Expresidente de la CSJ y exmiembros del Consejo de la Judicatura son enviados a la cárcel

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa – El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés y los exmiembros del Consejo de la Judicatura fueron trasladados a las bartolina del primer batallón de infantería en la ciudad de Tegucigalpa

La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción declaró este miércoles “sin lugar” el recurso de reposición a favor del pleno del Consejo de la Judicatura para que éstos permanezcan en prisión mientras llega la audiencia preliminar.

Así lo confirmó vocera de los tribunales, Lucía Villar, quien señaló que con la decisión del juez se confirma el auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los exconcejales Jorge Alberto Rivera Avilés, Teodoro Bonilla Euceda, Julio César Barahona Enríquez, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Sierra y Celino Arístides Aguilera.

A las 11:30 de la mañana fueron remitidos al primer batallón de infantería por su seguridad ya que en su papel de jueces y magistrados, enviaron a muchas personas a la cárcel

El viernes anterior, la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción revocó las medidas cautelares sustitutivas a prisión para los exmiembros del Consejo de la Judicatura y con ello ordenó la prisión preventiva.

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Datos

El pleno del Consejo de la Judicatura es investigado por múltiples irregularidades como el despilfarro de fondos, especialmente en solicitud y asignación de viáticos.

La investigación se circunscribe al período comprendido entre el 1 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2014. Los imputados son: el expresidente del Consejo de la Judicatura y extitular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.

Delitos

A Rivera Avilés, se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 delitos de malversación de caudales públicos.

A Teodoro Bonilla, quien era el exvicepresidente del extinto Consejo de la Judicatura, es acusado por 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 delitos de abuso de autoridad, aunque guarda prisión guarda prisión por otro caso de tráfico de influencias en el escándalo conocido como “Shalom”.

A los exconcejales propietarios, Julio Barahona se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos. A su vez, a José Francisco Quiroz se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.

Mientras a los suplentes de la entidad, Liliam Maldonado se le considera responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.

En Honduras hay mas de 190 mil desplazados por violencia: Consejo Noruego

Tomado de: EFE 

Tegucigalpa – Más de 190,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas en Honduras por la violencia, denunció el Consejo Noruego para Refugiados, que urgió al Gobierno hondureño a implementar «de inmediato» una ley de desplazamiento forzado que asegure «protección» a los desplazados.

«Hay más de 190.000 personas desplazadas por la violencia en Honduras y muchos otros en riesgo de desplazamiento. A pesar de los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la violencia, hombres, mujeres y niños inocentes siguen siendo asesinados, extorsionados y torturados», indicó en un comunicado el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).

El director nacional del Consejo Noruego para Refugiados, Christian Visnes, dijo que el impacto de la violencia en la vida de los hondureños «es comparable con la situación de países en guerra».

«Sin asistencia y protección adecuada, los desplazados de hoy en Honduras se convertirán en los refugiados, los solicitantes de asilo o los migrantes del mañana», enfatizó.

La mayoría de los hondureños desplazados huyen hacia México y Estados Unidos, donde «se enfrentan a estrictas políticas de inmigración», señaló el NRC y agregó que, según cifras de la Cancillería de Honduras, 36.000 nacionales fueron deportados por autoridades de esos dos países en el primer semestre de 2018.

«La población desplazada que huye del país sabe que se enfrentará con las políticas de inmigración de “cero tolerancia” en su camino hacia los Estados Unidos, sin embargo, muchos de ellos no tienen otras opciones para proteger la vida de sus hijos», subrayó Visnes.

Destacó que las autoridades estadounidenses y la comunidad internacional deben «asumir la responsabilidad y mostrar una mayor solidaridad y apoyo a las personas inocentes que han visto cómo sus vidas han dado un giro inesperado como consecuencia de la violencia».

El Consejo Noruego para Refugiados indicó que han pasado casi cinco años desde que las autoridades hondureñas admitieron el desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia.

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Sin embargo, el NRC considera que «la falta de una respuesta efectiva y un marco legal continúa ocasionando que personas desesperadas emprendan viajes peligrosos fuera del país en busca de seguridad».

Las solicitudes de asilo entre 2011 y 2017 aumentaron «en un 1.400 por ciento», indicó el NRC al citar cifras de la agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Por esa razón, el Consejo Noruego para Refugiados urgió al Gobierno de Honduras a «acordar e implementar de inmediato una ley de desplazamiento forzado que cumpla con los estándares internacionales y asegure la protección y asistencia de los más vulnerables».

El Consejo Noruego para Refugiados es una organización no gubernamental internacional, independiente, humanitaria, sin ánimo de lucro, establecida en 1946, de acuerdo con su página web.

«Todas las actividades de NRC en América Latina y el Caribe responden a las necesidades y derechos de las personas desplazadas y refugiadas independientemente de su edad, género, condición social, étnica, religiosa o nacionalidad, con un enfoque de acceso a derechos y soluciones duraderas», añade la información institucional.

Estados Unidos se retira del consejo de derechos humanos de la ONU

Tomada de RT

La medida fue anunciada por la representante ante la ONU, Nikki Haley, y se habría tomado en respuesta a las críticas del organismo internacional a la política migratoria de Trump.

El Gobierno de EE.UU. se retira del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según ha anunciado la representante estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, en conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo.

Según Haley, el compromiso de EE.UU. con los derechos humanos «no nos permite seguir formando parte de una organización hipócrita que se preocupa solo por sus propios intereses y se burla de los DD.HH.». Por su parte, Pompeo afirma que ese Consejo socava los intereses nacionales de EE.UU.

Según informó anteriormente la agencia Reuters, la medida se habría adoptado en respuesta a los cuestionamientos del organismo a la política migratoria del presidente de EE.UU., Donald Trump. Además, en esa decisión pudo influir lo que Washington considera como «críticas injustas» hacia Israel.

Este 18 de junio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el marco de un discurso en la 38ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó a las autoridades de EE.UU. a acabar con la práctica de separación forzada de niños de las familias inmigrantes que entran ilegalmente en territorio estadounidense a través de su frontera con México.

Al Hussein describió esta práctica de la administración Trump como «abuso intolerable contra los niños», recordando que según la Asociación Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) «es sancionada por el Gobierno» y puede causar «daños irreparables para toda la vida».