Decreto que crea la Secretaría de Transparencia viola la Constitución 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –Si bien el mandatario, Juan Hernández, hizo uso de los poderes que el Congreso Nacional le otorgó en el 2014 con reformas que conceden plenos derechos, en la misma Ley General de la Administración Pública, en el artículo 7 y 8, se estipula el orden que debe imperar y el respeto a la Constitución de la República.

Para el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, la reciente creación de la Secretaría de Transparencia es un intento frustrado de Hernández por querer concentrar las funciones de transparencia y rendición de cuentas, que ya están legalmente consignadas en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP).

El domingo anterior Criterio.hn informó en exclusiva sobre la creación de la nueva secretaría de Estado y lo que contempla el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020, mediante el cual se creó y otorgó facultades a la nueva institución perteneciente al Poder Ejecutivo.

otra reelección de Juan Hernández
Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general de la República.

La Secretaría de Transparencia ha sido considerada por varios sectores de la sociedad hondureña como una paralela a las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Ministerio Público (MP).

Para la creación de la nueva secretaría de Estado, Hernández se amparó en las reformas hechas a la Ley General de la Administración Pública y que forman parte de un estamento jurídico que se confeccionó en el Congreso Nacional a finales de la legislatura de 2013, cuando desde este poder del Estado se le otorgó poderes supremos a la figura del presidente de la República, una vez Hernández se estrenara en la primera magistratura del país en enero de 2014.

La aprobación de leyes, decretos y reformas legales se efectuaron en enero de 2014 cuando en un sólo día el Partido Nacional, en contubernio con la mayoría de los diputados del Partido Liberal y minoritarios, logró aprobar más de 67 decretos y al menos 20 leyes sin cumplir con los requisitos.      

El artículo 2 de la Ley General de la administración Pública manifiesta que la creación, modificación o supresión de los órganos de la administración pública incluyendo las instituciones desconcentradas y descentralizadas, solamente se puede hacer previa definición del fin público a satisfacer cuando se acredite su factibilidad económico-administrativa, considerando el costo de su funcionamiento, el rendimiento especializado o el ahorro previsto.

Asimismo, no deben crearse nuevos organismos de la administración centralizada o instituciones descentralizadas que impliquen duplicación de otros ya existentes, si coetáneamente no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos. El presidente de la República debe tomar las medidas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de esta disposición.

El artículo antes citado fue reformado mediante Decreto 266-2013 de fecha 16 de diciembre de 2013 y publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,336 del 23 de enero de 2014. El artículo 4-A también fue derogado.

En consecuencia, la reforma que Hernández utilizó manifiesta en el artículo cuatro que la creación, modificación o suspensión de las secretarías de Estado o de los organismos o entidades desconcentradas, solamente puede ser hecha por el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado.

“Cualquier criterio mío o de cualquier otro queda anulado frente al poder que tiene la autoridad de hacer valer sus decisiones frente a los demás, eso significa que, si el IAIP se resiste con las decisiones que emita la Secretaría de Transparencia, lo pueden castigar, simplemente reduciéndole el presupuesto y otras formas para asfixiar a la institución”, opinó Edmundo Orellana Mercado.

Explicó, además, que lo que no podrán hacer es una afectación directa al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) porque es un órgano constitucional que está fuera de los poderes del Estado y ni al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) porque tampoco está dentro de la administración pública.

De acuerdo con el análisis de Orellana Mercado las instituciones que sí se verán afectadas serán el Ministerio Público y el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque según el decreto de creación de la nueva secretaría de Estado, la investigación corresponde a ese ministerio.

FACULTAD DE LEGISLAR ES EXCLUSIVA DEL CONGRESO

El exfiscal de Honduras aclaró además que la Ley General de la Administración Pública no pudo haber sido utilizada por Hernández para crear una nueva secretaría de Estado porque esa es una facultad indelegable que tiene el Congreso Nacional, de acuerdo con las facultades conferidas por la Constitución de la República.

“Eso significa que el único que puede emitir leyes en Honduras, monopólicamente es el Congreso Nacional y, lo segundo, es que la misma Constitución establece que las secretarías de Estado son creadas por ley”, dijo a Criterio.hn Orellana Mercado.

En ese entendido, añadió, “el decreto emitido por el gobernante viola la Constitución cuando esta dice que solo por ley pueden ser creadas las secretarías de Estado y en segundo lugar el decreto en el que se sustenta es inconstitucional porque la Carta Magna prohíbe delegar funciones legislativas”.

Si bien estas reformas conceden plenos derechos al presidente de la República, en la misma Ley General de la Administración Pública en el artículo siete manifiesta el orden que debe imperar y el respeto a la jerarquía siendo lógicamente el cumplimiento primario a la Constitución de la República, apuntó el especialista en derecho administrativo.

En torno al trabajo que se plantea la nueva secretaría de Estado, el exfiscal hondureño, manifiesta que no tiene mayor importancia ya que la misma es parte de “un intento frustrado” del gobernante por querer concentrar las funciones de transparencia y rendición de cuentas, probidad y liderar el TSC, IAIP, MP y el CNA, a quienes, según Orellana Mercado, Hernández quiere dictar lineamientos a seguir obligatoriamente.

“Cuestión que queda en un simple sueño porque eso es imposible de aplicar, a menos de que los tribunales lo acepten entonces ahí habría un problema serio, porque significa que ahora ya no sólo es el Poder Ejecutivo ejecutando, sino que el Poder Judicial reconociendo que esa ejecución es legal y ahí si estarían en problemas todas las demás instituciones”, alertó Orellana Mercado.

TSC ADVIERTE RECURSO LEGAL

El pasado viernes, los comisionados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reaccionaron en torno a la nueva secretaría y sus funciones enmarcadas en el decreto de su creación y expusieron a la recién nombrada ministra de esa dependencia, María Matamoros.

