A tres años del asesinato de Berta Cáceres, exigen a Honduras garantizar justicia integral

Tegucigalpa.-A tres años del asesinato de la lideresa lenca y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exigió el viernes que el Estado de Honduras cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables por este crimen y denunció la grave situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.

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En noviembre de 2018, la Sala I del Tribunal de Sentencia condenó a 7 de los 8 imputados como autores materiales por el asesinato de la defensora. En su fallo el Tribunal reconoció que este crimen fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como represalia a la oposición de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

A pesar de este fallo, la sentencia del Tribunal aún se encuentra pendiente y, a la fecha, solo David Castillo, gerente general de la empresa DESA, ha sido detenido por la autoría intelectual del crimen. El resto personas que comprenden la estructura criminal, responsable de planificar y financiar este crimen cometido el 2 de marzo de 2016, todavía se mantienen impunes.

La CEJIL recuerda que a tres años del asesinato de Berta Cáceres, las personas defensoras de derechos humanos en Honduras aún se enfrentan a una grave situación de criminalización, represión y violencia por el ejercicio de su rol. Recuerda que etsa misma semana, dos indígenas tolupanes integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia  (MADJ) fueron asesinados  en San Francisco Locomapa y 13 personas defensoras de los derechos humanos y los bienes naturales de Guapinol fueron detenidos como represalia a su labor.Ante este contexto regresivo, y con ocasión del tercer año en que reivindicamos la memoria de Berta Cáceres, exigimos que el Estado de Honduras avance en la investigación, juzgamiento y sanción de David Castillo y todas las personas responsables por su asesinato. Demandamos también un cese a su política de criminalización contra defensores y defensoras del medio ambiente y que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a defender derechos humanos. 

Asimismo, exhortamos al Estado de Honduras para que inicie inmediatamente el proceso para revocar la concesión otorgada a DESA sobre el río Gualcarque, que al día de hoy representa una fuente de conflictividad y riesgo para las comunidades indígenas de la zona de Río Blanco. Esto, en seguimiento a lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su última audiencia por el caso de Berta, celebrada en diciembre de 2018.

Berta Cáceres dedicó su vida a la defensa del territorio y los derechos humanos del pueblo lenca. Desde CEJIL conmemoramos su ejemplo de dignidad, rebeldía y amor por su país y reafirmamos nuestro compromiso con su lucha incansable. Junto a su familia y el COPINH nos mantendremos vigilantes hasta que el Estado hondureño garantice verdad, justicia y reparación., cierra el documento de la organización defensora de los derechos humanos.

Ante CIDH: Honduras deberá rendir cuentas por irregularidades en juicio de Berta Cáceres

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Una semana después del primer fallo por el caso de la lideresa lenca y defensora de derechos humanos Berta Cáceres, el Estado de Honduras deberá rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 170° Periodo de Sesiones. 

Este 6 de diciembre, la CIDH celebrará una audiencia donde se presentará información sobre las graves irregularidades practicadas durante el juicio, la situación de impunidad en que se encuentra el caso y sobre las circunstancias de riesgo que subsisten relacionadas con el ejercicio de defensa de derechos humanos y la búsqueda de justicia de la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañará su desarrollo, como representante del proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La audiencia ante la CIDH se puede seguir en vivo a través de la página web de la Comisión Interamericana.

 Ese mismo día, se llevará a cabo el conversatorio público “Después de la condena de ejecutivos, militares y sicarios: ¿Qué sigue?”. En este espacio, organizaciones de derechos humanos, integrantes de la familia, el COPINH y su equipo legal debatirán sobre los siguientes pasos en la búsqueda por verdad y justicia y ante el siguiente proceso en contra de David Castillo, el único autor intelectual que ha sido procesado por el crimen. 

Este evento se realizará a las 3:30 p.m. hora D.C. en las oficinas de CIEL/FOE, localizadas en 1101 15th St NW, 11th floor, será en español con traducción al inglés y se transmitirá en vivo a través de la página de Facebook del COPINH.

Sentencia por caso de Berta Cáceres prueba estructura criminal detrás de su asesinato: CEJIL

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- El día de ayer, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo del primer juicio por el caso de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro. En su sentencia, el Tribunal condenó a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la defensora. 

Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen. 

Durante su fallo, el Tribunal de Sentencia afirmó que el asesinato de la lideresa indígena y defensora de derechos humanos fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con el fin de acabar con la oposición de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. 

