Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció este viernes 2 de octubre que la defensa de Roberto David Castillo, único autor intelectual enjuiciado por el asesinato de la ambientalista y defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres, continúa dilatando el juicio oral y público.
La denuncia del COPINH se basa en un recurso de apelación que este viernes, dos de octubre presentaron los apoderados de Castillo, contra el fallo del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, que el pasado lunes, 28 de septiembre, declaró sin lugar el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva solicitado a favor del imputado.
Tras considerar que la defensa de Roberto David Castillo, de manera intencional ha retrasado el juicio por 8 meses con veintitrés días, en la audiencia de revisión de medidas realizada el pasado 28 de septiembre, la Sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por unanimidad de votos declaró sin lugar la sustitución de medidas cautelares de prisión preventiva solicitadas por la defensa.
Ante tal situación, los abogados Ritza Yolanda Antúnez y Juan Carlos Sánchez Cantillano, defensores de Roberto David Castillo, acudieron el pasado viernes, dos de octubre, a interponer agravios del recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria al recurso de reposición, “contra la resolución de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veinte dictada por ese tribunal mediante la cual se declaró sin lugar la sustitución de medidas de prisión preventiva por una caución”, dice el escrito presentado por la defensa de Castillo.
Roberto David Castillo, es el presidente de la Junta Directiva de la sociedad mercantil, Desarrollos Energéticos SA (DESA), propietaria del proyecto hidroeléctrico, Agua Zarca, que se construye en la comunidad lenca de Río Blanco, en las aguas del Río Gualcarque, recurso natural que es defendido por las comunidades lencas situadas en los departamentos de Intibucá, La Paz y Santa Bárbara, coordinadas por el COPINH.
Por la defensa de río Gualcarque y de los territorios afectados por la represa de Agua Zarca, muchos indígenas han sido encarcelados, perseguidos y asesinados, incluida Berta Cáceres, abatida en su casa de habitación, en la noche del 2 de marzo del 2016.
El Ministerio Público acusa a Roberto David Castillo de ser el responsable intelectual del asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo a juicio del COPINH y de la familia de la ambientalista, Castillo no es el único y acusan que también son responsables varios miembros de la familia Atala Zablah.
Tegucigalpa, Honduras.- Las actuaciones desesperadas de la representación legal del imputado David Castillo demuestran su claro convencimiento de la culpabilidad de su cliente. En ese sentido se entiende la campaña de desinformación que realizan sobre el caso y los ataques inescrupulosos a las víctimas, organizaciones sociales e incluso a la comunidad internacional, así como las maniobras dilatorias. De esta forma buscan mantener la impunidad a la que están acostumbrados.
La estrategia consiste en realizar maniobras que eviten a toda costa llevar el proceso a un juicio en el que públicamente se demostrará la vinculación de su representado con el asesinato de Berta Cáceres, así como con los demás miembros de la estructura criminal, manifiesta el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en un comunicado.
Las prácticas de mala fe y dilatorios de los abogados Juan Sánchez y Ritza Antúnez han tenido recientes episodios en la primera audiencia de la etapa de juicio oral. En esta ocasión han recusado a las dos juezas y juez del tribunal de sentencia que conoce el caso bajo argumentos que tienen un carácter más político que jurídico. La resolución definitiva de dicho recurso debe darse antes de finalizar el día de hoy, reza el comunicado del Copinh.
Esta maniobra de dilatación y obstaculización de la justicia se suma a las previas por las cuales la audiencia preliminar se retrasó más de un año y cuatro meses en culminar.
Promueven el odio y la calumnia
La abogada Ritza Antúnez, defensora además del militar condenado Mariano Díaz, aseguró de manera calumniosa y mentirosa en medios de comunicación en días recientes que el COPINH sustrajo el expediente judicial del proceso contra Castillo, alimentando un discurso de odio contra Berta Cáceres y el COPINH.
El equipo legal de las víctimas aclaró que la solicitud de fotocopia del expediente es un derecho básico de las partes y que la misma fue realizada y otorgada por el tribunal previo a la maniobra dilatoria de la recusación.
El COPINH ante esto, ha solicitado que se garanticen los principios de debido proceso, la transparencia y la publicidad para evitar que se siga desinformando en búsqueda de impunidad.
En sus ataques y señalamientos, la defensa de Castillo olvida que los únicos procesados y condenados por crímenes e irregularidades son personas vinculadas a la familia Atala Zablah y sus empresas.
Call centers contra la verdad
En meses recientes se han evidenciado ataques en redes sociales en contra del COPINH, las hijas de Berta Cáceres y a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos que dan seguimiento al caso.