Los funcionarios del TSC, que contaron con el apoyo de un equipo legal, concluyeron que existe dualidad y subrogación de funciones que constitucionalmente competen al TSC y a otras instituciones estatales.

Por consiguiente, el ente contralor de Estado, instó al Poder Ejecutivo a “reconsiderar la creación de la nueva secretaría de Estado, tomando en cuenta los principios de eficiencia y eficacia, ya que la misma provocará la afectación de la estructura presupuestaria en tiempos en que el país atraviesa estados de emergencia”.

Los funcionarios del TSC han pedido se enmiende el documento de la creación de la nueva secretaría en virtud de la existencia de inconsistencias. También demandan que el borrador resultante sea socializado con todas las instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción y de no hacerlo a corto plazo han advertido que se reservan el derecho de interponer las acciones legales para garantizar el respeto a las atribuciones constitucionales, por lo que también adelantaron que preparan la presentación del respectivo recurso ante el Poder Judicial.

La creación de la nueva institución estadal se origina mientras Honduras se debate en una crisis económica y social debido a los efectos de la pandemia por la Covid-19 y que se profundizará por los daños ocasionados por los fenómenos naturales que están azotando su territorio. A lo anterior se suma el desgaste institucional propiciado por un gobierno ilegitimo, acusado por corrupción y narcotráfico.

Hernández se debilita cada vez más: Edmundo Orellana Mercado

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La no asistencia de gobernantes a la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla, ratifica que el gobernante hondureño, Juan Hernández, se está quedando solo, dijo el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado.

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Entrevistado por CRITERIO, el exfiscal apuntó que el gobernante hondureño viene recibiendo la espalda de la comunidad internacional desde que asumió su segundo gobierno en enero de 2017, ante las denuncias de fraude y de la violación a la Constitución por su reelección.

“Desde que tomó posesión, ningún jefe de Estado vino. Él (Juan Hernández) está solo desde que inició, porque desde el momento que no vivieron le desconocieron su investidura”, apuntó Orellana Mercado, quien consideró que la no participación de jefes de Estado y la poca presencia de cancilleres durante la cumbre de Tuxtla, se originó por problemas internos y judiciales externos que enfrenta actualmente el gobernante hondureño.

“(Hernández) enfrenta varias circunstancias que complican su situación y desde luego esto, de algún modo, tuvo que haber incidido”, expresó Orellana Mercado.

Amplió que lo ocurrido el viernes en San Pedro Sula es el eco de lo que pasó el 27 de enero de 2018, día en que Hernández asumió un segundo periodo gubernamental, con la ausencia de la comunidad internacional. “Estamos ante algo que se mantiene en el tiempo y que cada vez vemos que se debilita más porque ya ni siquiera cancilleres vinieron y así va a llegar un día qué a saber quiénes van a estar ahí”, prosiguió el exfiscal.

Edmundo Orellana Mercado
La XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla realizada en San Pedro Sula el viernes 23 de agosto fue un revés para el gobierno de Juan Hernández.

Actualmente el gobernante hondureño goza de una débil gobernabilidad en virtud que es señalado por actos de corrupción y de tener vínculos con el narcotráfico. Este último extremo cobro fuerza en las últimas semanas luego que medios internacionales y nacionales informaran que la Fiscalía de del Distrito Sur de Nueva York, lo identificó como co-conspirador del narcotráfico y de recibir $ 2 millones de la ganancia de la venta de la droga para financiar su campaña en el año 2013.

El exfiscal general insistió en que la cumbre se vio afectada por la situación actual interna debido a complicaciones políticas y geopolíticas y amplió en que “los presidentes no saben si lo que se va a acordar aquí es permanente o solamente va a responder al actual gobernante con el riego de que no se sabe si más adelante él podría continuar”.

Otra situación que pudo pesar de manera negativa en la cumbre, según Orellana Mercado, es que el evento no fue preparado a la altura de las circunstancias, e incluso, eso pudo haber hecho que algunos gobernantes que habían confirmado su participación, hayan desistido.

Orellana Mercado apuntó además que la región centroamericana vive un periodo muy complicado por lo que las decisiones de la cumbre podrían ser inocuas. En ese sentido, señaló la complicación política que vive Nicaragua, Guatemala y El Salvador, este último, en medio de un proceso de transición, con un presidente que tiene en contra el Congreso y con una lucha frontal contra la corrupción.

 

Hernández se quedó solo en la Cumbre de Tuxtla

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El gobernante de Honduras, Juan Hernández, quedó solo durante la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla, que se efectuó el viernes en la ciudad de San Pedro Sula a 244 kilómetros de la capital, Tegucigalpa.

El gobierno hondureño, organizador del evento, sufrió un revés porque ninguno de los jefes de Estado que, supuestamente, había confirmado su presencia, asistió, por lo que al final el encuentro se convirtió en una reunión de representantes de gobiernos.

Inicialmente la cumbre estaba prevista para del 3 al 5 de abril, pero la fecha fue pospuesta sin precisar las razones. El 6 de abril la designada presidencias de Honduras y delegada por el gobierno para la organización del evento, María Antonia Rivera, afirmó que a la cumbre asistirían los presidentes de los países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), Colombia, México y República Dominicana. 

«No queremos que este evento se quede en una simple reunión; queremos acuerdos resolutivos, queremos consensos que se puedan convertir en realidad», señaló Rivera en un comunicado de la Casa Presidencial.

Con lo expresado por Rivera se colige que la intención del gobierno era contar con la presencia de los jefes de Estado.

El canciller de México, Marcelo Ebrad, dijo en aquel momento que la reunión no se había realizado por problemas de agenda de los mandatarios.

