Tegucigalpa.- El vocero de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, Yoni Rivas, manifestó que están sumamente preocupados por la situación que vive el campesinado de ese sector del país porque ha sido remilitarizada y donde se han concentrado todos los cuerpos de investigación del Estado.
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Aguán
Pero a pesar de tanta presencia militar y policial es muy poca la respuesta que se tiene de investigación y de castigo a los responsables de muchos crímenes que han ocurrido en El Aguán, señaló Rivas.
Agregó que no ven respuestas por parte de las autoridades y señaló que, “el 5 de enero de 2019 fue asesinado el administrador del asentamiento La Confianza a vista y paciencia de muchas personas y nadie ha investigado este hecho”.
El pasado 24 de febrero se dio un atentado contra un dirigente campesino en la comunidad de Panamá y las autoridades tienen incluso fotografías de quienes provocaron este hecho y no han hecho nada.
Señaló que el 13 de marzo recién pasado se dio otro atentado contra el compañero José Luis Hernández quien ha estado hospitalizado en la ciudad de San Pedro Sula y no se ve ningún indicio que las autoridades quieran dar con el paradero de los responsables de estos hechos delictivos.
Rivas apuntó que, en el caso de la comunidad de Panamá, se ha identificado que las acciones delictivas las dirige Santos Torres con un grupo paramilitar, pero las autoridades se hacen los ciegos, sordos y mudos.
Rivas detalló que desde el 2010 unas 156 personas han sido asesinadas, pero de estas solo se han producido cuatro sentencias condenatorias y el resto de los casos permanecen en la impunidad.
Tegucigalpa.-Más del 90 % de los crímenes contra mujeres, abogados, periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación se mantienen en la impunidad por falta de investigación diligente, eficaz y científica, denunció el Comisionado Nacional de los derechos Humanos (Conadeh) Roberto Herrera Cáceres.
El ombudsman hondureño dijo el jueves que a las víctimas se les niega su derecho a conocer la verdad.
De acuerdo al ente estatal la impunidad repercute especialmente en los más desfavorecidos, afecta la paz social y frustra las expectativas y oportunidades de justicia y desarrollo.
El Conadeh estima que en los últimos nueve años (2010-2018), alrededor de 51,000 personas perdieron la vida violentamente en Honduras de los cuales más del 90% estarían impunes por diversas causas.
Registros del Conadeh indican que de 75 personas vinculadas a los medios de comunicación, que perdieron la vida violentamente entre el 2001 y el 2018, el 92 % se mantiene en la impunidad.
Otro de los gremios afectados es el de los abogados, ya que de 154 que perdieron la vida en circunstancias violentas, desde el año 2002 a la fecha, la impunidad supera el 90 %.
Lo mismo ocurre con las muertes violentas de mujeres. Se estima que del 2002 a enero de 2019, alrededor de 6,200 mujeres perdieron la vida en circunstancias violentas, crímenes que en más del 90% de los casos se mantienen en la impunidad por falta de investigación.
Ante dicho panorama el defensor del pueblo dijo que como institución nacional de derechos humanos y fundamentados en el mandato constitucional, “instamos al Estado, a través de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, a actuar con firmeza y debida diligencia, en la investigación, identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales”.
Herrera apuntó que la impunidad debe abordarse mediante investigaciones más profundas y tener la capacidad de movilizar a la sociedad para adquirir una cultura de denuncia.
Tegucigalpa.-Organizaciones feministas de Honduras exteriorizaron este lunes su preocupación ante un elevado nivel de impunidad que podría estar por encima del 90 % en los crímenes contra las mujeres.
En una comparecencia ante medios de comunicación, las defensoras de los derechos de las mujeres señalaron que en los últimos años, Honduras ha mostrado avances en la visibilización y tratamiento de la violencia Sin embargo, pese a que se observe una disminución de femicidios en relación con años anteriores, esta modesta evolución no ha sido suficiente para detener los altos índices de violencia que afectan la integridad física, psicológica, laboral y política de las mujeres”.
Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH (0V-UNAH), en Honduras cada 18 horas es asesinada una mujer. Asimismo, las cifras preliminares indican que de enero al 30 junio de este año, se registraron 127 muertes violentas. Durante el año 2017, hubo 389 femicidios y en los últimos 15 años más de 5.600.