Los ataques realizados por perfiles falsos plasman mensajes de odio contra las hijas de Berta Cáceres y el COPINH, e intentan mostrar a David Castillo como una víctima, haciendo eco del discurso de su defensa. Buscan crear una falsa impresión de apoyo para David Castillo.
Estas campañas en redes sociales son ataques sistemáticos que se han venido realizando desde hace años y que se ejecutaron en contra de Berta Cáceres antes de su asesinato.
Señalamientos contra organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional
Los esfuerzos de observación internacional para la transparencia del proceso y la visualización de la ausencia de persecución de los autores intelectuales por parte del Ministerio Público han sido tergiversados por los representantes de David Castillo atacando a organizaciones de Derechos Humanos e incluso a miembros de la comunidad internacional, insistiendo que existe un acoso al sistema de justicia. Esto, negando la demanda internacional de justicia para Berta Cáceres.
“Nos preocupan estos señalamientos groseros de esta estructura criminal contra miembros de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos. Muestran su desesperación por mantener la impunidad y su desprecio por los esfuerzos realizados para obtener un poco de justicia para Honduras” expresó Bertha Zúniga, coordinadora del COPINH.
Tegucigalpa.- Por más de un año se ha prolongado -y no aún no finaliza- la audiencia preliminar en contra del presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo Mejía, a quien la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) supone responsable a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.63
Ahora, en lo que el Ministerio Público califica como una nueva táctica dilatoria, la defensa privada del imputado presentó un recurso de nulidad con el que pretende descalificar los hallazgos del dictamen pericial de vinculación criminal, ya que el mismo es prueba clave en el proceso, al lograr concatenar el cruce de mensajes y llamadas, entre David Castillo y el exmilitar, Geovanny Bustillo, condenado por el crimen de la líder indígena, quienes hacen todo un seguimiento al plan de asesinato que finalmente se perpetró el 3 de marzo de 2016 en su vivienda en la Residencial El Líbano de la Esperanza, Intibucá.
La parte defensora basa su recurso de nulidad en peritajes elaborados en un mes por técnicos de nacionalidad estadounidense y mexicana que contrató el encausado, mismos que no cumplen con los requisitos por vicios en la forma, pudiendo mencionar aspectos como que algunos dictámenes se propusieron en inglés obviando su traducción como establece el Código Procesal Penal, otros si se tradujeron pero no fueron firmados por el intérprete juramentado en el proceso y uno denominado por ellos como de vinculación o no, fue presentado sin firma ni sello del ingeniero extranjero que lo practicó.
Ante esos vicios, los Fiscales personados en la continuación de la audiencia preliminar solicitaron que dichos dictámenes se declaren inadmisibles y por tanto sean desestimados, a efecto que se dé continuidad al proceso y se emita el respectivo Auto de Apertura a Juicio. A su vez se pidió por parte del Equipo Fiscal el cómputo de los retrasos y dilaciones producto de las actuaciones de los apoderados legales del procesado, pues a éste le está por vencer la Prisión Preventiva, lo que debe de considerarse para que le extiendan el tiempo de vigencia de la referida medida cautelar.
No obstante, más allá de ser un mero tema de forma, a criterio del Ministerio Público, la defensa busca con la nulidad planteada esconder el fondo del caso y trata de disfrazar el hecho que la pericia atacada acredita plenamente que David Castillo se coludió con el resto de los ahora condenados, siete en total, para darle muerte a la ambientalista Berta Cáceres.
A lo largo de las investigaciones de la llamada “Operación Jaguar”, la FEDCV y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), han recabado una serie de pruebas e indicios, que junto al análisis de extracciones y vaciados telefónicos, georreferenciación y labores complementarias hacen referencia al pago hecho por el entonces presidente de DESA a los sicarios que cometieron este crimen de alto impacto social.
Asimismo, de acuerdo con los trabajos de inteligencia y pruebas científicas practicadas por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la ATIC, Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos.
Vale recordar, que la primera condena por este sonado caso se obtuvo el 29 de noviembre de 2018 en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, culpables por el delito de asesinato en perjuicio de Beta Isabel Cáceres Flores y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido.
Su juicio se desarrolló durante cinco semanas y los Fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas, donde se demostró la participación que tuvieron los condenados, antes, durante y después del hecho.
El MP subraya que la causa aún sigue abierta y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres.
Tegucigalpa.-Por cuarta vez se suspendió la audiencia preliminar contra David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la ambientalista y defensora indígena, Berta Cáceres, quien fue atacada a tiros en el interior de su vivienda en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, el 2 de marzo de 2016.
