Directivos de periodistas reaccionan furiosos porque se les exige transparencia

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) defendió la impunidad que les otorgó el Congreso Nacional para no rendir cuentas sobre cientos de millones de lempiras del ente de pensiones del gremio, atacando furiosos al diputado Rony Martínez que pidió su derogación.

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Martínez, quien es periodista presentó el jueves en el Congreso Nacional, un proyecto de ley dirigido a derogar el inconstitucional decreto 113-2019, aprobado en septiembre por diputados nacionalistas y del lado oscuro del Partido Liberal, que exime al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) de la supervisión, vigilancia y control de sus operaciones administrativas.

Los dirigentes del CPH salieron a defender el escudo de impunidad del que gozan, un día después de que se reveló un estudio en el que se asegura que en Honduras anualmente se pierden al menos 65 mil millones de lempiras a causa de la corrupción, un proceso que no se frena debido a la impunidad imperante.

La cúpula del CPH presidida por Dagoberto Rodríguez Coello, en su cuenta de Twitter lanzó una serie de mensajes en los que describió la iniciativa de Martínez de “brutal ataque” y lo acusó de pretender “destruir” el ente de pensiones de los periodistas, cuando la iniciativa está dirigida únicamente a que haya transparencia en la administración de la institución.

“Si no hay nada que esconder – en el Instituto de Previsión Social del Periodista – cuál es el problema de someterse” a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), dijo Martínez en una intervención en un noticiero de televisión.

Los dirigentes del CPH se escudan en el Decreto 113-2019, que ratificó y amplió el Decreto 59-2000 que les aprobaron también diputados nacionalistas y liberales, para no rendir cuentas sobre las operaciones del ente de pensiones que ha administrado unos 500 millones de lempiras, sin que haya sido auditado por la CNBS, y de 1996, hacia atrás, por lo que fue la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras (BCH), desde que empezó a operar en 1987.

La iniciativa para derogar el escudo de impunidad a los directivos del CPH, que a su vez son dirigentes del ente de pensiones, es presentada después de que CRITERIO ha publicado casi 40 artículos en los que retrata episodios de despilfarro, desvío de fondos para beneficiar a su más importante ejecutivo, el cálculo ilegal de míseras pensiones y la existencia de un contrato en el que los afiliados recibirían como jubilación, únicamente el producto de sus cotizaciones personales.

                         ¿La transparencia destruirá al IPP?

Los dirigentes del CPH en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, afirman que la iniciativa del legislador del opositor partido Libre por el departamento de El Paraíso –dirigida a llevar la transparencia y rendición de cuentas– conducirá a la destrucción del ente de pensiones y se declararon en alerta.

“CPH condena enérgicamente que el diputado del @Partido Libre el señor @ronymartinezhn, presentador de noticias de @unetvhn, pretenda destruir el sistema de previsión social de los periodistas con iniciativa presentada en el @Congreso_HND. Nos declaramos en alerta ante brutal zarpazo”, dijeron los dirigentes gremiales en su cuenta.

Los directivos de los periodistas no explicaron por qué la transparencia y la rendición de cuentas conduciría a la destrucción del ente de pensiones, pero llamaron a sus afiliados a “denunciar este brutal ataque en contra de nuestro instituto de previsión”.

Dijeron que “denunciamos este ataque a la independencia periodística ante @CIDH y @EdisonLanza”, Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Rodríguez Coello, en declaraciones a un noticiero de televisión local, describió el proyecto de ley de Martínez como una intervención de las instituciones de Estado en los asuntos del CPH, pero obvió decir que si no es la CNBS, el organismo que audite al IPP, ¿qué institución fiscalizará las operaciones y velará por los derechos de los periodistas afiliados?

“No hay tal intervencionismo en el Colegio de Periodistas. Se trata de rendir cuentas de un ente de pensiones. Es evidente que no es un tema de libertad de expresión o de prensa, sino de transparencia”, dijo el periodista Gustavo Palencia a CRITERIO.

Martínez en su cuenta de Twitter, respondió a los dirigentes del CPH que “lo que pedimos es transparencia y que abran sus cuentas, el debate sobre este tema es importante y saludable para el @ColegioPeriodi1”.

Rodríguez Coello, en intervenciones en medios televisivos, reiteró su rechazo a la transparencia y a la rendición de cuentas en el ente de pensiones de los periodistas, asegurando que la iniciativa del legislador destruiría esa institución.

El presidente del CPH, que ha sido sancionado por el Instituto de Acceso a la Información Pública con dos multas por violar la ley de Transparencia al negarse a publicar información del ente de pensiones, dijo que dos periodistas jubiladas han demandado al IPP en los tribunales, alegando un cálculo arbitrario de sus pensiones.

“Ellas han querido torcerle el brazo al Colegio de Periodistas para que el Colegio de Periodistas de Honduras, les pague una pensión a la cual no tienen derecho”, dijo Rodríguez Coello, pero no explicó por qué no deja que sean los jueces los que decidan en su fallo quién tiene la razón.

Evidencias de operaciones irregulares

CRITERIO, en uno de los últimos artículos publicados sobre lo que ocurre en el ente de pensiones de los periodistas, reveló de manera documentada la compra en 2011 de un terreno en Tegucigalpa sobrevalorado en casi 3 millones de lempiras, operación en la que se involucraron miembros de la junta directiva y el gerente Nelson Omar Calderón.

La compra fue hecha al amigo y ex cuñado de Calderón, el periodista Miguel Aguilar, que lo compró por 8,550,000.00 lempiras y unos días después, lo vendió por 11,252,000.00 lempiras obteniendo una utilidad de 2,702,000.00 lempiras en unos cuantos días.

Aguilar es periodista de bajo perfil que ha trabajado en un canal de televisión, que no es conocido por disponer de recursos para realizar una compra de una propiedad por 8,252,000.00 lempiras, según referencias de colegas que le conocen.

El vendedor de la propiedad sobrevalorada en Tegucigalpa también obtuvo en 2009 con propiedades en Residencial Siboney en el kilómetro 7 de la carretara de Tegucigalpa hacia Santa Lucía—que previamente habían sido propiedad del gerente Calderón—préstamos por 3,356,000.00 lempiras y vendió en esa misma propiedad una vivienda por 1,981,000 lempiras a un periodista.

El excuñado y amigo cercano de Calderón encontró un nicho para la venta de residencias en el IPP y CRITERIO tiene documentada otra transacción de una vivienda por 2,000,000.00 de lempiras a una periodista en la selecta colonia San Ignacio de la capital.

Directivos de periodistas se atrincheran en libertad de expresión para eludir transparencia

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), que arrastran con revelaciones sobre despilfarro de fondos y compras sobrevaloradas de propiedades, se escudan en la libertad de expresión para sustraerse de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), a la vez dirigentes del ente de pensiones, respondieron a una nueva sanción pecuniaria impuesta por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) al presidente del gremio, Dagoberto Rodríguez Coello, alegando que es un “hostigamiento del Estado a través del @IAIPHonduras al Colegio de Periodist

La sanción impuesta a Rodríguez Coello, de casi 29.000 lempiras, es en su condición de presidente de la junta directiva del ente de pensiones por incumplir la ley de Transparencia al no publicar la información administrativa y financiera de la institución en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

El IPP es sujeto de la ley de Transparencia, debido a que el ente en su decreto de creación establece que el estado transferirá anualmente fondos para su financiamiento, y desde que empezó a operar en 1987 la institución ha captado 53.2 millones de lempiras.

El Decreto 91-86
El Decreto 91-86 establece el financiamiento estatal del IPP

El ente es financiado además por las aportaciones patronales, las cotizaciones de los afiliados y las utilidades generadas por las inversiones.

En la cuenta de Twitter del CPH, los dirigentes tratan de manipular al valorar que la sanción impuesta por el IAIP no es contra el IPP, sino contra el Colegio de Periodistas, lo que no es cierto.

El CPH “no es una entidad estatal obligada a tener portal ante esta institución estatal   porque no recibe fondos del gobierno, pero insisten en la arbitrariedad”, dice el twitt colgado por los directivos del gremio periodístico, en referencia a la sanción que les impuso el IAIP.  Omiten decir que el IPP registra en sus estados financieros, que han captado 53.2 millones de lempiras en transferencias estatales.

¿Hasta cuándo? preguntan los directivos del CPH y de inmediato dicen “Atención: @EdisonLanza y a @RELE_CIDH”, pretendiendo que la sanción es contra la agrupación gremial y no un acto administrativo ejecutado por el IAIP en el caso del ente de pensiones por incumplir la Ley de Transparencia.

