Hospitales móviles de Choluteca y Santa Rosa de Copán también presentan irregularidades: CNA

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. – Un nuevo informe del Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), ha dejado en evidencia de que todo el proceso de compra de siete hospitales móviles ejecutado por Inversión Estratégica de Honduras, (Invest-H), es un mismo paquete de engaños y fraudes en perjuicio de la salud pública y la economía del Estado.

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“La Corrupción en Tiempos de Covid-19, Parte XIII, El Monumental Fraude del 2020: Un Seguimiento Investigativo a los Hospitales Móviles de Choluteca y Santa Rosa de Copán”, corre la cortina a los severos daños en estas compras de Invest-H, que se destinarán a estas ciudades, donde ni siquiera el predio que se les destinará posee postes para las instalaciones y tomas de electricidad. (Descargue aquí el informe del CNA)

“Esas fallas pueden provocar graves daños a los equipos médicos y peor aún, el hecho de que pueden poner en riesgo la vida de algún paciente en estado crítico que dependa de algún tipo de equipo médico de cuidados intensivos”, advierte el CNA en estas pesquisas.

El documento confirma la sobrevaloración en esta compra que tampoco justifica el desplazamiento que hizo a Turquía una comisión de Invest-H, en un afán de avalarla, puesto que los mismos tienen más daños que los dos que llegaron con anterioridad.

Este nuevo capítulo de corrupción institucionalizada gravita en que ambos módulos vienen faltos de sistema eléctrico en áreas de instalación; muestran deterioro por corrosión, daños y filtraciones en las estructuras.

El CNA logró constatar que presentan óxido y corrosión exterior y en algunas partes internas, que los elevadores de cadáveres de la morgue son manuales y no eléctricos.

Los contenedores presentan malos acabados; llavines, bisagras, paneles instalaciones en general de muy mala calidad en diseño y acabados para la finalidad por la que fueron adquiridos.

Asimismo, el documento detalla que cada equipo contenido en los hospitales móviles es muy general, de acuerdo con el criterio del ingeniero biomédico del Ministerio Público que los perició.

Los peritos en materia eléctrica enumeraron varias deficiencias en el centro de carga, cableado y el voltaje adecuado para el funcionamiento de los equipos médicos, el cual corre peligro de deterioro ante las subidas y bajadas del fluido eléctrico.

El juego de imágenes contenidas en el nuevo expediente del CNA muestra llaves de cerraduras rotas, deficiente recubrimiento de pintura y filtraciones de agua lluvias a lo largo del panel central del módulo denominado “Corredor”.

Además, mala aplicación de químicos catalizadores de pintura y pegamentos en los muebles y gabinetes médicos; los marcos, contramarcos y mochetas de las puertas de cada módulo están descuadrados.

El CNA señala que especialistas determinaron que el predio en Santa Rosa, de Copán donde se ubicará el módulo hospitalario carece de energía eléctrica y esto podría impedir su entrada en operaciones ya que se requerirán al menos de 70 postes de tendido eléctrico para que entre en servicio.

Asimismo, expresa su preocupación por las fallas que siguen presentando los demás hospitales móviles que aún no entran en funcionamiento, que incluso la estructura móvil instalada en San Pedro Sula, que ya funciona, sigue presentando fallas preocupantes.

El CNA dice en sus conclusiones que seguirá exhortando al Ministerio Público para que en la brevedad de lo posible comience a presentar los requerimientos fiscales correspondientes en contra de aquellas personas que participaron en este acto de corrupción sin precedentes.

En marzo pasado el entonces director de Invet-h, Marco Bográn, pagó sin ninguna garantía 47 millones 500 mil dólares, (1,168 millones 500 mil lempiras) para la adquisición de siete hospitales móviles a la compañía Elmed Medical Systems Inc. DBA Hospitales Móviles.

Esta empresa es propiedad de Axel López, un ciudadano americano de origen guatemalteco, quien es acusado por la compañía turca, SDI Global LLC de falsificar una cotización que originalmente emitieron ellos y que López utilizó en el millonario negocio de los hospitales con el gobierno de Honduras.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, informó en su momento que, de acuerdo con investigaciones realizadas por los empresarios, el gobierno le incrementó 680 millones de lempiras al precio real de los siete hospitales móviles.