Como representes de la familia de Berta Cáceres y el COPINH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocemos la relevancia de esta sentencia y en particular celebramos que el Tribunal haya comprobado la participación de directivos de DESA en la planificación y financiamiento del asesinato de Berta Cáceres Flores. Es preciso recordar que los hallazgos del Tribunal son consistentes con las conclusiones a las que llegó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) en noviembre del 2017. 

Sin embargo, denunciamos que esta sentencia no implica que se haya alcanzado justicia integral. Esto es así porque el proceso estuvo marcado por serias irregularidades que revictimizaron a la familia de Berta Cáceres y al COPINH, entre estas destaca la falta de acceso a la información, la exclusión arbitraria de las víctimas y la falta de publicidad del proceso. 

Por otra parte, es preocupante que el Ministerio Público no haya realizado acciones para identificar a otros autores intelectuales pese a existir prueba que les vincula y que el propio Tribunal señala en su sentencia.  En tal sentido, seguirá existiendo impunidad hasta tanto no se avance en la identificación, juzgamiento y sanción de todas las personas que están involucradas en los hechos. 

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“La decisión judicial debe ser un llamado de atención para las autoridades hondureñas y para el sector empresarial en este país, esta sentencia debe hacerles entender que no es posible avanzar con proyectos extractivistas sacrificando los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afectadas. El desarrollo solo será posible si se construye tomando en cuenta la cosmovisión de estos pueblos, si se respeta su dignidad y su derecho a la igualdad y no discriminación”, señaló Marcia Aguiluz Soto, directora del programa para Centroamérica y México. 

                             Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México

Por otra parte, ante la decisión jurisdiccional que da cuenta de la participación de directivos de la empresa DESA, exigimos que Honduras inicie, de manera inmediata, el proceso para revocar la concesión otorgada a esta empresa sobre el río Gualcarque. Además, consideramos urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño que se les ha causado, en particular, que se reconozca el rol importante que han jugado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. 

Las condenas dictadas el día de ayer representan un avance en la exigencia de justicia que ha liderado la familia de la lideresa social, el COPINH y el pueblo lenca. Ellos y ellas son un ejemplo incansable de lucha, dignidad y amor por su país. Desde CEJIL seguiremos acompañándoles hasta que se alcance verdadera justicia para Berta.

CEJIL condena acciones estatales que ponen en riesgo el derecho al agua en Guapinol, Tocoa

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.-El pasado 27 de octubre, aproximadamente 1500 policías y militares desalojaron de manera violenta el Campamento de la Resistencia de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, donde manifestantes protestaban por su derecho al agua ante el desarrollo del proyecto minero de la empresa Inversiones Pinares. 

Esta manifestación surge como respuesta a la decisión estatal de concesionar parte del Parque Nacional “Carlos Escaleras” para establecer un proyecto minero. Como es usual en Honduras, el Congreso tomó la decisión sin consultar a las comunidades afectadas ni tampoco los daños que se están ocasionado a la quebrada Ceibita y al Río Guapinol, principal fuente de agua en la zona.

Ante la oposición legítima de los pobladores, la respuesta estatal se ha caracterizado por el uso excesivo de la fuerza y por permitir la presencia de fuerzas de seguridad privada en la zona. Como consecuencia del conflicto, hasta ahora, hay un saldo de tres personas fallecidas, múltiples personas heridas, una persona torturada y numerosas amenazas en contra de los miembros de las comunidades.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenamos enérgicamente estos actos de violencia y responsabilizamos al Estado de Honduras por haber generado un conflicto a partir de sus decisiones de concesionar una zona protegida. 

Recordamos, además, que las manifestaciones de protesta del Campamento de la Resistencia son expresiones legítimas que están protegidas por el derecho a reunión y la libertad de expresión. 

Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México, recalcó que “la persecución que enfrenta hoy la comunidad de Guapinol es parte de una práctica sistemática en Honduras, donde las empresas en connivencia con autoridades estatales, disponen de agentes de seguridad privada con el fin de controlar el territorio y amenazar la seguridad de los y las comunitarias. Este proyecto es una nueva expresión del modelo que promueve el extractivismo de los recursos naturales por encima del bienestar de la mayoría”. 

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Desde CEJIL hacemos un llamado para que el Estado de Honduras garantice la vida y la integridad de los habitantes de la zona, escuche sus demandas y revise el otorgamiento de estas concesiones, con el fin de proteger los recursos naturales de Guapinol, específicamente las fuentes de agua que son indispensables para la existencia de estas comunidades.

