Recomiendan a Honduras revisar o derogar leyes discriminatorias contra las mujeres

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Para lograr el empoderamiento económico de las mujeres en Honduras, un informe de 2021 de ONU-Mujeres y la Secretaría General Iberoamericana (Segib) recomienda derogar o modificar artículos discriminatorios contenidos en cinco leyes vigentes, entre ellas la Constitución.

El documento titulado Avances y Retos Legislativos en Materia de Autonomía y Empoderamiento de las Mujeres de Iberoamérica menciona ocho áreas para alcanzar ese empoderamiento económico: La igualdad de género y no discriminación, libertad de elección de empleo, igualdad salarial, protección de la maternidad, la licencia de paternidad, seguridad social, cuidados y el trabajo doméstico remunerado.

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Con relación a la primera área, la recomendación es modificar el artículo 60 de la Constitución, “que continúa manteniendo que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos” y no se menciona a la mujer. Además, realizar reformas a disposiciones discriminatorias para las mujeres sobre jefatura de hogar establecidas en el Código Civil.

Para el caso, el artículo 167 del Código Civil dice que: “El marido es el representante de la familia, y en su defecto la mujer”.

En lo relativo a la protección de la maternidad, recomienda aumentar a 14 semanas la licencia por maternidad, que es el piso mínimo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya remuneración debe ser asumido en su totalidad por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En la actualidad, la ley establece una licencia por maternidad de diez semanas, cuatro antes y seis después del embarazo, durante la cual la mujer recibe su remuneración total, de la que el 66 % corre por cuenta del IHSS y el resto, por la empresa.

Si la licencia deja de suponer un coste para la empresa, se evita “que ello se convierta en una fuente de discriminación indirecta para las mujeres”, señala el informe realizado en 22 países.

La protección de la maternidad está regulada en la Constitución, en el Código del Trabajo, en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y en la Ley de Seguro Social, en las que deberán realizarse las modificaciones.

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En cuanto a la Libertad de elección de empleo, la recomendación es eliminar los artículos 127, 128 y 130 del Código del Trabajo, porque “limitan la libre elección de empleo a las mujeres no amparadas en la protección de la maternidad y lactancia, asimilándolas a los menores, en materia de protección laboral”.

Sobre la igualdad salarial, la sugerencia es la “ampliación del principio de igualdad de remuneración a trabajos de igual valor (y no solo a trabajos iguales)”, de acuerdo con lo que establece la OIT.

Otra de las recomendaciones tiene que ver con el trabajo doméstico remunerado, en el cual no hay derecho a un salario mínimo ni al pago de horas extras, tampoco la obligatoriedad del seguro social ni de un contrato escrito; además, el pago en especie (habitación y alimentos) está comprendido dentro de la remuneración y no hay una limitación de la jornada ni se especifica el descanso.

En ese sentido, recomienda la “asimilación plena de las condiciones de trabajadores/as domésticos/as remunerados/as con el resto de trabajadores/as”.

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Sobre la seguridad social, la recomendación es revisar “la densidad de cotización (haciéndola proporcional a las edades de retiro diferenciadas por sexo) en el derecho a la pensión por vejez”, ya que el artículo 116 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social establece que el hombre debe tener una edad de 65 años y la mujer de 60, y ambos deben acreditar 180 cotizaciones mensuales.

En lo ateniente al área de cuidados, se recomienda el “reconocimiento del derecho a centros infantiles tanto a madres como a padres o, en su defecto, a las familias”.

La derogación o revisión de leyes discriminatorias, así como la formulación de nuevas, “es fundamental para el empoderamiento de las mujeres y las niñas y puede marcar una diferencia real en todos los ámbitos de sus vidas”, señala en una de sus conclusiones el informe de la ONU-Mujeres y Segib.

Alerta que la crisis por el Covid-19 ha supuesto para las mujeres un “alarmante aumento de violencia de género y un incremento en la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las personas”.

Además, las mujeres están sintiendo de manera más aguda las consecuencias económicas de la pandemia debido a esa desigualdad y precarización laboral existentes desde antes que comenzara la emergencia.

Mujeres de Honduras luchan en desventaja por conquistar el poder político

Por: Aimée Cárcamo

Fotografías: Fernando Destephen

Portada: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. –Dos son los grandes proyectos de Angélica Méndez para este 2021; el primero, entrar a la universidad para estudiar química industrial y el segundo, sacar su tarjeta de identidad para ir a votar por primera vez.

Esta adolescente residente en Tegucigalpa y egresada de bachillerato cumplirá hasta mayo los 18 años, por tanto, no está registrada para votar en las elecciones primarias del 14 de marzo, pero espera con ilusión las elecciones generales de noviembre para poder ejercer ese derecho.