El pasado 8 de octubre, un juzgado ordenó medidas distintas a la prisión a favor de Marco Bográn a pesar de que le dictó un auto de formal procesamiento por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, por uno de los tantos casos que se le atribuyen y que se circunscribe apenas al pago de renta de habitaciones en un hotel por un poco más de 100 mil lempiras, dejando de lado el resto del latrocinio causado durante su gestión en al menos 21 casos más.

Impunidad en Honduras evitará que haya justicia en robo de fondos de la pandemia

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Los hondureños tienen diversas formas de protestar e incluso su ingenio les ha permitido que muchos se reinventen en medio de la crisis económica y vendan camisetas con la leyenda ¿Dónde está el Dinero?

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-La galopante corrupción, que no ha dado tregua en momentos de la pandemia y que por el contrario ha sido aprovecha por funcionarios públicos para dilapidar los recursos del Estado, se mantendrá incólume por los altos niveles de impunidad y que están enquistados en las instituciones del Estado, vaticinan en Honduras.

A raíz de la proliferación de la Covid-19 en el mundo, el gobierno de Honduras declaró estado de emergencia en el sistema sanitario desde el 10 de febrero pasado y desde ese fecha el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo han aprobado al menos 100 mil millones de lempiras para destinarlos en compras y contrataciones directas, supuestamente para contrarrestar la pandemia, sin embargo, las millonarias sumas de dinero no se han traducido, ni el fortalecimiento del sistema sanitario ni en el control de la enfermedad.

La emergencia sanitaria ha sido salpicada por actos de corrupción que van desde compras sobrevalorados y hasta la adquisición de insumos y equipos médicos y de bioseguridad en mal estado y vencidos, lo que ha provocado la indignación de la ciudadanía, que ha comenzado a reclamar el destino de los fondos y los actos de corrupción que hasta el momento se mantienen en la impunidad.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), organismo que en sus últimos informes ha denunciado la supuesta corrupción desatada en el manejo de los recursos aprobados para el combate de la pandemia, hizo visible en las últimas horas su reclamo mediante la campaña ¿Dónde está el Dinero?, al iniciar una operación para pintar esa frase, en los vehículos, autorizados por sus propietarios. 

La leyenda se hizo viral en las redes sociales, el domingo 9 de agosto, luego que un grupo de ciudadanos indignados por el robo de los recursos destinados a combatir la pandemia, plasmaran un imponente letrero con pintura blanca en el puente, Fe y Esperanza, del bulevar Suyapa, a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de Tegucigalpa.

A manera de protesta pacífica la leyenda fue replicada en diferentes regiones del país causando malestar en las autoridades que a todas luces buscaron desaparecerla.    

Por tal razón, el CNA, ha tomado a bien apoyar a la ciudadanía que exige y que tiene derecho a saber ¿Dónde está el Dinero?, porque en este momento son muchos los trabajadores de la salud y de otras instituciones que trabajan en la primera línea del combate de la enfermedad que reclaman el pago de sus salarios retrasados, la dotación insumos de bioseguridad y el equipo necesario para realizar su trabajo.

Desde ayer martes jóvenes y empleados del Consejo Nacional Anticorrupción, se apostaron frente a las oficinas del CNA, en Tegucigalpa y comenzaron a pintar la leyenda en los vehículos que, para tal fin, fueron llevados por sus propietarios.

La acción continuará por el resto de esta semana en la capital y aunque la idea es que la leyenda se replique en toda Honduras, hasta ahora el CNA no ha determinado hacer la campaña en otras regiones.

corrupción Honduras
En los últimos meses los hondureños han evidenciado su hartazgo hacia la corrupción.

Y es que la pregunta surge, luego que el CNA y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), revelaran en sus informes que los encargados de realizar las compras de equipos y materiales necesarios para atender a los pacientes de Covid-19, sobrevaloraron el precio de los productos y que las diferencias eran millonarias, entre el precio real y el valor de facturación.

A la fecha, la leyenda, “¿Dónde está el Dinero? #Honduras lo Exige”, ya no solo se replica en las calles de Honduras, sino también, en las prendas de vestir, como en gorras y camisetas, stikers y otros productos.