Asimismo, exhortamos a las autoridades hondureñas a investigar a los responsables vinculados con los hechos de violencia y controlar efectivamente las fuerzas de seguridad privada que operan en la zona.

Tal como indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados deben “asegurar que las empresas privadas de seguridad y contratistas actuando en nombre de la empresa no están involucrados en amenazas o ataques contra personas defensoras de derechos humanos”, así como “investigar, procesar y sancionar a todos los actores involucrados en la ejecución, promoción, soporte o financiamiento de la violencia contra quienes defienden los derechos humanos”.

Ante la lucha digna de los y las habitantes de la comunidad de Guapinol, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la garantía de sus derechos humanos, y exhortamos a las autoridades a respetar la vida y la integridad de los y las defensoras de derechos humanos en Honduras, así como su derecho a manifestarse y vivir en entornos seguros.

Cejil exige al Estado de Honduras garantizar transparencia y publicidad en juicio de Berta Cáceres

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- En medio de múltiples irregularidades que son responsabilidad de las autoridades judiciales hondureñas, el juicio por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres Flores está convocado para iniciar el día de hoy.

Dentro de los obstáculos dispuestos por el Tribunal a la representación de las víctimas, se encuentra la prohibición de que las audiencias sean transmitidas públicamente, negando la difusión amplia del proceso e impidiendo a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional conocer lo que acontece en el mismo.

“Estas acciones son graves, porque amenazan directamente el derecho a la verdad y la justicia para las personas vinculadas al caso, pero también para la sociedad en su conjunto. La decisión del Tribunal de impedir la transmisión del juicio genera dudas sobre la imparcialidad de este órgano y su voluntad de actuar de manera transparente” , declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Por otra parte, Radio Progreso, un medio de comunicación local, solicitó al Tribunal la autorización para realizar una transmisión en vivo del proceso, sin embargo, su petición no ha sido contestada al día de hoy. Por ello, CEJIL presentó un Amicus Curiae (opinión técnica jurídica) ante el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de lo Penal, con el fin de exponer por qué, a la luz de estándares internacionales, un juicio de estas características debe garantizar la transmisión del mismo así como los principios de publicidad y transparencia.

Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el principio de publicidad no se limita a proteger los derechos de la persona acusada, sino también los intereses de las víctimas y el interés general de la sociedad y el Estado del Derecho.

Así, el principio de publicidad penal se constituye como un medio esencial para ejercer el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades públicas; garantizar que las acciones judiciales se desarrollen de manera independiente e imparcial; y asegurar que se dé un proceso legal justo.

Es importante señalar que, tomando en cuenta la notoriedad de este caso, al mantener los bloqueos mediáticos durante el proceso, el Estado de Honduras está impidiendo el acceso a una información completa y actualizada de lo ocurrido a la lideresa lenca. Además, genera serias dudas sobre las razones por las cuales se quiere mantener el proceso en un bajo perfil y si esta acción implica proteger a personas que participaron en la planeación del asesinato.

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Una amplia cobertura mediática y la transmisión en vivo de las audiencias resultan las únicas opciones para que se garantice el derecho a la verdad y al acceso a la información de la familia de Berta Cáceres, de la comunidad lenca, de las y los integrantes de COPINH, y de la sociedad en general.

CEJIL exige que se garanticen los derechos de las víctimas en el proceso por el asesinato de Berta Cáceres

Tegucigalpa.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) observamos con preocupación que, en el marco del proceso penal por el asesinato de Berta Cáceres Flores, el Ministerio Público continúe negando el acceso de las víctimas a la información sobre las diligencias de investigación realizadas hasta la fecha e incumpla así con lo ordenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal en el proceso penal que se sigue en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana y otros.

Desde que inició el proceso penal, el COPINH y los familiares de Berta Cáceres Flores han denunciado que no conocen la totalidad de la prueba en poder del Ministerio Público. Aunque se han realizado numerosas solicitudes e inclusive el Tribunal de Sentencia ordenó entregarles la información, el Ministerio incumple abiertamente esta orden, lo cual constituye un evidente obstáculo para que se pueda conocer la verdad. 

Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “la participación de la víctima en procesos penales no está limitada a la mera reparación del daño sino, preponderantemente, a hacer efectivos sus derechos a conocer la verdad y a la justicia ante tribunales competentes”.

En concordancia con los estándares internacionales, el Código Procesal Penal hondureño prevé de manera amplia el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso y tener acceso a la información. 

“Con su actuación, el órgano investigador hondureño no sólo violenta la normativa interna, sino también lo estándares internacionales y la orden de un tribunal interno. Es lamentable que se limite de forma arbitraria el acceso a la información y se condicione la efectividad de los esfuerzos de las víctimas en la búsqueda de justicia y verdad”, declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

Hoy se estará celebrando en Tegucigalpa una audiencia para proponer prueba, sin haberse subsanado la omisión del Ministerio Público. Desde CEJIL instamos a las autoridades judiciales a ejercer un adecuado control judicial respecto de las actuaciones del Ministerio Público, así como asegurarse el cumplimiento de sus propias decisiones. 

El proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres es una oportunidad indiscutible para avanzar en la lucha contra la impunidad en Honduras pero deben existir garantías suficientes que demuestren que este se ha llevado de manera diligente y con el propósito de dilucidar la responsabilidad de todas las personas involucradas, tanto autores materiales como intelectuales.

Lea acá la carta enviada al Tribunal de Sentencia: https://www.cejil.org/sites/default/files/2018_07_26_carta_a_tribunal_caso_bc.pdf

 

Elección de Fiscal General en Honduras presenta graves irregularidades: CEJIL

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han expresado su  preocupación ante la falta de transparencia y legitimidad en el proceso de elección y nombramiento de Fiscal General en Honduras, que culminó el pasado 30 de junio con la reelección de Óscar Chinchilla.

En primer lugar, hacen un llamado de atención sobre el hecho de que se escogiera a Chinchilla, pese a que no participó del concurso público, ni figuraba en la nómina presentada por el Congreso Nacional. Este procedimiento es contrario a lo estipulado en la Ley del Ministerio Público y la Constitución Política de la República, en donde se indica que el Fiscal General debe ser electo de una nómina de cinco candidatos que presente una Junta Proponente.

Además, entre las personas que decidieron sobre quién será la cabeza del Ministerio Público se encuentran miembros del Congreso Nacional que actualmente son investigados por actos de corrupción. Esto implica un claro conflicto de interés que debió ser revisado y corregido a tiempo, a fin de preservar la legitimidad del proceso.

CEJIL coincide con lo que sostiene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), al señalar que “la falta de observancia de la normativa constitucional y del principio de legalidad durante esta elección podría debilitar al Ministerio Público y a la institucionalidad nacional”. A esto se suma la falta de participación de sociedad civil en el proceso, lo que, tal como expresamos anteriormente, incumple con los estándares internacionales en la materia.

 Seguir adelante con este nombramiento a pesar de las irregularidades del proceso es un precedente preocupante para la independencia judicial y debilita la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad del país, dice el comunicado de CEJIL.

Tal como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “si no se  respetan  ciertos  parámetros  básicos,   el  régimen  de  selección  y  nombramiento  podría facilitar un alto grado de discrecionalidad por parte de las autoridades que participan en el proceso,  en  virtud  de  lo  cual,   las  personas  escogidas  no  serían,  necesariamente,  las  más idóneas”.

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Recuerdan que el rol de Fiscal General es fundamental “para el acceso a la justicia, la preservación del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad, y la defensa de los derechos humanos”. En este sentido, la persona elegida para este cargo debe demostrar un compromiso irrefutable con la investigación de violaciones de derechos humanos y la lucha contra la corrupción. 

Independientemente de la persona electa, recuerdan que el Estado de Honduras debe cumplir con su obligación de investigar de manera pronta y exhaustiva las violaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas cometidas en el marco de la crisis política y en contra de personas defensoras de derechos humanos.

Honduras debe respetar estándares internacionales en la elección de Fiscal General

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@creiterio.hn 

Tegucigalpa.-  El día de hoy, el Congreso Nacional tiene programado elegir al próximo Fiscal General entre cinco candidaturas presentadas por la Junta Proponente, además deberá elegir Fiscal adjunto. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se suman a los actores y organizaciones que han expresado su preocupación ante las deficiencias del proceso que se ha seguido para el nombramiento de estos cargos.

Por una parte, se desconoce cuáles fueron los criterios utilizados en este proceso para analizar las candidaturas y seleccionar la terna enviada al Congreso, esto es abiertamente contrario a los estándares internacionales. 

Adicionalmente, tal como sostiene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH – Honduras), en este proceso no se ha cumplido con los principios de publicidad y transparencia. Resulta preocupante que la sociedad civil no tenga una representación legítima en la Junta proponente debido a una normativa que ha sido cuestionada constitucionalmente. 