Su interés en participar en este proceso tan importante para la democracia no es un caso aislado, ya que según el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) las mujeres fueron las votantes mayoritarias en las elecciones generales de 2013, aunque no las más votadas.

El derecho a elegir y ser electas reconocido en 1955 gracias a la lucha de los movimientos feministas organizados, no ha significado su plena y efectiva participación y representación política.

Fue 25 años después de ese logro histórico que dos mujeres resultaron electas cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, en 1980.

En los siguientes seis procesos electorales no llegaron a tener ni el 10 % de representación en el Congreso Nacional.

Pese a las reglas electorales que obligan a los partidos políticos a incluir a las mujeres en las planillas, entre 1981 y 2017 solo 169 lograron una diputación frente a 1,071 hombres, según el informe La representación política de las mujeres (2019), del Centro Carter.

5,406 mujeres han sido asesinadas en Honduras
En los últimos años los movimientos feministas y de mujeres han tenido relevancia en la vida política y social de Honduras.

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En el 2000 fue aprobada la cuota del 30 % de participación política de las mujeres; en 2012, la del 40 %; y en 2016, la del 50%, pero los partidos han desarrollado estrategias para “simular cumplirlas”, señala la organización.

Las mujeres representan el 51.3 % de la población, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) pero siguen teniendo una menor participación que los hombres, incluso en las elecciones primarias.

En la práctica, los partidos tampoco presentan candidaturas paritarias en las elecciones generales. Uno de los problemas es que las reglas electorales inclusivas solo aplican para las precandidaturas internas, de cuyos resultados dependen las listas de candidaturas para las generales, en función de la cantidad de votos alcanzados.

“El sistema político hondureño está excluyendo de manera sistemática a la mitad de la población del proceso de toma de decisiones”, lo que dificulta que pueda ser denominado como “democrático”, apunta el Centro Carter.

MUJERES NO SE SIENTEN REPRESENTADAS

La reducida participación de las mujeres es más grave en el nivel municipal, en el que solo 23 de los 298 municipios están bajo el mando de una alcaldesa.

Según un estudio del Centro Eurolatinoamericano, a menor escala territorial, más invisibilidades se reproducen contra las mujeres, que son relegadas y desplazadas a la esfera privada, es decir al hogar, cuyas responsabilidades asume de manera desproporcionada.

Y si son mujeres, pobres e indígenas, la discriminación se triplica.

En ese contexto destaca el occidental departamento de Santa Bárbara, donde están ocho del total nacional de municipios que son dirigidos por mujeres.

Este año las mujeres podrían alcanzar la mitad de los 28 municipios del departamento, “pero no necesariamente esa representación cuantitativa es cualitativa para nosotras”, dijo la integrante del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), Betty Vásquez.

La mayoría de las alcaldesas del departamento son nacionalistas y siguen el mismo modelo vertical dentro de su partido, sin respetar los derechos de las mujeres. Ni siquiera las dos de Libre han significado una diferencia para las pobladoras, agregó Vásquez, quien también es integrante de la Red de Mujeres de Santa Bárbara, que tiene presencia en 15 municipios.

Mujeres política Honduras
“A las mujeres nos deberían preguntar a quiénes queremos como candidatas”, dice la lideresa santabarbarense Betty Vásquez.

En una de esas dos alcaldías, la coordinadora de la oficina de la mujer que estaba haciendo trabajos “más allá de esos cosméticos que a veces les dicen que hagan para mantener entretenidas a las mujeres” fue despedida “porque tenía un perfil y un liderazgo tan alto que la alcaldesa se sentía opacada”.

Es así como “falta mucha formación política, mucho empoderamiento, mucho desaprender porque a veces muchas mujeres hacen lo mismo que hacen los hombres” en cuanto a prácticas mezquinas y perjudiciales, dice Vásquez.

De los nueve diputados de Santa Bárbara una es mujer, pertenece al Partido Nacional y “lleva siete periodos consecutivos, pero jamás ha legislado en favor de las mujeres, jamás le ha interesado la agenda de las mujeres”, dijo la lideresa departamental. “Creen que hablar de las mujeres es mandarles flores y regalarles un pastel”, criticó.

Es más, añadió, “esa diputada, como otras diputadas del occidente de Honduras, son incluso las que votan a favor de políticas nefastas” para los derechos de la población femenina, como la reforma al artículo 67 sobre el aborto.

Tampoco los grupos feministas se sienten representados por las mujeres que han llegado al poder.

La reforma para endurecer la prohibición del aborto es un ejemplo de cómo el tema de las mujeres es usado para conseguir votos, pero también de la falta de representatividad que hay, dijo la defensora legal de la Red Lésbica Cattrachas, Astrid Ramos.

El papel de las diputadas “nos hizo saber que tener mujeres en el Congreso tampoco es una garantía de que van a legislar a favor de nosotras”, manifestó.