La exigencia ciudadana es tan grande, que solo podría compararse con el reclamo surgido en el año 2015 cuando miles de hondureños salieron a las calles y marcharon con antorchas exigiendo justicia por el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La diferencia ahora es que, debido a la pandemia por la Covid-19 y el miedo a adquirir la enfermedad, no hacen posible la organización de movilizaciones sociales.

La población espera que haya justicia

Para el abogado, Mario Díaz, coordinador de los Tribunales de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, todos los hechos denunciados, y que son colindantes con la corrupción pública, deberían ser investigados por los entes del Estado, como el Ministerio Público y los demás que hacen trabajo de investigación para efectos de poder determinar responsabilidades civiles, penales y administrativas y que puedan ser deducibles por el mal manejo y la autorización del manejo inadecuado de recursos públicos, destinados al combate de la crisis y que presuntamente no se utilizaron bien.

La Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición Cuentas de Fondos Públicos, aprobada en octubre del año pasado, establece que antes de una investigación por parte del Ministerio Público debe existir un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

La referida ley es parte de los pactos de impunidad aprobados por el oficialismo en el Congreso Nacional, que además limita la acción de juzgamiento que, por mandato constitucional, le corresponde al Poder Judicial y otorga dicha facultad al TSC, frenando de esta manera las atribuciones investigativas y la lucha contra la corrupción.

Las aberraciones jurídicas establecidas en la ley facultan también al TSC para conocer de manera exclusiva sobre el delito de enriquecimiento ilícito, lo que imposibilita al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios.

Ante dicho escenario el abogado Díaz sostiene que la facultad investigativa del Ministerio Público no debe ser limitada de ninguna manera porque esta entidad, independientemente de cualquier situación que pudiera echar adelante el Tribunal Superior de Cuentas, está en la obligación de investigar a profundidad, ¿qué es lo que ha estado sucediendo?,  para que en el momento que considere oportuno y que  vea que han habido malos manejos de recursos, interponga las denuncias correspondientes y  se judicialicen los casos, siempre y cuando estén bien sustentados para que no queden en la impunidad.

“No existe desde mi punto de vista, limitante para el Ministerio Público pueda investigar los casos que se han denunciado y que son del conocimiento de la opinión pública”, expresó Díaz y agregó que la gente lo que debe esperar es que el Ministerio Público pueda sustentar todas sus acciones, que se puedan presentar los requerimientos fiscales que sean necesarios y que el curso de la justicia haga su trabajo.

corrupción Honduras
Los jóvenes hondureños son quienes más expresan su rechazo a la corrupción.

No habrá castigo para los corruptos

Por su parte el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) y director de investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa, Lester Ramírez, se muestra más realista en su apreciación con relación al robo de los recursos destinados para el manejo de la pandemia y asegura que no habrá justicia porque Honduras se encuentra inmerso en un sistema corrupto.

Ramírez dijo que la expectativa de la población era que el gobierno manejara esos recursos pensando en el dolor humano y que los corruptos tuvieran compasión, “pero los corruptos están insertos en un sistema corrupto y ese sistema corrupto los obliga a comportarse de manera corrupta porque si no son marginados y excluidos”, señaló.

Reiteró que la población esperaba que en este momento los funcionarios no cometieran actos de corrupción, pero que la situación es parecida a la del huracán Mitch, cuando todos pensaban que no iba a haber corrupción, que el país se iba a arreglar y que el gobierno iba a ayudar a los damnificados. Sin embargo, lo que vino fue más corrupción, cuestionó.

Recordó que en aquel tiempo la corrupción implementó el proceso de descentralización para llevar a los municipios los proyectos de reconstrucción que dieron beneficio, pero también acrecentó la corrupción.

“Y aquí están siguiendo el mismo patrón, si usted se fija, pensábamos de una manera ingenua que iba a haber menos corrupción, pero el sistema es corrupto y ahora lo están llevando al área descentralizada y los municipios están manejando dinero del Covid y esto bajo un contexto del proceso electoral que ya se avizora va a incrementar aún más la compra de votos”, reflexionó Lester Ramírez.

