Opulencia de los diputados versus miseria de los obreros

 

  • El diario vivir angustioso de los emprendedores de la economía informal adquiere rostro frente a la condición privilegiada de los legisladores hondureños.

 

  • Con el presupuesto del Congreso Nacional de 2020 se puede pagar el salario de 116,543 obreros y se puede sostener el costo de la canasta básica de 150,106 hogares rurales durante un mes.

 

  • La planilla mensual de los diputados absorbe 1,706 salarios mínimos de los obreros.

 

  • Los diputados han aprobado leyes que afectan los derechos de la clase trabajadora, que contrastan con la aprobación de  jugosos incrementos salariales para su beneficio y leyes que no son más que un pacto de impunidad para proteger sus actos de corrupción.

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Ilustración: Guillermo Burgos

Tegucigalpa.-En un lujoso estudio, sentado en un asiento de cuero frente a dos computadoras de mesa sobre un escritorio de fina madera, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dirige desde su residencia las sesiones virtuales del Poder Legislativo a causa de la propagación del coronavirus.

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El también precandidato presidencial del Partido Nacional, representante del empobrecido y árido departamento de Choluteca, devenga un salario mensual de 151,911.00 lempiras, contrastando con los 200 lempiras diarios que capta como ingreso el comerciante, Armando Zúniga, con sus ventas en una carreta en la segunda entrada a la colonia Kennedy de Tegucigalpa.

El aspirante presidencial del movimiento “Juntos Podemos”, devenga un ingreso anual por su salario como representante del pueblo de 2,16,754.00 lempiras, sin considerar gastos de representación, viáticos, atenciones y el costo generado por los vehículos en que se transporta y el cuerpo de seguridad que lo custodia.

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“Uno lo que se lleva de ganancia para la casa son 200 lempiras diarios”, dijo Zúniga, de 33 años, que ni siquiera se imagina como sería su vida, la de sus dos hijas y su esposa que dependen de sus ventas de pan, franelas y cobertores y otros artículos para celulares, con el salario de Oliva.

Los diputados del Congreso Nacional, dominado por una alianza entre el gobernante Partido Nacional y una facción del Partido Liberal, controlada por el ex presidente, Carlos Flores Facussé, y legisladores de agrupaciones minoritarias engullen mensualmente en salarios 17.1 millones de lempiras y anualmente unos 239.4 millones, considerando que reciben 14 sueldos.

 En el año 2020, al cuestionado Congreso Nacional por su pobre y negativa productividad para el interés de los ciudadanos en el presupuesto nacional se le asignó 1.168.00 millones de lempiras, una cifra apenas  menor en 24 millones a 1,192.00 millones asignados a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), juntas.

La UPNFM, dedicada a la formación de los maestros de educación básica y media, cuenta con un presupuesto de 648,211.680 lempiras, y la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), que capacita a agrónomos a nivel de ingenieros de las poblaciones más postergadas del país, cuenta con 543,882.098.

El Poder Legislativo es criticado por organizaciones de sociedad civil, empresariales y gremiales por la aprobación de leyes y decretos que otorgan impunidad a funcionarios, diputados, una de ellas, el Código Penal que entraría en vigencia el domingo.

Los legisladores del Partido Nacional y la facción liberal que responde al ex mandatario Flores Facussé, inclusó aprobaron en septiembre una ampliación de una ley que otorga impunidad a los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), en la operación de cientos de millones de lempiras de un ente de pensiones de los comunicadores.

El Congreso Nacional aprobó la llamada Ley de Secretos y reformas a leyes para evitar que el Ministerio Público investigue penalmente a diputados y funcionarios por la administración de fondos públicos.

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Las operaciones ilícitas de fondos públicos administrados por diputados, fueron puestas al descubierto por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en investigaciones impulsadas junto a fiscales del Ministerio Público.

La entrada en vigencia del nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, agrupaciones sociales, entre ellas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIT), aseguran blindará totalmente el escudo de impunidad de legisladores, funcionarios y sus socios.

El Código de la “Impunidad”, establece la disminución de las penas en delitos contra el erario público, narcotráfico, ilícitos contra las mujeres, la criminalización de la protesta social y la libertad de expresión.

Incluso, elimina la acción judicial y la pena cuando el funcionario, legislador o participante en corrupción en contra de los recursos públicos, devuelve lo hurtado al Tesoro Nacional lo que cierra un círculo de impunidad en Honduras.

Esta nueva legislación entrará en vigencia en medio de la grave crisis sanitaria y económica en Honduras causada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), en la que han quedado al descubierto episodios de presunta corrupción en el gobierno de Juan Hernández en el manejo de fondos en la adquisición de insumos necesarios para atender a los contagiados en el sistema de salud

Antes de la crisis causada en Honduras por la presencia del coronavirus, agravada por el destartalado sistema sanitario público, víctima de la extendida corrupción pública, Zúniga obtenía en las calles con su negocio diariamente unos 500 lempiras.