De acuerdo a los datos de las mujeres, el 90% de las muertes violentas contra mujeres siguen en la impunidad y mayoría de las víctimas tenían edades comprendidas entre 15 y 34 años.
Las organizaciones enfatizaron, además, en un estudio efectuado por el Centro de Estudies de la Mujer que señala que el 27 % de las mujeres hondureñas acepta que ha sufrido violencia física en algún momento de su vida y de acuerdo con cifras de UNICEF, en el 2016, casi 9 de cada 10 delitos sexuales contra la niñez, afectaron a las niñas.
Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, dice que la impunidad de las muertes violentas de mujeres es del 96 %.
Cristina Alvarado del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, dijo que las mujeres en Honduras se ven enfrentadas a un manipuleo político y a la estrategia de militarización de la seguridad, que está orientada a la atención del crimen organizado y al narcotráfico, en detrimento a las violencias contra las mujeres.
La dirigente feminista condenó que en el Congreso Nacional se esté aprobando un nuevo código penal que elimina la violencia intrafamiliar como delito y la convierte en maltrato habitual u ocasional. Asimismo, denunció que se está reduciendo las penas por delitos sexuales y femicidios.
Alvarado apuntó que es casi seguro que sobre los femicidios existe un sub registro, ya que las muertes violentas contras las mujeres no son investigadas.
Bajo este preocupante y complejo contexto, el pasado domingo 01 de julio, la directora de Medicine Forense del Ministerio Público, Julissa Villanueva, se presentó ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para denunciar las reiteradas intimidaciones y amenazas en su contra y personal bajo su cargo.
A raíz de estas amenazas, la forense señaló que “se trata de grupos interesados en detener investigaciones de alto impacto, para que la verdad no salga a flote». La revelación de la Funcionaria supone que los mensajes de amenazas e intimidaciones en su contra y en contra del equipo de Medicine Forense, podrían estar vinculadas con algunos hechos que se quieren ocultar.
Durante la comparecencia mediática, las organizaciones convocantes, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ONU Mujeres, OXFAM-Honduras, el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, JASS-Honduras, el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) y Grupo Sociedad Civil (GSC), patentizaron su solidaridad con la directora de Medicina Forense y exhortaron a las autoridades correspondientes a iniciar una investigación pronta y exhaustiva a fin de esclarecer quiénes son los responsables y a ofrecer las medidas de protección necesarias.
Según las organizaciones, el caso de Julissa Villanueva expone la crítica situación que enfrentan a diario las mujeres en Honduras.
Tegucigalpa. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la histórica decisión del Tribunal de Mayor Riesgo C del Estado de Guatemala, adoptada el 23 de mayo de 2018, la cual condena a cuatro militares de alto rango por los delitos de deberes contra la humanidad y violación, en agravio de Emma Molina Theissen, y por el delito de desaparición forzada en agravio del niño de 14 años Marco Antonio Molina Theissen. Esta decisión constituye un gran avance en la lucha contra la impunidad por crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno en el país, permitiendo finalmente a la víctima y sus familiares obtener justicia 37 años después de los hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 1981.
La CIDH destaca que esta sentencia aplica estándares internacionales e interamericanos desarrollados por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al reconocer el carácter de violación continua de la desaparición forzada, la imprescriptibilidad de graves violaciones a derechos humanos, la inaplicabilidad de la amnistía en casos de graves violaciones a derechos humanos, así como el valor central del testimonio de la víctima en casos de violación sexual, entre otros.
Dicha decisión, de confirmarse, permitiría al Estado avanzar en el cumplimiento de uno de los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Molina Theissen vs. Guatemala, que ordenó al Estado identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen ocurrida en 1981.