Para él, la pobreza y el hambre van a ser el caldo de cultivo de la corrupción y vaticina que por el robo de los recursos de la pandemia no habrá justicia, porque el modelo de un estado basado en la cleptocracia es el poder del que roba y que para que ese modelo funcione, se tienen que controlar las instituciones de justicia.

Insistió que no habrá justicia, porque la impunidad ya se está dando con los hospitales móviles, que nadie hace nada, mientras que el responsable de la compra sigue tranquilo en su casa.

 

CNA alerta que modificación al convenio de la MACCIH podría generar más impunidad

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió esta noche que la modificación al convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), producto de una decisión entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA), podría generar más impunidad.

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Según el CNA, el acuerdo asumido en las últimas horas entre el régimen de Juan Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, puede representar la oportunidad que esperan los corruptos para debilitar la instancia que comenzó a operar en Honduras desde el 23 de abril de 2016.

La instancia de sociedad civil expone que lo que necesita la MACCIH para fortalecerse, es la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, entre otros instrumentos para desbaratar las redes de corrupción y la derogación de una serie de normas que han blindado a los corruptos.

El CNA cuestiona al gobierno por ignorar el “legítimo llamado” que ha hecho la sociedad civil en cuanto a la renovación integra del convenio de la MACCIH que vence el 19 de enero próximo.

Entre otras cosas, recuerda a la OEA y al gobierno de Honduras que la MACCIH no nació como una muestra del poder estatal de querer combatir la corrupción, sino, como una respuesta a la demanda de la sociedad que se agrupó en la marcha de las antorchas para reclamar la instalación de un organismo internacional que ayudara al adecentamiento del podrido aparato de justicia.

A raíz del descubrimiento del colosal saqueo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) los hondureños salieron masivamente a las calles a exigir la instalación de la misión internacional anticorrupción, auspiciada por las Naciones Unidas. Sin embargo, el gobernante hondureño, Juan Hernández—que admitió públicamente que parte de los fondos dilapidados al Seguro Social sirvieron para financiar su campaña política en el 2013— negoció con el secretario general de la OEA, la creación de la MACCIH.

CNA  pide al Ministerio Público investigar a Porfirio Lobo por malversar fondos

La petición de investigación fue presentada por el jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de casos del CNA, Odir Fernández quien pidió la secretividad del caso.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ante el Ministerio Público (MP) al ex presidente Porfirio Lobo Sosa, para que sea investigado por la posible comisión de supuestos actos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos durante su gestión 2010-2014.

La denuncia también fue presentada al director de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), donde se pide que además se investigue  al entonces secretario de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, por la violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos, ligados a un supuesto desvío de recursos del Estado.

El CNA presentó la denuncia amparándose en una investigación que  establece que durante la administración Lobo Sosa hubo un derroche de 310 millones de lempiras.

De acuerdo al informe del organismo de sociedad civil, los fondos fueron transferidos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a la Secretaría de Finanzas mediante cuatro cheques, dos de ellos emitidos el 3 de octubre de 2013, cada uno por un valor de 75 millones de lempiras y los dos cheques restantes se libraron por la cantidad de 80 millones de lempiras en fecha 15 de noviembre de 2013.

La denuncia ha sido presentada por el CNA tras recibir una denuncia anónima, donde se les presentaron los supuestos actos irregulares en la administración del ex mandatario Lobo Sosa en la Secretaría de la Presidencia y en la Secretaría de Finanzas, por el mal uso de fondos consignados a financiar programas de asistencia social en el 2013.

Por las razones antes expuestas se instruyeron las investigaciones donde se detectaron transacciones atípicas por unos 300 millones de lempiras ligadas al quehacer del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), SEFIN y la Casa Presidencial.

De acuerdo a lo manejado por el CNA hay fuertes sospechas que los recursos habrían sido usados en la campaña política del actual presidente Juan Orlando Hernández, “por su proximidad” dice el escrito.