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Los ingresos de Armando Zúniga, de 33 años, han sido nulos desde mediados de marzo, cuando el gobierno impuso un toque de queda que suspendió las actividades de oficinas públicas, escuelas y universidades y las de comercio e industria en busca de evitar la propagación del coronavirus.

Armando, respetó hasta hace unos días el decreto de toque de queda aprobado por el gobierno y permaneció en su vivienda en las cercanías de la colonia El Pedregal de Comayagüela, una zona minada por las maras y pandillas, pero no lo pudo sostener más, ante la necesidad de alimentos y pago de servicios públicos en su hogar.

El ingreso de Zúniga, antes y durante la pandemia del Covid-19, contrasta con los ingresos de Oliva y los restantes diputados que se cuidan de no contagiarse celebrando sesiones virtuales, mientras miles de trabajadores informales arriesgan su vida en las calles en ciudades y poblados del país para sobrevivir.

Este hombre, que día a día encuentra en la calle los ingresos para la  manutención de su familia, es uno del 44 por ciento de hondureños subempleados, según el Instituto  Nacional de Estadística (INE).

Oliva, seguramente no tiene ni idea de las condiciones precarias en que sobreviven millones de hondureños con su mísero ingreso, refugiado en los 151,911.00 lempiras que recibe mensualmente como salario y que serviría para generar 15 salarios de 10,022.04 lempiras de un obrero, según la Tabla de Salario Mínimo promedio en el país establecido por la secretaría de Trabajo para 2020.

También serviría para financiar  23 veces los 6,600.00 lempiras, que capta Zúniga mensualmente en la calle con su venta en la época del coronavirus.

Mientras, que con el salario de los diputados que no son miembros de la junta directiva del Congreso Nacional de 90,892.42, se financiarían casi 14 veces el ingreso de Zúniga.

El testimonio de Armando es la historia de cientos de hondureños que arriesgan sus vidas desafiando el Covid-19, saliendo a la calle en busca de ingresos para la alimentación, renta del sitio donde residen y pago de servicios. 

En esta entrega, CRITERIO.HN, aborda dos extremos ocultos en la epidermis de la realidad hondureña: los privilegios de los diputados frente a los bajos ingresos de la población, ilustrados a través de la historia de Armando.

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“La he visto tile”

Preocupado por subsistir vendiendo en la calle, Armando Zúniga no alcanzó a terminar el bachillerato”. Desde hace 18 años subsiste de la venta en la calle, donde “a coyol rajado, coyol comido se sobrevive”, dice desde su residencia en el sector de la Guasalona, colonia El Pedregal en Comayagüela.

Desde ese lugar, Armando sale todos los días a las seis de la mañana. Con carreta en mano llena de provisiones de pan, accesorios para celular, franelas y otros artículos de venta llega hasta la segunda entrada de la colonia Kennedy.

“La he visto tile”, es la expresión que usa para explicar las dificultades de la venta en la calle en tiempos de la emergencia sanitaria. Debido a las restricciones de circulación, desde su casa camina una hora para llegar hasta La Kennedy.

Las ventas terminan cuando el toque de queda deja las calles sin transeúntes. Así, Armando ha tenido que llevar el sustento a casa donde le esperan sus dos hijos que cuidan a la hermana de su esposa.

“Antes que llegara la pandemia, en un día normal, se hacían 500 lempiras  diarios, pero ahorita lo más que se lleva uno para la casa son 200 lempiras”, dijo Zúniga preocupado.

El riesgo al que se somete cada día Zúniga en las calles buscando la sobrevivencia de su familia, contrasta con las sesiones virtuales del Congreso Nacional desde las residencias de los legisladores para preservar sus vidas ante el peligro de contagio del coronoavirus.

Armando dijo que no espera nada bueno del Congreso Nacional, dominado por los diputados nacionalistas y la facción más conservadora del Partido Liberal liderada por el ex presidente Flores Facussé.

“Yo no espero nada de los políticos del Congreso que solo hacen tres sesiones a la semana y con eso reciben un gran sueldo”, dijo.

 Su crítica sobre los resultados del Poder Legislativo para la ciudadanía, es un indicador comentado por analistas que señalan la poca  productividad de los diputados y los frutos negativos para la ciudadanía.

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Armando Zúniga ya perdió las esperanzas en los políticos, especialmente en los actuales diputados, de quienes tampoco espera que aprueben leyes a favor de los más pobres.

Un informe sobre producción legislativa del primer semestre de la legislatura 2018, de la fundación Democracia Sin Fronteras, precisamente señala la incoherencia entre los salarios de los diputados y su producción legislativa.

“Además, de producir poco, el Congreso no parece legislar con los principios de la transparencia y rendición de cuentas”, subraya la investigación.

Falta de calidad legislativa 

La coordinadora de transparencia de Democracia Sin Fronteras, Melissa Elvir, comentó que trabajan en la presentación del segundo informe en el que prevé “sigue ese desfase notorio entre lo que gana un diputado y la calidad legislativa que nos merecemos como hondureños”.