Hernández
El gobernante de Honduras, Juan Hernández, se enfrenta a constantes etapas de ingobernabilidad.

En abril pasado, Honduras se convirtió en el epicentro de intensas protestas ciudadanas, organizadas por la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, que denunciaban un proceso privatizador de la salud y la educación. Estas protestas, que se extendieron por todo el país, podrían haber sido otro de los factores que empujaron la reprogramación de la cumbre, ya que la gente pedía también la salida de Hernández por suponerlo responsable de actos de corrupción y de tener vínculos con el narcotráfico.

Luego cuando se reajustó las fechas para los días 21, 22 y 23 de agosto, siempre en la ciudad de San Pedro Sula, la cancillería hondureña informó en primera instancia, que a la cumbre asistirían cinco presidentes de Mesoamérica entre los que citó a Iván Duque, de Colombia; Jimmy Morales, de Guatemala y Danilo Medina, de República Dominicana.

El 20 de agosto el canciller hondureño, Lisandro Rosales, a un día de la cumbre, confirmó la presencia de los presidentes de Colombia, Guatemala y República Dominicana. El gobierno aseguró también la participación del canciller de México, Marcelo Ebrad, que tampoco vino.

En lo que quedó la Cumbre

La XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla, terminó con una reunión de vicepresidentes, cancilleres y vicecancilleres de Mesoamérica, en la que se firmó acuerdos en los ámbitos político, económico, social y ambiental, y que la XVIII cita será en México.

Inicialmente se dijo que gobernantes de los siete países de Centroamérica, República Dominicana, Colombia y México serían los asistentes a la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla, pero al final el encuentro se redujo a una reunión de representantes de gobiernos.

Es la primera vez que la cumbre de Tuxtla se realiza en Honduras y fue en la ciudad de San Pedro Sula donde se dio el encuentro, una ciudad considerada como una más violentas e inseguras del mundo.

Siempre ha estado solo

Para el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, el gobernante hondureño ha recibido la espalda de la comunidad internacional desde que asumió su segundo gobierno en enero de 2017, ante las denuncias de fraude y de la violación a la Constitución por su reelección.

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Orellana Mercado manifestó que la situación se pudo haber complicado debido a problemas internos y judiciales externos que enfrenta actualmente el gobernante.

Actualmente, Hernández goza de una débil gobernabilidad en virtud que es señalado por actos de corrupción y de tener vínculos con el narcotráfico. Este último extremo cobro fuerza en las últimas semanas luego que se conociera que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, lo identificó como co-conspirador del narcotráfico y de recibir $ 2 millones de la ganancia de la venta de la droga para financiar su campaña en el año 2013.

Encuentro empresarial

En el marco de la cumbre se celebró el Primer Encuentro Empresarial de Mesoamérica. Los resultados de esta cita  también estuvieron por debajo de las expectativas del gobierno que aseguró la asistencia de 600 empresarios nacionales y extranjeros, cuando en realidad la cita se redujo a 300, siendo los empresarios hondureños los de mayor presencia. Entre los asistentes por parte de Honduras figuraron representantes de las Mypines, que fueron trasladados a San Pedro Sula por el mismo gobierno.

Hernández
El Primer Encuentro Empresarial Mesoamericano no fue tan concurrido como lo pretendió el gobierno de Honduras.

Para el excanciller hondureño, Milton Jiménez, la ausencia de gobernantes durante la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla, es algo negativo para Honduras y para el mismo mecanismo.

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También afecta el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) porque muchos países de estos dos sistemas, pertenecen al Mecanismo Tuxtla.

Independientemente de las razones que motivaron la ausencia de los gobernantes, Jiménez Puerto manifestó que al final todo redunda en un perjuicio para Honduras, en un momento que su imagen a nivel internacional pasa por una situación crítica.

Historia de Tuxtla

El Mecanismo de Tuxtla tiene antecedente en la Reunión Cumbre realizada el 10 y 11 de enero de 1991 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua se reunieron para dialogar sobre los principales temas vinculados con el desarrollo de Centroamérica y de México. En 1996 se incorporaron al Mecanismo Belice y Panamá, y en 2009 ingresaron Colombia y República Dominicana. Hoy en día, el Mecanismo de Tuxtla está integrado por Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

El Mecanismo de Tuxtla está conformado por tres pilares: (1) el pilar político; (2) el pilar económico y (3) el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.

Hernández
Esta fotografía retrata el desarrollo de la XVI de Tuxtla en San José Costa Rica, el 29 de marzo de 2017.

La XVI Cumbre de Tuxtla se realizó en Costa Rica el 29 de marzo de 2017, donde se firmó declaración de San José. En aquella oportunidad asistieron los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales; México, Enrique Peña Nieto; Panamá, Juan Carlos Varela; la designada presidencial de Honduras, Rossana Guevara. Asimismo, los cancilleres de Belize, Wilfred Elrington; El Salvador, Hugo Martíndez; Nicaragua, Denis Moncada Colíndres y de República Dominicana, Miguel Octavio Vargas Maldonado.

Con la participación de líderes sociales instalan mesas de la Plataforma

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Con la participación de diferentes líderes sociales, la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación instaló hoy 21 mesas mediante las cuales se abordarán las diferentes temáticas en el marco del diálogo alternativo ciudadano.

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La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, manifestó que el principal insumo que se recogerá en el marco del proceso, es la participación ciudadana, porque será la misma ciudadanía quien establecerá las propuestas con base a las problemáticas que hay en la salud y la educación.

El ejercicio de ciudadanía que se ha logrado a través de este diálogo para nosotros es fundamental. Esto es realmente democracia y el gobierno al final va a tener que aceptar estos insumos, porque es obvio que las políticas que ha implementado solo a los fracasos han llevado al pueblo hondureño: Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras.

