La Constituyente, entre conflictos palaciegos y alianzas oportunistas

Por. Tomas Andino Mencía

Tras haber superado temporalmente la crisis post electoral con un balance político a su favor (logro quedarse en el gobierno contra la voluntad de la mayoría) el régimen de JOH ha entrado en una etapa de incertidumbre en su gobierno que le impide la estabilidad necesaria para reconstruir el sistema político concentrador, excluyente y autoritario que labro durante los últimos 8 años.

Dicho sistema quedo severamente dañado después del levantamiento semi insurreccional del Pueblo en noviembre y diciembre pasados, cuando la estafa electoral fue descubierta y JOH fue reconocido por la inmensa mayoría del Pueblo como un dictador, debilitándose su liderazgo, no solo a nivel nacional, sino también dentro de su propio partido. De hecho, pocos gobiernos han iniciado su periodo con tan baja aceptación popular y con tan amplio desprestigio nacional e internacional, como el actual. Desde entonces, la débil credibilidad en los procesos electorales esta por el suelo, mientras que el enorme descontento social no se ha disipado, sino que solo ha sido contenido.

Tanto JOH como el imperio son conscientes que el actual equilibrio político, alcanzado a fuerza de balas y más de 40 asesinados, es fugaz y puede romperse en cualquier momento. Son varios los factores que lo amenazan, tanto desde fuera como desde dentro de su mismo gobierno.

Nubarrones en el contexto nacional e internacional

En el contexto nacional se acumula al corto plazo una bomba de tiempo económico-social a medida que el grupo de poder se ve obligado, para recuperar los costos de la reciente crisis política, a imponer medidas extremadamente impopulares, como los incrementos en la electricidad, el agua potable, los combustibles, las alzas de impuestos (vial, matrícula y otros municipales), y en los alimentos. Este factor bien podría encender de nuevo la chispa de una nueva crisis social, como lo muestran los eventos en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, donde hubo una rebelión quemando postas y edificios gubernamentales, y las protestas espontaneas por la imposición de los nuevos “contadores inteligentes” de la Empresa Energía Honduras.

En el mediano plazo, la economía y la política internacional tampoco son alentadores para el régimen. Algunos de estos factores prometen ser muy desestabilizadores, entre estos: la eliminación del TPS, con sus funestas consecuencias al mediano y largo plazo; la creciente devaluación de la moneda frente al dólar; los estragos que produce el desbalance comercial creciente a raíz del TLC; la dilapidación y drenaje de recursos públicos a causa de la corrupción sistémica; la tendencia general al alza de los precios del petróleo y de las materias primas importadas (en dólares) del exterior; además de la sangría de recursos que implica el pago de la deuda externa; la fuga de capitales y no inversión en las dimensiones que el régimen espera. Todo esto augura un futuro sombrío para una economía capitalista ineficiente, derrochadora y parasitaria, la cual pasara factura más temprano que tarde con una crisis fiscal.

Fisuras al interior del régimen

Pero los principales y más inmediatos problemas que tiene el régimen provienen de su interior. Varias fisuras se han abierto en el seno del partido de gobierno, principalmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que han ralentizado toda la administración pública. ¿Cómo se expresan esas fisuras? Se expresan en un enfrentamiento entre el grupo de fieles a JOH y la Embajada gringa, versus la alianza de la mayoría de diputados al Congreso Nacional con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se hacen representar por el Presidente del primer poder del Estado, Mauricio Oliva.

Ejemplos de ese conflicto son: 1) El recule del Congreso Nacional al derogar el Artículo 335B del Código Penal con el que JOH impuso una mordaza a los periodistas por denunciar actos de corrupción de funcionarios públicos, con lo cual Oliva quiere mejorar su deteriorada imagen pública; 2) la pretensión del Presidente del Congreso de instalar un dialogo paralelo al del Poder Ejecutivo para introducir en la agenda modificaciones a la Constitución; 3) la rebeldía de miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional afines a partidos aliados de JOH (como ARP y UD), quienes en señal de protesta han abandonado sus puestos en la directiva; y, 4) la insinuación en un Twitter de Mauricio Oliva, Presidente del Congreso Nacional, en el sentido de que el Congreso podría convocar a una Constituyente.