“La CIDH saluda este paso hacia la memoria, la verdad y la justicia e insta al Estado a continuar desplegando todos sus esfuerzos para cumplir la totalidad de la sentencia de la Corte Interamericana, sobre todo realizar las medidas necesarias para establecer el destino y paradero de Marco Antonio Molina Theissen y así hacer cesar su desaparición forzada”, dijo la Relatora de la CIDH para Guatemala, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
“La sociedad tiene el derecho irrenunciable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes crímenes como la desaparición forzada fueron cometidos”, dijo por su parte la Comisionada Antonia Urrejola, encargada de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH. “A través de esta sentencia se avanza simultáneamente en el camino de la justicia y en el camino hacia el esclarecimiento de la verdad, a la que tienen derecho las víctimas y los familiares y la sociedad en su conjunto”, señaló. La Comisionada Urrejola añadió: “la jurisprudencia interamericana ha establecido que la satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades. El cumplimiento de dichas obligaciones resulta necesario para garantizar la integralidad de la construcción de la verdad y la investigación completa de las estructuras en las que se enmarcan las violaciones de derechos humanos. En este sentido, saludamos el paso importante que esta sentencia significa al tiempo que urgimos al Estado de Guatemala a continuar investigando hasta establecer el paradero de Marco Antonio Molina Theissen”.
El acceso a la justicia en Guatemala es un tema prioritario al cual la CIDH ha dedicado mucha atención a lo largo de los años. En su informe sobre Situación de derechos humanos en Guatemala (2017), la CIDH observó que la falta de acceso a la justicia en el país está estrechamente vinculada a la falta de reparaciones de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y señaló la importancia de que Guatemala atienda esa deuda histórica con las víctimas de dichas violaciones y sus familiares, consagrada en los Acuerdos de Paz.
“La CIDH alienta al Estado a continuar sus esfuerzos para poner fin a la impunidad en el país a través de la investigación, procesamiento y sanción de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno, y reafirma la importancia de la reparación integral de las víctimas”, señaló el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
Tegucigalpa.-Un total de 280 crímenes contra miembros de la diversidad sexual se han registrado en Honduras durante la última década y de estos más del 90% se,encuentra en la impunidad, establece un informe divulgado hoy por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
El informe fue divulgado en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y revela el alto grado de impunidad en que prevalecen las acciones de violencia contra miembros de la comunidad Lésbica, Gay, Transexual, Travestis, Transgénero, Bisexual e Intersexual (LGTBI).
De acuerdo al informe, los miembros de la comunidad LGTBI son víctimas de violencia física, psicológica, patrimonial y sexual, tanto dentro de la familia como en los ámbitos de la educación, salud, trabajo, iglesias e instancias de aplicación del derecho y la justicia. Asimismo, son víctimas de de estigma, discriminación y violencia por su orientación sexual e identidad.
Señala que otro de los problemas que enfrentan, es que el Estado no les acredita un documento de identificación de acuerdo a su género. Hasta ahora, en el caso de las personas transexuales, por medio de un acuerdo con las autoridades del Registro Nacional de las Personas, se logró el cambio de foto en el documento de identidad de acuerdo a imagen actual.
Roberto Herrera Cáceres, titular del CONADEH, lamentó que aún persistan actos de estigma y discriminación hacia las personas de la diversidad sexual y abogó para que los crímenes cometidos contra miembros de esta comunidad no queden en la impunidad
El ombudsman hondureño expresó que para mejorar la promoción y defensa de derechos humanos de la diversidad sexual, tanto la Defensoría Nacional de la Diversidad Sexual como las oficinas regionales y departamentales han realizado actividades de capacitación a miembros de la Policía Nacional, Militar y Municipal con el propósito de disminuir los índices de estigma y discriminación.
El defensor del pueblo condenó tanto la homofobia como la discriminación y exhortó al gobierno, al pueblo hondureño y en particular a los familiares que respeten el derecho de las personas de la diversidad sexual.
Se estima que del 2017 a la fecha, han muerto, en circunstancias violentas, más de 40 personas en diferentes escenarios y diversas causas.
Uno de los sectores más afectados durante la última década es el de la comunidad gay, que registra más de un centenar de muertes violentas, en los últimos años, hechos que se han cometido, en su mayoría, en su domicilio, en el lugar de trabajo, en sus propios vehículos y en la calle.
La mayor parte de los miembros de la comunidad gay fueron víctimas de las armas de fuego, armas blancas, mientras otros fueron asfixiados, estrangulados e incluso calcinados.