Otra irregularidad grave es la inminente participación de miembros del Congreso Nacional investigados por actos de corrupción en la selección de quien estaría al frente de investigarles. Este evidente conflicto de interés debe ser censurado.

 Recuerdan además que, según afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el rol de Fiscal General es vital “para el acceso a la justicia, la preservación del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad, y la defensa de los derechos humanos”. A raíz de lo anterior, un proceso   adecuado de nombramiento de la persona que encabezará el Ministerio Público “constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia”.

 Lamentablemente, como es usual en Honduras para este tipo de nombramientos, no hay garantías que la selección de quien liderará la Fiscalía General cumpla con estos objetivos.

 Ante este contexto, hicieron un llamado al Estado para que revise integralmente el proceso de selección, cuyo plazo se puede extender hasta finales de agosto, de manera de que éste cumpla con los más altos estándares internacionales interamericanos en la materia.

Entre ellos, resaltan:

Garantizar que la selección ocurra con base en méritos personales, capacidad profesional e idoneidad;

aplicar criterios objetivos de evaluación.

Dar a conocer de manera pública y transparente los requisitos y criterios de selección para permitir el escrutinio de los sectores sociales y permitir la participación amplia de la sociedad civil organizada.

Demandan, además, que los y las diputadas que enfrentan procesos por casos de corrupción se abstengan de participar en la selección del Fiscal General y Fiscal General adjunto.

Por último, destacan que la persona electa como titular del Ministerio Público debe demostrar un reconocido e indiscutible compromiso con la garantía de los derechos humanos, el combate contra la impunidad, y la lucha contra la corrupción en Honduras. Todas las personas que postulen sus nombres deben hacer público su compromiso con estos principios irrenunciables.

Quien encabece el Ministerio Público en el país debe hacerlo a la altura de las necesidades y desafíos que el país enfrenta. Si se quiere aportar a la construcción de un verdadero Estado de derecho, este proceso de elección se debe realizar libre de indebidas injerencias, manifesto CEJIL en un comunicado público.

Cejil también condena ataque del Estado de Honduras ante informe de Global Witness

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

La reacción virulenta del gobierno de Honduras ha suscitado  reacciones de múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel mundial.

Tegucigalpa.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en San José Costa Rica, se sumó este viernes a la condena con la que el Estado de Honduras ha reaccionado ante el informe de la ONG internacional Globla Witness.

Cejil lamenta que el gobierno de Honduras haya reaccionado al informe “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta”, de Global Witness, atacando el trabajo de la organización y el de varias otras.

Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de Cejil.

A continuación la postura de Cejil:

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) apoyamos el trabajo de la organización internacional Global Witness y condenamos la persecución y la campaña de desacreditación por parte del Gobierno hondureño, a la que está siendo sometida desde que publicara el pasado martes el informe “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta”. En este reporte, Global Witness denuncia los más de 120 asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente que han ocurrido en el país desde 2010, señalando como responsables, tras dos años de investigación, a “las élites ricas y poderosas del país, entre ellas algunos miembros de la clase política”.

Además, el día de ayer, Billy Kyte, delegado de la ONG internacional Global Witness, tuvo que ser asistido por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Silvia Lavagnoli, de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La representante de Naciones Unidas tuvo que escoltarlo tras comparecer en el programa de televisión Frente a Frente, para evitar posibles agresiones de la gente que lo esperaba fuera de la Corporación Televicentro. Ayer mismo, algunos funcionarios del Gobierno hicieron un llamado para que el Ministerio Público detuviera al señor Kyte por el contenido del citado informe.

La campaña de desprestigio incluyó ataques a integrantes de otras organizaciones como COPINH, CEPRODEH Y MILPAH, a quienes funcionarios públicos acusan de dañar la imagen del país.

Este tipo de hechos son preocupantes al aumentar el riesgo de las defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, al estigmatizar su trabajo. El Estado de Honduras debe reconocer el rol que juegan estas personas en la democracia y abstenerse de hacer comentarios estigmatizantes. Ante la contundencia del informe lo procedente es investigar de forma inmediata los hechos que se denuncian y no criminalizar a las personas que hacen dichas denuncias.

“La actitud del Gobierno es lamentable ya que sigue sin responsabilizarse por las muertes de los defensores y defensoras del medio ambiente que sufre el país año tras año y, lo que es peor, no hace nada para evitarlas”, afirma Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL. “Ayer fueron los once meses del asesinato de Berta Cáceres y, a casi un año de tan terrible asesinato, aún la familia no ha podido acceder a la investigación, ni se sabe quiénes están detrás de su muerte. Este informe demuestra nuevamente que la impunidad es la regla”.