Con su reacción, los dirigentes del CPH pretenden coaccionar a los Comisionados del IAIP para que, en los casos que conocen, desistan de aplicarles la ley, tanto por negarse a entregar información del IPP, como por incumplir la Ley de Transparencia en lo referente a la publicación de la información de oficio.

CRITERIO ha puesto al descubierto en el IPP episodios de despilfarro del fondos, la adopción ilegal de resoluciones que afectan el monto de las pensiones de los jubilados, compras sobrevalorada de propiedades y otorgamiento de beneficios a ejecutivos del ente en detrimento de los periodistas afiliados.

Los directivos del CPH, presidido por Rodríguez Coello, también presidente de la junta directiva del IPP, pese a que no se trata de un asunto relativo al ejercicio profesional gremial de libertad de expresión o de prensa, llaman la atención del Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Relatoría para la Libertad de Expresión al igual que el Relator Especial se dedican a vigilar el respeto a la libertad de expresión y de prensa en los países del continente americano.

La directiva del ente de pensiones la integran el presidente, fiscal y presidente del Tribunal de Honor del CPH, además de representantes de las regionales de la gremial, y de los jubilados, que son designados de dedo por los directivos del Colegio de Periodistas pues no se celebran asambleas para su elección.

                                              USAN IMAGEN DE PERIODISTAS

La sanción contra Rodríguez Coello, es la segunda desde abril de 2018 que le impone el IAIP por violar la ley de Transparencia. Su antecesor en la presidencia del CPH y la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero, fue sancionado a principios de 2016 con una multa de 8.000 lempiras.

Los directivos del ente de pensiones de manera sistemática rechazan suministrar información solicitada por sus afiliados sobre las operaciones finacieras, al igual que se resisten a someterse a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), escudándose en un inconstitucional decreto que les aprobó el Congreso Nacional, que exime al Instituto de la supervisión, control y vigilancia de los organismos especializados del Estado.

“En este caso se está aplicando la ley de Transparencia a los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista, no se trata de ningún hostigamiento o ataque al Colegio de Periodistas. No se trata de un atentado o amenaza a la libertad de expresión o de prensa”, dijo a CRITERIO el periodista Gustavo Palencia, que desde 2015 solicita información administrativa y financiera al IPP con poco éxito.

“Los directivos han operado cientos de millones de lempiras del ente de pensiones y el IPP ha captado fondos públicos, por eso deben cumplir la ley de Transparencia”, agregó Palencia, un periodista que tiene más de 38 años de ejercicio profesional.

Los directivos del CPH, que a su vez son directivos del IPP, han gastado más de medio millón de lempiras del ente de pensiones en pagar profesionales del derecho, entre ellos un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex Fiscal General, un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y otros abogados para presentar al menos 8 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra resoluciones del IAIP, ordenándoles entregar información.

La Sala de lo Constitucional ha emitido al menos cuatro fallos en contra de Recursos de Amparo presentados por el IPP, pero aún así los directivos no han entregado la información solicitada por periodistas afiliados al ente de pensiones.

No es la primera vez que los directivos del CPH recurren a la amenaza de solicitar la intervención de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH y del Relator Especial Edison Lanza, pretendiendo evitar rendir cuentas o que se investigue denuncias por decisiones arbitrarias o ilegales en el IPP, que han perjudicado a los afiliados.

Los directivos del CPH respondieron de igual manera en septiembre ante una investigación abierta por el Ministerio Público ante denuncias presentadas por las afiliadas jubiladas Vilma Rosales y Delia Mejía por la aplicación de resoluciones al margen de la ley del IPP.

“Si pretenden destruir al CPH y al IPP y exhibir a sus directivos por no plegarse a presiones e intereses del poder, impulsado por acciones oscuras de tres ambiciosos que quieren que se haga ‘piñata’ con los fondos del IPP, vamos a denunciar al Estado ante la @RELE_CIDH y @EdisonLanza”, dijo Rodríguez Coello en su cuenta de Twitter.

“Que gran ‘coincidencia’ que entre tantos rumores y teorías conspirativas, @MP_Phonduras active una denuncia, sin ningún fundamento, que Vilma Rosales, Delia Mejía y Gustavo Palencia impulsan en ese ente contra la junta directiva del IPP porque no aceptan el cálculo de sus pensiones”, agregó.

Rodríguez Coello convocó a una “asamblea  extraordinaria urgente” del CPH el 28 de septiembre “para abordar los siguientes temas: Ataque a la Libertad de Expresión y de la Institucionalidad del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el Instituto de Previsión Social del Periodista”.

Los directivos ante una pobre asistencia amenazaron con expulsar a Palencia, Mejía y Rosales por acudir el primero al Instituto de Acceso a la Información Pública y a ambas jubiladas por presentar denuncia ante el Ministerio Público y una demanda en los tribunales porque se ha incumplido la ley del IPP en el cálculo de sus pensiones.

Los ingresos corrientes del IPP son prueba de que el IPP ha captado 53.2 millones de lempiras en transferencias estatales.

 

Multan nuevamente al presidente de periodistas por ocultar información

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez Coello, fue multado nuevamente por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por ocultar información del ente de pensiones de los comunicadores, en el que se ha revelado el despilfarro de fondos y compra sobrevalorada de propiedades.

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Rodríguez Coello fue sancionado por el IAIP con una multa de tres salarios mínimos un poco más de 29.000 lempiras, en su condición de presidente de la junta directica del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al negarse a publicar en el Portal Único de Transparencia, información administrativa y finaciera del ente de pensiones de los periodistas.

El presidente del CPH rechaza tenazmente publicar la información del ente de pensiones o entregarla a afiliados que la han solicitado amparados en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, llegando el IPP incluso a presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de resoluciones del IAIP que le ordenaron suministrar información financiera y administrativa solicitada por periodistas miembros del sistema.

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Rodríguez Coello es un violador consuetudinario de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al negarse sistemáticamente a publicar la información administrativa y financiera en el Portal Único de Transparencia por lo que el IPP ha sido calificado en seis evaluaciones con cero por ciento por incumplir la ley del IAIP.

Los directivos de los periodistas se han gastado más de 500.000 lempiras en pagar consultorías de reconocidos abogados, entre ellos un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex Fiscal General, un ex magistrado del Poder Judicial, y otros profesionales del derecho para presentar los recursos de amparo, que tienen un costo cada uno de 30.000 lempiras, de acuerdo al arancel de los abogados.

“Si no tienen nada que esconder lo más sencillo sería que entregaran la información solicitada, pero los periodistas directivos del IPP han preferido gastar cantidades millonarias en pagar abogados para ocultar la información”, dijo a CRITERIO el periodista Gustavo Palencia, que desde el año 2015 solicita información, con poco éxito, a los dirigentes del ente de previsión gremial.

Los directivos se gastan fondos del IPP en pagar abogados, en un sistema en el que la mayoría de las pensiones se encuentran entre poco más de 2.000 y 4.500 lempiras y le ofrecieron una jubilación de 1.000 lempiras al periodista Mario Valladares, tras más de 20 años de aportar al ente.

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CRITERIO, en un proceso de investigación desde 2015, ha publicado el despilfarro de fondos en el ente de pensiones, las míseras jubilaciones de los afiliados, la firma de contratos con una operadora bancaria de pensiones en la que los periodistas recibirían como pensión únicamente el producto de sus cotizaciones personales y, también, se ha denunciado la compra sobrevalorada de terrenos en casi 3 millones de lempiras.

La sanción pecuniaria impuesta a Rodríguez Coello, por parte del IAIP, el órgano responsable de velar por la transparencia en los poderes del Estado y entes de gobierno centralizados y descentralizados y organismos que captan fondos públicos, es la segunda aplicada al dirigente, desde abril de 2018, por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La resolución, que sanciona a Rodríguez Coello, fue aprobada por las comisionadas del IAIP, Suyapa Thuman Conde y Gaudy Bustillo Martínez, que ocuparon esos cargos hasta el 10 de septiembre de 2019.

La multa anterior impuesta a Rodríguez Coello fue de tres salarios mínimos, poco más de 26.000 lempiras. La nueva sanción pecuniaria fue impuesta después de la convocatoria a dos audiencias conciliatorias a las que no asistió.

En una audiencia celebrada el 14 de marzo de 2018, las autoridades del IAIP y Rodríguez Coello alcanzaron un acuerdo en el que el periodista “reafirma la voluntad de firmar un acuerdo de buena voluntad entre el IAIP y el IPP para subir dicha información”, pero el dirigente del ente de pensiones no se presentó a audiciencias convocadas para el 6 y el 13 de noviembre de 2018, en las que se esperaba concretar el compromiso.