Otro sector afectado es la población lésbica, se estima que desde el 2009 han muerto violentamente unas 23 cuyos cuerpos fueron encontrados en su domicilio, zacateras, cañeras, bajo un puente e inclusive en el mercado. Alrededor de 20 fueron víctimas de las armas de fuego y el resto por arma blanca.
A los anteriores se suman, que casi un centenar de personas transexuales han muerto violentamente en el país, la mayoría en lugares públicos.
Doce de los 18 departamentos del país han sido escenario de la muerte de miembros de la diversidad sexual. No obstante, se estima que alrededor del 85% de los crímenes fueron cometidos en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán
En una declaratoria firmada por 16 instituciones nacionales de derechos humanos de Iberoamérica se establece que la violencia y la discriminación ejercida contra las personas LGBTI constituyen una gravísima violación a los derechos humanos que requiere reconocimiento expreso y atención específica e inmediata.
Reconocen que las violaciones a los derechos de las personas LGBTI, en todas las esferas de su vida, pública y privada, persiste de manera sistemática y progresiva.
La homofobia se define como la intolerancia y el desprecio hacia quienes presentan una orientación o identidad diferentes a la heterosexual, mientras que la discriminación se da de diversas formas y en varios escenarios, tales como el seno familiar, el campo laboral, los servicios de salud, los servicios públicos, la política, la educación, actividades sociales y deportivas.
El 17 de mayo, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, fecha que coincide con la eliminación, en 1990, de la homosexualidad de la listas de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
MOVILIZACIÓN
Foto: OACNUDH
Este día se originaron movilizaciones por todo el mundo de la comunidad LGTBI y Honduras no fue la excepción. En Tegucigalpa la movilización contó con la participación de la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Tegucigalpa.-Durante una manifestación al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, llamó cobardes a los militares y les exigió el cese a los crímenes y a la represión.
Zelaya Rosales apareció entre la multitud de hondureños que esta tarde se dio cita en las afueras de la sede del cuartel general de la institución armada en la ciudad de Comayagüela, cuyos accesos estaban bloqueados por elementos militares fuertemente armados.
El derrocado expresidente en 2009, recriminó a los oficiales que estaban al frente de las vallas humanas: “Óiganme coroneles y ¿ustedes dónde estudiaron? ¿En los Estados Unidos? Los voy a mandar a estudiar a Olancho, les dijo, al tiempo que les reclamó por no dejarlo entrar.
Zelaya Rosales les dijo además que no les tenía miedo. “jaléenle a esas pistolas cobardes, así me fueron a sacar a la casa a balazos, cobardes, a un hombre desarmado lo fueron a sacar a balazos. Ustedes son cobardes porque tienen armas, bote esa arma…bote esa arma y pelee conmigo como hombre”, le dijo directamente a un oficial que estaba al frente.
“Están acostumbrados a humillar a la gente inocente, están acostumbrados a humillar a la gente desarmada. Nosotros queremos un ejército que defienda los derechos del pueblo, que defienda la ley, ustedes están defendiendo a un tirano, a una dictadura, a un fraude, están defendiendo a los corruptos de este país, eso es lo que están defendiendo”, arengó mientras al fondo la multitud gritaba: “asesinos, asesinos, asesinos».
El exmandatario, que leyó una carta dirigida a las Fuerzas Armadas, persuadió a los uniformados para que se den cuenta que al pueblo hondureño le están imponiendo un fraude, una dictadura y la reelección ilegal del presidente, Juan Hernández.
Además dijo que históricamente las Fuerzas Armadas de Honduras han sido fuerzas de ocupación de los Estados Unidos y aclaró que su lucha por denunciar el robo de las elecciones continuará aunque quede solo porque quiere un cambio para Honduras.
“Honduras está viviendo una época muy trágica porque están utilizando a las fuerzas militares, las fuerzas policíacas, para reprimir los derechos del pueblo que demanda elecciones, que demanda que se respete su voluntad y su voto, un pueblo que demanda que salga el dictador de gobernar nuestra patria”, expresó.
«Exigimos el cese inmediato de los asesinatos y de la represión en contra de las protestas pacíficas del pueblo que quiere que se derrote el fraude, no estamos pidiendo más, que se derrote el fraude»: Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras (2006-2009).