“Tener mujeres en el Congreso tampoco es una garantía de que van a legislar a favor de nosotras”: Astrid Ramos, defensora legal de Cattrachas. (Foto: redes sociales Astrid Ramos.

El día del debate, la mayoría de los que hablaron fueron hombres y las pocas veces que participaron las diputadas “fue en contra de las mujeres”, dijo Ramos, quien deploró “papeles nefastos” como el de la diputada nacionalista Waleska Zelaya.

También dejó mucho qué desear la titular del Instituto Nacional de la Mujer (Inam), “la máxima representante de las mujeres en Honduras ni siquiera dio una opinión, se llamó al silencio”, recordó.

En ese sentido, “tener mujeres mientras le sirvan al sistema o mientras carezcan de poder real para tomar decisiones y decir sus opiniones sin miedo a represalias, o que definitivamente sean misóginas, es lastimoso”, opinó Ramos.

A su criterio, uno de los problemas es que las mujeres se han acostumbrado a ceder espacios.

“Sabemos que el patriarcado también actúa para ponernos a nosotras mismas en contra”, expresó la profesional del derecho, “pero mientras no tengamos a mujeres comprometidas, que no teman tomar una posición públicamente” y que no cedan por miedo a no salir reelectas “creo que no vamos a avanzar”.

Para Merly Eguigure, directora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, “son contadas con los dedos de las manos las diputadas que efectivamente hacen suyas las reivindicaciones estratégicas más importantes de las mujeres”.

Además, funcionarias como la ministra del Inam solo responden a los intereses del gobierno y de su partido y solo algunas mujeres “han tenido la valentía, la fuerza y el coraje de impulsar algunos temas”.

Pero no solo los intereses partidarios mueven a algunas funcionarias y servidoras públicas por quienes las mujeres organizadas no se sienten representadas.

Mujeres Política Honduras
La mayoría de las funcionarias públicas solo responde a los intereses del gobierno y de su partido, dice la directora del Movimiento por la Paz Visitación Padilla, Merly Eguigure.

Desde una tesorera municipal que transfirió fondos de la alcaldía a la cuenta de su madre, como consta en un informe de 2019 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), hasta una vicepresidenta del Congreso Nacional incluida ese mismo año en una lista de corruptos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los casos de mujeres implicadas en actos de corrupción son cada vez más visibles.

Funcionarias de mandos intermedios, alcaldesas, diputadas, ministras y primeras damas son orquestadoras, cómplices e instrumentos en casos sonados como la Caja chica de la dama, Pandora, Red de Diputados, Corrupción sobre ruedas y Hermes, entre otros.

Aunque hay un sesgo de género en la percepción de la corrupción, que es más atribuida a los hombres, los estudios sobre psicología social han demostrado que la honestidad e integridad no son condiciones consustanciales a ser hombre o mujer, dice el estudio del PNUD Género y Corrupción en América Latina (2014).

El estudio reconoce también que no hay evidencia sólida que vincule la presencia de mujeres en las posiciones de dirección y decisión con una mayor o menor corrupción.

Lo que sí está demostrado es que “la corrupción tiene un impacto negativo en el empoderamiento y la participación de las mujeres”.

El riesgo de enfrentar las consecuencias es uno de los factores que pueden explicar una actitud diferente de hombres y mujeres frente a la corrupción.

“En contextos donde el riesgo es bajo o nulo -o donde incluso es más riesgoso enfrentar la corrupción que plegarse a ella- los incentivos juegan en favor de ser más tolerables a la corrupción y a mayor probabilidad a involucrarse en corrupción”, analiza el estudio.

En pocas palabras, la impunidad alienta a los corruptos, en este caso a las corruptas. Y esa impunidad se puede traducir también en el voto inmerecido en las urnas, en la indiferencia de los electores o en la ausencia de las candidatas idóneas para el país.

“Si nos quejamos de los malos gobiernos, si nos quejamos que los partidos políticos están mal, entonces ¿qué acciones debemos tomar?”, se pregunta la feminista y precandidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en Francisco Morazán, Ana Lucía Pérez.

Su respuesta es que la gente “que sí vale la pena tiene la obligación” de participar en el proceso electoral.

“Hay mucha gente enemiga del pueblo en el poder”, dice la precandidata que busca una diputación por primera vez.

Los derechos de las mujeres también han estado mal representados por las mismas mujeres.

A las diputadas “les ha faltado más”, dice la feminista, “tal vez por cuidar el curul no se han tratado algunos temas” como la despenalización del aborto y el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), entre otros.

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“Hay mucha gente enemiga del pueblo en el poder”, dice Ana Lucía Pérez, feminista y precandidata a diputada del partido Libre por el departamento de Francisco Morazán.