EL CNA señala que, en el inciso Cuarto del documento, se detalla que las transferencias se realizaron para el cumplimiento del pago de los programas Bono Diez mil y Calzando y Uniformando a los niños de Honduras, “que en principio” dice no se ejecutaron en su primera instancia, “pero que sí se realizaron posteriormente”, modificando las resoluciones y las transferencias aprobadas mediante Decretos Ejecutivos.

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Las dudas en esta investigación son por la aprobación y realización de varias transferencias del presupuesto, en el término de seis meses del gobierno del ex presidente Lobo Sosa.

Se sospecha que hubo malversación de fondos por el cambio de destino de los mismos y que, de acuerdo a  la ley esas acciones administrativas son constitutivas de delito, por lo que piden se investigue a los dos exfuncionarios.

La petición de investigación fue presentada por el jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de casos del CNA, Odir Fernández, quien pidió la secretividad del caso.

CNA presentará tres nuevas líneas de investigación de alto impacto

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- En el primer trimestre de 2019, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentará tres nuevas líneas de investigación en casos de corrupción, anunció hoy lunes la directora ejecutiva de esta organización, Gabriela Castellanos.

Hasta diciembre de 2018 el CNA ha entregado un total de 80 líneas de investigación que generaron un impacto económico de más de 3.122 millones de lempiras al Estado de Honduras. La Fiscalía judicializó 15 de estos casos, según Castellanos.

La titular del CN agregó que: “De manera responsable podemos decir a la población de que el CNA seguirá investigando y para el primer trimestre del próximo año estaremos entregando dos o tres líneas más que ya estamos concluyendo”.

Castellanos dijo que estas investigaciones son de alto impacto e involucra a funcionarios y exfuncionarios de diferentes partidos políticos.

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También aseguró que donde existe una “corrupción terrible” es en el sector salud y educación, también en infraestructura.

Ante el aumento del presupuesto que asignará el Estado el próximo año a estas instituciones “hay que poner cuidado para que estos recursos lleguen a la población que debe de llegar, sino, lo que estamos haciendo es aumentar la corrupción”, puntualizó Castellanos.

La Justicia soy Yo

PANDEMONIO

Por: Moisés Ulloa

Muchas cosas han caído en las profundidades oscuras de un abismo en este país. A veces la carga es tal que he pensado incluso en que no existe una solución al corto plazo que nos permita tener una oportunidad. Muchos incluso han determinado que la maldad y el proceder de muchas personas que son parte de las cúpulas de poder y por ende, parte activa en la toma de las decisiones trascendentales de la nación han sido tan abusivas, que han llegado al punto de romper de manera irreparable el propio sistema en que se sustenta la República. Para muchos, los cimientos de la nación están corroídos al punto tal, que su colapso es simplemente cuestión de tiempo.

Entre todas las dificultades y problemas que tenemos, existe un área que me llena de desesperanza y que crea en este su servidor profundos momentos de reflexión y preocupación: la ruta en la que estamos pretendiendo aplicar un sentido de justicia en Honduras.

Con suma atención he visto ya por segunda ocasión, el show mediático implementado por las actuales autoridades del CNA en su presentación de las diferentes líneas de investigación que este importante organismo ha realizado, con la finalidad de llevar a la justicia a aquellos funcionarios que han utilizado sus puestos y el abuso de poder, para realizar funciones que presuntamente son contrarias a la ley. Sin embargo, me pregunto si efectivamente mediante este proceso se alcanza la justicia.

En este sentido trataré de no meterme en conceptos filosóficos y legales que alejen mi escrito del propósito que deseo obtener; sin embargo, diré que para mí “justicia” no es un solo, sino una combinación de aspectos. Justicia es en mi entender la correcta aplicación de lo moral, ético, racional, igualitario, que lo dicta nuestra sociedad bajo una sombrilla que denominamos un estado de derecho, mismo que de forma implícita determina la seguridad jurídica y la protección a los derechos y a las libertades de todas y todos. Si una actuación o decisión de los entes encargados de impartir esta justicia no es moralmente correcta, entonces esta es injusta; si no es ética, tampoco lo es; si no tiene como finalidad proteger a la mayoría y al más débil, entonces también es injusta. La justicia por lo tanto debe de buscar el bien común, asegurar el orden, establecer lo correcto, afirmando el principio que todas y todos somos iguales ante la ley.