La protesta se originó a raíz de que los militares han participado es escenas de represión y de crímenes contra ciudadanos que protestan contra el fraude electoral montado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que le dio el triunfo al presidente, Juan Hernández, mediante un proceso poco transparente y lleno de dudas, según un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha propuesto la repetición de las elecciones.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos contabilizan hasta el momento alrededor de 30 muertes de hondureños que han caído a manos de la Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Tegucigalpa.- La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD), mediante un comunicado hecho público la tarde de este jueves ha manifestado estar alarmada por las muertes de personas pertenecientes a la comunidad LGTBI.
El organismo cita la muerte de cuatro personas durante la semana recién pasada y señala que las investigaciones señalan que todos murieron en circunstancias violentas y que algunos casos las víctimas podrían haber sido secuestradas y sufrido violencia física antes de su asesinato.
La OACNUD observa con preocupación que la discriminación se reproduce a través de un discurso público que alienta la diferencia y la exclusión por razón de la orientación sexual e identidad de género, replicado por los medios de comunicación y ciertos liderazgos sociales y políticos.
Comunicado
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su consternación por la muerte en la última semana de cuatro personas pertenecientes a la Comunidad LGTBI en la zona norte del país. Las primeras investigaciones sugieren que todas ellas murieron en circunstancias violentas y que, al menos en algunos de los casos, las víctimas podrían haber sido secuestradas y sufrido violencia física antes de su asesinato.
La Oficina deplora estas muertes desde su compromiso con la vida humana y expresa su solidaridad con los familiares y amigos de las personas fallecidas. Otra persona más se encuentra desparecida desde hace días, sin que sus próximos conozcan su paradero. La Oficina pide a las autoridades que redoblen sus esfuerzos para encontrar a esta persona, en virtud de la situación de vulnerabilidad del colectivo.
Durante 2017, el número de integrantes de la comunidad LGTBI asesinados/as ha llegado a 31, según lo denuncian organizaciones sociales, y en la mayor parte de los casos, no existirían avances relevantes en la investigación de estas muertes.
En julio 2017, con ocasión de la segunda revisión periódica de la situación de derechos humanos en Honduras, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su inquietud por la situación de discriminación que sufren en el país las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, discriminación de la cual estas muertes son la más dramática manifestación.
La Oficina observa con preocupación que la discriminación se reproduce a través de un discurso público que alienta la diferencia y la exclusión por razón de la orientación sexual e identidad de género, replicado por los medios de comunicación y ciertos liderazgos sociales y políticos. Dicha discriminación sólo podrá ser abordada por medio de la adopción de medidas legales, políticas y administrativas que prevengan la construcción del discurso marginalizador que alimenta los crímenes de odio y asegure el pleno reconocimiento de la igualdad de las parejas del mismo sexo y de la identidad de las personas transgénero, tal y como fuera recomendado por el Comité de Derechos Humanos.
El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida de todas las personas en su territorio sin discriminación por orientación sexual o identidad de género, a la luz de los estándares de derechos humanos emanados de los tratados internacionales ratificados por Honduras. A la luz de estos compromisos, la Oficina insta al Estado de Honduras a continuar las investigaciones iniciadas sobre muertes de personas pertenecientes a la comunidad LGTBI, y recuerda que la conducción de las mismas en una forma imparcial, pronta y eficaz, no sólo representa una obligación del Estado ante las víctimas y sus familiares, sino una premisa para evitar su reproducción en el futuro.
Finalmente, la Oficina resalta la responsabilidad política expresada por el Estado con el cumplimiento de estas obligaciones durante el Examen Periódico Universal celebrado en 2015. En dicha ocasión, Honduras asumió ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas compromisos relativos a la promoción de una cultura de tolerancia, prevención de la violencia motivada en orientación sexual e identidad de género y su investigación y sanción eficaz, en virtud de seis recomendaciones recibidas y aceptadas en la materia.
Las instancias ponen énfasis en el crimen de Berta Cáceres
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Mediante un comunicado remitido este martes desde Washington, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgen al Estado de Honduras a cumplir con su obligación de asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y asegurar que los autores materiales e intelectuales sean llevados ante la justicia.