“Me parece que están haciendo mal su labor, pero yo no solo les voy a exigir a las diputadas, sino a los diputados porque también les pagamos para que nos representen bien y sería machista solo exigirles a las mujeres”.             

La participación en estas elecciones primarias de precandidatas a diputadas “hablando de aborto libre, de matrimonio igualitario, aunque seamos pocas, es un avance”, agregó.

Por su postura a favor del aborto y los derechos de la comunidad LGBT, Pérez ha sido atacada con comentarios misóginos por parte de políticos conservadores.

Y así como la mayoría de las aspirantes, ha tenido que competir en condiciones de desventaja frente a los contendientes varones que tienen una mayor proyección en los medios.

“Generalmente, los hombres son a quienes más entrevistan, son los más conocidos”, reconoce Ana Lucía.

En un monitoreo de once foros y debates en televisión realizado entre diciembre pasado y enero por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), la participación de las mujeres fue de 8.3 % mientras que la de los hombres de 91.7 %.

Política y género
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SIMULANDO LA PARIDAD

Además de ser invisibilizadas, las mujeres deben enfrentar otras barreras impuestas por partidos políticos que no están interesados en cerrar la brecha de género.

En Santa Bárbara, por ejemplo, se aprovechan de mujeres con un “analfabetismo enorme” a las que usan de “relleno” para cumplir con la paridad, dice Betty Vásquez.

A estas aspirantes de bajo perfil las eligen también como estrategia para que resulte electa la gente que los movimientos o partidos han decidido, “una falta de respeto a la dignidad de la compañera que con qué humildad o con qué confianza o con qué sueño da sus datos para ser inscrita”.

En occidente, dice Vásquez, los perfiles de candidatas a alcaldías y diputaciones son muy bajos, en parte, porque las mujeres son las más empobrecidas.

“Me consta que acá en Santa Bárbara hay candidatos a alcalde, y del partido Libre, no digamos en los otros partidos, que les ponen a las candidatas a diputadas una cuota de dinero para apoyarlas y meterlas en un combo en los procesos internos”, pero muchas no pueden pagar.

Es tal el descaro, que el día que la gente va a votar le dan un papelito con los números de los candidatos que han apoyado económicamente a esa alcaldía, “desde ahí para mí empieza un fraude electoral”, denuncia.

Y las que tienen el dinero para competir están alejadas de los proyectos y propuestas de las mujeres, “ellas tienen más posibilidades de salir (electas), pero no nos vamos a ver representadas ni como mujeres ni como lencas”.

Para la activista social, “a las mujeres nos deberían preguntar a quiénes queremos como candidatas”, pero “no nos consultan, ellas aparecen o las ponen”.

La presidenta de la Red de Mujeres Indígenas y Afro Hondureñas (Red-MIAH), Gloria López, dijo por su parte que la participación de las mujeres en política tiene que ver también con organización y formación política.

Sin eso, “vamos a seguir participando solo para que nos tomen la foto”, porque hasta ahora los espacios que les han dado los partidos políticos a las mujeres, sobre todo a las indígenas, han sido de relleno o para decir que son incluyentes, apuntó.

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas estipula que los partidos políticos deben destinar el 10 % de la deuda política para la capacitación y promoción política de las mujeres, pero en la práctica eso no ocurre.

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La autoridad electoral debería controlar la implementación de programas de formación técnica en política para las mujeres, sobre todo jóvenes e indígenas con capacidades de liderazgo y perfil para optar a cargos de elección popular, recomienda el Centro Carter.

MACHISMO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La profesora Jacqueline Trejo es un ejemplo de los obstáculos que enfrentan muchas aspirantes por ser mujeres.

En estas elecciones primarias intenta por tercera vez llegar a la alcaldía de Macuelizo, en Santa Bárbara.

En 2013, perdió frente al candidato nacionalista por 75 votos, según el TSE, aunque las actas de las mesas electorales la daban como ganadora.

En 2017, volvió a perder contra el candidato de ese partido que lleva más de quince años gobernando en el municipio.

“El pueblo nos ha respaldado, pero quienes ostentan el dinero y el poder lo han impedido”, dijo la precandidata de Libre que llegó a pedir recuento de votos, pero el TSE no lo permitió.

En el actual proceso electoral ha tenido que enfrentar además el machismo dentro de su partido, en el que otro precandidato a la alcaldía la ha descalificado “diciendo que tiene que ser un hombre” el candidato para poder aspirar a administrar un municipio.