Pero los dos casos que más concentran el conflicto, son la pugna por impedir la presencia de la MACCIH en Honduras y la elección del nuevo Fiscal General del Estado, ya que estos organismos son los motores que pueden llevar a la cárcel o a la extradición a funcionarios o exfuncionarios públicos.

Como es sabido, el primer conflicto (gobierno versus MACCIH) tuvo un primer capítulo con la salida de su vocero, Juan Jiménez Mayor, no sin antes haber denunciado que Luis Almagro, Secretario General de la OEA, tiene un pacto de complicidad con el gobierno de JOH para protegerlo frente a las investigaciones que dicho organismo comenzó a hacer en el caso de corrupción del IHSS. Todo parece indicar que la misión de Juan Jiménez Mayor estaba circunscrita a revelar la corrupción únicamente de los diputados al Congreso Nacional, no del Poder Ejecutivo, pero aquel se extralimito, razón por la cual Almagro se vio obligado a cortarlo. Una vez sustituido por su actual vocero, la MACCIH ha retomado la línea de investigar a los diputados, dando lugar a una batalla, en la que estos últimos se proponen cuestionar la legalidad de la MACCIH en Honduras, y la existencia de su organismo técnico de investigación, la UFECIC.

La estrategia principal usada por este grupo de diputados corruptos, aliados con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha sido cuestionar la constitucionalidad de la labor de la MACCIH, para forzarla a salir del país. Sin embargo, nada refleja mejor la injerencia de los Estados Unidos a favor de este organismo, que la intervención directa de la Embajadora Fulton, quien personalmente se presentó a hacer el reclamo a la Corte Suprema de Justicia, forzándola a declarar la constitucionalidad de la presencia de la MACCIH, a fin de que esta continúe con sus investigaciones. Sin embargo, el asunto no termino ahí porque ahora resulta que el Decreto que otorga la constitucionalidad a ese organismo supranacional, contiene reformas escondidas que limitan su capacidad de procesar a los funcionarios públicos, tal como ha denunciado el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

En el caso de la elección del Ministerio Publico, la “guerra de candidatos y candidatas” se ha dado de tal manera que, mientras un sector de ONG financiado por agencias norteamericanas (ASJ, APJ, Transparencia-Honduras) trata de asegurar una candidatura potable para la Embajada Norteamericana, como es el caso del continuismo de Oscar Chichilla, el sector de diputados que se siente amenazado, parece interesado en contaminar la elección imponiendo a uno de sus incondicionales, y, en caso extremo, intervenir al Ministerio Publico desde el Congreso para castrar a este organismo. Este grupo tuvo un logro al hacer renunciar a Oscar Chinchilla a dicha candidatura, pero también varios de sus candidatos han sido denunciados por tener cuentas pendientes con la justicia, con lo cual el proceso de selección del Fiscal General se ha vuelto sumamente conflictivo y por momentos parece naufragar.

¿Cuál es el fondo de estos conflictos?

Estos conflictos son una consecuencia de la política internacional norteamericana de utilizar el tema de la corrupción como un instrumento de chantaje político, siendo selectivo con sus blancos, como quedó evidenciado en las razones de la salida de Jiménez Mayor.

Para nadie es un secreto que, desde el Poder Ejecutivo durante el gobierno del Partido Nacional, se han cometido gravísimos actos de corrupción en el país, como el tronado caso del IHSS, el INJUPEM, el INPREMA, por mencionar algunos. Tan profundo ha sido este saqueo de los fondos públicos, que la función principal de los últimos dos gobiernos ha sido y sigue siendo devorar los presupuestos de instituciones enteras a favor de mafias y grupos delincuenciales, tanto políticos como empresariales, entronizados con ocasión del Golpe de Estado de 2009, en los cuales tienen acciones los mismos gobernantes y sus allegados más cercanos. Las dimensiones de este saqueo rebasan lo que en el pasado haya conocido Honduras, por lo que, en lugar de hablar de gobiernos, deberíamos hablar de organizaciones criminales gubernamentales.