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El IAIP, debido al incumplimiento por parte del IPP de la publicación en el primero y segundo semestre de 2017 y al no poder localizar a Rodríguez Coello en las oficinas del ente de pensiones, procedió a imponer la sanción pecuniaria.

Rodrīguez Coello, jefe de Redacción de diario La Prensa en Tegucigalpa, se opone no solo a entregar información a los afiliados que la solicitan y a publicar la información financiera y administrativa, sino también a una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

El IPP es el único ente de previsión en Honduras, que nunca ha sido auditado por la CNBS, escudándose los directivos del CPH, que a su vez integran la dirigencia del ente de pensiones, en un inconstitucional decreto que les aprobó en el año 2000 el Congreso Nacional, excluyendo de la aplicación de leyes en materia de control, supervisión y vigilancia al ente de previsión de los periodistas.

Rodríguez Coello es el segundo presidente del CPH y a su vez de la junta directiva del IPP, en ser sancionado pecuniariamente por el IAIP por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su afán de ocultar las operaciones administrativas y financieras del ente de pensiones de los periodistas.

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                                                   DESOBEDIENCIA

El dirigente se encuentra en estado de desobediencia por no entregar información a afiliados sobre las operaciones financieras del instituto, similar condición que la del ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero García, a quien el IAIP le impuso a principios del año 2016, una sanción pecuniaria de un salario mínimo, 8.000 lempiras, por negarse a entregar información solicitada por el periodista y afiliado al ente de pensiones, Gustavo Palencia.

 

Rodríguez Coello es presidente del CPH y de la directiva del IPP desde enero de 2017, mientras que Romero García ocupó esos mismos cargos entre 2015 y principio de 2017, pero continúa como directivo de ambos organismos por ser presidente del Tribunal de Honor del CPH.

Romero García y Rodríguez Coello se afanan por evitar someterse a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), audite la administración y finanzas del IPP que ha operado cientos de millones de lempiras desde 1987 en que inició operaciones.

Escudo de impunidad de dirigentes de periodistas avalado por el Poder Ejecutivo

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – El Poder Ejecutivo sancionó el Decreto Legislativo que ratificó y amplió el escudo de impunidad del que gozan los dirigentes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), para no rendir cuentas en el ente de pensiones de los comunicadores, que enfrenta serias denuncias de despilfarro de fondos y compra sobrevalorada de propiedades.

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El diario oficial La Gaceta publicó el Decreto No. 113-2019 aprobado en el Congreso Nacional el 25 de septiembre, que ratifica a los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), un fuero especial que los exime del control, supervisión y vigilancia por parte de organismos auditores estatales especializados.

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El Decreto No. 113-2019, que reformó el Decreto 59-2000, que ya otorgaba la inconstitucional prerrogativa a los directivos del CPH en la administración del ente de pensiones, fue publicado en La Gaceta con fecha 25 de noviembre de 2019, incorporando que los litigios contra el IPP se ventilarán en la jurisdicción de lo Civil y no en lo Contencioso Administrativo, como corresponde según su ley de creación, que lo define como ente de derecho público.

Con esta reforma – solicitada por los directivos del CPH y del ente de pensiones – y aprobada en el Congreso Nacional por los diputados del Partido Nacional y una facción del Partido Liberal, leal al ex presidente Carlos Flores Facussé, pretenden frenar la demanda de dos periodistas jubiladas ante lo Contencioso Administrativo por el cálculo de sus pensiones con una fórmula al margen de la ley del ente de previsión.

La sanción por parte del Ejecutivo de esta reforma de la ley del IPP y su publicación en el diario oficial La Gaceta pone al descubierto lo vacío de la frase del gobernante Juan Hernández, de que “en Honduras nadie está por encima de la ley”, que se contradice con este fuero especial otorgado a los dirigentes del CPH.

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CRITERIO publicó esta semana una operación en la que el ente de pensiones compró una propiedad en 2011 en Tegucigalpa por 11,252.000 lempiras, que apenas unos días antes había sido adquirida por 8,550.000 lempiras por un periodista, amigo y ex cuñado del gerente de la institución, Nelson Omar Calderón, obteniendo una utilidad de 2,720.000 lempiras.

En la operación se involucraron los miembros de la junta directiva del IPP, de ese entonces, presidida por Juan Ramón Mairena, que aprobaron la compra pese a la sobrevaloración de la propiedad en la colonia Tepeyac de la capital, pues debieron tener a la vista, al igual que el gerente, la escritura de compra que hizo el periodista Miguel Aguilar Ramos, donde se precisa el monto en que adquirió la propiedad.

El presidente del CPH Dagoberto Rodríguez, empleado de diario La Prensa, junto a los también dirigentes Ninfa Arias, de La Tribuna, y el presidente del Tribunal de Honor del CPH, Eduin Natividad Romero, empleado del gobierno, llegaron el 26 de septiembre al Congreso Nacional a abogar por la aprobación del Decreto en mención.

Rodríguez Coello, es también presidente de la junta directiva del ente de pensiones, que también integra Romero García en su calidad de presidente del Tribunal de Honor del CPH. Ambos se oponen tenazmente a la auditoría en el ente de pensiones y a entregar información de las operaciones del instituto por lo que han sido sancionados con multas por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

El fuero otorgado a los dirigentes del gremio de los periodistas violenta el artículo 60 de la Constitución, que establece: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley”, y en el 61 dice que la Constitución garantiza a hondureños y extranjeros residentes la “igualdad ante la ley”.

El Estado a través de la institucionalidad pública renuncia, inconstitucionalmente, a tutelar el derecho de los afiliados del ente de pensiones de los periodistas y a servicios de salud, al no cumplir el papel de vigilante de la operación del Instituto para evitar se quebrante su fortaleza financiera.

El escudo de impunidad del que gozan los directivos del CPH en la operación administrativa y financiera del IPP, les fue otorgado, vía interpretación de la ley de creación del IPP, en principio en el año 2000 en el Congreso Nacional, por diputados del Partido Nacional y Liberal, y publicado en La Gaceta con la sanción del ex mandatario del Partido Liberal, Flores Facussé.

El decreto de impunidad es ahora ratificado y ampliado mediante una reforma en el gobierno del Partido Nacional de Hernández Alvarado, pese a la inconstitucionalidad al otorgar un fuero especial a los directivos de los periodistas en la administración de un ente de pensiones.

Dirigentes de periodistas defienden compra de propiedad sobrevalorada

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – La dirigencia del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) defendió la compra sobrevalorada en casi 3 millones de lempiras de un terreno, por parte del ente de pensiones de los comunicadores, en una operación que afectó las finanzas de la institución y en la que se involucraron los directivos y el gerente Nelson Omar Calderón Milla.

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La directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) compró en el año 2011 un terreno de 1,353.42 metros cuadrados, a un precio de 11,252,000.00 lempiras (591,370.16 dólares), a Miguel Aguilar Ramos, un amigo cercano y ex cuñado de Calderón Milla, que lo había adquirido unos días antes por 8,550,000.00 lempiras (449,361.43 dólares).

El amigo y ex pariente político de Calderón Milla, que es gerente del IPP desde que inició funciones en 1987, en esta operación obtuvo una utilidad de 2,720,000.00 lempiras (142,954.95 dólares), al firmar el contrato de compraventa con el presidente, en ese entonces, de la directiva del instituto de pensiones, el periodista Juan Ramón Mairena Aguilar.

Aguilar Ramos compró la propiedad dividida en dos lotes, denominados “El Gato” y “El Guijarro”, a un precio de 332 dólares el metro cuadrado y se la vendió al IPP –donde su excuñado se desempeña como gerente y secretario de la junta directiva– a 436.95 dólares el metro cuadrado.

Los dirigentes del Colegio de Periodistas publicaron en la cuenta de Twitter institucional que la compra en la Colonia Tepeyac fue decidida en 2011 por la junta directiva del IPP que presidía Mairena Aguilar, basada en estudios de una empresa de avalúos.

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“Ahí están los estudios, las actas y los avalúos de una firma independiente”, justifica la directiva actual del CPH, sin explicar por qué si el gerente y los directivos del IPP conocían la escritura de la compra hecha por Aguilar Ramos por 8,550.000.00 unos días atrás, sesionaron de inmediato y acordaron pagarle 11,252.000.00 lempiras por ese mismo predio.

Los dirigentes del CPH obviaron explicar –en ese tuit– el hecho de que el monto de la compra de la propiedad en la Tepeyac fue sobrevalorado y que no era un negocio aislado y nuevo, porque antes y después de ese año se otorgó préstamos por 3,356,000.00 lempiras a Aguilar Ramos, transacciones en las que utilizó como garantía tierras que habían sido propiedad de Calderón Milla en Residencial Siboney en el kilómetro 7 de la carretera de Tegucigalpa a Santa Lucía.