La reprogramación de la audiencia contra David Castillo -que debió realizarse en abril de 2019- tiene el propósito de cuestionar el proceso y los elementos probatorios que vinculan al imputado en la ejecución del crimen, dijo este martes a Radio Progreso el abogado Víctor Fernández, apoderado legal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y de la familia Cáceres.
La audiencia preliminar fue reprogramada por acciones de la defensa de Castillo para el viernes 21 de agosto en el Juzgado Anticorrupción, ubicado en el bulevar Los Próceres de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.
La organización Copinh cuestionó en su sitio de Facebook el porqué del retraso de esta audiencia por más de un año, ya que “el juicio contra David Castillo demostraría su papel como vínculo a la familia Atala Zablah y la responsabilidad de estos como autores intelectuales del crimen”.
Por su parte, el coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), Martín Fernández, expresó en el marco de la semana de los pueblos indígenas, que ya se ha señalado con nombre y apellido quiénes son los autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres, sin embargo, hay una evidente colusión del sector económico y político de Honduras.
“No solo involucra a grupos de poder económicos hondureños, sino que también se señala algunas políticas de Estado de otros países en torno al proyecto de muerte del que fuera objeto Berta Cáceres”, manifestó Fernández.
El defensor del medio ambiente cree que detrás del asesinato de Berta Cáceres está el crimen organizado que funciona desde la propia institucionalidad, empotrado y dirigiendo la política de Honduras, desde donde se está mandando las órdenes del despojo.
En diciembre de 2019 un tribunal de justicia condenó entre 30 y 50 años de prisión a siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres y por la tentativa de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba en la vivienda de Cáceres el día que se registraron los hechos.
David Castillo es el octavo procesado y hasta ahora es el único acusado por el Ministerio Público como autor intelectual del asesinato.
Tegucigalpa.-Roberto David Castillo, imputado por la justicia hondureña de ser autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres, habría comprado una lujosa casa en los Estados Unidos, supuestamente, con el pago recibido por cometer el crimen que le segó la vida a la ambientalista y líder indígena.
“En representación de las hijas e hijo de Berta Cáceres hemos iniciado un proceso de demanda en los Estados Unidos que tiene que ver con encontrar información en un banco en los Estados Unidos sobre la compra de una lujosa casa a nombre de David Castillo Mejía, que está valorada en alrededor de 1.6 millones de dólares, para encontrar si esto tiene alguna relación a un pago por asesinar a Berta Cáceres”, dijo Berta Zúniga, hija de la ambientalista, asesinada el 2 de marzo de 2016.
Berta Zúniga, hija de la extinta Berta Cáceres.
El informe, resultado de una investigación, reúne información que implica a Castillo, gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en un patrón de violencia, violaciones a los derechos humanos y corrupción que beneficia a las empresas con las que ha estado asociado. Castillo ha estado involucrado con al menos ocho empresas, registradas en Honduras y Panamá, describe el informe.
El asesinato de Berta Cáceres, en 2016, fue parte de una serie de ataques contra miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que la ambientalista dirigía, y contra la comunidad indígena de Río Blanco que nunca fue consultada sobre el proyecto hidroeléctrico que se está implementando en su territorio, señala el informe.
La evidencia muestra que cuando las comunidades denunciaron los abusos, DESA desató una campaña de estigmatización y violencia con el apoyo de contactos claves en el Estado para asegurar la impunidad. En el veredicto dado en noviembre de 2018, en el que se condenó a siete hombres por el asesinato de Cáceres, incluyendo a dos ex empleados de DESA, el tribunal llegó a la conclusión de que otros ejecutivos de DESA conocían y consintieron el asesinato, sin embargo, no ha habido más detenciones.
Castillo fue arrestado en marzo de 2018, actualmente se encuentra en prisión preventiva, a la espera de la continuación de la audiencia que decidirá si va a juicio por su presunto papel en el asesinato de Berta Cáceres, sin embargo, las acusaciones de su actividad criminal van más allá del asesinato.
“Un perfil de Roberto David Castillo Mejía” documenta los procesos judiciales, investigaciones abiertas y sanciones administrativas en Honduras que sugieren que Castillo, un ex funcionario público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), graduado de la academia militar estadounidense West Point y oficial de inteligencia militar hondureño en condición de retiro, influyó ilegalmente en los contratos del gobierno y reclutó la ayuda de las fuerzas de seguridad del estado para cometer violaciones a los derechos humanos.