Cualquier sentido que sea contrario a lo que he tratado de explicar en mi párrafo anterior, pretende otra finalidad menos aquella de aplicar justicia. Ante esta realidad me pregunto si lo que vivimos actualmente en Honduras mediante el show mediático al que nos estamos acostumbrando últimamente, contraviene lo que en efecto deseamos obtener o, es acaso simplemente esto, un efecto del estado que reafirma que no tenemos la institucionalidad que nos garantice la aplicación correcta de la justicia.

Ante la incapacidad de poder obtener un veredicto de culpable en los casos imputados por los órganos correspondientes del estado, ya sea por una acción errónea en la presentación de los casos o por una condición manifiesta en el fundamento que la sentencia no se rinde ante los poderosos ¿no estaremos buscando la salida fácil del simple señalamiento público? ¿es la búsqueda exclusiva de la sanción moral suficiente para ser considerado que hemos logrado alcanzar lo justo?

La señal más clara de la realidad nefasta que no gozamos de la confianza en la aplicación de la justicia, es el intervencionismo internacional exigiendo y obligando desde afuera, a que los actores de sentencia hagan su trabajo. En otras palabras, ante no tener la confianza en que las decisiones van estar basadas en ley, nuestra justicia está siendo impuesta foráneamente. Y es en este ambiente de desconfianza en que se nutre el chisme, la novela, el próximo capítulo de un Pandora II, de la Honduras Verde, de otra línea más de investigación del CNA, de un requerimiento más promovido por la MACCIH a través de su UFECIC, de la expectativa ante la ley Magnitsky, del próximo extraditado o del evento Efecto Torres; es en este ambiente que nuestra sociedad cada vez aumenta su sed por resultados, sin tenerlos de forma contundente y en el plazo inmediato.

Todo esto alimenta el hartazgo de una sociedad que sistemáticamente ha sido abusada y que quiere ahora, no necesariamente justicia, sino que venganza. Nuestra sociedad cada vez más siente y anhela el sabor a “sangre” y desea que, bajo cualquier condición, se encuentren culpables, aún aquellos que no necesariamente lo son. Esto nos lleva ante el peligro inminente de crear una sociedad que podría estar al punto de tomarse el camino de hacer justicia por su propia mano, pues por un lado nos venden al mejor estilo de las películas una trama delincuencial con nombres y apellidos, pero en la realidad carecemos de los resultados concretos que de fe a los hechos.

Esto es un asunto de gravedad que hemos comenzado a sentir y a palpar en nuestra sociedad. Noticias como las que una comunidad linchó a un presunto violador es simplemente una muestra de lo que puede llegar a suceder si el actuar jurídico del país no llena la expectativa sublime de la ley. Todos somos testigos de la polarización de nuestra sociedad y esta realidad puede estallar en acciones concretas que vayan más allá de un sentimiento ante la incapacidad de dar los resultados que se anhelan.

Ante la búsqueda a toda costa de encontrar justicia, podemos deformar la misma en acciones como han sido las violaciones constitucionales al derecho de propiedad y presunción de la inocencia, a exhibir ante las cámaras a unos, mientras se protegen a otros; de perseguir el delito de algunos, pero no de todos. Podríamos estar al punto de justificar una ilegalidad con la finalidad de detener lo ilegal. Estamos por cruzar una línea fina a consecuencia de la impunidad que ha predominado en los actos sistemáticos de corrupción de los que hemos sido víctimas y que tienen a nuestra sociedad, especialmente a los más desprotegidos, sumidos en la más vil de las pobrezas.

Es por lo tanto imperante, que los organismos de aplicación de justicia hagan su trabajo de forma eficiente, profesional y contundente, alejados más de lo mediático, para no crear falsas expectativas que puedan revertirse en desacreditar sus propias acciones ante no tener los resultados prometidos. La opinión pública no son las cortes, pero al exponer los casos de forma primaria en los medios y con alardes personales, estamos por convertirnos en el estamento que “La Justicia soy Yo”. La justicia implica el balance de lo correcto, la venganza pretende represalia basada en odio, en castigo, en frustración. No debemos fomentar la crispación social bajo el argumento de hacer justicia, llevándola a un punto más cercano del estallido que se encuentra ya, en una cuenta regresiva.