Para la presidenta de los galenos las malas decisiones del gobierno que obedecen a una política inhumana y excluyente, son las responsables de la deserción escolar y del abandono del sistema de salud.

A la par del diálogo de la Plataforma el gobierno realiza un diálogo con sectores afines, por lo que a juicio de la presidenta de los médicos, el ejercicio oficial no es más que un monólogo.

Plataforma
Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras.

“Este diálogo si tiene los actores correctos, este diálogo si tiene a los actores con compromiso con la ciudadanía, los otros están pagados, los otros solo tienen un compromiso con que liberen algunos procesos que tienen pendiente o si no los van a despedir y lo entendemos, porque el gobierno definitivamente no tiene el respaldo de la población, es un gobierno que se quedó prácticamente solo y que solo a los asalariados puede tener, si les paga más o los libera de algunos procesos que tienen pendientes”, dijo Figueroa.

La líder de la Plataforma manifestó que mientras se delibere en las mesas, las movilizaciones de la salud y educación continuarán, probablemente con mayor intensidad. “El ciudadano necesita seguirse manifestándose y es justamente esa manifestación la que lleva a este producto que tenemos en este momento y que obviamente va a seguir contando con ese respaldo popular”, acotó.

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Del lado de la salud se instalaron once mesas y por educación diez.

Para el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, quien participa en las mesas del diálogo alternativo, entre el diálogo del gobierno y el de la Plataforma existe una diferencia abismal, ya que en el primero, el proceso se da con los empleados del gobierno quienes nunca dirán la verdad que el pueblo hondureño necesita conocer. En tanto en el diálogo alternativo “están los que verdaderamente quieren la transformación de esos sectores (salud y educación)”.

Plataforma
Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general de la República.

Orellana Mercado consideró que la iniciativa de los médicos y de los docentes, es altamente peligrosa para el sistema, especialmente para aquellos sectores que representa el gobernante porque “aquí se va a tratar la forma de cómo estos sectores tengan más transparencia y rindan cuentas con mayor efectividad, cuestión que no le conviene a aquellos que viven de la corrupción”.

Amplió que en el diálogo ciudadano está la gente que conoce la temática y que propondrá una modernización que esté más consecuente con las necesidades del país.

Por su parte el experto en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, el diálogo de la Plataforma es un ejercicio ciudadano donde se muestra la voluntad de no solamente estar dentro de las manifestaciones y protestas, que aunque sean espacios válidos, también es necesario presentar una propuesta concreta al Estado.

Joaquín Mejía
Joaquín Mejía, experto en derechos humanos.

Mejía señaló que la propuesta de la Plataforma tendrá el objetivo de refundar el sistema de salud y educación y aunque el régimen no reconozca su vinculación, se debe recordar que el “régimen no tiene legitimidad”.

En virtud que la propuesta se construye con base a la participación ciudadana, señaló que ésta tiene mucha legitimidad, por lo que para el Estado será muy difícil rechazarla.

«Este gobierno no se sostiene, no importa que Trump venga aquí con sus locuras»: Edmundo Orellana Mercado

Orellana Mercado alerta, además, que con el traslado de la embajada a Jerusalén, Honduras se está colocando como objetivo del terrorismo internacional islámico.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El exfiscal general de Honduras, Edmundo Orellana Mercado, augura que pese al apoyo de los Estados Unidos, el sostenimiento del régimen de Juan Hernández, no dependerá en el futuro de la nación del norte sino que del pueblo hondureño.

“El sostenimiento de este gobierno no va a depender en el futuro del gobierno de los Estados Unidos, va a depender del pueblo hondureño, y el pueblo hondureño está indignado y la indignación popular se ha mantenido”, dijo Orellana Mercado en una entrevista con CRITERIO.

Vaticinó que si la indignación se radicaliza y se extiende a todo el territorio nacional o a puntos focales estratégicos, “este gobierno no se sostiene, no importa que Trump venga aquí con sus locuras a hablar lo que quiera hablar, no lo va a poder sostener”, dijo.

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Analistas y expertos en política exterior, han señalado que Hernández es sostenido por el poder estadounidense porque Honduras se ubica en una posición geográfica de interés para que el país del norte movilice sus tropas militares a través de las bases colocadas en este país centroamericano, tesis que fue compartida por el exfiscal hondureño.

Orellana Mercado dijo, además, que a los Estados Unidos no le importa los señalamientos de narcotráfico que hay en contra del régimen de Hernández, porque lo considera un socio confiable y porque es un voto seguro en las cumbres internacionales e interamericanas para lograr condenar a Venezuela. Asimismo, porque en Honduras hay bases militares estadounidenses que aseguran la operatividad.

JERUSALÉN

Sobre el anuncio del gobierno de Honduras de trasladar su embajada en Israel, de Tel Aviv a Jersusalén, Orellana Mercado, manifestó que “estamos entrando en un terreno peligroso, nos estamos colocando eventualmente como objetivos del terrorismo internacional islámico, porque esa ciudad es latamente conflictiva”.

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También apuntó que la visión del gobierno de Honduras ha sido muy miope porque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, si bien es cierto tiene una buena relación con Donald Trump, tiene problemas políticos y señalamientos por corrupción que no garantizan su permanencia en el poder.

La acusación de Trump

Por: Edmundo Orellana

Trump ha declarado la guerra a los gobiernos del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, como recurso mediático para orientar las preferencias del elector gringo a favor de los republicanos.

La caravana de hondureños que, según Trump, amenaza la seguridad de USA, motivó a otros centroamericanos, que se le han unido con el mismo propósito, huir del infierno que viven en sus respectivos países.