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“Es difícil pagar más de 5 mil dólares a cada uno de los diputados del Congreso Nacional, en un país donde no se llega ni siquiera a 500 dólares como salario mínimo”: Melissa Elvir, coordinadora de transparencia de Democracia Sin Fronteras.

Mientras, los legisladores sesionan 4 o 5 horas dos o tres días a la semana y unas horas en comisiones especiales creadas para emitir dictámenes de proyectos de ley, Zúniga lucha en las calles 12 horas diarias para obtener ingresos para para sobrevivir él y su familia.

Para el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), los salarios de los diputados solo son la punta del iceberg de la condición privilegiada de los congresistas, a juzgar por los resultados que obtiene los ciudadanos que financian la operación del Congreso Nacional con sus impuestos. 

El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, lo califica como incoherente para una economía con altos índices de pobreza y miseria.

 

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“Al hacer la relación entre su productividad y horas trabajadas es desproporcional y realmente son una élite privilegiada (los diputados) que al final no responden a sus sueldos”, Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

Aunado a esto, cuestiona que en la mayoría de los proyectos aprobados en el Poder Legislativo su formulación tiene como procedencia el Poder Ejecutivo.

“Es decir, los diputados no son ni siquiera propositivos y entonces, en esa relación al final resultan ser una carga inoficiosa para la población”, expone Zepeda.

El investigador del Fosdeh, enumera que las decisiones legislativas de incrementar el 15 por ciento en el Impuesto Sobre la Venta, aprobar la Ley de Empleo por Hora o aprobar las Alianzas Publico Privadas, son una clara prueba que las decisiones en el Poder Legislativo no corresponden con los intereses de la sociedad.

Es más, “sí se intenta buscar una ley que ha salido en los últimos dos Congresos que haya mejorado las condiciones del país, no la hay”, expone.

El coordinador del Centro de Estudio Para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, coincide en que es injusto que a costa de la ciudadanía se siga manteniendo un Congreso que se ha distanciado del interés de la ciudadanía que representan.

Aseguró que se han generado en el Congreso Nacional “marcos jurídicos que favorecen al sector privado, niegan incrementos de salarios como el sector de la maquila, donde la precariedad laboral es expresada en bajos salarios”.

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El coordinador del Centro de Estudio Para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, lamenta que los diputados le hayan dado las espaldas a la precariedad de los obreros.

El vicepresidente del Congreso Nacional, Reinaldo Ekónomo, dijo que “no se puede juzgar al Congreso como tal, debe de juzgarse al diputado porque el que presenta la iniciativa no es el Congreso, es el legislador en individual”.

En los últimos diez años el Congreso Nacional de Honduras ha aprobado una serie de leyes y decretos que laceran los intereses de los hondureños y otras que sirven de escudo de impunidad para las actuaciones corruptas de políticos que ostentan el poder.

Las leyes han sido impulsadas por los diputados del gobernante Partido Nacional en alianza con un sector del Partido Liberal, controlado por el expresidente hondureño, Carlos Flores Facussé y otros congresistas de partidos minoritarios.

Entre otras cosas, las legislaciones impulsan la privatización de la salud pública, convirtiendo este servicio constitucionalmente gratuito, en un negocio privado marginando a la mayoría de la población del derecho a la protección de su salud.

Estas leyes se han traducido en el descalabro del sistema estatal de salud, ofrecido en los hospitales y centros de salud, lo que ha quedado en evidencia en la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

diputados obreros
La jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, comparte su preocupación de que el actual Congreso Nacional, controlado por el gobernante Partido Nacional, ha sido desconsiderado frente a la actual crisis, sobre todo, con la clase trabajadora.

Los diputados con sus actuaciones han despojado a la población de ingresos y han reducido su capacidad de consumo de bienes y servicios, reduciendo el circulante entre la población, al trasladar esquemas de seguridad operados con escasa transparencia como la Tasa de Seguridad.

En su lucha por concentrar y mantener el poder, los diputados nacionalistas crearon una Policía Militar del Orden Público (PMOP), que opera como una guardia de la Presidencia, profundizando el autoritarismo y la represión de la población que disiente de decisiones o actos gubernamentales.

También han favorecido negocios privados al aprobar concesiones como la operación del peaje en la Carretera CA-5 que comunica la zona central y el norte del país, a la empresa ecuatoriana COVI, cuando el costo de esta infraestructura fue construido con la cooperación de Estados Unidos a través de la Iniciativa de la Cuenta del Milenio y créditos adquiridos por el gobierno.

Asimismo, aprobaron un contrato de concesión a favor de la firma honduro-colombiana, Empresa Energía Honduras (EEH), para la operación del sistema de suministro de energía eléctrica, reducción de pérdidas y cobro del servicio, que se ha traducido en facturas descomunales para la población y las empresas.

A lo anterior hay que sumar la concesión de la construcción y operación del aeropuerto de Palmerola a un operador privado internacional, financiado con fondos de alivio y perdón de deuda otorgado por el gobierno de España y fondos públicos de Honduras.