Y que incluso vendió en 2009 a un afiliado del IPP una vivienda en esos predios que fueron propiedad de Calderón Milla en Residencial Siboney, y otra en el 2012 a otro periodista afiliado al sistema en una selecta zona residencial de la capital.

En esta operación, tanto el gerente como los miembros de la junta directiva del IPP deben conocer el tracto sucesivo de las escrituras de compra-venta de la propiedad adquirida, por lo que debieron haber leído el precio por el que Aguilar Ramos lo adquirió, dijo a CRITERIO un abogado y notario que asesora entes de pensiones e instituciones públicas en estas gestiones.

                                            NEGOCIO ENTRE AMIGOS Y EX CUÑADOS

Tampoco explicaron por qué se hizo está compra, donde fue evidente el conflicto de intereses al conocerse que Aguilar Ramos era amigo y ex cuñado del gerente y secretario de la junta directiva, y también colega y amigo de la mayoría de los miembros de la junta directiva, pues es periodista afiliado al CPH y el IPP.

“Con base a eso, en 2011 la directiva de ese entonces adquirió un terreno por 11.2 millones en Tepeyac, una zona de alta plusvalía de la capital, cuyo valor en 7 años es casi el doble de lo que se compró. ¿Dónde está entonces la ilegalidad si esa inversión es rentable?”, dice la publicación del CPH encabezados como presidente por el periodista Dagoberto Rodríguez Coello.

Sin embargo, CRITERIO en consultas con agencias y empresas de bienes raíces en Tegucigalpa, encontró que cuando han pasado 8 años con 8 meses desde que se hizo esa compra,  en la colonia Tepeyac se oferta la venta, a precios negociables, de terrenos a un precio por  metro cuadrado desde los 302.72 dólares, 361.42 dólares y 431,48 dólares y hasta 500 dólares el metro y ninguna es “casi el doble de lo que se compró”, como aseguran los dirigentes del CPH.

Los directivos del IPP en abril de 2011 compraron a un precio de 436.95 dólares el metro cuadrado.

Gestores de ventas de estas propiedades aseguraron que “es cosa de hacer una oferta y los precios bajarían” pues en la capital hay una serie de terrenos y viviendas en venta en zonas selectas de la capital que no encuentran comprador.

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Esta empresa de bienes y raíces vende actualmente este lote de terrero en la colonia Tepeyac a 361.42 dólares el metro cuadrado y en abril de 2011 el IPP pagó 436.95 dólares por el metro cuadrado de los lotes “El Gato” y “El Guijarro”, que le compró a Miguel Aguilar Ramos.

La compra de este terreno al amigo y ex cuñado del gerente del IPP es un activo improductivo que aún causa pérdidas al ente de pensiones debido a que los 11,252,000.00 lempiras para efectuar la transacción, se retiraron de la cartera de depósitos a plazo que generaban fondos para financiar las pensiones y alimentar las reservas del sistema.

La adquisición de ese bien inmueble causó al IPP, en el mismo año de la inversión, una pérdida de 1,263,054.23 lempiras en concepto de intereses por depósitos a plazo, porque de 3,263,054.23 que se obtuvieron en el 2010, los dividendos cayeron a 1,998,853.75 lempiras en 2011.

Las pérdidas para el IPP por la compra de este activo improductivo, se calculan hasta el año 2015 en al menos 5 millones de lempiras, cifra que sigue aumentando en el tiempo por el retiro de la masa de capital destinado a depósitos a plazo en razón de los intereses que se dejan de percibir.

                                               COMPRA SINCRONIZADA

Los directivos del CPH no explicaron por qué, el entonces presidente de la junta directiva del IPP Juan Ramón Mairena Aguilar compareció como comprador, junto a Miguel Aguilar Ramos, el 8 de abril del 2011 ante el notario Milton Rubén Sandoval para la compraventa, cuando en esa fecha todavía la propiedad no había sido registrada a favor del cuñado de Calderón Milla.

Fue hasta el 15 de abril, que el Instituto de la Propiedad registró los 1,353.42 metros cuadrados como propiedad de Aguilar Ramos.

Tampoco explicaron el hecho de que Miguel Aguilar compró la propiedad el 16 de marzo de 2011, y un día después la junta directiva del IPP celebró una sesión para autorizar comprársela. Según hace constar el notario Milton Rubén Sandoval Peralta, tuvo a la vista el punto 4 del acta 246 de la sesión celebrada por la Junta Directiva el 17 de marzo del año 2011 “donde se autoriza la compra de este bien inmueble”.

El Instituto de previsión de los periodistas nunca ha sido auditado por la CNBS, debido a que los directivos se escudan en un inconstitucional decreto aprobado en el año 2000, y que recientemente les ampliaron el Congreso Nacional los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal que excluye al IPP del control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras de parte de los órganos del Estado.

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CRITERIO investiga desde mayo del 2015 lo que ocurre en el ente de pensiones de los periodistas, publicando situaciones como el despilfarro de fondos, el arbitrario otorgamiento de míseras pensiones y la existencia de contratos con un fondo de pensiones en el que los afiliados se jubilarán únicamente con sus aportes personales, de manera que está compra sobrevalorada no es una situación irregular nueva en este ente de previsión.

Los directivos de CPH, aunque aseguran que las operaciones administrativas y financieras han sido operadas con las “manos limpias” y “transparencia” se oponen tenazmente a someterse a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que es el organismo especializado y legalmente le corresponde cumplir esta tarea.

Así reaccionó el Colegio de Periodistas de Honduras ante las evidencias presentadas en la publicación de CRITERIO del 3 de diciembre de 2019:

 

 

 

 

 

Ente de pensiones de periodistas compra terreno sobrevalorado en casi L. 3 millones

 

Este terreno de 1.353.42 metros, dividido en dos lotes denominados “El Gato” y “El Guijarro”, comprado por el IPP en la colonia Tepeyac en el año 2011 por 11, 252,000.00 lempiras, fue adquirido días antes por Miguel Aguilar, excuñado del gerente del IPP Omar Calderón, por 8,550,000.00 lempiras.

 

CRITERIO hace una nueva entrega en el marco de una investigación periodística que ha venido realizando desde el año 2015 sobre el Instituto de Previsión Social del Periodista. Este medio de comunicación, a través de sendas entregas, ha develado varias irregularidades financieras y administrativas en el ente de pensiones, en esta oportunidad le contamos la trama de cómo se compró propiedades sobrevaloradas.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Implicados la Junta Directiva y el gerente en una transacción que golpeó las finanzas del instituto de previsión

Tegucigalpa – El ente de pensiones de los periodistas adquirió un terreno en una selecta zona de Tegucigalpa, sobrevalorado en casi 3 millones de lempiras, en una operación que golpea las finanzas de la institución y en la que se involucraron miembros de la junta directiva y el gerente, Nelson Omar Calderón Milla.   

La directiva de Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) compró en el año 2011 en la Colonia Tepeyac dos lotes de terreno denominados “El Gato” y “El Guijarro”  de 1,353.42 metros cuadrados, a un precio de 11, 252,000.00 lempiras (591,370.16 dólares en 2011), a Miguel Aguilar Ramos, un ex cuñado y amigo cercano de Calderón Milla, que los había adquirido unos días antes por 8,550,000.00 lempiras (449,361. 43 dólares).

Periodistas
Esta escritura hace constar la transacción mediante la cual Miguel Aguilar Ramos compró la  propiedad por 8.550.00.00 y que luego vendió al IPP por 11, 252,000.00 lempiras.
Periodistas
Esta escritura hace constar la venta que Miguel Aguilar Ramos hizo al IPP de los lotes de terreno denominados «El Gato» y «El Guijarro»  por 11, 252,000.00 lempiras, luego de haber pagado por estos 8.550.00.00 lempiras.

El análisis de esa transacción al precio del dólar en 2011, refleja que Aguilar Ramos compró la propiedad al precio de 332 dólares por metro cuadrado, y días después se la vendió al IPP por 436.95 dólares el metro cuadrado. Es un precio tan sobrevalorado, que ocho años después, 2019,  hay en el mercado  inmobiliario ofertas de terrenos con un valor inferior.

Pero Aguilar Ramos, que logró en esa compra-venta en abril de 2011 una utilidad de 2,720,000.00 lempiras (142,954.74 dólares), también obtuvo préstamos del IPP por al menos 3,356,000.00 lempiras, utilizando como garantía propiedades adquiridas originalmente por Calderón Milla, ubicadas en la carretera de Tegucigalpa a Santa Lucía y que le fueron transferidas a precios simbólicos.