“Me da rabia saber que hay hombres en pleno siglo XXI creyendo que las mujeres no podemos gobernar”: Jacqueline Trejo, precandidata del partido Libre a la alcaldía de Macuelizo, Santa Bárbara. (redes sociales)

“Me da rabia saber que hay hombres en pleno siglo XXI creyendo que las mujeres no podemos gobernar, que es un espacio nada más para los hombres, cuando la historia nos dice que lo han hecho tan mal porque la mayoría de los hombres son los que han estado en los principales cargos, tanto a nivel del Ejecutivo, del Legislativo y también en las corporaciones municipales”.

Con dos derrotas previas en circunstancias dudosas, el otro argumento es que por ser mujer no ha sabido defender su triunfo y que se necesita a un hombre “para que se pueda enfrentar a otro hombre”.

Trejo cuenta que, en 226 años de vida municipal, Macuelizo solo ha tenido una mujer alcaldesa que “por cierto, lo hizo muy bien, demostró que las mujeres tenemos la capacidad para gobernar”.

Julia Carranza es también precandidata a una alcaldía por Libre, en el occidental municipio de Copán Ruinas, en Copán. Es profesora y ambientalista.

“Viendo la situación con este gobierno ineficiente, inútil y corrupto, creo que debemos integrarnos en este proceso”, reflexionó.

“Si los buenos nos hacemos a un lado le estamos dejando el espacio a los corruptos” que se han enriquecido dejando más empobrecido a los municipios y al país, añadió la precandidata que busca el cargo por segunda vez.

En 2017 no logró pasar de las primarias. El otro precandidato de su partido, un hombre machista que no quería perder ante una mujer, infló los resultados para quedar como candidato de Libre, pero en las generales no logró ni la mitad de los votos que supuestamente había obtenido en las internas.

Como defensora de los territorios, ha sido un obstáculo para los intereses del actual alcalde del municipio, de filiación nacionalista, quien “pagó a gente de su partido para que fuera a votar en contra mía” e impedir su participación en las primarias.

“Estamos en un pueblo muy conservador donde los hombres piensan que solamente ellos pueden participar, o pueden gobernar, o pueden decidir”, lamentó Carranza.

En los últimos 66 años, “nosotras hemos avanzado en lo político, en el sentido de que hoy en día podemos votar, podemos ser electas, podríamos decir que tenemos capacidad para tener representación, pero es relativa”, dijo la historiadora Anarella Vélez Osejo, catedrática de Estudios de la Mujer de la UNAH.

La situación de las mujeres hondureñas tiene que ver quiénes están ejerciendo el poder en el país, “que es un sector sumamente conservador y sin ética”.

Y por el otro lado, con el hecho de que “la educación de nuestras mujeres todavía no es suficiente como para que ellas mismas sean capaces de determinar quién es la persona que realmente puede representar sus intereses”.

En Honduras, la educación está tan abandonada justamente para evitar los cambios que se necesitan, aseveró.

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“Las mujeres están tomando conciencia de sus posibilidades”, manifiesta la historiadora Anarella Vélez Osejo. (Redes sociales).

No obstante, se muestra optimista, pues cree que las cosas empiezan a cambiar aun en medio de la adversidad porque las mujeres están tomando conciencia de sus posibilidades.

Si bien es cierto que el camino de las mujeres hacia una participación política plena, efectiva e igualitaria está lleno de barreras, los procesos electorales como el que se avecina son oportunidades de cambio.

El voto es la herramienta más efectiva que tiene la población para obligar a los partidos políticos a ubicar a las mujeres en sus filas, en las planillas y en los cargos públicos.

Este domingo 14 de marzo, al menos 2,912 hombres y 1,782 mujeres de tres partidos políticos competirán por una candidatura para las elecciones generales de noviembre en los niveles presidencial, municipal, al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano. Las cifras no incluyen a los precandidatos ni precandidatas municipales de Libre, ya que fue imposible hacer un conteo debido a que muchas casillas no tenían foto y los nombres eran ilegibles.

Desde este espacio estaremos atentos al proceso electoral en el que, si bien la participación de los hombres casi duplica al de las mujeres, veremos si se van dando pasos al frente o retrocediendo en la representación de la otra mitad de la población sin cuya inclusión el país está lejos de ser una democracia.

Personas LGTBI en Honduras son víctimas de violencia hasta después de muertas

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Para la Red Lésbica Cattrachas, la vida y muerte de Vicky Hernández ejemplifica la discriminación y violencia sistemática que viven las mujeres trans y las personas LGTBI en Honduras e incluso hasta después de su muerte.

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“El caso de Vicky Hernández […] cubre toda la discriminación y la violencia sistemática que viven las mujeres trans y las personas LGTBI en Honduras”, afirmó a Criterio.hn Nadia Mejía, integrante del equipo legal de Cattrachas. “Toda su vida fue discriminada, no tuvo acceso a la educación, salud, trabajo y fue agredida por agentes de seguridad privada y de seguridad pública, policías nacionales, lo que conllevó a su muerte” y aún después de su asesinato continuó siendo discriminada al negársele la autopsia a su cuerpo, agregó.