Descargue aquí:

Costo de la canasta básica

Salario mínimo en Honduras 2020

Salario de los diputados 2018-2022

Ejecución de presupuesto del Congreso Nacional 2019

 

Ante presiones por combatir la corrupción oficialismo amenaza con paralizar el Congreso de Honduras

Congreso de Honduras
Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional de Honduras.

Diputados ya no quieren ejercer sus funciones por miedo, dice secretario del Congreso

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El secretario del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, amenazó con paralizar las actividades en ese poder del Estado y con ello paralizar el país.

Zambrano, quien fue sobreseído por los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y delito contra la forma de Gobierno por su involucramiento en el caso conocido como “fe de erratas”, argumentó el hecho en que los congresistas se sienten sin protección en el ejercicio de la función legislativa.

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Curiosamente la advertencia del funcionario se originó luego que la embajada de los Estados Unidos instará a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al gobierno de Honduras a extender el mandato de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), vigente hasta el 19 de abril de 2020, y a aprobar la Ley de Colaboración Eficaz

Descargue aquí  la Declaración de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras sobre la Extensión del Mandato de la MACCIH y la Ley de Colaboración Eficaz

“Si seguimos como se viene realizando la función legislativa estas últimas semanas, estoy casi seguro que se va a paralizar este Congreso Nacional y sin el Congreso, se paraliza el país también, porque aquí damos el respaldo y apoyo a todas las instituciones del Estado, desde presupuestario…en  leyes…”, advirtió Zambrano.

Además de la extensión de la vigencia del convenio de la MACCIH y la Ley de Colaboración Eficaz, la embajada de los Estados Unidos urgió hace tres semanas al Congreso para que procediera a la aprobación de las reformas electorales.

Con lo expresado por el secretario del Congreso Nacional, es evidente que el oficialismo, que se impone en el Poder Legislativo, no está dispuesto a aprobar lo planteado por el gobierno estadounidense.

Tomás Zambrano, quien es parte del círculo de poder en el Congreso, insistió en que las actividades en el Poder Legislativo están a punto de ser paralizadas porque los diputados ya no quieren participar en las sesiones y mucho menos firmar dictámenes de ley porque tienen miedo.

Zambrano hizo el señalamiento en la sesión de ayer jueves al dirigirse a los congresistas que estaban presentes.

El diputado del Partido Nacional ahondó que hay muchos diputados que ya no quieren llegar al Congreso y otros que tienen miedo o ya no quieren votar, e incluso, reveló que otros le presentan los decretos a la Secretaría sin firmar, porque le confiesan que tienen miedo de hacerlo.

Zambrano no detalló en qué estriba el miedo de los congresistas, sin embargo, aseguró que la mayoría le ha manifestado que se sienten sin protección en el ejercicio de la función legislativa.

En febrero pasado, en una entrevista brindada a CRITERIO, el diputado por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Luis Redondo, dijo que en casi todas las sesiones, Tomás Zambrano ha venido repitiendo que casi nadie quiere firmar por miedo.

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En aquella oportunidad, Redondo denunció que en virtud que los diputados propietarios no quieren firmar, la directiva del Congreso está delegando esa función a diputados suplentes, pagándoles sueldos como si fueran propietarios.

De acuerdo al análisis del diputado opositor, el nerviosismo se debía, en aquel entonces, al miedo de aparecer en la Lista Magninsky, en las investigaciones de la MACCIH y en las líneas de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

En enero de 2018 el entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, reveló que en Honduras existía una red de al menos 160 diputados corruptos que drenaban fondos del Estado para uso particular. El juez peruano precisó que en la lista se encontraba el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

Hasta el momento la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) ha presentado, con el acompañamiento de la MACCIH, varios requerimientos fiscales contra diputados por diferentes actos de corrupción.

Departamento de Estado tiene información que muchos diputados de Honduras están involucrados en narcotráfico

Congresista, Norma Torres,  revela que Secretario de Estado, Mike Pompeo, le dijo que hablarán en privado sobre la vinculación de Tony Hernández con el narcotráfico

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- “Tenemos mucha información no solo del hermano del presidente, también de miembros del Congreso. El departamento de Estado tiene información que muchos de ellos están involucrados en narcotráfico. Esos son los nombres que nosotros estábamos esperando, esa es la lista no la lista que nos dieron, que pudimos agarrar por Google”, dijo la noche del viernes la congresista demócrata de origen guatemalteco, Norma Torres.

Departamento de Estado
Norma Torres

La congresista se expresó en esos términos en una entrevista concedida al programa Conclusiones de la cadena internacional de noticias CNN, que conduce el periodista, Fernando Del Rincón.

La lista fue entregada el miércoles en el marco de la “Ley fin a la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica”, impulsada por Torres para castigar a los funcionarios corruptos de Honduras, Guatemala y El Salvador.

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Tras conocer la lista el miércoles, Torres acusó al Gobierno del presidente Donald Trump de ser cómplice de la corrupción en Centroamérica.