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Los préstamos fueron otorgados en julio y octubre del 2009, tal consta en los documentos de escrituración a que ha tenido acceso CRITERIO.

Además, Aguilar Ramos, con un historial de negocios con su excuñado Omar Calderón Milla, encontró en el instituto de prevision de los periodistas un nicho de mercado para vender viviendas financiadas por el ente de pensiones, entre ellas, una edificada en un terreno que fue propiedad de Calderón Milla.

Los directivos del IPP, en la compra de las tierras a Aguilar Ramos, incumplieron normas de inversión adoptadas por el mismo ente de pensiones, al haber adquirido un activo improductivo, ya que para esa compra tuvieron que retirar fondos de depósitos a plazo que generaban ingresos para fortalecer las reservas del ente y financiar las pensiones de los afiliados.

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Calderón Milla, uno de los gerentes mejor pagados en los entes de previsión en Honduras, considerado el “cerebro” de las operaciones financieras y administrativas durante  32 años, es un protegido de la llamada “vieja y nueva guardia” del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), más conocida como la “argolla” del Movimiento Álvaro Contreras.

Aguilar Ramos es un periodista que ha tenido en el pasado un programa de televisión en un canal de Tegucigalpa, pero su actividad más productiva al parecer han sido los negocios favorecidos por  su excuñado Calderón Millas en el IPP, al recibir préstamos del ente de pensiones, y dedicarse a la construcción y venta de viviendas.

La  adquisición de ese bien inmueble causó al IPP, en el mismo año de la inversión, una pérdida de 1,264,200.48 lempiras, en concepto de intereses por depósitos a plazo, porque de 3,263,054.23 lempiras que se obtuvieron en el 2010, los dividendos bajaron a 1,998,853.75 lempiras en 2011.

Las pérdidas para el IPP por la compra de este activo improductivo, se calculan hasta el año 2015 en al menos 5 millones de lempiras, cifra que sigue aumentando hasta la fecha actual, en razón de los intereses por depósitos a plazo que se dejan de recibir.

Esta operación fue autorizada por la junta directiva del IPP, que entonces era presidida por el periodista Juan Ramón Mairena, e integraban además sus colegas Francisco Javier Sánchez Izaguirre, Eduin Natividad Romero García, José René Madrid Cruz, Adán Elvir Flores y los fallecidos Marco Antonio Mejía y Jorge Talavera Sosa, según publicaciones del CPH.

Esta transacción pone de relieve el desmesurado interés que tenía la junta directiva del IPP en adquirir esta propiedad, pues se  obviaron las normas de inversión que desaconsejaban tal adquisición por el impacto financiero negativo, el alto costo de la compra que representó el 57 por ciento del presupuesto ejecutado por la institución en 2011 y la premura con la que se procedió a la compra.

Normas publicadas en memorias anuales del IPP, dicen que los fondos deben invertirse “procurando el equilibrio óptimo entre seguridad, rentabilidad y liquidez”, pero no siguieron esta regla en esta compra de bienes inmuebles, transacción en la que la institución ha destinado más capital desde que empezó a operar en 1987.

Además, en el Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se considera inversiones las “realizadas por el Instituto que reditúen en beneficio sobre el patrimonio del Fondo, ya sea a través de una renta fija variable o una combinación de ambas, y adicionalmente con las características de seguridad, rentabilidad y liquidez”.

El Instituto de previsión de los periodistas nunca ha sido auditado por la CNBS, debido a que los directivos se escudan en un inconstitucional decreto aprobado en el año 2000, y que recientemente les amplió el Congreso Nacional con la venia de diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal. “(…) no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”, dice el fuero que les otorgaron.

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                                                DE LA OSCURIDAD A LA LUZ

CRITERIO, que investiga desde mediados del 2015 lo que ocurre en el ente de pensiones de los periodistas, publicando situaciones como el despilfarro de fondos, el arbitrario otorgamiento de míseras pensiones y la existencia de contratos con un fondo de pensiones en el que los afiliados se jubilarán únicamente con sus aportes personales, descubrió esta millonaria operación que golpea las finanzas del IPP y, por ende, de sus afiliados.

En la compra-venta de los terrenos se evidenció la urgencia por cerrar la operación porque, mediante los oficios del notario Milton Rubén Sandoval Peralta, la realizaron el 8 de abril del 2011, compareciendo el presidente de la junta directiva del IPP, Juan Ramón Mairena Aguilar como comprador, junto a Aguilar Ramos como el vendedor, pero en esa fecha este último todavía no tenía registrada la propiedad a su nombre. Fue hasta el 15 de abril, que el Instituto de la Propiedad se la registró como propia, según consta en la escritura.

Aguilar Ramos había comprado la propiedad tres semanas antes al señor Armando Chinchilla. Eran dos lotes de terreno de 676.71 metros cuadrados cada uno, y en total pagó 8,550,000.00 lempiras, en una operación escriturada también por el notario Sandoval Peralta. Es esta la que vendió unos días después al IPP por 11,252,000.00 lempiras.

Asombra que Miguel Aguilar compró la propiedad el 16 de marzo de 2011, y un día después la Junta Directiva del IPP celebró una sesión para autorizar comprársela. Según hace constar el notario Milton Rubén Sandoval Peralta, tuvo a la vista el “punto 4 del Acta 246 de la sesión celebrada por la Junta Directiva el 17 de marzo del año 2011, donde se autoriza la compra del bien inmueble.

Fue la primera vez, desde 1987 que empezó a operar el IPP, en que compareció en adquisiciones en Tegucigalpa como comprador un presidente de la junta directiva del ente de pensiones, en este caso Mairena Aguilar, según las escrituras a las que accedió CRITERIO En anteriores compras de terrenos, quien firmó como representante fue Calderón Milla.

“En estas operaciones de instituciones públicas o privadas el gerente o director tienen que conocer los documentos de tracto sucesivo, los miembros de junta directiva para autorizar la compra-venta deben conocer todos los detalles”, dijo a CRITERIO un abogado y notario que ha asesorado institutos de previsión y empresas estatales.

“Los directivos deben conocer los detalles de estas operaciones, pues si hay una irregularidad no pueden evadir su responsabilidad, simplemente diciendo que no sabían o no conocían los detalles”, agregó el profesional del derecho, que pidió el anonimato.

EL CUÑADO Y EL GERENTE

Aguilar Ramos, no sólo vendió el terreno sobrevalorado de la colonia Tepeyac al IPP, también hizo varias transacciones en el ente de pensiones, entre ellas obtener créditos por 3,356,000.00 lempiras en el año 2009, colocando como garantía terrenos que fueron originalmente propiedad de Calderón Milla.

También vendió una residencia a un periodista afiliado al IPP, construida en un terreno que fue propiedad del gerente de la institución.

Calderón Milla compró por 100.000 lempiras un terreno de 374 metros cuadrados, en junio del año 2005, en el kilómetro 7 de la carretera de Tegucigalpa a Santa Lucía, en la llamada Residencial Siboney, al señor Gerardo Francisco Massu Avalos, en una operación escriturada por el notario Milton Rubén Sandoval Peralta.

periodistas

El gerente del IPP, en octubre de 2007, realizó una venta a su ex suegra y madre de Aguilar Ramos, Lidia María Ramos Mármol por 50.000 lempiras de un predio en Residencial Siboney de 108.28 metros cuadrados, según la escritura pública autorizada también por Sandoval Peralta.

El 5 de febrero del 2009 el Notario Sandoval Peralta, escritura la “donación en forma pura perfecta e irrevocable” por parte de Ramos Mármol a su hijo Miguel, de la propiedad que Calderón Milla le había vendido.

Cinco meses después, el 23 de julio del 2009, Ramos Aguilar comparece ante el notario Sandoval Peralta junto a su ex cuñado y gerente del IPP, obteniendo un préstamo de “mediano plazo” de 1,456,000.00 lempiras, colocando como garantía el terreno que le donó su madre, y que antes era propiedad de Calderón Milla, más unas mejoras descritas como una vivienda de dos pisos construida en el predio.

En la escritura el notario consigna que Aguilar Ramos “declara que con fecha 17 de julio del año 2009” la junta directiva del IPP “acordó otorgarle” el crédito de mediano plazo de 1,456,000.00 lempiras otorgándole un plazo de pago de 20 años.

Aguilar Ramos, tres meses después, el 29 de octubre del 2009, paga este préstamo y Calderón Milla lo autoriza a solicitar ante el Instituto de la Propiedad la cancelación de la garantía del crédito, según el Acta de Cancelación de Gravamen emitida por el notario Sandoval Peralta. Y en esa misma fecha el IPP le otorga otro préstamo hipotecario.

