités de emergencia local, municipal, departamental y hasta regional. Sin dejar de ser perfectible, la ley es “modelo para otros países porque es muy buena”, asegura.

Junto con la Ley de Municipalidades (1990) y la Ley de Ordenamiento Territorial (2003) forman parte del marco legal para la gestión de riesgos en Honduras.

El problema es que la ley “no se aplica como debería de aplicarse” y faltan políticas públicas concretas para el manejo de emergencias tanto en el Distrito Central como a nivel nacional, reflexiona la congresista.

Doris Gutiérrez
La diputada Doris Gutiérrez fue regidora de la Municipalidad del Distrito Central en el periodo 2010-2014 y, antes, 2006-2010 presidió la Comisión de Desastres del Congreso Nacional.

En consecuencia, las instituciones no desarrollan acciones de prevención, sino que son reactivas. Esta falta de estrategias tiene que ver en parte con la politización y corrupción que existen a todo nivel.

Gutiérrez, entonces diputada por Unificación Democrática, recuerda que cuando presidió la Comisión de Desastres del Congreso Nacional se vio limitada porque le ponían gente (de otros partidos) que no se interesaba en el trabajo de ese comité. Tampoco contaba con presupuesto ni personal ni oficina.

Como presidenta de la Comisión asistía a las reuniones del Sinager, hasta que el presidente del Legislativo, Roberto Micheletti, le quitó la designación para poner a un liberal e impedir que ella “tuviera una acción relevante”.

Cuando llegó a la Corporación Municipal por un movimiento independiente, tenía una fuerte experiencia en el tema de desastres y aspiró a coordinar el comité de gestión de riesgos, pero ni siquiera llegó a integrarlo. Quedó, dice Gutiérrez, un regidor “que no conocía nada de la ley”, pero pertenecía al partido de gobierno. Estas decisiones siguen manejándose igual, como quedó evidenciado con el nombramiento del nuevo titular de Copeco, “que ni siquiera, creo yo, tiene idea de lo que es atender una situación de emergencia nacional”.

Recuerda que se hicieron obras de mitigación en los cerros El Bambú, El Reparto y El Berrinche con la ayuda de la cooperación japonesa, pero “daba pena que los funcionarios nacionales no actuaban correctamente” y muchas veces quedó al descubierto que “sustraían algunos productos”.

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Así lucía el Gimnasio “José Simón Azcona del Hoyo” en diciembre. Los afectados por los fenómenos naturales no cumplían con las medidas de bioseguridad, convirtiendo este lugar en un foco de propagación de la Covid-19.

Otra irregularidad es la falta de controles y la aprobación de permisos de construcción para quedar bien con empresarios y políticos sin pensar en las consecuencias.

La diputada menciona el caso del centro comercial Las Cascadas, en el bulevar Fuerzas Armadas, y el estacionamiento de la Iglesia Vida Abundante, en la colonia Las Colinas, por los que pasa una quebrada. El primero ha registrado inundaciones y hasta la formación de un enorme agujero en su estacionamiento en época de lluvias. El segundo, según Gutiérrez, ha provocado inundaciones en las casas vecinas.

“Aprobamos una ley precisamente para todo este tema de las construcciones” en zonas vulnerables “y de nada sirvió” porque hay intereses muy grandes.

El tema de los permisos de construcción, o su incumplimiento, ocurre también con los proyectos de vivienda. Para el caso, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor cuenta con 11 denuncias en el Distrito Central contra constructoras por hundimiento de terrenos, alta amenaza por deslizamiento y proyectos en zona con amenaza alta a inundaciones, entre otros.

Según dato del Gremio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras (GIAH), los costos de mitigación son de dos a cuatro veces menores que los costos de desastres.

Doris Gutiérrez añade que la etapa de recuperación es un asunto delicado, requiere de muchos fondos que son concentrados por el Gobierno Central y no se distribuyen de forma correcta porque se politizan y, casi siempre, se atienden personas o situaciones que favorecen al partido en el poder.

La rendición de cuentas es uno de los puntos torales en la gestión de emergencias, ya que la misma Ley de Contratación del Estado establece las compras directas que son una fuente de corrupción, como quedó evidenciado con la emergencia de la COVID-19.

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Dos de militares demuelen una casa que se vino abajo con las tormentas ocasionadas por Eta en el barrio El Reparto de Tegucigalpa.

FALTA ACCIÓN

En 2002 y a solicitud del gobierno hondureño, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) elaboró un estudio sobre el control de inundaciones y prevención de deslizamientos en la capital que proponía un plan maestro para la mitigación de desastres.

Otros estudios y planes de acción se fueron sumando en los años siguientes, entre ellos el que elaboró el BID junto a la Alcaldía del Distrito Central en 2018 bajo la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES),  el Plan Acción Local para la Reducción de Riesgos de Desastres y Resiliencia (2019) y el Plan Local de Adaptación al Cambio Climático (2020) que sirven de referencia para la planificación de obras de prevención y mitigación, según la AMDC.

Pero el problema de la vulnerabilidad en la capital hondureña, y del país en general, no es la ausencia de estudios, que son solo “un gasto que se ha hecho”, sino la falta de acción, dijo el arquitecto Dino Rietti.

Tampoco es de falta de leyes. “La ley de dejar libre las riberas de ríos y quebradas después de Mitch no se cumple”, entonces para qué hacen leyes, cuestionó.

Después del Mitch “debimos haber hecho mucho más de lo que se hizo” para disminuir la vulnerabilidad del Distrito Central y aumentar la resiliencia ante estos fenómenos, dijo por su parte la arquitecta Alejandra Padilla.

“Tenemos medido hasta qué zona se inunda, qué zonas tienen deslizamiento, cuáles son los tipos de fallas”, pero falta inversión pública, un plan específico de gestión de riesgos y de seguimiento porque “cada cierto tiempo se botan los planes anteriores y se comienzan unos nuevos”.

Padilla menciona también la falta de alternativas para que las personas que emigran a la capital no sigan instalándose en zonas de riesgo.

En 2014 fue creada la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) como respuesta al problema de vivienda social, desarrollo urbano y reubicación de la población en zonas de alto riesgo.

Uno de sus programas es el Bono Habitacional para el Reasentamiento por causas de vulnerabilidad (Borea), sin embargo, no se aplica en el Distrito Central.

Criterio.hn consultó a través del Instituto de Acceso a la Información Pública cuántas familias ha reubicado Convivienda dentro de los planes de reasentamiento o reubicación para la población que habita en zonas de alto riesgo y la respuesta fue que “en el Distrito Central no se ha trabajado con población que habita en zonas de alto riesgo”.

Lo anterior refleja la ausencia de una política de reasentamiento para las familias que habitan en zonas de riesgo en la capital y que todos los años se enfrentan a la misma problemática, especialmente en la época de lluvias, debido a deslizamientos e inundaciones ocasionadas por quebradas y el embravecido río Choluteca.

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En esta ladera descansan las estructuras de muchas casas en la colonia Altos de El Edén de Tegucigalpa. El peligro de derrumbes es inminente.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

“En el Distrito Central hay un problema que a mi punto de vista sería lo que ha agravado la situación, es la falta de ordenamiento territorial”, dijo a Criterio.hn la analista de riesgo ambiental Inti Alvarado.

Como resultado, hay muchos asentamientos humanos en zonas que son de alto riesgo, lo que además ha provocado degradación del suelo, acceso limitado al agua y deforestación.

“Todo eso va sumando hasta generar un Distrito Central con alto riesgo”, pero además está la contaminación de residuos sólidos que tienen colapsados todos los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial que en época de lluvias no funcionan “y ahí vienen las inundaciones”, agregó.

En esa misma línea, el geógrafo Carlos Sabillón recordó que la Ley de Ordenamiento Territorial fue aprobada en respuesta a los estragos del Mitch.

De los 298 municipios de Honduras, aproximadamente 250 cuentan con su estudio de ordenamiento territorial, de los cuales, según Sabillón, 150 están ya aprobados.

Pero ninguno se aplica rigurosamente “y esto nos lleva al otro punto, si ya existen los planes de ordenamiento territorial, si existe una ley, ¿entonces por qué no se aplica? Bueno, aquí viene la respuesta: la maldita corrupción”, apunta el geógrafo.

A juicio de Sabillón la Ley de Ordenamiento Territorial es la herramienta principal que las alcaldías municipales tienen para ordenar el uso del territorio.

Desde 2014, Tegucigalpa cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial que debe ser retomado, señala un estudio del BID y de la Alcaldía.     

Pero mientras en algunos lugares del país hay una urbanización desmedida, otros se están despoblando, dijo Sabillón, quien recomendó erigir ciudades satélites en los valles de Támara, a unos 10 km al norte de la capital, e Ilamapa, a unos 40 kilómetros al oriente de la capital en la carretera a Olancho, e incluso en el de Comayagua, en el departamento del mismo nombre, para reducir la presión que hay en la capital por la tierra y el agua.

Esa distribución de la población debe hacerse en zonas que no sean agrícolas porque la mayoría del territorio es de vocación forestal y hay que pensar dónde van a cultivar sus alimentos las generaciones futuras.

Además, señaló la necesidad de elaborar una estrategia para reasentar a la población que vive en zonas de riesgo y que pueda construir con seguridad sus viviendas.

Sabillón advierte que si no se empieza a respetar el ordenamiento territorial “vamos a seguir teniendo la destrucción que hemos tenido y de repente, a futuro, con mayores consecuencias”.