Trump responsabiliza a esos gobiernos del éxodo porque no han atacado las verdaderas causas de los históricos problemas que aquejan a estos países. Los acusa de robarse las ayudas que “generosamente” ofrece a esos gobiernos, particularmente al de Honduras, que, en una reacción inédita, exige a Trump, ingenuamente, que rectifique.

Desde que regresamos al régimen constitucional no hemos presenciado un deterioro en las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, como el que observamos. Ni gobernante hondureño alguno había recibido semejantes insultos del Presidente de Estados Unidos.

Esto ocurre en un contexto muy complejo, que comprende la caravana, pero también la lucha contra la impunidad en corrupción que lidera el binomio MACCIH- UFECIC, auspiciado, entre otros, por el gobierno de Estados Unidos, cuyo Congreso está por recibir una lista de supuestos corruptos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que remitirá el Departamento de Defensa gringo y que, según afirma su promotora, la representante Torres, servirá para cancelar visas y aplicar la famosa Ley Magnistky.

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La acusación de Trump no viene de la nada. Seguramente, la información que se ha recopilado para la confección de esa lista, le sirve de sustento para proferirla. Por lo que no será una sorpresa que altos funcionarios de esos gobiernos, a los que Trump, acusa de ladrones, se incluyan en la misma.

¿A qué nivel llegará esa lista? Después de lo dicho por el impulsivo Trump, habrá que preguntarse si su gobierno está dispuesto a deteriorar sus relaciones con estos gobiernos, incluyendo a funcionarios que ocupan posiciones cimeras en éstos.

Con Honduras ha tenido una relación ambigua. Oficialmente actúa como si el gobierno hondureño fuese un aliado importante, pero, a su vez, el gobernante aún no ha sido recibido oficialmente por Trump, quien no duda en atacarlo directamente y responsabilizarlo del éxodo del que se ha aprovechado para provocar miedo entre los electores, esperando se orienten hacia los candidatos republicanos en estas elecciones de medio término.

¿Qué nos está anunciando el gobierno de Estados Unidos? Por ahora, la acusación de Trump es un categórico mentís a las declaraciones oficiales de su embajada en nuestro país, que reiteradamente defiende al gobierno hondureño, cuya exclusión de la Cuenta del Milenio, recién anunciada, revela- otra vez, contrariando a la embajada- que el gobierno ha sido incapaz de aprobar los indicadores que se exigen en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

Siendo que es el Presidente de Estados Unidos quien denuncia ante sus electores que sus contribuciones fiscales canalizadas hacia estos países, probablemente se las roban sus gobiernos impúdica e impunemente, provocando la pobreza extrema, desempleo, explotación, discriminación e inseguridad, causas directas del éxodo hondureño, es de suponer que la famosa lista que se está elaborando será la prioridad de los representantes que salgan electos en estas elecciones, ante la imposibilidad de que se castigue localmente a los responsables.

Más allá de que se trata, manifiestamente, de una transgresión a las normas más elementales de la diplomacia, la denuncia de Trump coloca al gobierno hondureño, en el que ha hecho énfasis en su acusación, en una posición muy incómoda ante el mundo y en riesgo de que a sus más altos funcionarios se les aplique la temida Ley Magnistky.

Por menos de lo expuesto en otros países la oposición ya hubiera asumido el control de la agenda nacional en busca de una salida a la crisis. En el nuestro, desgraciadamente, la oposición, incapaz de asumir su papel, se afana en pequeñeces esperando que desde el extranjero resuelvan la crisis a su favor.

Países que reconocen resultados del TSE están claros que algo raro pasó: Edmundo Orellana Mercado

El exfiscal de la República advierte que reconocimientos es para bajar la intensidad de la crisis

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El analista político de CRITERIO y exfiscal de la República, Edmundo Orellana Mercado, considera que los países que hasta el momento han reconocido los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante los cuales el presidente Juan Hernández ha logrado la reelección, lo han hecho para bajar la intensidad de la crisis  que actualmente hay en Honduras y lo han hecho utilizando un lenguaje diplomático porque “algo raro pasó”.

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“Estos reconocimientos internacionales sólo van en esa línea de bajar la intensidad de la crisis porque ellos saben que hay un conflicto aquí”, expresó Orellana Mercado.

Los países que han reconocido la reelección de Hernández han enviado mensajes diciendo que reconocen los resultados del TSE, sin mencionar la voluntad popular de los hondureños.

Hasta el momento se han pronunciado Colombia, Taiwán, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Panamá, México, Corea del Sur, Japón, España, Argentina, Brasil, Israel, Estados Unidos, Rusia, Francia y Perú.

Tanto los rusos como los estadounidenses, que han reconocido los resultados de las elecciones, han entendido que aquí lo que hay es un problema real serio y peligroso, dijo a CRITERIO el exfiscal de la República.

Añadió que los países creen que al hacer el reconocimiento bajarán la intensidad del conflicto.

En el caso particular de los Estados Unidos, dijo que se enfrenta a una disyuntiva y es el hecho que si no reconoce la reelección de Juan Hernández, se enfrentaría a  la otra opción que está más inclinada hacia  Nicaragua y Nicaragua a Rusia y eso implicaría problemas para el gobierno de ese país.

En cuanto al reconocimiento del gobierno ruso, dijo que lo hace para ayudar a bajar la intensidad del conflicto, pero que no descarta que haya otra cosa,  y puede ser, resolver el problema en el que actualmente se encuentra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Orellana Mercado considera que los países que se han pronunciado sobre los resultados de las elecciones del pasado 26 de noviembre, “han mantenido el lenguaje diplomático, que es un lenguaje enigmático, que hay que leerlo entre líneas, porque lo que están queriendo decir es que ellos son prudentes y que señalan que el resultado es el que indica el Tribunal Electoral y no quieren dar el paso de escudriñar la voluntad  popular”.