Periodistas
En Residencial Siboney el gerente del IPP, Omar Calderón Milla, adquirió en el año 2005 un lote de terrero de 374 metros cuadrados. En un predio de esta propiedad su ex cuñado, Miguel Aguilar Ramos,  vendió posteriormente una vivienda a un afiliado al ente de pensiones. 

OCTUBRE FELIZ

Calderón Milla, en una nueva operación de compra-venta, el 13 de octubre de 2009 le traspasa a Aguilar Ramos por un pago de 50.000 lempiras un terreno de 265.28 metros cuadrados, que era el remanente de la compra  de la propiedad que adquirió en junio de 2005 en Residencial Siboney, según la escritura elaborada por el notario Sandoval Peralta.

Periodistas
Esta escritura constata la venta que hace el gerente del IPP a su excuñado Miguel Aguilar Ramos de un lote de terreno de 265.28 metros cuadrados en Residencial Siboney.

Pero apenas 16 días después, el 29 de octubre de 2009, Aguilar Ramos hipotecó en el IPP este otro terreno incorporando como mejoras una residencia de dos pisos, obteniendo un préstamo de 1,900,000 lempiras en una operación en la que comparece junto a su ex cuñado, Calderón Milla ante el notario Sandoval Peralta que escritura la transacción.

En la escritura el notario consigna que Aguilar Ramos declara que un préstamo de 300.000 lempiras en calidad de hipotecario le fue aprobado en sesión de junta directiva del IPP el 23 de abril de 2009 y el de 1,600.000 lempiras de mediano plazo el 17 de julio del mismo año.

Aguilar Ramos, según un Acta de Liberación de fecha 1 de agosto de 2012 elaborada por la notaria Ángela Margarita Moreno Mejía, ante la que compareció el gerente Calderón Milla, dio por cancelado totalmente el préstamo de 1,900.000 lempiras otorgado a su ex cuñado en octubre de 2009. En el año 2009, el presidente del IPP era el periodista José Elán Reyes Pineda.

El cuñado del gerente encontró en el IPP un buen respaldo financiero y, además, entre los periodistas afiliados un mercado de potenciales compradores de viviendas con la ventaja de tener un financiamiento seguro, que es el principal problema de los constructores.

CRITERIO encontró dos casos en los años 2009 y 2012 en que Aguilar Ramos vendió viviendas a periodistas afiliados al IPP, una de ellas construida en un terreno que originalmente era propiedad de Calderón Milla.

Una de ellas es una vivienda construida en una área de 108.28 metros cuadrados, ubicada en Residencial Siboney que Calderón vendió en 2007 por 50.000 lempiras a su ex suegra, y madre de Aguilar Ramos, que se la traspasó a su hijo en calidad de donación.

Aguilar Ramos utilizó esa propiedad, incorporando como mejoras una residencia como garantía para obtener en julio del 2009 un préstamo del IPP de 1,456.000 lempiras. Calderón Milla compareció el 29 de octubre ante el notario Sandoval Peralta para otorgar a su ex cuñado la cancelación de gravamen y un día después el notario escrituró la compra venta financiada por el ente de pensiones a un periodista afiliado.

El préstamo otorgado al afiliado por el IPP para adquirir la vivienda el 30 de octubre fue de 1,981.000 lempiras, según la escritura elaborada por el notario Sandoval Peralta.

El excuñado del gerente Calderón Milla, también vendió en noviembre de 2012 una vivienda en la selecta colonia San Ignacio con un crédito a un afiliado de 2 millones de lempiras, según consta en la escritura.

                                          “HEMOS ACTUADO CON TRANSPARENCIA”

Los periodistas directivos del ente de pensiones, aunque aseguran han operado con “manos limpias” y “transparencia” las finanzas de la institución, rechazan firmemente entregar información solicitada por afiliados y menos someterse a la auditoría de la CNBS.

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“A esa persona le he dicho que hemos actuado con transparencia. Le digo en la cara”, dijo el ex presidente de la directiva del ente de pensiones, Juan Ramón Mairena Aguilar, dirigiéndose en una asamblea del CPH en enero de este año, al periodista Gustavo Palencia, que desde mayo de 2015 solicita con poco éxito información de las operaciones administrativas y financieras del IPP.

Por su lado, Rodríguez Coello, quien es jefe de redacción del diario La Prensa, ha gastado en los últimos años más de medio millón de lempiras del IPP en pagar asesorías y consultorías de bufetes y el pago de abogados para presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar información del ente solicitada por afiliados y eludir someterse a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El comunicador, que es presidente del CPH y de la directiva del IPP desde enero de 2017, incluso fue sancionado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con una multa de casi 27.000 lempiras por no cumplir con la publicación de información financiera y administrativa del ente en el Portal Único de Transparencia de la institución oficial.

Eduin Natividad Romero García, ex presidente del CPH y actual miembro de la directiva del IPP, e integrante de la junta de dirigentes del ente que autorizó en 2011 la compra del terreno al excuñado del gerente Calderón Milla propuso, el 28 de septiembre en una asamblea del Colegio de Periodistas, la expulsión de Palencia y de las comunicadoras jubiladas Delia Mejía y Vilma Rosales.

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Romero García, actual presidente del Tribunal de Honor del CPH, exhortó a la asamblea y a los dirigentes a expulsar a Palencia por solicitar información del ente de pensiones y a Mejía y Rosales por presentar una demanda ante los tribunales por el cálculo arbitrario del monto de su pensión.

“Yo no necesito escudo de impunidad, ni mis compañeros — directivos del IPP — necesitan ningún escudo de impunidad,  ¿por qué?, porque no vamos a robar nada, no hemos robado nada”, aseguró, aludiendo al decreto 59-2000 en el que se refugian los directivos del ente de pensiones para no ser auditados por la CNBS.

Sin embargo, Romero García no explicó porqué rechazan que la CNBS ejerza su tarea de supervisión y control en el IPP, como lo practica en otras instituciones de previsión públicas y privadas.

Presentan nuevo proyecto de decreto para más impunidad de directivos de periodistas

El diputado y empresario de medios de comunicación del departamento de Atlántida, Rodolfo Irías Navas, se convierte en aliado de los directivos del CPH en su cruzada por la impunidad

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) lograron a través de sus aliados políticos en el Congreso Nacional, la presentación de una reforma a la ley del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), en busca de sustraer al ente de la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de bloquear demandas de afiliados que ponen al descubierto normas ilegales adoptadas para esquilmar la pensión de los afiliados.

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Los directivos del CPH, presididos por Dagoberto Rodríguez Coello, llegaron hace unas semanas al Congreso Nacional a reunirse con directivos del Poder Legislativo, presuntamente para exigir la derogación del nuevo Código Penal. Sin embargo, hoy se conoció que en medio de dichas deliberaciones los directivos del gremio periodístico pidieron nuevamente que se reforme la ley del IPP, que les otorga un escudo de impunidad que evita sean auditados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

El proyecto de decreto, que busca otra reforma de la ley del ente de pensiones de los periodistas, fue presentado el jueves por el diputado nacionalista Rodolfo Irías Navas, con miras a que el IPP no pueda ser demandado en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, que es donde corresponde por ser “un organismo de derecho público”, según lo consigna su ley de creación.

Complaciendo la petición de los directivos del CPH, el diputado y ex presidente del Congreso Nacional, Rodolfo Irías Navas, presentó una reforma al decreto 59-2000, encaminada a eximir al IPP de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contrario a lo que establece su ley de creación.

“Los conflictos y demás relacionados a la actividad del Instituto de Previsión Social del Periodista, no son actos de administración pública y la solución de tales conflictos no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debiendo ser esgrimido ante la justicia ordinaria civil o laboral”, dice la reforma propuesta por Irías Navas.

Irías, en su argumentación para justificar la reforma, dice que el IPP es una institución que representa intereses gremiales por lo que su gestión corresponde a sus afiliados sin intervención del gobierno. Agrega que se ha generado confusiones indebidas e interpretaciones que pretenden someter las actuaciones de naturaleza laboral y otras actuacciones o decisiones del Institito de Previsión Social del Periodista a la competencia de lo Contencioso Administrativo.

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La reforma propuesta por Irías Navas dice textualmente:

“Artículo 1. Reformar por adición el artículo 1 del Decreto 59-2000 (…) que interpreta los artículos 2 y  64 del decreto 190-85 de fecha de fecha 30 de octubre de 1985 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de diciembre de 1985, el cual deberá leerse de la siguiente forma: Artículo 1.  Interpretar los artículos 2 y 64 del Decreto 190-85, conocida como Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista, en el sentido de que siendo un organismo de Derecho Público, no estatal, gremial sin fines de lucro, dedicado a la prestación de beneficios sociales y de conformidad a su ley, no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República, en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas; su representación legal corresponde al presidente de la Junta Directiva, quien podrá delegarla con autorización de esta en otro miembro de la misma; los conflictos y demás relacionados con la actividad del Instituto de Previsión Social del Periodista no son actos de administración pública y la solución de tales conflictos no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debiendo ser dirimido ante la justicia ordinaria civil o laboral.