Por supuesto que añoramos y apoyamos la lucha por una sociedad en donde el delincuente sea condenado, independientemente del estrato social o del poder político económico que tenga, imparcialmente sea el presidente de la república, sus miembros cercanos o cualquiera, debemos exigir y demandar la aplicación absoluta de la ley; pero la práctica de lo justo no debe basarse en abusos y muchos menos en arbitrariedades. De no corregir este proceder, podemos estar ante las puertas que el pueblo tome el mazo y cuando eso suceda, no se detendrá, hasta enjuiciar a inocentes y culpables por igual.

CNA destapa nuevos actos de corrupción por mas de 3 mil millones de lempiras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Esta mañana el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), realizó una presentación, denominada “las redes de corrupción y sus modos de operar”, en la ciudad de San Pedro Sula donde se habla de mas de 3 mil millones de lempiras, según lo informó Gabriela Castellanos, titular de la institución.

Este evento consistía en la revelación de nombres y apellidos de las personas que se desempeñaron en diferentes instituciones gubernamentales, en sociedades mercantiles y organizaciones no gubernamentales, que fueron creadas para contratar con el Estado de Honduras, sustrayéndose fondos públicos en la no ejecución de las actividades acordadas.

Se mencionó cinco casos de corrupción que ya han sido denunciados ente el Ministerio Público entre los años 2016 y 2018, algunos de ellos aún se encuentran en proceso de investigación y otros que ya han sido judicializados, se han pretendido distorsionar, con el objeto de favorecer a las personas involucradas.

Dentro de las instituciones afectadas por los corruptos se pudo identificar la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud (SESAL), el Programa de Asignación Familiar (PRAF), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y Despacho de la Primera Dama.

Entre estos casos se incluye el de la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo, por un desfalco adicional de 94 millones de lempiras, dijo Odir Fernández, y que se utilizó dinero para gastos personales.

Además, surgen nombres de hijos de funcionarios y funcionarios públicos involucrados en el «Bono diez mil». También obras de infraestructura que no se terminaron, pero si se pagaron, incluyendo un contrato con «Los Cachiros».

La titular del CNA, Gabriela Castellanos, manifestó que la red de corrupción está a nivel nacional en todas las estructuras del Estado, y por ende en funcionarios.

Odir Fernández, jefe de investigación del CNA, dijo que los cinco casos presentados hoy ya habían sido sacados a la luz pero ahora se esta presentando nuevos elementos y señaló el caso de Rosa Elena de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa que ahora se investiga por 94 millones y también la suscripción de contratos con una empresa vinculada a Los Cachiros.

También se habla de casos de corrupción  de personas que se desempeñaron en DIGEPESCA, Derechos Humanos y Gobernación, Bono Diez Mil y de personas que fungieron en la Secretaría de Agricultura y ganadería (SAG).

Fernández señaló que se habla de la malversación de fondos en dos organizaciones no gubernamentales (ONGs) por más de 42 millones de lempiras.

En lo que antes se llamó Secretaría Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) se habla de 125 millones de lempiras en obras contratadas con Los Cachiros donde se pagaron 104 millones y las obras no fueron ejecutadas.

Según los datos revelados durante el evento, los perjuicios identificados entre los cinco casos emblemáticos de corrupción, los montos superan los trescientos millones de lempiras, fondos que pudieron haberse ocupados para el desarrollo de proyectos sociales y de interés público; sin embargo, muchos de los recursos fueron a parar al patrimonio de los denunciados.

Según el CNA, los indicios reveladores de corrupción se manifiestan en el fraccionamiento de los contratos para evadir las exigencias de las determinadas en la Ley de Contratación del Estado y Disposiciones Generales del Presupuesto, adjudicación de contratos a la misma empresa, aumento desmedido de los productos vendidos al Estado, conformación de comisiones técnicas que no tienen los mínimos conocimientos para lo que fueron seleccionados, colusión por parte de altos funcionarios y familiares para la adjudicación de los diferentes contratos, entre otros.