La misiva hace referencia al informe presentado el pasado 31 de octubre por el Grupo Asesor International de Personas Expertas (GAIPE) sobre el asesinato de la ambientalista y defensora de la comunidad lenca, Berta Cáceres y la investigación sobre este caso por parte del Estado de Honduras.
“El informe plantea cuestiones preocupantes sobre la participación de las víctimas en el proceso, así como sobre la conducción de la investigación oficial y su eficacia en relación a la identificación y persecución efectiva de todos los involucrados en el asesinato de Berta Cáceres, incluidos los responsables intelectuales del asesinato”, reza el comunicado.
Igualmente, la CIDH y la OACNUDH expresan su preocupación, la continuidad de la secretividad del expediente y el impacto que esta situación procesal genera en los derechos de las víctimas y las personas sujetas al proceso. Ante dicha situación, las instancias internacionales instan a Honduras a reevaluar la necesidad y proporcionalidad del mantenimiento de la secretividad del expediente.
Para las instancias, el asesinato de Berta Cáceres constituye un dramático ejemplo del contexto de hostigamiento e intimidaciones en el que los defensores de derechos humanos desarrollan su trabajo en Honduras.
Consideran que la investigación eficaz y sanción de los responsables del asesinato Berta Cáceres constituirá un importante precedente para evitar la repetición de este tipo de ataques e instan al Ministerio Público a adoptar una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención de ataques en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, así como protocolos y mecanismos adecuados de investigación.
Finalmente, la OACNUDH y la CIDH llaman al Estado de Honduras a adoptar todas las acciones oportunas para garantizar la eficacia de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a los familiares de Berta Cáceres, los y las integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH) y sus representantes legales, incluyendo si fuera necesario, la reevaluación y revisión de las mismas en función de los nuevos riesgos que en este contexto se puedan generar.
TEGUCIGALPA.- Organismos internacionales discutieron este lunes con periodistas locales la estructuración de un plan estratégico para la protección en Honduras de los periodistas, que enfrentan, además de asesinatos, crecientes amenazas de legislación penal que violentan la libertad de expresión.
La problemática que golpea a Honduras, considerado por la organización Reporteros Sin Fronteras, el “más mortífero” después de México, por el número de periodistas y trabajadores de medios asesinados, fue discutida en un foro dirigido a construir un plan estratégico para la protección de los comunicadores.
“Ya la violencia física, la muerte de periodistas está ahí, hay periodistas condenados en este país por el ejercicio del periodismo, hay medios de comunicación cerrados como es el caso de TV Globo”, dijo el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora.
En Honduras más de 71 periodistas, trabajadores de medios y dueños de medios han sido asesinados, en su mayoría en la última década. Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
A los crímenes de comunicadores se suma una serie de legislaciones alentadas por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, que pretende reelegirse en unas elecciones en noviembre, dirigidas a criminalizar la libertad de expresión y la libertad de prensa con reformas de tipo penal en discusión, en las que se pretende imputar a los comunicadores y ciudadanos como delito la “apología del odio”, si difunden información que pueda ser interpretada de esa manera.
Tábora intervino en un foro auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el que participaron periodistas y representantes de la organización Reporteros Sin Fronteras en busca de estructurar un Plan Nacional Estratégico de Protección de Periodistas y la Lucha Contra la Impunidad.
En el evento desarrollado en un hotel de Tegucigalpa fue notoria la ausencia de representantes del llamado Mecanismo de Protección, creado por el gobierno para conocer las denuncias de amenazas y atentados contra periodistas, jueces, defensores de derechos humanos, abogados y miembros de la comunidad lésbico gay.
Tábora, un ex fiscal del Ministerio Público, dijo que hay que “exigir que se sancione a los responsables de la violencia contra periodistas y se deroguen todas las normas que atentan contra la libertad de expresión, que no deben existir porque no abonan para tener una sociedad democrática”.
Advirtió que en Honduras son graves los atentados y amenazas que se plantean a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo, pues se ha puesto de moda por parte de políticos y funcionarios, mecanismos de criminalización de los periodistas por presuntos delitos contra el honor.
Reveló que en el nuevo Código Penal en discusión en el Congreso, en el caso de los funcionarios públicos, quien va llevar el impulso de la acción penal será el Ministerio Público.