 

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Pero el diputado nacionalista Irías Navas obvia decir que el decreto 59-2000 es utilizado por los directivos del CPH para evitar que el ente de pensiones de los periodistas sea auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, violando el decreto 60 de la Constitución que establece que: “En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”.

Los directivos de los periodistas recurrieron a sus “amigos” diputados en el Congreso Nacional para obtener un segundo blindaje de su escudo de impunidad, después de más de cuatro años de violaciones reiteradas a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, negándose a entregar información de las operaciones financieras y administrativas del ente de pensiones.

“Los directivos del Colegio de Periodistas nuevamente acuden al Congreso Nacional por más impunidad, lo que evidencian, es que son parte del pacto de Impunidad que empobrece a Honduras. A nosotros como afiliados del IPP nos esquilman el derecho a una pensión justa”, dijo el periodista Gustavo Palencia, que solicita con poco éxito información de las operaciones financieras del organismo.

Estos periodistas en esta nueva incursión en el Poder Legislativo, pidieron, además de conservar el escudo de impunidad que les aprobaron en el año 2000, una  ampliación para evitar que el Instituto pueda ser demandado por sus afiliados en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, donde corresponde, por ser el IPP “un organismo de derecho público”.

Varios afiliados han presentado demandas contra  el IPP en los juzgados de lo Contencioso Administrativo (demandas que están en proceso), debido a que los directivos les han otorgado pensiones disminuidas en más de un 50 por ciento, al margen de la ley, lo que constituye un fraude para los periodistas que se jubilan.

Los directivos del CPH, varios de ellos también miembros de la dirigencia del IPP, rechazan tenazmente la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y se niegan a entregar información a sus afiliados y a ciudadanos, a lo que están obligados, debido a que captan transferencias del Estado.

“Reforma a la ley del IPP está relacionada a que somos una entidad gremial y no estatal y por ende no estamos sujetos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino al ámbito civil. Es decir, que si alguien quiere entablar una acción legal lo deberá hacer por la vía civil”, dijo Dagoberto Rodríguez Coello, en su cuenta de twitter @darocohn.

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Rodríguez Coello, jefe de redacción de diario La Prensa en Tegucigalpa, y  el ex presidente de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero, fueron multados con más de 26.000 lempiras el primero, y 8.000 lempiras el segundo, por violar reiteradamente la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El jefe de redacción de La Prensa en Tegucigalpa ha gastado casi medio millón de lempiras en abogados para presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de resoluciones del IAIP, que ordenó al IPP entregar información, y han erogado importantes recursos en asesorías y consultorías para ese mismo fin.

Los dirigentes del IPP, han operado sin ninguna auditoría de la CNBS más de 400 millones de lempiras, y rechazan tenazmente publicar información de sus operaciones en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Los fondos del ente de pensiones de los comunicadores han sido desangrados desviando recursos importantes en otorgar un millonario salario y privilegios al eterno gerente de la institución, que debieron ser destinados a las pensiones y beneficios de los afiliados.

A los periodistas afiliados se les viola su derecho a la igualdad ante las leyes, y se les coloca en estado de indefensión, al no cumplirse la obligación del Estado de tutelar su derecho a la previsión social.

Mario Cálix: “Estaría pidiendo en la calle con la pensión del instituto de los periodistas”

El veterano periodista, uno de los fundadores del CPH, dice que dirigentes del gremio abandonaron los principios que dignifican la profesión

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- El veterano periodista Mario Cálix Meléndez está decepcionado porque los principios de solidaridad y bienestar común que alentaron la creación del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), fueron abandonados por los dirigentes, y piensa que si le huyen a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el ente de pensiones de los comunicadores, es porque “algo está putrefacto”.

Mario Cálix“Se degeneró el principio que creó el Colegio de Periodistas por parte de un grupo de amigos periodistas empíricos y algunos profesionales”, dijo Cálix Meléndez, uno de los siete periodistas llamados “Grupo de los Notables” por los mismos dirigentes actuales del CPH, que los describen como “memorables colegas” y les atribuyen el mérito de impulsar la creación de la organización en el año 1979.

El “Grupo de Notables” promovió también la creación en 1985 del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), que fue impulsado como complemento del CPH, cuyo propósito fue mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los comunicadores, en tanto que el ente de pensiones buscaría garantizar una jubilación digna.

Los directivos del IPP, en una crónica de los orígenes del CPH y del instituto de pensiones ( lo único que publican en la página del Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública), incluyen en lo que ellos denominan “El Grupo de Notables”, además de Cálix, a los periodistas Fredy Cuevas, Armando Cerrato, Leonardo Galindo y a otros tres ya fallecidos.

“El Colegio de Periodistas se creó para unos principios solidarios de proteger al periodista, dándole beneficios sociales, y en sí, convertir al Colegio de Periodistas en un ente que beneficiara a los afiliados”, agregó Cálix en una entrevista con CRITERIO.

El periodista, de 68 años, trabajó más 40 años entre las décadas de 1970 y el año 2015 en el desaparecido diario El Día, el matutino El Heraldo, el noticiero televisivo Hoy Mismo y en instituciones de gobierno, en el área de la comunicación y relaciones públicas, e incursionó como escritor de al menos tres libros.

Sus obras, “Diario de un Tiempo Perdido”, “Mundo Paralelo” y “Dejavú”, contienen relatos, historias, anécdotas y notas periodísticas relevantes que no fueron publicadas en los medios en los que Cálix laboró. En su retiro, en su natal Olanchito, escribe la columna “Diario de un Tiempo Perdido” en el diario El País de San Pedro Sula.

Cálix relató que el modelo que pretendían seguir los periodistas que auspiciaron la creación del CPH, era el del Colegio de Periodistas de Venezuela, en la década de 1970, que poseía una sala de cine, un centro de exposiciones culturales, una revista semanal de investigaciones, una librería y hasta hotel en la ciudad marítima de La Guayra, que tenía enorme demanda de usuarios.

“La visión era mejorar las condiciones sociales, la dignificación en sí de la carrera del periodismo, sin embargo, la visión se ha trastocado porque se han abandonado todos aquellos principios”, comentó.

Desde el CPH, se impulsó la creación del ente de pensiones de los periodistas, gestionando la aprobación en el Congreso Nacional de un decreto legislativo en 1985, que dio vida a partir de 1987 al Instituto de Previsión Social del Periodista, con la esperanza de que los comunicadores tuvieran un retiro digno.

Pero el instituto, administrado por los mismos directivos del CPH, entrega a los jubilados pensiones que en su mayoría oscilan entre 2.000 y los 4.000 lempiras, mientras se desvían los fondos del sistema de previsión en el pago de abultados salarios, beneficios y privilegios a ejecutivos y empleados, entre los que el mayor beneficiado es el vitalicio gerente, Omar Calderón.

Las pensiones son tan míseras, que al periodista Mario Valladares Fonseca, a la edad de 60 años y después de más de 20 años de aportar al instituto, el gerente Omar Calderón, quien devenga un salario que ronda los 90.000 lempiras, le ofreció una pensión de 1.000 lempiras.

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Este trato a los afiliados que solicitan su pensión, ocurre mientras se desangran los fondos del ente de pensiones, y los directivos del IPP, jefeados por el periodista Dagoberto Rodríguez Coello, rechazan la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Los directivos de los periodistas han pagado también casi 500.000 lempiras a abogados por consultorías, asesorías y por presentar más de ocho recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, huyendo de la aplicación de la ley de Transparencia en el IPP.

“Lo cierto es que si el Colegio – a través del IPP – maneja fondos del Estado, por ley tiene que ser revisado, auditado por el Tribunal Superior de Cuentas y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros”, dijo Cálix.

“Si existe ese rechazo de esa auditoría es que algo anda mal ahí, algo está putrefacto”, sostuvo.

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                                  ALERTA A PERIODISTAS

Cálix criticó la apatía de los periodistas miembros del CPH y afiliados al IPP. “No les preocupa la situación del Colegio, pero esa actitud va a cambiar al momento que les toque retirarse de la profesión o jubilarse, porque ahí van a encontrar problemas, que yo me he enfrentado a ello”.