Desde el 2014 a la fecha el CNA ha entregado un total de 14 líneas de investigación al Ministerio Público, en las cuales hay casos emblemáticos y se está en proceso de entregar 10 líneas más.

Artículo 184 no vulnera la Constitución ni tratados internacionales sobre DD.HH.: Ministerio Público

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Ministerio Público emitió la tarde de este jueves un comunicado mediante el cual señala que el artículo 184 del Código Procesal Penal no contraviene los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Honduras.

El Ministerio Público emitió el pronunciamiento en reacción al proyecto de reforma que desde el pasado martes se encuentra en el Congreso Nacional, con la pretensión de sustituir la prisión preventiva.

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A continuación el comunicado del Ministerio Público:

Artículo 184

Quienes buscan reforma del artículo 184 temen requerimiento fiscal por corruptos: CNA

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió esta noche que el propósito de derogar, reformar o declarar inconstitucional el artículo 184 del Código Procesal Penal, no es nuevo, sino que recurrente por parte de quienes sienten temor que se presente requerimiento fiscal, por supuestos actos de corrupción o lavado de activos.

El CNA reaccionó luego que el pasado martes el diputado del Partido Nacional, Marco Velásquez, presentara ante el seno del Congreso Nacional un proyecto de ley orientado a reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal que permita la sustitución de la prisión preventiva.

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El pasado 3 de agosto, al concluir una visita in loco en Honduras, la CIDH planteó la revisión o derogación del artículo 184 del Código Procesal Penal, enfatizando en que se debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva.

Mediante un comunicado el CNA persuade a los congresistas que las recomendaciones formuladas por “organismos internacionales”—refiriéndose a la CIDH—no se pretendan adoptar solo a fin de beneficiar a determinados sectores, sino que a la sociedad hondureña. En ese sentido, el organismo anticorrupción de la sociedad civil considera oportuno que se adopten las recomendaciones brindadas por el Mecanismo de Implementación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (MICNUCC), respecto a combatir la criminalidad organizada sin pretender crear, derogar e interpretar leyes de impunidad.

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Recuerda, además que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en el pasado, diciendo que el artículo no es inconstitucional, “puesto que sirve de instrumento procesal, con el objetivo de cumplir los fines del proceso penal, garantizando la presencia del imputado y evitando que éste obstruya las fuentes de prueba”.

Finalmente invita a los congresistas, que en este momento están ofuscados en legislar en favor de la impunidad, que inicien a presentar proyectos de ley, que vayan encaminados a favorecer a la sociedad hondureña, que es a quienes se deben.

«La caja de Pandora fue un cuento mal contado»: Gabriela Castellanos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-“La caja de Pandora fue un cuento mal contado. Eso es lo que surge cuando no se tiene conciencia del carácter de la justicia”. Ese fue el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter, la directora del Consejo Nacional Anti Corrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ante la resolución judicial que ha dejado a las puertas de la libertad a los implicados en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

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El CNA había advertido con anterioridad sobre el riesgo que se corría para que el sonado caso de corrupción fuera manipulado por la justicia hondureña y los imputados fueran dejados en libertad.

Una publicación del CNA de este sábado en Twitter señala que, paradójicamente el caso Pandora ha confirmado la impunidad en Honduras, “ya que se constató el saqueo por más de L. 280 millones utilizados para campaña electoral y la jueza revocó la detención judicial a los imputados. ¿Qué hay detrás de la justicia? ¿A quién responde?”, se interroga la organización de sociedad civil.

La madrugada de este sábado la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, puso a las puertas de la libertad a funcionarios y exfuncionarios públicos acusados de haber participado en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) durante el año 2013.

La madrugada de este sábado la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, otorgó medidas distintas a la prisión a 24 imputados, sobreseimiento definitivo para tres y auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el exsecretario de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado Weinzemblut.

Para que los 24 imputados se defiendan en libertad, la jueza Lidia Álvarez Sagastume, modificó el delito de lavado de activos y lo sustituyó por el delito de encubrimiento que tiene una pena máxima de 5 años y que se puede permutar pagando 10 lempiras diarios para no ir a prisión.

El saqueo de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, durante el año 2013, corresponde a una investigación del equipo integrado de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic).