Estado de sitio en Honduras es un reflejo de la ilegalidad y el autoritarismo

Honduras arribó hoy a 115 días de un estado de excepción que ha provocado violaciones de derechos humanos y que no ha logrado reducir la curva de contagio de la Covid-19

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa. –En una nueva sesión legislativa virtual, el Congreso Nacional dio trámite a la extensión de la suspensión de garantías constitucionales aprobadas por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, medida que, a criterio de analistas y especialistas en derechos humanos, goza de vicios de nulidad e ilegalidad.

La decisión fue tomada bajo el argumento de enfrentar la propagación de la COVID-19 y fue materializada bajo Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 de fecha 15 de marzo de 2020 y publicada en el diario oficial La Gaceta el 16 de marzo de 2020, que decretó restringir a nivel nacional las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99, y 103 de la Constitución de la República. 

El experto en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, calificó la decisión como una ilegalidad, pues la misma violenta algunos requisitos que ya plantea el artículo 187 de la Constitución de República. “Para suspender las garantías constitucionales se deben reunir cuatro requisitos: los motivos por los que se suspende, los derechos restringidos, el territorio que afectará y el tiempo que durará que, de acuerdo con la Constitución, debe ser de 45 días. También se establece que en el plazo de 30 días se convoque al Congreso para que lo ratifique o impruebe, y vemos que el Congreso lo está haciendo fuera de lo que ya establece ese artículo”, explicó Mejía.

Para Mejía Rivera la forma en cómo lo han hecho es un reflejo de la ilegalidad permanente y el autoritarismo en el que la actual administración nacionalista maneja la institucionalidad y también la emergencia sanitaria. “La decisión viola la Constitución y muestra que quieren legalizar algo ilegal”.

Por otra parte, el abogado Antonio “Tony” García valoró la extensión aprobada por el Congreso Nacional y se detuvo en algunos artículos que se han incluido en el Decreto Ejecutivo, específicamente en el artículo 99 de la Constitución, el cual dice: “ El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”.

En ese sentido, García cree que este artículo no tiene nada que ver con el manejo coherente de la pandemia, por lo que valoró que es un abuso que busca violar los derechos humanos. “Nada tiene que ver el domicilio con la pandemia, no tendrían que ponerlo allí, pues con esa excusa perfectamente pueden entrar a su casa, eso es preocupante”, manifestó.

García se refirió también al artículo 103 de la Constitución que habla sobre la propiedad privada. “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley”.

“La suspensión del 103 tampoco tiene nada que ver con la pandemia, a esta gente se le está yendo la mano, una cosa es medidas por la pandemia y otra es violentar derechos humanos”, cuestionó García.

Para el profesional del derecho es necesario plantearse los motivos por los que se ha decidido suspender garantías constitucionales. “Uno se pregunta, por qué se van más allá de lo necesario para manejar la pandemia, pero no se entiende la razón por la que están yendo más allá, da para sospecha y responde a ese ambiente donde se violan los derechos humanos y que este gobierno es especialista en ello”, culminó García.

Confinamiento debe respetar los derechos humanos

Especialistas en salud pública consideran que Honduras necesita en este momento aplicar medidas más estrictas de confinamiento para iniciar un proceso de disminución de la curva de casos de la COVID-19. El especialista en salud pública y decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Valle, afirmó que si Honduras continúa con la aplicación de las mismas medidas la curva seguirá aumentando y con ello se reportarán más muertos y enfermos.

Valle dijo que hasta el momento el confinamiento, que lleva en vigencia más de tres meses, no ha sido el adecuado, tampoco ha tenido un manejo acertado y sigue sin lograr la cooperación de la gente, por lo que incitó a tomar medidas más fuertes.

Desde la perspectiva jurídica, especialistas afirman que un confinamiento con respeto a los derechos humanos es posible, pero para ello debe existir claridad en quienes están al frente de la institucionalidad y de la mano de ello también debe existir una voluntad clara al respeto de los derechos humanos.

“Hay ejemplos de otros países donde se manejan las crisis de forma integral, con gente capaz y con amplias capacidades, entonces en un confinamiento se deben respetar los derechos, asistir a la gente, y también garantizar asistencia y atención médica gratuita, pero para ello hay que manejar la crisis respetando todas las garantías de la gente y asumiendo roles responsables y no prepotentes”, consideró el experto en derechos humanos Joaquín Mejía Rivera.

Para Mejía Rivera un adecuado confinamiento parte del manejo integral de la crisis, el cual debe ser liderado por gente capacitada que conozca de salud pública, economía, derechos humanos, género y otros.

Por su parte la diputada, Doris Gutiérrez, se refirió al asunto y al papel que el Congreso Nacional ha jugado durante la emergencia sanitaria. La congresista cree que algunas decisiones como la de aprobar la extensión de la suspensión de las garantías constitucionales es producto de la dinámica tramitadora que ha jugado el Congreso con todo lo que el Poder Ejecutivo envía a ese poder del Estado. ”El Congreso es ahora un simple tramitador del Poder Ejecutivo”, dijo Gutiérrez.

“Sabemos que la emergencia se ha podido abordar desde otra perspectiva, pero depende de la situación que viva el país y algunos dicen que no es legal, pero toca abordar esto desde diversas ópticas, también hay que cuidar la vida de la gente y el Congreso debe dar otros pasos para asistir a la gente en este tiempo de pandemia”, consideró.

Gutiérrez manifestó que desde las bancadas de oposición han pedido a la junta directiva del Congreso que se cree una mesa de alto nivel de decisiones en las que se incluya a sectores capacitados y con credibilidad como el Colegio Médico.

Por ahora la suspensión de garantías queda vigente de forma indefinida, en un ambiente de violación a derechos humanos y de falta de acceso a la salud pública.

Durante el estado de excepción, en Honduras se han registrado varias violaciones a los derechos humanos, que van desde asesinatos de defensores del territorio, retenciones arbitrarias, agresiones a ciudadanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, despedidos, suspensiones y disminuciones salariales para los trabajadores.

Autoritarismo: Congreso de Honduras aprueba ley para obligar el uso de mascarillas

Por: Redaccion CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. Con posiciones confrontadas entre las bancadas oficialistas y opositoras, el Congreso Nacional aprobó en su sesión virtual de la maña de este jueves, la “Ley de uso obligatorio de mascarilla y aplicación de protocolos de bioseguridad”, que obligará a todo aquel hondureño que incumpla el uso de tapaboca a pagar una multa de 200 lempiras.

Lea además: Hernández advierte que policías y militares capturarán a quien salga sin mascarilla a las calles

Honduras se convierte en el primer país del continente americano en legislar para sancionar a las personas que no utilicen mascarillas o tapabocas para prevenir el contagio del Covid-19 y en establecer sanciones pecuniarias por este incumplimiento.

La iniciativa, que la semana pasada el titular del Poder Ejecutivo, Juan Hernández,  anunció que enviaría al Congreso, fue presentada por el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, siendo aprobada en su totalidad.

De acuerdo al artículo 6 de la nueva ley, “Las personas que no usen o se nieguen  a usar mascarillas o cubre bocas en los términos establecidos en esta ley se les aplicará una multa de 200 lempiras con la obligación de realizar trabajos comunitarios por seis horas, y por primera vez se le dotará una mascarilla por parte del gobierno a través de la persona que lo detenga”. 

Durante la discusión del dictamen, las bancadas opositoras criticaron fuertemente su contenido por considerarlo una medida autoritaria que implicará “la penalización de la pobreza”, sobre todo, para la personas con escasos recursos.

Precisamente, el mecanismo fue calificado como una “medida coercitiva”  por la congresista del Partido Innovación y Unificación Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, quien además expuso que el decreto que contiene el nuevo mandato penal no contempla la educación de la población en materia sanitaria que a su juicio sería más efectiva.  

Seguidamente, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, expuso que la nueva normativa legal fue diseñada dejando sin lugar la angustiante realidad económica de aquella población que no tiene como costearse los insumos sanitarios requeridos durante la etapa post pandemia.

Ampliando la argumentación expuesta por Cálix, el diputado del PINU-SD, Luis Redondo, reconoció a la comisión encargada del dictamen de la nueva ley por reducir el monto de la multa que abusivamente el Poder Ejecutivo había fijado en 300 lempiras.

No obstante, manifestó su inconformidad, puesto que “nosotros no estamos de acuerdo que se impongan sanciones ni detenciones que violenten el marco constitucional, ni tampoco de establecer penas sancionando durante el estado de emergencia”, expresó.

Por lo que “sancionar sería penalizar la pobreza e incrementar la situación de desigualdad social, provocando entre otras cosas discriminación”, sentenció Redondo.

De su parte del diputado del Partido Liberal (PL), Mauricio Villeda, dijo que aunque la medida tiene razón de ser “en ninguna manera puede imponer sanciones como la multa de 200 lempiras y el trabajo forzoso, que suena a dictadura”.

Tras las intervenciones de las bancadas opositoras, el diputado nacionalista, Mario Pérez, presidente de la comisión de la elaboración del dictamen, defendió la nueva disposición argumentando que no contiene ninguna implicación penal, ya que “es una sanción administrativa que no puede considerarse pena”, explicó. 

En este sentido, Pérez procedió a únicamente añadir algunas sugerencias que algunos legisladores como el diputado liberal Mario Segura y la congresista  nacionalista, Johana Bermúdez, recomendaron incorporar a la ley. Entre ellas, la orden de obligar a los patronos a que en sus empresas, suministren de mascarillas a su personal laboral. Asimismo, el promover una campaña por el uso de mascarilla. Igualmente, la sugerencia de exceptuar del uso obligatorio de mascarilla a personas que presenten algunas patologías que le impida usar el tapaboca.

Centroamérica (de nuevo) frente al abismo

 

Por: Javier San Vicente Maeztu

El 31 de agosto de 2018 fue un día turbulento para las muy precarias democracias centroamericanas. En horas de la mañana llegaba la noticia de la expulsión de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Nicaragua. El gobierno de Ortega, de forma exabrupta e intimidatoria, daba dos horas a dicha misión para salir del país, y apostaba efectivos policiales en los alrededores del hotel donde se encontraba. Unas horas más tarde, el Presidente de Guatemala Jimmy Morales realizaba una rueda de prensa rodeado de militares en la que manifestaba su decisión de proceder a la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, también vinculada a las Naciones Unidas. Aunque la decisión no se hará efectiva hasta septiembre de 2019, vehículos militares fueron desplegados de forma intimidatoria en las inmediaciones de la CICIG y de la Corte Constitucional del país. En horas posteriores se observaba un constante movimiento de vehículos militares por varias de las zonas más exclusivas de la capital guatemalteca.

Ambos incidentes, extremadamente graves, pusieron de manifiesto la volátil situación política y social en Centroamérica, así como el fortalecimiento del autoritarismo en la región. En el caso Nicaragüense, la expulsión se produjo unos días después de que la misión de la ONU presentase un durísimo informe sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas ciudadanas de los últimos meses. El informe habla de más de 300 personas fallecidas y 2,000 heridos. También señala como principal responsable de la situación al propio gobierno, y denuncia el “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión, así como la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el Gobierno”. El gobierno de Ortega abandonaba con la expulsión de la misión los últimos ademanes de colaboración con la comunidad internacional, para proseguir su violenta huida hacia delante.

En el caso guatemalteco se expulsaba a una CICIG que en los últimos años ha sacudido con fuerza el sistema político nacional. En 2015, la comisión llevó a juicio al entonces presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti, por un caso de corrupción aduanera. El presidente se vio forzado a dimitir y ambos fueron finalmente condenados. Con posterioridad, la CICIG presentó acusaciones contra diversos altos cargos del país, incluyendo a influyentes magistrados y al ex presidente Álvaro Colom. Las relaciones entre la CICIG y el gobierno de Jimmy Morales han sido muy tensas, habiendo llegado el presidente a declarar “non grato” al jefe de la misión, el colombiano Iván Velásquez. Dicha decisión fue posteriormente revertida por la Corte Constitucional. El autoritario Jimmy Morales perdió la paciencia tras la solicitud de la CICIG el pasado 10 de agosto de iniciar la apertura de antejuicio en su contra por un caso de financiamiento electoral ilícito. Tras un repliegue estratégico de unos días, el mandatario decidió expulsar a la misión de manera expedita el 31 de agosto. Según un reporte de la revista Insight Crime, días antes el presidente había realizado un viaje secreto a Estados Unidos, en el que podría haber buscado apoyos en Washington para su atrevido movimiento. Las declaraciones del Presidente durante la rueda de prensa del 31 de agosto, en las que aseguró que no acatará resoluciones judiciales ilegales, despertaron fuertes temores en la sociedad Guatemalteca, entre los que no se destaca la posibilidad de autogolpe.

cicig, ayuda o intervención

Los eventos ocurridos el 31 de agosto, ponen de manifiesto la profunda crisis de los sistemas democráticos centroamericanos. Los mismos se ven influidos por poderosas corrientes autoritarias y están atravesados por inextricables redes de corrupción, que han logrado cooptar sus instituciones en favor de los intereses de determinados grupos. En Nicaragua, la pareja presidencial formada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, han logrado transformar un partido de origen revolucionario como el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN en un auténtico negocio familiar. Durante este proceso, los antiguos revolucionarios realizaron alianzas con la empresa privada y la Iglesia Católica para garantizar su hegemonía y ampliar su clientela a la oligarquía local. Al mismo tiempo, construyeron un nuevo estado, identificado con el partido y con la pareja presidencial, cuyo carácter autoritario y controlador acabó llevándolos a cometer los terribles crímenes de los últimos meses. Por otro lado, en Guatemala la corrupción está profundamente ligada a un sistema político atomizado, en el que los partidos nacen y mueren con cada proceso electoral y cuya raíz corrupta no ha podido ser extirpada por la CICIG. Con la salida de Pérez Molina del poder en 2015, algunos sectores creyeron posible que se abriese un ciclo de regeneración democrática. Sin embargo, la elección como Presidente de Jimmy Morales cerraba esa puerta. Morales llegó a la política guatemalteca como un “outsider”, habiéndose desempeñado anteriormente como humorista televisivo (el programa que protagonizaba tenía un fuerte tufo conservador y el propio Morales representaba personajes con marcado carácter racista). Desde un primer momento se lo consideró un representante de sectores militares y ultraderechistas, con un largo historial de corrupción a sus espaldas. De esta forma, se cerraba la posibilidad de comenzar un proceso de regeneración nacional.

En Honduras la situación es también complicada. El autoritario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como un gobernante ilegitimo, por haber sido reelecto de manera ilegal y en un proceso electoral que fue calificado por la OEA como de baja calidad. Tras el golpe de estado de 2009, Honduras sufrió un proceso de descomposición de su sistema político y social, que lo llevó a convertirse en el país más violento del mundo en 2012, y en la principal ruta del narcotráfico, que hundió sus raíces con firmeza en el sistema político. La degradación del sistema se ha manifestado en eventos como las revueltas tras el (fraudulento) proceso electoral de 2017, que provocaron decenas de muertes. Tras estas protestas, el ya marcado carácter autoritario del régimen se vio intensificado. La violencia política campa a sus anchas en el país, donde casos como el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres van camino de terminar en la impunidad. El 31 de agosto también se produjeron acontecimientos dramáticos en Honduras, cuando se conoció que dos estudiantes de secundaria hallados ejecutados en Tegucigalpa habían sido detenidos horas antes por la policía. Ambos habían participado recientemente en protestas contra el gobierno. Por otra parte, y al igual que en Nicaragua y Guatemala, la problemática de corrupción e impunidad es generalizada en Honduras. En 2015, en respuesta a una serie de protestas en el país, se creó una misión similar (aunque algo descafeinada) a la CICIG, conocida como Misión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Hondura – MACCIH, dependiente de la Organización de Estados Americanos – OEA. Desde su creación, la MACCIH ha pasado por un tortuoso viaje, en el que ha tenido que enfrentar la oposición a su trabajo de los poderes públicos. La presentación de investigaciones que implican a altos funcionarios, incluyendo las familias del actual presidente y de su antecesor, han puesto en la mira del gobierno a la MACCIH, cuya estructura debe ser fortalecida para lograr resultados palpables. Sin embardo, la coyuntura actual en la región debilita su posición, especialmente tras la decisión tomada por Morales en Guatemala.

También se observan señales preocupantes en Costa Rica, un país que tradicionalmente se ha considerado la excepción en la región. El malestar se hizo patente este año, cuando un candidato de derecha dura, vinculado al evangelismo más recalcitrante paso a la segunda vuelta presidencial y casi se hace con el poder. Además, la masiva salida de nicaragüenses huyendo de la violencia y represión en su país ha provocado una oleada xenófoba en Costa Rica, que amenaza con quebrar el estatus quo de un país que aún se vanagloria de no tener fuerzas armadas.

En El Salvador el gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional FMLN hace frente a una fuerte crisis económica, al tiempo que el país se hunde en la violencia de las maras. A pesar de esto, y a diferencia de los casos anteriores, no se prevén tumultos políticos en los próximos meses, aunque parece inevitable la salida del FMLN, que actualmente está hundido en las encuestas.

Para rematar una crítica situación en la región, el contexto internacional no es muy favorable. Elementos como la crisis política permanente en Venezuela o el “factor Trump” no invitan al optimismo. La dramática situación política en Nicaragua es una seria advertencia sobre lo que podría ocurrir en otros países de la región. La crisis está en marcha y los próximos meses serán decisivos para el futuro de la región.

2017: el autoritarismo frente a la rebelión ciudadana

Por: Edgar Soriano Ortiz  

El año 2017 inició con un panorama de manipulación e imposición política con el camino del gobernante Juan Orlando Hernández como candidato en su proyecto continuista garantizado institucionalmente por sus afines en una clara violación a la constitución vigente en Honduras. La propaganda desmedida y el clientelismo mediático sumado a una agresiva política para desprestigiar a la oposición y mantener atendida con “bolsas solidarias” y raquíticas sumas de dinero a la población marginada se posesionó como recurso vital para darle continuidad al régimen del derechista partido Nacional. A continuación algunos puntos a considerar.

La protesta estudiantil y la maqueta  

En los últimos años se han experimentado  varios focos de protesta estudiantil y en la UNAH desde 2016 se profundizaron las contradicciones entre las asociaciones de estudiantes frente a la estructura de poder  encabezada por Julieta Castellanos. Las autoridades de la UNAH bajo la bandera de la “IV reforma” que en todo el proceso, coinciden la mayoría de analistas,  ha carecido de diálogo y consenso provocando una ola de protestas que paralizó la universidad por 3 meses y que el Estado junto a las autoridades comenzaron una serie de acciones de represión y criminalización. Finalmente Julieta Castellanos  desistió en prolongar nuevamente su puesto de rectora mientras en el Congreso Nacional se derogó el decreto que imposibilitaba una verdadera representación estudiantil en el consejo universitario. Las heridas están abiertas y para 2018 se espera la continuidad de las contradicciones mientras no haya un verdadero dialogo capaz de respetar las mínimas garantías democráticas en la principal casa de estudios de la nación. La pequeña maqueta de la universidad para  Honduras nos avisaba la tormenta que se avecina como parte del viejo autoritarismo imperante en la institucionalidad pero a la vez de la rebeldía acumulada.

El TSE y la fraudulencia:

El llamado a elecciones en un ambiente de cuestionamientos no escuchados por el régimen gobernante, negándose a aceptar reformas electorales más que la famosa “raya continua” para favorecer el ventajismo de su partido. Con un ambiente de fraude y con el despliegue millonario del régimen para mantener una costosa propaganda de miedo y la manipulación material de poblaciones marginada para someterlos a la votación a favor de JOH, además del control de 6 partidos pequeños que le propiciaron más 200 mil credenciales de mesa para garantizar manipulación en los centros electorales con sobornos para votos en “cascada” y una serie de anomalías que en Honduras todo mundo sabe. 

El 26 el primer síntoma de anomalías  fue no dar prórroga para que votaran muchas personas, posteriormente en horas de la noche el TSE dilataba con nerviosismo para no dar la tendencia con casi el 60 % de las actas escrutadas, pero ante las presiones de la OEA a la 1:45 a.m. del lunes 27 el resultado fue presentado con una ventaja de 117 mil votos a favor del candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura Salvador Nasrralla, los cálculos les fallaron ante la masiva votación en contra de la reelección. Lo que se vino a continuación fue un proceso lleno de anomalías con un TSE absolutamente al servicio de JOH  y que cambiaron la tendencia la que según los expertos era improbable. Sin duda este proceso al igual que el de 2013 estaba viciado con la complicidad de muchos actores con el afán de imposibilitar cambios en la política nacional.

La rebelión ciudadana y la represión:

Con una mayoritaria línea mediática al servicio de una institucionalidad corroída y  sumados los calificativos agresivos contra la oposición con el objetivo de legitimar lo que a todas luces es un gran fraude electoral en un claro irrespeto a la voluntad de la mayoría del electorado. Ante la ausencia de transparencia en el TSE y en un claro proceso para beneficiar el continuismos de JOH la población se lanzó a las protestas enfrentándose en las calles a los aparatos armados del Estado, con tomas de carreteras y acciones de lucha en todo el territorio. Ante la rebelión de la ciudadanía con conciencia sobre la fraudulencia el régimen suspendió por 10 días las garantías constitucionales iniciando una cacería de líderes y una represión militar que alertó a organizaciones internacionales de DDHH como Amnistía Internacional. Más de 30 personas han sido asesinadas, centenares de personas golpeadas, cientos de encarcelados son la huella de un conservadurismo montano y fundamentalista que argumenta el crimen en nombre de la “paz”. Las estrategias de contrainsurgencia está en marcha, amenaza con llevarnos lamentablemente a un tradicional fascismo periférico que constará dolor y enojo, esta colectividad no será detenida tan fácilmente por la brutal represión.

Un Estado desgastado y violento  frente a la legitimidad:

Con una elite empresarial coludida por sus privados intereses y con una superestructura fundamentalista, miedosa a mínimos cambios mantiene su plataforma mediática a través de periodistas tarifados, intelectuales de “derecha” a acostumbrados a culpar por todo a la izquierda. Es una especie de lógica donde el violador es la víctima, esta perversa argumentación que tiene orígenes históricos alimentados por la teatralidad mediática y una institucionalidad dada al engaño y los silencios.  Las lecciones de este proceso electoral lleno de ilegalidad y engaño es la reafirmación de una vetusta institucionalidad excluyente y controlada por reducidos grupos para beneficios corporativos que han llevado al 70% de la  población al empobrecimiento. Para lograr una mínima legitimidad en el imaginario de la mayoría ciudadana se necesita reformas y el combate a la impunidad, que solo pasaría con la salida de la presidencial de JOH y sus respectivos enjuiciamientos para dar lecciones a las elites políticas que no se puede saquear y asesinar sin recibir un merecido castigo. 

Finalmente, se termina el 2017 con ansiedad y un amplio sector poblacional que repudia a un régimen que en 8 años ha lesionados derechos y posibilidades de democratización institucional. Lo positivo en la actual trágica incertidumbre es la rebeldía ciudadana con un marcado empoderamiento territorial – con una juventud que poco a poco deja atrás la aceptación de conductas represivas de pasados siglos- que supera cualquier estratagema pensada por las dirigencias políticas y sociales. Será esta población en rebeldía la que trace el camino, o se somete a una dictadura cerril o asume el reto de derrocar la maldad instalada en toda su plenitud de soberbia fundamentalista…

Tegucigalpa, 30 de diciembre de 2017.