La congresista, que considera que la lista es una farsa, le reclamó en público la semana pasada al Secretario de Estado, Mike Pompeo, que por qué sabiendo que el régimen hondureño de Juan Hernández está involucrado en actos de corrupción y que su hermano, Juan Antonio Hernández, alias Tony Hernández, fue capturado en noviembre de 2018 por delitos de narcotráfico, lo siguen apoyando.

Sobre el particular, Torres dijo anoche que Pompeo antes de responderle pausó por varios segundos y le contestó que el tema lo abordarían en una sesión privada, no abierta.

La legisladora demócrata ha denunciado la falta de diligencia por parte del Departamento de Estado para luchar contra el tráfico de drogas en Guatemala y Honduras.

Departamento de Estado tiene información que muchos diputados de Honduras están involucrados en narcotráfico

Congresista, Norma Torres,  revela que Secretario de Estado, Mike Pompeo le dijo que hablarán en privado sobre la vinculación de Tony Hernández con el narcotráfico

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- “Tenemos mucha información no solo del hermano del presidente, también de miembros del Congreso. El departamento de Estado tiene información que muchos de ellos están involucrados en narcotráfico. Esos son los nombres que nosotros estábamos esperando, esa es la lista no la lista que nos dieron, que pudimos agarrar por Google”, dijo la noche del viernes la congresista demócrata de origen guatemalteco, Norma Torres.

Departamento de Estado
Norma Torres

La congresista se expresó en esos términos en una entrevista concedida al programa Conclusiones de la cadena internacional de noticias CNN, que conduce el periodista, Fernando Del Rincón.

La lista fue entregada el miércoles en el marco de la “Ley fin a la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica”, impulsada por Torres para castigar a los funcionarios corruptos de Honduras, Guatemala y El Salvador.

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Tras conocer la lista el miércoles, Torres acusó al Gobierno del presidente Donald Trump de ser cómplice de la corrupción en Centroamérica.

La congresista, que considera que la lista es una farsa, le reclamó en público la semana pasada al Secretario de Estado, Mike Pompeo, que por qué sabiendo que el régimen hondureño de Juan Hernández está involucrado en actos de corrupción y que su hermano, Juan Antonio Hernández, alias Tony Hernández, fue capturado en noviembre de 2018 por delitos de narcotráfico, lo siguen apoyando.

Sobre el particular, Torres dijo anoche que Pompeo antes de responderle pausó por varios segundos y le contestó que el tema lo abordarían en una sesión privada, no abierta.

La legisladora demócrata ha denunciado la falta de diligencia por parte del Departamento de Estado para luchar contra el tráfico de drogas en Guatemala y Honduras.

Diputados hondureños gestan nuevo Pacto de Impunidad (+ vídeo)

 

Los diputados, que ya huelen los requerimientos fiscales, van a continuar en esta carrera por blindarse y en un momento de desesperación van a expulsar a la MACCIH

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. Los diputados al Congreso Nacional de Honduras están gestando el cuarto o quinto Pacto de Impunidad, ahora queriendo cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC), para que este no investigue las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, fideicomisos y otras instancias donde se manejen fondos públicos, dijo Lester Ramírez, director de gobernanza y estudios aplicados de la ASJ

Explicó que lo que se busca al querer reformar el artículo 5 y 77 de la LOTSC, es eliminar a las ONGs y a las fundaciones para que no sean auditadas e investigadas por el TSC.

 Señaló que ya estas reformas que incluyen unos 10 artículos de la LOTSC ya están en una comisión de dictamen en el Poder Legislativo.

Agregó que ya es momento de hacer un paro a estos intentos, porque ya la población, las organizaciones de sociedad civil y la comunidad internacional están más que alertados de las intenciones de los actores de la corrupción.

Ramírez dijo a Criterio.hn que conoce de algunas actividades que se están gestando para buscarle una salida a esta situación, procurando que haya justicia y que se devuelvan los dineros robados y se castigue a los culpables.

Agregó que las víctimas de la corrupción son los pobres del país y por esa razón hay que buscar salidas porque de lo contrario esta situación se seguirá arrastrando y habrá diputados que van a estar haciendo campaña y de repente les carea la justicia.

Ramírez es del criterio que hay que buscar salidas, obviamente legales, para no seguir en esta situación que genera inestabilidad e incertidumbre.

Nota relacionada MACCIH preocupada por tercer pacto de impunidad

El funcionario de ASJ dice que hay mecanismos para restituir los fondos robados y que estos fondos vayan a parar a un fondo que será destinado para el combate a la pobreza.

Explicó que un diputado que no devuelva el dinero con la debida compensación se le aplicaría una muerte política para que no vuelva a participar en cargos de elección popular, ni en un cargo público.

Ramírez dice que será bastante difícil procesar a más de cien diputados en los últimos diez años y por esa razón se busca aplicar un mecanismo para que devuelvan lo robado con una compensación acorde con los fondos sustraídos o mal manejados y de esta forma acelerar que los diputados devuelvan los dineros, pero evitando que todos vayan a la cárcel.