A más de 30 años del convenio contra la tortura, situación de vulnerabilidad de privados de libertad aumenta en A. L

Por: Redacción CRITERIO

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Panamá.- A pesar de haber transcurrido más de 30 años desde la firma de las Convenciones Internacional e Interamericanas para prevenir y sancionar la tortura, aún subsisten importantes desafíos en la materia,  pero además se han incrementado prácticas institucionales que aumentan la situación de vulnerabilidad y la violencia contra las personas privadas de libertad.

Esta mañana se llevó a cabo la audiencia solicitada por la Red Euro Latinoamericana para la Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional (RELAPT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que se presentó el informe de la RELAPT que ha diagnosticado la situación de tortura, la violencia institucional y su impunidad en América Latina.

Los miembros de la RELAPT que expusieron en la audiencia Mariana Sheehan y Jennifer Wolf de la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina, Andrea Barrios del Colectivo Artesana de Guatemala, Marcia Aguiluz de CEJIL y Alejandro Gómez Jaramillo de la Universidad de Santo Tomás de Colombia. 

Las organizaciones han destacado cómo en el diagnóstico realizado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Uruguay y Paraguay y a pesar de haber transcurrido más de 30 años desde la firma de las Convenciones Internacional e Interamericanas para prevenir y sancionar la tortura, aún subsisten importantes desafíos en la materia,  pero además se han incrementado prácticas institucionales que aumentan la situación de vulnerabilidad y la violencia contra las personas privadas de libertad.

En los países analizados, en promedio un 51% de la población privada de libertad en cárceles carece de una sentencia condenatoria firme, cumpliendo años en encierro sin la certeza de su responsabilidad penal en los hechos que se les acusan.

Esto se agrava a raíz de una falta de infraestructura adecuada para alojar a un crecimiento explosivo de la población penitenciaria y la falta de una respuesta ágil y efectiva de los sistemas judiciales para tramitar, por ejemplo, peticiones de libertad condicional, entre otras incidencias.

El aislamiento es otro problema resaltado durante la audiencia: las personas privadas de libertad son enajenadas de cualquier principio de humanidad y puestas a la manifestación del poder que castiga. Tal es el caso de Argentina, en el que el 81.5% de 590 personas privadas de libertad encuestadas dijo haber sufrido aislamiento. 

Durante la audiencia el problema de las requisas en prisión fue expuesto como un mecanismo que si bien está comprendido en los reglamentos penitenciarios, lo hace desde la exigencia del respeto por los principios de dignidad e integridad personal. Sin embargo, en Paraguay, por ejemplo, se ha constatado que las requisas constituyen uno de los recursos de los que se valen los guardias penitenciarios para controlar disciplinariamente a la población y para obtener dinero. 

Por último las organizaciones subrayaron la preocupante situación de las muertes que se producen en la cárcel, pero sobre todo las muertes que la misma cárcel produce.

Es decir, acciones directamente imputables al Estado. Así es el caso de Brasil, donde en el primer semestre del año 2014 hubo 565 muertes en unidades de prisión de las cuales la mitad fueron violentas e intencionales. En Guatemala solo en el último año han muerto 150 personas de manera violenta dentro de los centros carcelarios.

Además de la violencia denunciada, la RELAPT expuso que las prácticas de tortura persisten en la mayoría de los países mediante el uso de la fuerza a través de agresiones físicas, las cachetadas, los golpes de puño, las patadas y los palazos, el uso de gas pimienta, borceguíes y duchas de agua fría, como modalidad de gestión y gobernabilidad del encierro por parte de las fuerzas de seguridad.

Lamentablemente no existe acceso efectivo a la justicia, ya que estos casos quedan invisibilizados y aquéllos que se logran presentar no tienen un tratamiento adecuado, quedando impunes. 

RELAPT y CEJIL solicitaron a la CIDH que manifestara públicamente su preocupación por la situación expuesta en el informe y durante la audiencia. También les pidieron que exhortaran a los países del continente que todavía no lo han hecho, a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, en su 30 aniversario, así como a cumplir con sus obligaciones internacionales para erradicar la tortura y la violencia institucional, sugiriendo acciones que permitan prevenir este tipo de prácticas y también creando sistemas de registros que permitan identificar la magnitud de la problemática, que incluya además los casos de tortura que llegan a estrados judiciales y que se fortalezcan los mecanismos de acceso a la justicia para acabar con la impunidad.