Todavía no ha existido una expresión efusiva en cuanto a que sea el pueblo el que se volcó a darle la aprobación a él (Juan Hernández) de su continuismo, sino que hacen el señalamiento de los resultados del Tribunal.

Añadió que siendo objetivo, “nadie en sus cabales puede admitir que un Tribunal Supremo Electoral, supuestamente con una gran experiencia, con todos los mecanismos para manejar adecuadamente el proceso, haya dado los resultados hasta después de más de 20 días”.

Apuntó que el mensaje de los gobiernos se ha manejado de esa manera porque “están claros que algo raro pasó”, pero que para bajarle la intensidad al conflicto que está viviendo el país, creen que su reconocimiento puede ayudar, “pero se reservan esa declaración en cuanto a la voluntad popular, porque la ven en la calles”.

Al reconocer los resultados de la manera en que lo han hecho, los gobiernos están abiertos a las posibilidades, porque saben que las impugnaciones están en trámite y saben que existe una posibilidad de una nulidad y que la Constitución habla de nuevas elecciones, “entonces todo eso se lo reservan en esa declaración tan prudente: Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general de la República de Honduras.

Sobre el pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de pedir a los actores políticos que confluyan en un diálogo para propiciar reformas electorales, dijo que casi todos los países que han hecho el reconocimiento van en esa misma línea, porque en realidad están convencidos que es urgente hacer esos cambios.

Acotó que ni Estados Unidos ni ningún otro país, han establecido que el diálogo debe ser dirigido por el presidente Hernández, sino para que ese proceso acerque a las fuerzas políticas.

En ese mismo orden, estableció que “Habrá que ver si el conflicto y la insubordinación general que hay en el país, es pensando en lo que diga Estados Unidos o no, yo creo que no. El hecho de que Estados Unidos lo reconozca, lo reconozca Costa Rica, Panamá, Brasil o cuántos quieran reconocerlo, no creo que vaya a incidir en la insubordinación que estamos viendo en el pueblo, esto es otra cosa, esto es una cuestión que arraiga en el pueblo que está prendido y que es el pueblo el que está decidido a hacerlo independientemente  a lo que piensen los demás países”.

El exfiscal de la República, apuntó que la manifestación ya no es manejada por los líderes políticos de la oposición y si ellos deciden frenar al pueblo en su lucha por rescatar el orden constitucional estarían cometiendo el peor error, porque con la imposición de las elecciones fraudulentas de Juan Orlando Hernández, lo que se pretende es asestar un golpe técnico.

Advirtió que si los políticos piensan que mediante la creación de una plataforma bajarán la intensidad del conflicto en las calles, “sería la peor traición que le pueden hacer al pueblo hondureño”.

Mediante su amplio análisis aseveró no tener la menor duda que las protestas continuarán al pasar las festividades de fin de año, “salvo que estos líderes se hayan empequeñecido ante el crecimiento de la dignidad del pueblo indignado en estos últimos días. Si ellos se han empequeñecido, se han reducido frente a eso, le han temido, han entrado en pánico, entonces que se retiren y se vayan a sus casas y no intenten más hacer el papel de líderes que este pueblo ya les sobrepasó”, señaló.

El analista político, quien es miembro del Partido Liberal de Honduras, aseguró que esta institución política ya definió su posición  y es la no aceptación de los resultados de las elecciones  y no asistir al diálogo dirigido por el presidente, Juan Hernández.

Recordó que el Partido Liberal ha propuesto un diálogo bajo la  mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el arbitraje del expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica.

El expresidente de Honduras y coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Manuel Zelaya Rosales, ve con buenos ojos la propuesta del Partido Liberal y ayer planteó al Partido Nacional, que nombre a un interlocutor de derecha para que sea de su misma línea ideológica, porque a su juicio el expresidente Mujica representa a la izquierda.

Al respecto, Orellana Mercado lamentó la postura de Zelaya Rosales y le pidió que no ideologice el tema, porque “Pepe” Mujica se aleja de la izquierda que pregonan  algunos líderes de América del Sur, porque sus posiciones son totalmente objetivas, a tal grado que se ha convertido en un referente mundial como uno de los estadistas más coherente con la realidad que vive el mundo.

Aclaró que el diálogo que propone el Partido Liberal no es para reconocer el continuismo del presidente Hernández, sino para la construcción de un pacto social político, social y económico y que vayamos a un nuevo proceso electoral, pero no como lo plantea Hernández, ni como lo plantea la Alianza.

“Porque si la Alianza está queriendo hacer un diálogo en el que está excluyendo, entonces ese no es diálogo y si Juan Orlando quiere hacer un diálogo imponiendo, tampoco es diálogo, el diálogo debe ser inclusivo y con un propósito, y construir con nuevas reglas un nuevo sistema en el que tengamos que admitir que la dinámica de la sociedad ya no responde al contexto axiológico normativo del país, sino que son reglas nuevas.

Señor Presidente

Por: Edmundo Orellana

La causa principal de lo que está aconteciendo en el país es su inconstitucional proyecto continuista que su terquedad está llevando a límites que cualquier persona juiciosa habría evitado por el peligro que entraña.

Lo que nace mal termina mal, Señor Presidente. Su candidatura es producto de una violación a la Constitución de la República, ejecutada con todos los agravantes. La preparó con tiempo, violando la Constitución cuantas veces fue necesario; sedujo a sus correligionarios y estimuló los apetitos de los más venales adversarios para que le ayudasen en el nombramiento de un Fiscal que no se opusiese a ninguna acción a favor de su candidatura y de una Sala de lo Constitucional dispuesta a emitir sentencias “a la carta” y, posteriormente, de una Corte Suprema de Justicia complaciente, cuya Sala de lo Constitucional ratificase lo que sea necesario para asegurar su candidatura; y, adelantó nombramientos en el TSE, para prevenir sorpresas electorales. Asegurado el sistema de justicia, procedió a diseñar el modelo que le permitiría defender con las armas su candidatura, reprimiendo a los que protestasen y, a este efecto, creó la PMOP.