Con 26 años, Vicky Hernández fue asesinada durante el toque de queda que siguió al golpe de Estado de 2009, entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de junio. Las calles se encontraban bajo el control de agentes estatales y fue vista con vida por última vez cuando intentaba no ser apresada por miembros de las fuerzas públicas a bordo de una patrulla. Actualmente, el Estado de Honduras enfrenta cargos por la supuesta ejecución extrajudicial de Hernández ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Mejía explicó que como representantes legales de las víctimas reafirmaron ante la Corte IDH que lo que ocurrió el 28 de junio de 2009 en el contexto del golpe de Estado y el posterior toque de queda se trató de una ejecución extrajudicial basada en prejuicio. También, ilustraron que Vicky vivió en continua violencia, exclusión social y legal por su identidad de género, algo que continúa afectando tanto a las mujeres trans como a las personas LGTBI en Honduras.

Además de buscar justicia para Vicky y reparación a sus familiares; Cattrachas espera que, a través de este caso, Honduras avance creando un plan de políticas públicas reales y efectivas a través de la creación de una Ley de Identidad de Género No Binario, que proteja y garantice los derechos de las personas trans y no binarias. Así como la eliminación de leyes que discriminan a las personas LGTBI.

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Mejía pormenorizó que, si bien hay un apartado de leyes donde se incluye el principio de la no discriminación y la igualdad, al momento de su aplicación existen otras que discriminan y limitan los derechos de las personas LGTBI, criminalizándolas y provocando que la misma sociedad les discrimine y ocurra violencia letal y no letal. Ejemplos de estos son la Ley del Sistema Penitenciario que no permite visitas conyugales y familiares a las mujeres trans, el reglamento del Registro Nacional de las Personas que no faculta el cambio de nombre, o la Ley de Violencia Doméstica que no recibe denuncias de violencia doméstica lésbica o de mujeres trans.

En relación a la exigencia de justicia, Mejía señaló que la familia tiene derecho a la verdad sobre quién asesinó a Vicky y que si bien ya pasaron once años y mucha de la evidencia fue destruida es importante investigar, identificar y sancionar a los responsables, pues la situación de las mujeres trans en Honduras es muy difícil.

Pendiente de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al interior de Cattrachas están conscientes que, dentro del engranaje del Estado, existen facciones ligadas al fundamentalismo religioso y que ostentan puestos de poder en el país. “Son personas que están en contra de los derechos o el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, entonces creemos que podría venir una ola de personas o una ola de comentarios o acciones en contra de la organización, pero estamos preparadas para ello”, comentó Mejía.

Incluso durante el desarrollo de la primera audiencia pública, la mamá de Vicky Hernández recibió tres llamadas por parte de un agente de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y una integrante de Cattrachas fue agredida de forma verbal mientras caminaba hacia su vehículo. “Lo que ocurrió el día de la audiencia con la llamada que recibió la mamá de Vicky, era algo que no tenía que haber ocurrido porque incluso el mismo reglamento de la Corte Interamericana determina que el Estado ya no se puede poner en comunicación con la familia en estas instancias”, puntualizó.

Debido a estas acciones, la Corte IDH determinó de forma unánime conceder medidas provisionales; así como requerir del Estado de Honduras que adopte inmediatamente todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de los familiares de Vicky Hernández, así como las integrantes de la organización Cattrachas, quienes están litigando el caso.

PATRONES DE VIOLENCIA CONTRA LA COMUNIDAD LGTBI DE 2009 A LA ACTUALIDAD

Desde el Observatorio de Muertes Violentas de LGTBI, la Red Lésbica Cattrachas se estudia y analiza los patrones y contextos en que ocurren las muertes violentas del colectivo.  Nadia expone que—después del asesinato de las quince mujeres trans en el contexto del golpe de Estado, entre las que está incluida Vicky— los modelos de muertes violentas contra esta comunidad cambiaron.

Antes del 2009, los patrones indicaban que los principales agresores eran policías y militares, sin embargo, su accionar durante el golpe de Estado contra la comunidad LGTBI legitimó y provocó que otras personas agredieran y asesinaran con la misma impunidad. Actualmente, el patrón de asesinatos de mujeres trans por agentes de las fuerzas públicas ha cambiado y se ha visto diferente durante este nuevo toque de queda ocasionado por la pandemia, explicó Mejía.

Sin embargo, la integrante del equipo legal de Cattrachas manifestó a Criterio.hn que “preocupa la reacción que tenga la fuerza pública” en un contexto de venganza debido a la beligerancia que mostraron en los alegatos finales e interrogatorios sobre la participación directa de la policía y otros agentes en la violencia letal y no letal dirigida a las mujeres trans y otras personas LGTBI por lo que han solicitado apoyo y veeduría de otros organismos internacionales.