Diputados nacionalistas quieren evitar persecución penal cambiando las leyes

 

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – Los diputados del Partido Nacional están buscando que no haya persecución penal contra ellos por algunos actos administrativos dolosos que cometieron en el pasado, además de evitar las líneas de investigación que ellos ya saben que vienen, dijo el diputado del PINU Luis Redondo.

Esto lo afirma el diputado Redondo porque el pasado martes no hubo sesión en el Congreso Nacional porque los diputados nacionalistas ni los directivos se presentaron al salón de sesiones y lo que se maneja en el Poder Legislativo es que están queriendo hacer esas reformas para blindarse.

El diputado pinuista señaló que como no tienen los votos para hacer estas reformas, la palabra o la estrategia que usa es “juguémonosla”, “métamosla”, tenemos los votos, pero hay un sector del partido nacional que no está en esa línea y que Redondo espera que tengan el valor de salir y decir quiénes son y porque no están de acuerdo en apoyar estos proyectos de decreto para garantizarse impunidad.

Nota relacionada: Diputados nacionalistas van por el tercer pacto de impunidad

De acuerdo al análisis del parlamentario sampedrano se debe al nerviosismo provocado por la pronta publicación de la Lista Magninsky, de las investigaciones de la MACCIH y de las líneas de investigación del CNA.

Redondo puso como ejemplo lo expresado por Tomás Zambrano en casi todas las sesiones donde dice: “es que nadie nos quiere firmar, porque tienen miedo” y como ya los propietarios no quieren firmar, están metiendo un buen número de diputados suplentes, pagándoles sueldos como parlamentarios titulares.

Vea la entrevista completa…

EEUU cancela visa a varios involucrados en el caso «Arca Abierta»

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

La embajada de los Estados Unidos en Honduras les notificó por correo electrónico a los diputados Welsy Vásquez, Gladis Aurora López, Milton Puerto y Gustavo Pérez, que su visa ha sido suspendida

Iguales notificaciones recibieron los demás implicados en el caso de corrupción que la MACCIH bautizó como “Arca Abierta”

Estados Unidos les canceló las visas a los nueve involucrados en el escándalo de corrupción Arca Abierta, entre los cuales hay cuatro diputados y dos exdiputados, informó una fuente vinculada al Congreso Nacional.

Otros involucrados a quienes se les canceló su visa son los representantes de la Asociación Planeta Verde: Geovanny Castellanos Deras, Gregorio González Rivera y Allan San Martín Vallejo.

También los ex diputados Fabricio Puerto y José Alejandro Flores.

La comunicación habría sido recibida por los encausados, el mismo día que la justicia de Honduras les dictó auto de formal procesamiento, es decir, el viernes anterior.

El caso denominado Arca Abierta es una investigación realizada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC).

 La misma establece que los 21 acusados malversaron fondos del Estado al depositar 21.1 millones de lempiras ($ 879 mil) en una cuenta bancaria a nombre de la Organización No Gubernamental “Asociación Planeta Verde”.

El dinero procedía de Casa Presidencial (L. 2 millones), del Congreso Nacional (L. 3 millones) y de la Secretaría de Finanzas (L. 16.1 millones).

La información proporcionada por la MACCIH da cuenta que los fondos se trasladaron a las cuentas de diputados propietarios y suplentes, al igual que sus familiares y terceras personas.

Diputados de Libre denuncian que el régimen quiere inhabilitar a María Luisa Borjas

Diputados de Libre denuncian que el régimen quiere inhabilitar a María Luisa Borjas

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Diputados del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) denunciaron este miércoles que el régimen de Juan Hernández, quiere inhabilitar a su compañera de bancada, María Luisa Borjas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, actuando como juez natural, declaró culpable ayer martes a Borjas por el delito de calumnias constitutivas de difamación por una querella incoada por el empresario y banquero, Camilo Átala.

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El diputado de Libre por el departamento de Cortés, Edgardo Castro, dijo que la intensión de la “dictadura” es judicializar y arrebatarle la diputación a su compañera.

Borjas ha sido una fuerte crítica del sistema de seguridad hondureño, al vincular a altos funcionarios de la secretaría de Seguridad y a  altos mandos de la policía con actos de corrupción y con el narcotráfico. Por estas denuncias, que viene haciendo desde inicios de los años 2000, fue separada de la  institución uniformada.

“Quieren asesinar políticamente a María Luisa Borjas”, dijo Olivia Marcela Zúniga  Cáceres, también diputada de Libre e hija de la extinta Berta Cáceres.

Zúniga Cáceres dijo que ante el intento que hay por afectar a su compañera, ella misma se encargará de hacer lobby internacional para defender a Borjas de los atropellos de la justicia y del poder económico y político.

María Luisa Borjas, recibió la solidaridad de sus compañeros diputados del partido Libre y de defensores de derechos humanos, que esta mañana la acompañaron durante una conferencia de prensa para condenar el  fallo judicial.