Hasta aquí, Señor Presidente, la cuestión es de valores y principios, que poco o ningún peso tienen en el universo poblado de intereses personales, grupales y empresariales en el que usted habita. Sin embargo, llegó el momento en que la población percibió que esa travesura suya, de impúdica esencia, pero sin efectos visibles, comenzó a convertirse en un problema real, cuando se percató que el férreo control que usted ejerce sobre las instituciones estatales tiene efectos negativos en sus relaciones jurídicas, en sus vidas personales y hasta en su futuro.

Se enteraron los hondureños que ninguna institución podía poner límites a sus abusos. Que el Congreso legislaba al ritmo de sus caprichos, incluida la oposición, sin atender sus reclamos; que el sistema de justicia no funciona cuando al Presidente no le conviene; y, que la policía atiende lo que se enmarca dentro de las prioridades del Presidente.

En este esquema, no solo los pobres, vulnerables en todos los sistemas, son las víctimas, ahondando más sus miserias, sino también los empresarios a quienes ha sometido a una persecución fiscal indiscriminada, siendo los micro y pequeño empresarios las primeras bajas de esa guerra sin cuartel contra la inversión local, agravada con la sospecha de que, en lugar de incentivar la inversión en general, se está privilegiando un grupo de elusiva identidad con propósitos de sustituir, en algunos rubros, a los empresarios ya establecidos.

La disposición de los recursos financieros con ausencia total de transparencia y en perjuicio de la buena administración, amparado en la ley de secretos estatales, fuente de corrupción sin precedentes en nuestra historia, es una  disfunción más consecuencia de la concentración de poder en sus manos. Ni siquiera los gobiernos más corruptos se atrevieron a apelar a este recurso.

En seguridad, Señor Presidente, contrario a lo que usted sostiene que hay más protección para la ciudadanía, yo lo invito a que pregunte a cualquier ciudadano de a pie si se siente seguro en la calle.

Su inconstitucional proyecto continuista, Señor Presidente, ha empeorado este panorama desolador que es Honduras, campeona de los últimos lugares en los ranking mundiales, provocando desconfianza absoluta en el TSE, envileciendo el proceso electoral y generando la percepción general de que los votos que últimamente se le han adjudicado son fraudulentos.

Esa terquedad suya de retener el Poder, además, está causando severos daños a la economía del país, por el vandalismo cuya responsabilidad, dice su gobierno, es de las turbas descontroladas y la Alianza de infiltrados del gobierno, en todo caso se percibe como una reacción de desahogo, brutal y censurable, por lo que el pueblo entiende es una deliberada y fraudulenta maquinación para despojar de la victoria a su contendiente de la Alianza, y la represión desatada por su gobierno ya causó las primeras victimas mortales en prometedores jóvenes cuyo delito es participar en lo que creen es un atropello la dignidad de la nación.

Señor Presidente, la prueba de que usted. no es el mejor estadista y que su gobierno no es tan bueno como usted pregona, con el lema “lo bueno debe continuar”, es que el pueblo no votó masivamente por usted y sí por sus diputados.

Su capricho de retener el Poder, Señor Presidente, amenaza con destruir la economía del país y provocar una masacre entre la población desarmada. Lo banal y transitorio reclamando imponerse sobre lo fundamental y permanente.

¿Cómo quiere que lo recuerde la historia, Señor Presidente, como a Gálvez o como a Carías Andino? Usted tiene la palabra.

A la MACCIH le falta autoridad moral para empujar con fuerza lo que pide: Edmundo Orellana Mercado

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-A juicio del exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) le hace falta autoridad moral para exigir el cumplimiento de lo que exige.

“A la MACCIH desgraciadamente le hace falta autoridad moral para empujar con fuerza lo que pide, por una sencilla razón: se involucró mucho en los pasillos del poder y alternó mucho en fiestas oficiales y de embajadas, al grado que hoy ya no la miran con respeto”, expresó el también político del Partido Liberal.

La institución en sí misma perdió  crédito moral, a tal grado que el liderazgo que debería tener con el propósito de luchar contra la corrupción, se ha desbaratado, al referir que tres ejecutivos involucrados en asuntos de investigación, de fiscalía y de asuntos electorales, se fueron y habrá que preguntarles por qué tomaron esa decisión.

El exfiscal de la República se refirió a las  renuncias del fiscal, Manuel Garrido; del investigador, William Ramírez y del encargado de asuntos electorales, Jacobo Alejandro Domínguez Gunidi.

El pasado 13 de julio, durante una conferencia de prensa el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, se incomodó ante una interrogante de CRITERIO sobre las razones del por qué la Misión se estaba “desmantelando” a razón de la renuncia de los funcionarios antes citados.

Jiménez Mayor, en lugar de dar respuesta a la interrogante, respondió de manera airada y con ánimos de ofender a este medio de comunicación, y aseguró que la Misión no tiene problemas a lo interno y que quien asegure lo contrario, es porque es parte de una campaña para desestabilizar su trabajo.

“Ese es el argumento de quienes han fracasado, como no tienen argumentos, entonces critican no al argumento, critican a la persona, son argumentos abomines, eso no tiene validez”, expresó Orellana Mercado ante la postura de Jiménez Mayor.

El exfiscal general de la República, dijo que la respuesta de Jiménez Mayor es igual a la respuesta que da el presidente de la República, Juan Hernández, cuando es criticado por alguna razón y  no tiene argumentos para defenderse.

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Sobre el respaldo que ha recibido la MACCIH durante las últimas semanas, por parte de la comunidad internacional, Orellana Mercado, dijo que para la cooperación los resultados nunca han sido importantes, porque lo que le interesa es colocar fondos, asistencia técnica y apoyo.

Añadió que las evaluaciones de la comunidad internacional se limitan a la ejecución de los fondos y no a los resultados.

Apuntó que Honduras es un claro ejemplo de “un cementerio de esperanzas” para los organismos de cooperación internacional, porque dan las ayudas y pese a que no existan resultados, nunca nadie ha recriminado los fracasos de los proyectos.

Así  que en el caso de la MACCIH, los gobiernos o los organismos regionales, como la Unión Europea, que han asignado recursos, no exigen más que los informes que presenta la Organización de Estados Americanos (OEA).

Agregó que si se analiza los logros anticorrupción que se le han atribuido a la Misión, son los mismos que el Ministerio Público medianamente ha avanzado, pero por la presión de los indignados en las calles y porque el gobierno de los Estados Unidos ha pedido las extradiciones.

Finalmente señaló que es vergonzoso que las acciones sean atribuidas a la MACCIH, “pero más vergonzoso es que la cooperación  internacional, que tiene sus representantes aquí, se deje obnubilar por esos reflejos que al final de cuentas no provienen de la MACCIH sino que provienen de algunas instituciones hondureñas”.

Jueces político-partidistas o con posiciones políticas

Por: Edmundo Orellana

redaccion@criterio.hn

Edmundo Orellana Mercado, exFiscal General de Honduras.
Edmundo Orellana Mercado, exFiscal General de Honduras.

El Poder Judicial, como órgano de gobierno, aplica la política del Estado. Siempre ha sido así. Nuestro Código Civil, por ejemplo, es la expresión de un nuevo sistema político y económico, surgido de la revolución francesa, del que Napoleón se jactaba y reconocía ser su mejor legado a la humanidad. Y el Civil es, probablemente, el más antiguo código en vigencia que aplican nuestros tribunales.

Cuando la producción industrial comenzó a insinuarse en el sistema de producción artesanal prevaleciente, el previsor gobierno del momento, impulsó un Código de Comercio regulador de las nuevas relaciones comerciales que ese novísimo modo de producción generaría. Desde la aprobación del Código de Comercio, a la fecha, el desplazamiento de las reglas civiles por las mercantiles en el país, ha sido más que obvio. Todo gracias a decisiones políticas oportunas, cuya aplicación corresponde a los jueces.

La justicia, entonces, no está divorciada de la política; es más, le es consustancial. De lo que sí está divorciada, es de la política partidista, porque ésta, por su carácter tóxico, contamina. Por eso, la ley prohíbe a los jueces militancia política partidista, pero no les inhibe de asumir posiciones políticas, como ha quedado claramente reconocido en la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el tema de los jueces destituidos por la Corte Suprema de Justicia, por sus posiciones políticas asumidas en ocasión del Golpe de Estado.

El juez, entonces, debe ser un sujeto capaz de asumir y manifestar posiciones en relación con las circunstancias que lo rodean. La diferencia con los demás, es que sus manifestaciones, aunque pueden consistir en declaraciones generales, contentivas de sus percepciones, de ordinario, no exceden los límites de sus sentencias, proferidas con apego, no solo a letra de la ley, sino también al espíritu del legislador, sin sustraerse, desde luego, de las circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales de su entorno.

Las posiciones políticas del juzgador enriquecen la jurisprudencia, innovando el derecho y beneficiando al país. La apreciación de las circunstancias económicas del momento, le permitió, por ejemplo, al juez francés innovar el derecho de los contratos, cuando aceptó como causa de modificación del contrato, en el célebre “caso del gas de Burdeos” (en 1916), la “imprevisión por causas sobrevinientes”, en clara oposición al dogma de la época, la “cláusula pacta sunt servanda”, cuando esas “causas sobrevinientes” causen una excesiva onerosidad al contratista, garantizándole a éste una adecuada compensación; es el caso también de la suprema corte de Estados Unidos, cuando, eliminando la segregación racional, liberó a una gran masa de su población de las cargas socio-económicas que la discriminación imponía, permitiendo, a los segregados de entonces, acceder a un mundo de infinitas oportunidades.

Necesitamos, pues, jueces conscientes de nuestra realidad, con posiciones políticas claras sobre la misma. Capaces de juzgar, no solo apegándose a la ley material, sino también apreciando la dinámica social, política y económica, en la que esa ley debe aplicarse.

Los jueces político- partidistas no garantizan ni siquiera fidelidad al partido que los postula, como pudo comprobarse con la participación de la Corte, mayoritariamente liberal, en la conspiración golpista contra el gobierno liberal de Zelaya. Los jueces con posiciones políticas definidas en relación con la realidad nacional, son más independientes, por el proceso de formación de su criterio, y menos susceptibles de ser presionados por los partidos políticos, de quienes se sienten distantes, cuestión que quedó ampliamente demostrada con la participación de los jueces favorecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese aciago evento, del que la Corte Suprema fue promotora principal.

Mal hacen, entonces, los políticos exigiendo porcentajes de participación en la Corte Suprema. Si realmente quieren que Honduras sea segura, estable, creíble y atractiva- incluso para la inversión extranjera- deben, por el contrario, promover la independencia judicial, asegurándose de que los jueces, en lugar de compromisos político- partidistas, asuman la responsabilidad de contribuir, con su imparcialidad, al desarrollo económico, social, político y cultural del país, directa y decididamente.