El periodista y escritor, que prefirió jubilarse en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) y no en el IPP debido a las pobres pensiones que se pagan en el ente de los comunicadores, recién se presentó a las oficinas del IPP a que  le devolvieran las aportaciones al sistema.

“Yo pido que me devuelvan lo aportado al IPP y resulta que sólo me dan las aportaciones que corresponden a lo que yo entregué (aportaciones personales), pero no me dan lo que aportaron las empresas en las que trabajé”, dijo.

Pero solo le devolvieron las aportaciones personales de una de las empresas en las que laboró como periodista. “Trabajaba al mismo tiempo en dos empresas”, dijo Cálix, quien gestionó con el gerente del IPP, Omar Calderón, la devolución de sus aportaciones.

El gerente y los directivos del IPP, amparándose antojadizamente en normas arbitrarias inventadas por ellos, le han devuelto a unos pocos afiliados, parte de las aportaciones personales, o bien, las han colocado en un sistema privado de pensiones, mientras que a otros se las han negado.

Cálix destacó que hace cuatro o cinco años el mismo Calderón le aseguró que si él solicitaba la devolución de sus aportaciones, el IPP le devolvería 20.000 lempiras.

“Hace cuatro o cinco años me dijo – Calderón — que me correspondía regresarme 20.000 lempiras, pero ahora me sale con 12.000 lempiras”, comentó.

Recordó que antes de jubilarse en el Injupemp, en el año 2015, en donde sus aportaciones en 10 años y seis meses sumaban entre las cotizaciones personales y del patrono, 200.000 lempiras, Calderón le propuso trasladar sus fondos al IPP.

“Omar me dijo que trasladara esos fondos para el Colegio – el ente de pensiones de los periodistas –, y le pregunté yo, ¿cuánto me va tocar como jubilación?, como 2.500 lempiras – le respondió el gerente –, irrisorio eso”, comentó Cálix.

“El Injupemp me está otorgando una pensión de 11.000 lempiras por esos mismos 200.000 lempiras. Algo anda mal en el Colegio de Periodistas y también en el IPP”.

 Cálix aseguró que si hubiese aceptado la propuesta de jubilarse en el IPP, “estuviera pidiendo en la calle. Es vergonzoso una jubilación de 2.000 o 3.000 lempiras”, dijo el veterano periodista.

Se gesta nueva asociación de periodistas ante desprotección en el CPH

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Un grupo de periodistas inició el sábado el proceso de creación de una asociación debido a la falta de rendición de cuentas, beneficios, protección del ejercicio profesional, exclusión, ausencia de democracia y transparencia en el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y su ente de pensiones.

«No estamos pensando en un nuevo Colegio, vamos a crear una asociación para desligarnos del yugo al que nos han sometido durante años un grupito en el Colegio de Periodistas de Honduras», dijo CRITERIO, el periodista Martín Ramírez.

Los periodistas que iniciaron el proceso de organización, se quejan por la ausencia de democracia en el CPH, al establecerse una «dictadura» através del llamado «Movimiento Álvaro Contreras», jefeado por un grupito de comunicadores de la «vieja guardia», cuya gestión se caracteriza por la ausencia de rendición de cuentas con las aportaciones gremiales y en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).

También, la exclusión de beneficios como la capacitación, acceso al ente de pensiones, protección del ejercicio profesional y la exigencia de un salario digno para un comunicador con formación universitaria.

periodistas

Los comunicadores en esta primera reunión, en un céntrico local en el casco histórico de Tegucigalpa, a la que acudieron casi una veintena de profesionales, decidieron impulsar la creación de la Asociación de Periodistas Profesionales y de la Comunicación de Honduras.

«El Colegio de Periodistas no representa nuestras necesidades, nuestras aspiraciones profesionales, estamos buscando crear una organización que tenga respuestas para los profesionales de la comunicación», dijo a CRITERIO el periodista de radio, Óscar Morán.

«El Colegio de Periodistas debería tener transparencia, debería de rendirnos cuentas porque somos pensantes», agregó.

El periodista Gustavo Palencia pide hace cuatro años información con poco éxito sobre las operaciones financieras y administrativas del IPP, la que los directivos se niegan a entregar por lo que han sido sancionados con multas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

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El presidente del CPH y el IPP, Dagoberto Rodríguez Coello, fue sancionado con una multa de más de 26.000 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al negarse a publicar la información financiera y administrativa del ente en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

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Antes, el ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero García, actual presidente del Tribunal de Honor de la organización gremial, fue sujeto de una multa de 8.000 lempiras por no entregar información, la que 3 años después no suministra, en abierta desobediencia a resoluciones del IAIP.

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«No hay democracia, todo es unilateral, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas en el CPH, hay un grupito que decide. Estamos buscando la manera de cómo de manera separada del Colegio, buscamos una jubilación o un retiro de la profesión más digno», dijo Morán.

Violador de ley de transparencia pretende liderar cruzada por la libertad de expresión

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, llamó a que lo acompañen en una lucha para evitar que se ponga en vigencia el nuevo Código Penal, que atenta contra la libertad de expresión, pero no anunció cuando cesará en las violaciones a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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«Ese Código Penal pretende aniquilar la poca libertad de expresión que nos queda. Anunciamos desde este momento que comenzamos una lucha con la ciudadanía, los medios de comunicación y con todos aquellos que quieran unírsenos para lograr su inaplicabilidad», dijo Rodríguez.

Rodríguez, quien también fue ministro de Prensa en el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro, habló la noche del sábado en un acto en un hotel de San Pedro Sula, en el que la dirigencia del CPH entregó su premio anual al comunicador sampedrano Salomón Salguero.

Ley de Transparencia
El presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, entrega el Premio «Álvaro Contreras» al veterano periodista Salomón Salguero.

«Como primer paso acudiremos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se declare su inaplicabilidad por violentar la Carta Magna y tratados internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión», dijo el periodista jefe de la redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa.

Pero Rodríguez se abstuvo de decir cuándo abandonará la guerra que libra contra la transparencia, para evitar publicar y entregar información de las operaciones financieras del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), a solicitantes de información, necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión.

Rodríguez, desde su cargo también de presidente del IPP, se niega a cumplir en tiempo y forma con la entrega de información solicitada al ente sobre sus operaciones financieras y a colocar su información en el Portal Único de Transparencia.

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El presidente del CPH no solo rechaza que el ente se someta a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que se opone a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), audite las operaciones financieras y administrativas del ente.

El IPP es el único ente de pensiones que nunca ha sido auditado por la CNBS, pese a que su ley se lo manda, al igual que en los casos del ente de los militares, maestros, empleados públicos, abogados y el Seguro Social que sí son vigilados.

«Es increíble que el presidente del Colegio pretenda erigirse en un luchador por la libertad de expresión, cuando él viola este derecho de los ciudadanos cuando se niega a entregar y publicar información financiera y administrativa del Instituto de Previsión Social del Periodista», dijo el periodista Gustavo Palencia, que desde hace cautro años solicita con poco éxito información al ente de pensiones de los comunicadores.

El presidente de las juntas directivas del CPH y del IPP, desde enero de 2017, en su tenaz lucha para evitar entregar información solicitada por periodistas afiliados, presentó al menos ocho recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pretendiendo que no se aplique al IPP la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Rodríguez, en esta guerra contra la transparencia, fue sancionado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con una multa de poco más de 26.000 lempiras y fue calificado con cero por ciento en cinco ocasiones en la evaluación de cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por no publicar información de sus operaciones financieras y administrativas en el Portal Único de Transparencia.

No es la primera vez, que el también empleado del grupo de medios Organización Publicitaria (OPSA), que opera revistas, diarios y canales de televisión, se atreve a nominarse en su pretensión de liderar cruzadas, aunque no ha logrado su propósito.

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En mayo de 2018, también en un día del Periodista, Rodríguez llamó a lanzar una cruzada contra la corrupción, pese a que desde que asumió en el cargo, en el 2017, oculta información financiera del ente de pensiones de los comunicadores.

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«Quiero mencionar que desde el CPH abogamos por un combate frontal a la corrupción y al saqueo de los dineros — del Estado –. Por eso desde este lugar proponemos una cruzada de la sociedad civil para extirpar este cáncer», dijo Rodríguez el 26 de mayo de 2018, cuando entregaba un premio al reportero de radio y televisión, Elán Reyes Pineda.

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Es en la gestión de Rodríguez en el CPH y el IPP cuando se han invertido importantes recursos del instituto de pensiones en pagar los servicios de abogados para que recurran ante los tribunales buscando ser excluidos del alcance de la Ley de Transparencia, con el objetivo de mantener oculta la información de las operaciones administrativas y financieras del ente de previsión.