En el grupo de defensores de derechos humanos se encontraba el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Juan Almendares Bonilla, quien apuntó que el caso de María Luisa Borjas no es de un partido político  o de los defensores de derechos humanos, sino que es algo transversal a todos los derechos humanos.

Rememoró que conoce a Borjas desde hace varios años, y que por sus posturas correctas, siempre ha permanecido en amenaza e incólume a sus principios y sobre todo con valentía enfrentando los ataques

Almendares Bonilla, manifestó que actualmente en Honduras, “estamos ante un sistema punitiva, persecutorio y militar”.

Añadió que el caso de María Luisa Borjas no se trata de un problema de difamación, ya que desde el momento que ella  denuncia la participación de  policías  y militares en actos criminales, ella queda condenada”.

El exrector universitario irrumpió en llanto justamente al momento que expresó que Borjas representa la justicia y los derechos.

Diputados europeos preocupados ante juicio por el asesinato Berta Cáceres

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. Los eurodiputados han remitido una carta al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, una misiva que ha sido firmada por 32 eurodiputados de cuatro grupos políticos.

“El juicio debe realizarse en pleno respeto de los principios de imparcialidad y acceso a la justicia. Este caso es clave para la defensa de los derechos humanos en Honduras y en toda la región de América Latina”, aseguran en la carta los eurodiputados

Más de treinta representantes del Parlamento Europeo de Alemania, Bélgica, Grecia, Irlanda, España, Francia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia  han expresado hoy al Gobierno de Honduras y a la UE su “profunda preocupación ante el estado actual del proceso judicial abierto por el asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres y el asesinato en grado de tentativa del ambientalista mexicano, Gustavo Castro”

Lo anterior lo han manifestado en una carta que han remitido al presidente de la Republica de Honduras, Juan Hernández, y a Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.

El juicio ha sido muy cuestionado porque no se le ha permitido a la familia de Berta Cáceres ni a los abogados conocer todos los expedientes del juicio.

Además,  no se ha permitido la publicidad del juicio, al negar la transmisión del mismo por parte del tribunal de sentencia que conoce el juicio, a pesar de las peticiones hechas por los abogados y por los organismos internacionales que acompañan a la familia y que son vigilantes del juicio.

Los diputados de Honduras y la reactivación de su propia “olla de corrupción”

Por: Claudia Mendoza

En este escrito me referiré a algunas mentiras y verdades que he leído, relacionadas con la reactivación del Fondo de Desarrollo Departamental, ahora Fondo Social Departamental, el que (en simple y sencillo) para quienes no saben, es “un fondo, una plata, un dinero o un pisto”, que asciende a 400 millones de lempiras, más los subsidios o partidas especiales que se reparten entre los diputados del Congreso Nacional de Honduras, en teoría, para que se realicen obras sociales en sus comunidades.

En particular, parto de una aclaración pública que hicieron los diputados de la bancada del partido Libertad y Refundación (LIBRE), en la que afirman algunos aspectos que enuncio y de los que comento a la vez:

1.     Primera verdad a medias

“Que cuando el Fondo Departamental se aprobó, durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006), los diputados se obligaban a presentar solicitudes de proyectos de las comunidades ante la Secretarías del Congreso Nacional, y la Secretaría de Finanzas administraba y AUDITABA EL FONDO”.

Sí, es cierto, tenían que presentar solicitudes de fondos, planteando proyectos sociales ante la Secretaría del Congreso Nacional, pero es una total mentira que la ejecución de ese dinero se auditaba. Insisto con dos casos que he reiterado en otros escritos, particularmente porque es de lo poco que se ha documentado y que lo hicimos su servidora y un grupo de periodistas que formábamos el equipo de Revistazo.com, muchos años atrás.  

a)     Los 15 millones que gestionó Roberto Michelett Baín, diputado del Partido Liberal, para la compra de un terreno y la construcción de un relleno sanitario para la ciudad de El Progreso, Yoro, en el año 2006.

Micheletti gestionó para que ese dinero se entregara a la administración de Alexander Hernández, alcalde en ese entonces y en la actualidad, de esa ciudad del norte. Personalmente yo investigué ese caso y en el 2010 me hice presente a la Municipalidad de El Progreso. Los fondos no habían sido ejecutados pese a que se emitieron en el 2006. El terreno no había sido comprado y el relleno sanitario tampoco se había construido. De hecho, aún hoy (2018) no se ha ejecutado la obra. Les dejo aquí el enlace del escrito de mi autoría. http://m.revistazo.biz/web2/index.php/a-fondo/subsidios-a-diputados/item/70-cuatro-a%C3%B1os-despu%C3%A9s-y-15-millones-de-lempiras-para-relleno-sanitario-siguen-sin-ejecutarse

b)    Los 20 millones que solicitó el diputado del partido Liberal, José Alfredo Saavedra, para ayudar a la pavimentación de varias comunidades del sur de Honduras.

En el año 2006, por decreto Legislativo Nº 80–2006, el Congreso Nacional emitió dos cheques por el valor de 10 millones de lempiras; cada uno se entregaría a la entonces Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) para iniciar la construcción de un tramo carretero entre varias comunidades de Nacaome, Valle, zona de donde Saavedra es originario. 

De acuerdo con datos proporcionados por la SOPTRAVI, fue hasta el mes de junio del año 2007 que la obra se sometió a licitación. A finales de 2008, la Constructora Marve S. de R.L. junto a la ES Constructores S.A. de C.V., iniciaron la construcción de los 12 kilómetros de carretera, pero en mayo de 2009, la obra fue interrumpida.

En la zona no se avanzó mucho y la carretera de las comunidades que se beneficiarían, para el año 2010, seguía de tierra y arena. Les dejo el trabajo periodístico que realizamos en ese entonces.

http://www.revistazo.biz/web2/index.php/a-fondo/subsidios-a-diputados/item/78-20-millones-de-lempiras-para-una-carretera-que-sigue-revestida-de-polvo-y-hoyos

Documentamos otros casos, pero enuncio estos porque fueron los montos más grandes emitidos en el 2006, ya en el gobierno de Zelaya Rosales, y que destacó en un informe la Fundación Democracia Sin Frontera (FDsF), en el año 2010. En suma, nadie auditó el manejo de estos y muchos fondos más.

 2.     Segunda mentira

“Que los diputados no manejaban un solo centavo en efectivo y los cheques salían a nombre de los programas, proyectos, beneficiarios, asociaciones o patronatos”.

Una de las acciones que realizamos desde Revistazo.com, fue pedir a todos los diputados del Congreso Nacional, información sobre el uso de los fondos que se les habían dado. Como la mayoría no quiso darlos “por la buena”, acudimos a hacerlo a través de peticiones de información, vía Ley de Transparencia y de acceso a la información Pública. Muchos se negaron pero a raíz del proceso que se entabló ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), se les OBLIGÓ a hacer público el uso de sus fondos y colocarlos en la página de transparencia del Congreso Nacional.

Un caso que sirvió hasta de “risa”, fue el del diputado Edgardo Pineda Madrid, suplente de la diputada nacionalista Geraldina Ochoa, quien en su informe dio cuenta de facturas en las que se reflejó hasta la compra de calzoncillos y pañuelos que afirmó, fueron para regalo del “Día de la Madre”.

En este enlace que adjunto, del diario La Prensa, se destaca que el Pleno de los miembros del IAIP emplazó a 2016 diputados para que hicieran público los informes o liquidaciones de los subsidios del año anterior. A ese fallo le antecedió otro en el cual se obligó a otros 70 diputados a hacer público la inversión de sus fondos.

https://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/330867-98/diputado-us%C3%B3-subsidio-para-comprar-calzoncillo

Entonces, señores diputados de LIBRE, no me vengan con “ese cuento” de que se hacía auditoría de esos fondos y muchos menos de forma voluntaria.

3.     Una gran verdad

Que desde el año 2014, cuando el presidente del Poder Legislativo en ese entonces, Juan Orlando Hernández, trasladó la administración de ese Fondo a Casa Presidencial, se hizo con la intención aviesa de excluir a la bancada de LIBRE y que desde entonces nadie sabe a quién se le da, ni cuánto, ni nadie audita públicamente y no existen criterios para su entrega.

¡Muy cierto! Desde que ese fondo pasó al Poder Ejecutivo, esos dineros se han manejado en completo hermetismo y nadie, absolutamente nadie  sabe cómo, a quién, cuánto y para qué se dan esos fondos.

Lo que no podría aseverar es que los diputados de LIBRE quedaron fuera de esa repartición, como reza la aclaración pública. Algunas acciones del pasado reciente han evidenciado que algunos de estos congresistas tienen precio y que se han prestado a componendas del partido de gobierno, particularmente en la selección de funcionarios de otras instituciones del Estado, que han sido clave para la cooptación del poder que ahora tiene Hernández como presidente del país.

Otra falacia

“Que con la reforma a Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que el Fondo Social Departamental salga del Poder Ejecutivo y se regule por una ley especial pública, se garantizará que los proyectos y ayudas de emergencia para la gente y comunidades se aprobarán a través de los diputados en igualdad de condiciones y que los fondos serán liquidados y auditados.

Es más que evidente que el antes y el después, que la bancada de LIBRE quiere dejar sentado en la aclaración pública, en relación con el uso de esos fondos, está distorsionado:  

–         La historia ya dejó en claro que al manejar dinero, ustedes solo duplican el trabajo que le corresponde a cada Secretaría de Estado.

–         La historia ya evidenció que fondos como el Social Departamental solo han servido para fomentar el robo de un dinero que bien podría estar ayudando a fortalecer el miserable sistema sanitario o de educación de Honduras.

La integridad no tiene color de partido político; deben ser consecuente entre lo que dicen y hacen, y si de verdad son la fuerza popular de oposición real, como dicen en su aclaración pública, dejen de prestarse a formar parte de las artimañas con las que se hace corrupción en este país.