Decreto que crea la Secretaría de Transparencia viola la Constitución 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –Si bien el mandatario, Juan Hernández, hizo uso de los poderes que el Congreso Nacional le otorgó en el 2014 con reformas que conceden plenos derechos, en la misma Ley General de la Administración Pública, en el artículo 7 y 8, se estipula el orden que debe imperar y el respeto a la Constitución de la República.

Para el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, la reciente creación de la Secretaría de Transparencia es un intento frustrado de Hernández por querer concentrar las funciones de transparencia y rendición de cuentas, que ya están legalmente consignadas en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP).

El domingo anterior Criterio.hn informó en exclusiva sobre la creación de la nueva secretaría de Estado y lo que contempla el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020, mediante el cual se creó y otorgó facultades a la nueva institución perteneciente al Poder Ejecutivo.

otra reelección de Juan Hernández
Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general de la República.

La Secretaría de Transparencia ha sido considerada por varios sectores de la sociedad hondureña como una paralela a las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Ministerio Público (MP).

Para la creación de la nueva secretaría de Estado, Hernández se amparó en las reformas hechas a la Ley General de la Administración Pública y que forman parte de un estamento jurídico que se confeccionó en el Congreso Nacional a finales de la legislatura de 2013, cuando desde este poder del Estado se le otorgó poderes supremos a la figura del presidente de la República, una vez Hernández se estrenara en la primera magistratura del país en enero de 2014.

La aprobación de leyes, decretos y reformas legales se efectuaron en enero de 2014 cuando en un sólo día el Partido Nacional, en contubernio con la mayoría de los diputados del Partido Liberal y minoritarios, logró aprobar más de 67 decretos y al menos 20 leyes sin cumplir con los requisitos.      

El artículo 2 de la Ley General de la administración Pública manifiesta que la creación, modificación o supresión de los órganos de la administración pública incluyendo las instituciones desconcentradas y descentralizadas, solamente se puede hacer previa definición del fin público a satisfacer cuando se acredite su factibilidad económico-administrativa, considerando el costo de su funcionamiento, el rendimiento especializado o el ahorro previsto.

Asimismo, no deben crearse nuevos organismos de la administración centralizada o instituciones descentralizadas que impliquen duplicación de otros ya existentes, si coetáneamente no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos. El presidente de la República debe tomar las medidas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de esta disposición.

El artículo antes citado fue reformado mediante Decreto 266-2013 de fecha 16 de diciembre de 2013 y publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,336 del 23 de enero de 2014. El artículo 4-A también fue derogado.

En consecuencia, la reforma que Hernández utilizó manifiesta en el artículo cuatro que la creación, modificación o suspensión de las secretarías de Estado o de los organismos o entidades desconcentradas, solamente puede ser hecha por el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado.

“Cualquier criterio mío o de cualquier otro queda anulado frente al poder que tiene la autoridad de hacer valer sus decisiones frente a los demás, eso significa que, si el IAIP se resiste con las decisiones que emita la Secretaría de Transparencia, lo pueden castigar, simplemente reduciéndole el presupuesto y otras formas para asfixiar a la institución”, opinó Edmundo Orellana Mercado.

Explicó, además, que lo que no podrán hacer es una afectación directa al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) porque es un órgano constitucional que está fuera de los poderes del Estado y ni al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) porque tampoco está dentro de la administración pública.

De acuerdo con el análisis de Orellana Mercado las instituciones que sí se verán afectadas serán el Ministerio Público y el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque según el decreto de creación de la nueva secretaría de Estado, la investigación corresponde a ese ministerio.

FACULTAD DE LEGISLAR ES EXCLUSIVA DEL CONGRESO

El exfiscal de Honduras aclaró además que la Ley General de la Administración Pública no pudo haber sido utilizada por Hernández para crear una nueva secretaría de Estado porque esa es una facultad indelegable que tiene el Congreso Nacional, de acuerdo con las facultades conferidas por la Constitución de la República.

“Eso significa que el único que puede emitir leyes en Honduras, monopólicamente es el Congreso Nacional y, lo segundo, es que la misma Constitución establece que las secretarías de Estado son creadas por ley”, dijo a Criterio.hn Orellana Mercado.

En ese entendido, añadió, “el decreto emitido por el gobernante viola la Constitución cuando esta dice que solo por ley pueden ser creadas las secretarías de Estado y en segundo lugar el decreto en el que se sustenta es inconstitucional porque la Carta Magna prohíbe delegar funciones legislativas”.

Si bien estas reformas conceden plenos derechos al presidente de la República, en la misma Ley General de la Administración Pública en el artículo siete manifiesta el orden que debe imperar y el respeto a la jerarquía siendo lógicamente el cumplimiento primario a la Constitución de la República, apuntó el especialista en derecho administrativo.

En torno al trabajo que se plantea la nueva secretaría de Estado, el exfiscal hondureño, manifiesta que no tiene mayor importancia ya que la misma es parte de “un intento frustrado” del gobernante por querer concentrar las funciones de transparencia y rendición de cuentas, probidad y liderar el TSC, IAIP, MP y el CNA, a quienes, según Orellana Mercado, Hernández quiere dictar lineamientos a seguir obligatoriamente.

“Cuestión que queda en un simple sueño porque eso es imposible de aplicar, a menos de que los tribunales lo acepten entonces ahí habría un problema serio, porque significa que ahora ya no sólo es el Poder Ejecutivo ejecutando, sino que el Poder Judicial reconociendo que esa ejecución es legal y ahí si estarían en problemas todas las demás instituciones”, alertó Orellana Mercado.

TSC ADVIERTE RECURSO LEGAL

El pasado viernes, los comisionados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reaccionaron en torno a la nueva secretaría y sus funciones enmarcadas en el decreto de su creación y expusieron a la recién nombrada ministra de esa dependencia, María Matamoros.

Los funcionarios del TSC, que contaron con el apoyo de un equipo legal, concluyeron que existe dualidad y subrogación de funciones que constitucionalmente competen al TSC y a otras instituciones estatales.

Por consiguiente, el ente contralor de Estado, instó al Poder Ejecutivo a “reconsiderar la creación de la nueva secretaría de Estado, tomando en cuenta los principios de eficiencia y eficacia, ya que la misma provocará la afectación de la estructura presupuestaria en tiempos en que el país atraviesa estados de emergencia”.

Los funcionarios del TSC han pedido se enmiende el documento de la creación de la nueva secretaría en virtud de la existencia de inconsistencias. También demandan que el borrador resultante sea socializado con todas las instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción y de no hacerlo a corto plazo han advertido que se reservan el derecho de interponer las acciones legales para garantizar el respeto a las atribuciones constitucionales, por lo que también adelantaron que preparan la presentación del respectivo recurso ante el Poder Judicial.

La creación de la nueva institución estadal se origina mientras Honduras se debate en una crisis económica y social debido a los efectos de la pandemia por la Covid-19 y que se profundizará por los daños ocasionados por los fenómenos naturales que están azotando su territorio. A lo anterior se suma el desgaste institucional propiciado por un gobierno ilegitimo, acusado por corrupción y narcotráfico.

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