De acuerdo con el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, del 2009 hasta octubre de 2020, 372 personas LGTBI fueron asesinadas en Honduras de forma violenta. El pasado sábado 8 de noviembre, se reportó el asesinato de Mía Zabala, una mujer transgénero voluntaria de la asociación de personas LGTBI Horus en la localidad de Playa Grande en Amapala, departamento de Valle.

Tras dos días de la audiencia pública, en la que participaron representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la familia de la víctima a través de la Red Lésbica Cattrachas y la organización Robert F. Kennedy Human Rights, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado de Honduras no logró desvirtuar los indicios de participación estatal enmarcados en un contexto de violencia contra las mujeres trans. Ahora queda pendiente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría emitir su resolución final dentro de los próximos seis meses.

Observación N-26 preocupada por discurso de odio y discriminación por preferencias sexuales

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- En su alerta número siete, la Coalición de Observación Electoral no partidaria, Observación N-26, manifiesta su preocupación por el discurso de odio que promueven algunas candidatas y candidatos a cargos de elecciones popular en contra de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexo (LGBTI), sector poblacional que también participa en la actual contienda electoral. 

Tal como lo han planteado en sus informes de avances sobre el monitoreo al proceso electoral, infortunadamente, las y los candidatos trans participan en condiciones de desigualdad frente al resto de candidaturas, no solo porque no se buscó una salida política que le permitiera aparecer en las papeletas electorales con su identidad asumida; ellas y ellos están  participando con el nombre legal por  el cual  nadie los conoce. 

Además, las y los candidatos LGTBI no están haciendo campañas de contacto directo con la población votante por temor a la discriminación y los ataques a su dignidad, promovido por fundamentalismos religiosos que ahora son fomentado por algunas candidatas y candidatos políticos que expresan abiertamente en sus discursos posiciones dogmáticas contra la comunidad LGTBI, mostrando intolerancia y discriminación por su orientación sexual. 

Este tipo de prácticas, alimentan también la exclusión de las voces de la comunidad LGTBI en el actual proceso democrático, alejándolos del debate público y por lo tanto, invisibilizando sus propuestas, necesidades y preocupaciones, coartando su libertad de expresión y movilización, posición que fortalece su condición de vulnerabilidad ante la intolerancia y los prejuicios.

Otro de sus párrafos dice que la clase política parece desconocer la legislación que ella misma aprobó. El Artículo 321-A  del Código Penal establece sanciones que van desde tres hasta cinco años de cárcel y multas entre 50 mil y 300 mil lempiras, a quien “incitare a la discriminación, al odio, al desprecio, la persecución o a cualquier forma de violencia o ataques contra una persona, grupo o asociación, fundaciones, sociedades, corporaciones, organizaciones no gubernamentales”.

De acuerdo con la ley, el discurso de odio por motivo de “sexo, género, edad, orientación sexual, identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, idioma, lengua, nacionalidad, religión, filiación familiar condición económica o social, capacidades diferentes o discapacidad, condiciones de salud, apariencia física o cualquier otra que atente contra la dignidad humana de la víctima” es entonces un delito. 

La alerta señala que después de 27 años de retorno a la democracia, la clase política debe dar ejemplo de renovación, mostrando un pensamiento que esté a la altura de los nuevos tiempos, con un discurso y una práctica que responda al respeto a los derechos humanos y a los intereses de toda la población, sin discriminación alguna. 

Honduras entre países con las comunidades más discriminadas en el mundo: Amnistía Internacional

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

A pesar de la ardua lucha que se ha realizado porque se respeten los derechos humanos de todos en el mundo, aún existen en varios países un severo clima de discriminación que pone en riesgo la seguridad, la dignidad y hasta la vida de millones de personas.

Durante siglos las mujeres, las niñas, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y las afrodescendientes constituyen los pueblos que más han sufrido del rechazo, el maltrato y el aislamiento. Según el último informe de Amnistía Internacional en estos países se encuentran las comunidades, catalogadas como “minoritarias o vulnerables”, qué padecen de alarmantes niveles de discriminación:

Mujeres y niñas

Para las mujeres y las niñas que viven en países del continente africano y asiático pertenecer al género femenino es casi un delito, a tal punto que parte de su órgano sexual es mutilado -provocando la muerte por derrame e infecciones de cientos de niñas y adolescentes en el mundo- y su persona es cosificada y sometida a las decisiones de los hombres.

El matrimonio infantil es otra constante que le arrebata la inocencia a miles de niñas. Cientos de matrimonios entre niñas y hombres adultos son consumados dejando graves consecuencias en ellas, como afectaciones psicológicas, esclavización sexual y hasta la muerte. Estas prácticas continúan poniendo en peligro la vida de las féminas en Egipto, Irán, Libia, Kuwait, Yemen, Níger, Benín, Sierra Leona, Mali, Burkina Faso, Gambia, Guinea, entre otros países.

Además de estas horrorosas prácticas, las mujeres continúan siendo discriminadas en el campo educativo, pues en muchos países prefieren impartir clases a los hombres, como es la realidad de Irán o Pakistán. En el área laboral, existe una férrea preferencia de por el género masculino, incluso las mujeres que son contratadas perciben menos dinero que los hombres aún realizando las mismas actividades.

Sus derechos sexuales y reproductivos continúan siendo vulnerados pues muchos Estados no garantizan métodos anticonceptivos accesibles ni la práctica de abortos en condiciones seguras, incluso las mujeres que se sometan a este procedimiento pueden ser privadas de libertad en El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Otros países como Venezuela, Chile, Perú e Irlanda estos derechos también están seriamente comprometidos.

Personas con discapacidad

La estigmatización contra las personas con discapacidad continúa siendo una de las causas más fuertes que los deja a merced de la discriminación. Tildar a estas personas como incapaces, enfermas y hasta estorbos ha conllevado a que los gobiernos no tomen en serio la importancia de la creación de leyes y políticas públicas que los lleve a mantener una vida con dignidad.

En Ghana y Lesoto los pacientes psiquiátricos son maltratados y son confinados a deficientes instituciones que no brindan adecuada atención. En Macedonia las personas con discapacidad tienen barreras para acceder a la educación y a los sistemas de salud. En Portugal las medidas de austeridad redujeron la disponibilidad de los servicios para las personas con discapacidad y muchas de ellas han tenido que vivir en condiciones de pobreza o de pobreza extrema.

En Uruguay esta comunidad lucha porque el parlamento apruebe leyes que le permitan tener una mejor calidad de vida; mientras que en Bolivia, estas personas exigen tener un mayor acceso a la justicia y que no se les someta a procesos de esterilización sin su consentimiento.

Personas LGBTI

En África y en Asia están los peores países para las personas LGBTI. En algunos de ellos, la discriminación es tal que la pena de muerte está legalizada para personas con identidad y orientación sexual diferente a la heterosexual.

En Sudáfrica, Nigeria, Tanzania, Sri Lanka y Ghana continuaron los crímenes de odio —tales como homicidios y agresiones— la apología del odio y la discriminación contra personas LGBTI. En Bahréin, Egipto, Irán, Marruecos y Túnez se detiene y encarcela a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales por cargos de “actos licenciosos o “conducta inmoral”.

En países como Argentina, Bahamas, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Venezuela se mantuvieron niveles elevados de crímenes de odio, apología del odio y discriminación contra estas personas, así como asesinatos y persecución, contra activistas LGBTI. En muchos de estos países no se avanzó sobre la aprobación del matrimonio igualitario ni el reconocimiento de la identidad de las personas trans.

El asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres,  ha provocvado el repudio del mundo entero

Pueblos indígenas

Las comunidades indígenas sufren un alarmante abuso sobre sus tierras, que incluye construcciones e invasiones que afectan su modo de vida. Además, usualmente se les limita el acceso a la educación y al sistema de salud.

Este año aumentaron las defensoras y defensores asesinados por emprender luchas por el respeto de los derechos de estos pueblos, especialmente en Honduras y México. En la mayoría de los casos, las autoridades no han determinado y puesto ante la justicia a los responsables.

Casos graves sobre violaciones de sus derechos humanos relacionados a la tierra y el ambiente se encuentran en Honduras, Colombia, Ecuador Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, Nicaragua, Australia y Canadá. Además, en Guatemala las mujeres indígenas son sometidas a violencia y explotación sexual. La mayoría de estos incidentes terminan con lamentables cifras de indígenas atacados y asesinados.

Albinos y afrodescendientes

En Malawi continúan los ataques y mutilaciones contra personas con albinismo: al menos siete fueron víctimas de homicidio, y sus cadáveres fueron mutilados. Las personas con albinismo también sigue sufriendo aislamiento social. En Sudáfrica también existen algunos casos de ataques contra estas personas.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la ONU, instó a Uruguay a emprender más acciones para reducir la discriminación contra las mujeres afrodescendientes y mejorar su acceso a la educación, el empleo y la salud.

En Brasil las personas jóvenes y los varones negros —principalmente quienes vivían en favelas y otras comunidades marginadas— eran blanco desproporcionado de la violencia a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley.

En Estados Unidos se recrudeció el uso excesivo de la fuerza policial contra la población afroamericana. Según limitados datos disponibles, entre las víctimas de homicidio policial había una cantidad desproporcionada de hombres negros.