Castillo y Los Cachiros
El informe revela también las posibles conexiones de Castillo con la red de narcotráfico más notoria de Honduras, Los Cachiros. Según el informe, Castillo actuó como representante legal de PEMSA, una sociedad de cartera (holding company) panameña de la cual no se tiene claridad sobre sus dueños. PEMSA posee acciones significativas en DESA. En 2014, PEMSA también asumió la propiedad de otra empresa generadora de energía en Honduras, PRODERSSA, empresa creada, según los fiscales hondureños, por abogados que administraban los activos del grupo Los Cachiros. La propiedad de PRODERSSA fue transferida a PEMSA unos meses antes de que los líderes de Los Cachiros se rindieran a la DEA.
El informe establece además que faltando apenas 12 días para que finalizara el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en enero de 2014, el Estado hondureño a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) adjudicó un contrato de compra de energía a la empresa PRODERSSA.
Un líder de Los Cachiros testificó ante cortes de los Estados Unidos que sobornó a Lobo a cambio de contratos favorables a compañías que poseía, por lo que no se descarta que el contrato otorgado a PRODERSSA, se haya pactado mediante actos de corrupción.
De acuerdo a las valoraciones de las organizaciones participantes en la elaboración del informe, los fiscales de los Estados Unidos y Honduras deben investigar más a fondo las actividades del holding panameño PEMSA, en el cual David Castillo actuó como representante legal. El gobierno de los EE.UU. tiene la capacidad de sancionar a quienes violan los derechos humanos congelando sus activos y prohibiéndoles ingresar a los EE. UU., sugiere el informe,
Daniel Cerquera, de la Fundación Debido Proceso de Derecho—que participó en la elaboración del informe— manifestó que la idea de dar a conocer la investigación es para visibilizar las estructuras de corrupción y criminalidad que favorecen casos como el de Berta Cáceres, donde se ha demostrado que existe una estructura mediante la cual las empresas privadas han cooptado los procesos políticos en decisiones estatales.
Sanciones para los financistas internacionales
Además de las sanciones directas contra David Castillo, los defensores de los derechos humanos, demandan penas y medidas coercitivas contra las instituciones financieras internacionales y los bancos de desarrollo, incluido el Banco Mundial y el FMO de Holanda, por asociarse en inversiones con redes criminales. Asimismo, instituciones financieras internacionales propiedad de gobiernos extranjeros como Noruega y Finlandia, así como bancos multilaterales de desarrollo, en el que Estados Unidos tiene participación significativa, mediante el financiamiento de proyectos que están involucrados en actos criminales y de corrupción.
En el caso de DESA, algunos bancos de desarrollo cancelaron el financiamiento, sin embargo, aparentemente DESA sigue teniendo licencias y contratos para el desarrollo del proyecto de Agua Zarca.
“Se deben adoptar medidas inmediatas para poner fin a estas prácticas. Tanto DESA como PRODERSSA han recibido financiación de instituciones financieras internacionales”, destaca el documento que añade más información a un caso criminal que también forma parte de investigaciones realizadas por la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic) con el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La Ufecic y la MACCIH presentaron además el caso del fraude del río Gualcarque, que tiene que ver con la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA.
El caso implica una estructura criminal, que vincula a 16 funcionarios de distintas instituciones del Estado y que significa la reconstrucción integral del caso y un aporte muy importante en las investigaciones criminales, según Víctor Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que representa el cuerpo de abogados de la familia de Berta Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Fernández, explicó que el juicio contra David Castillo se encuentra en la etapa intermedia, recientemente se resolvió un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y se espera que a corto plazo, el juzgado que lleva la causa, señale la continuación de la audiencia preliminar.
La parte acusadora espera que la causa sea elevada a juicio oral y público o dicte un sobreseimiento, como corresponde, dijo Fernández.
La MACCIH ha iniciado una investigación sobre posibles sobornos vinculados a las negociaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, e incluso, medios de comunicación han informado que David Castillo formó parte del equipo que negoció los contratos con Odebrecht.
La familia de Berta Cáceres sostiene que Castillo solo es uno de los tantos autores intelectuales en el crimen, en el que además han señalado a la familia Atala Zablah, principales socios de la empresa DESA.
El informe se produce inmediatamente después de una visita a Honduras por parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en el que concluyeron que, «Con demasiada frecuencia, las empresas y los inversores se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos».
El informe insta a la comunidad internacional a pedir al gobierno hondureño que proteja a los defensores de los derechos humanos, combata la corrupción y la impunidad, y evite la participación de los actores estatales en las violaciones de los derechos humanos.
El informe “Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña: un perfil de Roberto David Castillo Mejía” es una colaboración entre la Fundación Debido Proceso de Derecho, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, Robert F. Kennedy Derechos Humanos y la Escuela del Americas Watch.