“Esto es muy preocupante porque hasta ahora, este tipo de casos se tramitan como querellas por los presuntos perjudicados”, dijo Tábora, quien advirtió que en Honduras se genera un escenario legal dirigido a sancionar el ejercicio de la libertad de expresión, similar a como ocurre en gobiernos autoritarios.
Denunció que el estatal Mecanismo de Protección, creado por el gobierno, se ha negado a que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, monitoree los casos que conoce de denuncia de amenazas y atentados contra periodistas, defensores de derechos humanos, jueces, abogados, miembros de la comunidad lésbico gay.
“Esta negativa impide que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos le de seguimiento a los casos que se conoce en el sistema de protección”, dijo Tábora.
Emanuel Colombié
El representante de la organización Reportero sin Fronteras, Emanuel Colombié, dijo que Honduras es un país “prioritario” para esa institución que trabaja en la protección del ejercicio del periodismo a nivel mundial, debido a la violencia que se ejerce contra la prensa en este país.
Abogó por la creación de unidades especiales dedicadas a investigar y esclarecer los crímenes de periodistas para poner fin al círculo vicioso de la impunidad que rodea los asesinatos de comunicadores en Honduras.
Normalmente en Estados Unidos únicamente se sancionan delitos vinculados a tráfico de drogas ilegales y lavado de activos; aquí en Honduras, los extraditados deberán pagar por delitos contra la vida y su vínculo a la corrupción gubernamental.
Tegucigalpa.- El dirigente de la sociedad civil Omar Rivera, pidió a las autoridades del Ministerio Público (MP), continuar realizando averiguaciones y pesquisas en torno a las actividades criminales y delincuenciales que los capos del narcotráfico extraditados a los Estados Unidos de América, realizaron en el país en los últimos años, a fin que estos -también- sean debidamente juzgados y castigados en el territorio nacional de acuerdo a ley por los órganos jurisdiccionales.
LOs Valle Valle
«Cuando un traficante de drogas de nacionalidad hondureña esta contra la pared en los Estados Unidos, normalmente se doblega y acepta la comisión de delitos de tráfico de cocaína y lavado de dinero proveniente de esta actividad ilegal, e intenta llegar a un acuerdo con los fiscales norteamericanos a fin de reducir sus penas; y bueno eso es normal, allá intentan llegar a un arreglo en el marco de la legislación de colaboración eficaz y con el objetivo de llegar a los ‘peces gordos’ en Honduras, México y Colombia» dijo.
Rivera, razonó que estos narcotraficantes «se benefician de sentencias condenatorias no tan severas y por eso los criminales confiesan; en muchas ocasiones aparecen con castigos irrisorios de 5 a 10 años a pesar de lo grave de los delitos, pero asi es el sistema allá con el que colabora».
«No obstante eso, aquí en el país, las autoridades deben estar preparadas para recibir a estos extraditados una vez finalicen sus juicios y paguen sus condenas allá en el norte, porque en territorio nacional, además de los delitos de narcotráfico y lavado de activos, aquí ellos violaron la ley cometiendo crímenes como asesinato y tortura, conformaron bandas del crimen organizado y asociaciones ilícitas, y participaron -junto a empresarios y burócratas- de redes que cometieron fraude y corrupción» expresó.
El analista afirmó que «por todo esto, esta gente debe pagar, no hacerlo sería cubrirlos con un manto de vil impunidad».
Del mismo modo, Omar Rivera, expresó que «ahora que los extraditados están ‘cantando’ y confesando su culpabilidad en el delito del narcotráfico, será más facil para las autoridades hondureñas identificar a los socios y aliados de estos criminales y proceder a desmantelar el andamiaje político, económico y social a través del cual implementaban sus operaciones ilegales».
«Es impostergable que las fiscalías especiales del MP le den persecución a los dirigentes de los partidos políticos, funcionarios gubernamentales, autoridades municipales, operadores de justicia, empresarios e inversionistas, banqueros, contratistas del Estado y todos aquellos que facilitaron que estos narcos actuaran a sus anchas en el país, sembrando el terror y haciendo asquerosos y pingües negocios» finalizó exteriorizando.