Esto le ha dado a la Embajada de Estados Unidos una oportunidad de oro que no desaprovecha para utilizar esa característica del gobierno de JOH, como instrumento de presión política para domesticarlo al extremo. En realidad, no hace esto solo en Honduras, es una política del imperio que lleva a cabo en toda América Latina y tal vez el caso que más lo refleja es el seguimiento que le da el sistema de justicia gringo al caso Odebrecht, en el cual se han embarrado la mayoría de gobernantes latinoamericanos. Así justifica la intervención en los sistemas judiciales de estos países a través de Comisiones como la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras, con las cuales echa abajo gobiernos (caso de Guatemala) o los condiciona (caso de Honduras) para imponer medidas que en otras condiciones no podría hacerlo. La hipocresía del imperio en el caso de Honduras se revela en el hecho de que desde el Golpe de Estado ayudo a colocar a esos hiper corruptos en el poder que ahora está sancionando.

Esto ocurre porque el imperio no cuenta con la cúpula del Partido Nacional entre sus peones de confianza. En especial no le perdona a JOH que, al inicio de su gobierno, coqueteara un breve tiempo con Lula, los rusos y los chinos, y que hicieran mas caso al crimen organizado que a la Embajada gringa, contando para ello con el Congreso Nacional como cómplice. Si JOH fue apoyado en la crisis política recién pasada fue porque la Embajada de Estados Unidos no tenía una mejor alternativa con posibilidades reales de hacerse del gobierno (una alternativa que, por supuesto, no fuera LIBRE) por lo que, en sus cálculos, habría sido inoportuno provocar su salida en medio del alzamiento semi insurreccional del Pueblo.

Para mantenerlo bajo control, desde hace cuatro años le viene destapando sus sucios negocios y lo obliga a entregar a sus compinches narcotraficantes y corruptos, comenzando por sus colaboradores y financiadores. Mientras haga eso obedientemente, JOH no será tocado y hasta será apoyado. Es por eso que hace algunos años hemos visto desfilar por los tribunales de New York a narcotraficantes vinculados a políticos, empresarios y banqueros que sirvieron al gobierno de Pepe Lobo y JOH. También han desfilado connotadas figuras del Partido Nacional (Callejas) y sus aliados políticos (Rosenthal) incluyendo a sus familiares más cercanos (hijos, hermanos). Lo mismo ha ocurrido en los tribunales de Honduras, como es el caso de funcionarios del sistema de justicia que ahora purgan prisión o están procesados como Teodoro Bonilla y Rigoberto Cuellar, entre otros.

Pero hasta ahora la influencia imperial ha tocado preferentemente los círculos del Poder Ejecutivo y Judicial, y ahora parece enfilarse hacia otro poder del Estado, el legislativo, igualmente corrupto. Para ello utiliza al mismo JOH y al Poder Judicial domesticados. Como consecuencia, JOH se ha metido a serios problemas con su propio grupo de cercanos por obedecer los mandatos de la Embajada, pues sus correligionarios se sienten amenazados ante la eventualidad de ser entregados a una Fiscalía General independiente en Honduras, o a la justicia norteamericana, por su involucramiento con el crimen organizado y la corrupción. Particular pánico le tienen al proceso acusatorio que desde la MACCIH se promueve en contra la “Red de diputados”, cuyo número alcanza a unos 140 legisladores de los tres últimos periodos, involucrados en actos de corrupción por el desvío de fondos originalmente destinados para proyectos sociales. Nunca se les olvida que uno de los primeros mencionados en ese caso, es precisamente el Presidente del Congreso, Mauricio Oliva. Esta es la razón por la que el Congreso mantiene engavetada el Proyecto de Ley de Colaboración Eficaz, promovido por la Embajada.

Este proceso es impulsado teniendo como su principal instrumento a la MACCIH y, eventualmente, un Ministerio Público al servicio de la agenda norteamericana. Que no están bromeando, lo demuestra el procesamiento que hicieran del primer grupo de cinco diputados corruptos y, más recientemente, el procesamiento de parte de la UFESIC a dos directivos del Congreso Nacional, Tomas Zambrano y Román Villeda Aguilar, por los cargos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y delito contra la forma de gobierno, en el sonado caso de las reformas a la Ley del Presupuesto aprobadas el 18 de enero, tendentes a encubrir los actos de corrupción de los funcionarios públicos. Otra muestra de que hablan en serio es el encarcelamiento de Rosa Elena Bonilla, esposa del ex Presidente Porfirio Lobo Sosa, el cual pese a sus amenazas de “cantar” en los juzgados, no pudo evitar que su “Rosita” este tras las rejas.

En los próximos días este proceso promete ponerse más caliente tomando en cuenta que el Congreso de Estados Unidos acaba de solicitar al Departamento de Defensa la entrega de la lista de los funcionarios corruptos de Guatemala, Honduras y El Salvador, para aplicarles la Ley Magnitsky y así congelarles cuentas y negarles visa entre otras medidas. Por tanto, este tema se pondrá al rojo vivo en el corto plazo.

Lo que no se sabe a ciencia cierta, pero es razonable sospecharlo, es si el objetivo de la Embajada con ese asunto se limita al largo plazo solo a los funcionarios cachurecos, o si tiene también la pretensión de alcanzar a miembros de la oposición, incluido el circulo de afectos de Manuel Zelaya o a el mismo. Recuérdese que recientemente tanto Mel Zelaya como Rixi Moncada fueron acusados por el Tribunal Superior de Cuentas, controlado por JOH, de haber hecho gastos ilícitos. De hecho, a Mel le tienen embargada su casa y penden muchos procesos a líderes de su partido. Como aun esta por dilucidarse si son ciertas o no esas acusaciones, es un buen indicador a favor de Mel y Rixi que estos han dado muestras de no evadir someterse a la justicia presentando sus pruebas.

Quienes hoy se alegran por lo que hace la MACCIH contra la cúpula cachureca, deberían considerar que este proceso bien podría continuar después envolviendo a miembros de la oposición política, que tengan cuentas pendientes con la justicia o que, sin tenerlas, se las fabriquen. Ese curso es muy probable, en especial en el caso de Mel y de diputados de LIBRE, porque así los gringos podrían sacarlos del juego y quedarse con la Alianza de Nasralla y Luis Zelaya, un dúo mucho más potable para sus intereses de cara a las próximas elecciones. De la misma manera estos procesos pueden ser utilizados para afectar a líderes gremiales, sociales, etc. que estorben a la agenda norteamericana.

Por lo anterior, no hay nada mejor que luchar por que Honduras cuente con un sistema de justicia, eso sí, probo y realmente imparcial, que no dependa de las maquinaciones imperiales.

¿Rumbo a una constituyente?

En ese contexto, en los meses de abril y mayo, se han sucedido una serie de hechos que levantan serias sospechas en el sentido de que se fragua una alianza entre al menos un sector del Partido LIBRE y el grupo dominante de diputados del Congreso Nacional para generar reformas a la Constitución mediante una Asamblea Constituyente. Veamos de qué hechos hablamos.

1) En un twitter del 12 de abril Mauricio Oliva dijo; “Creo que es hora de preguntarnos si debemos o no hacer una profunda reforma a la Constitución. ¿Se necesitará que un grupo de ciudadanos elabore una propuesta? ¡O autorizar al Congreso redactar una propuesta y llevarla a referéndum?”. (El País, 12 de abril 2018)

Hay varias maneras de reformar una Constitución. Una de estas es mediante el procedimiento legislativo donde una reforma se aprueba en una legislatura por mayoría calificada y luego se ratifica en la siguiente legislatura. La otra ruta es mediante una Asamblea Constituyente, que cambie los artículos que su texto tiene por inmodificables por el primer procedimiento (“pétreos”). Oliva no dejo claro de cuál de los dos procedimientos estaba hablando.

2) Ese mismo día el diputado Jorge Cálix, felicito públicamente a Mauricio Oliva por apoyar la idea de la propuesta de la Constituyente, que ha sido propuesta por LIBRE hace varios años. (El País, 12 de abril 2018)

3) Once días después (23 de mayo) sorpresivamente el diputado de LIBRE, Fabricio Sandoval, presento un Proyecto de Decreto tendente a que se consulte al Pueblo sobre si está de acuerdo en convocar a una Constituyente. (Diario Tiempo, 23 mayo 2018)

4) Contrario a lo que normalmente hace la oligarquía en un caso como este (negarles la palabra, vilipendiarlos, y si se descuidan procesarlos) la directiva del Congreso actuó de una forma tan abierta y complaciente, que permitió que la Comisión de dictamen fuera presidida por Jorge Cálix, destacado líder de LIBRE.

5) El mismo día que fue presentado dicho proyecto, el ex Presidente Manuel Zelaya expreso en un Twitter “… me hubiera gustado conocer el decreto y discutirlo antes de someterlo a la cámara legislativa”, dando a entender que no sabía de la iniciativa (Once Noticias, 23 de mayo, 2018)

6) Después, en un dialogo público establecido por mi persona con el diputado Fabricio Sandoval por Facebook, le consulté sobre el objetivo de la propuesta, que temas trataría, porque fue apoyada por el Partido Nacional y si eso significaba que hay un acuerdo político tras bambalinas. El compañero confirmó que la propuesta era para la convocatoria a una Asamblea Constituyente Originaria, pero se negó a responder la pregunta sobre los temas que trataría y si era parte de un acuerdo político con el Partido Nacional. Pese a mi insistencia, el diputado no lo confirmó, pero tampoco lo negó.

Que LIBRE proponga una Constituyente no es algo negativo, sino todo lo contrario. Lo que levanta sospecha es la forma tan poco transparente en que se hace y el apoyo inédito del partido de gobierno a esa iniciativa.

Entonces hay tres posibilidades:

1) Todo es una casualidad, lo que descarto.

2) Hay un acuerdo fraguado entre algunos diputados de LIBRE y Mel no se dio cuenta; y, 
3) hay un acuerdo y Mel es artífice del mismo, pero no lo reconoce públicamente.

Mala espina produce que dicho proyecto no haya sido previamente consultado ni con el pueblo en resistencia, ni siquiera al interior de LIBRE..

Dándole al líder de LIBRE el beneficio de la duda (que no se enteraba) ¿qué se traen entre manos los diputados de su partido con los diputados del Partido Nacional?

Nadie ha aclarado para que quieren convocar a una Asamblea Constituyente, pero en Honduras todos nos conocemos. Es sabido que un fuerte interés de Manuel Zelaya y sus seguidores es legalizar la reelección para que pueda postularse al próximo proceso electoral. De hecho, Mel viene preparando su camino desde la crisis post electoral, radicalizando su discurso y confrontándose con Salvador Nasralla, hasta lograr que este abandonara la Alianza, con lo cual el camino le queda despejado. Nasralla por su parte puso todo a favor de ese resultado con sus vaivenes políticos, sus incoherencias y sus coqueteos con el dialogo convocado por JOH. De esa forma, Mel lo ha desplazado y se ha convertido en el líder más destacado de la oposición.

Si ese fuera su objetivo no habría nada reprochable en la iniciativa, porque LIBRE está en su derecho de desearlo y ha planteado correctamente que esa reforma a la Constitución solo podría darse en el marco de una constituyente o de un Referéndum.

Sin embargo, los afectos a LIBRE saben que no tiene los votos necesarios para hacer aprobar en el Congreso la idea de una Constituyente y por tanto necesita aliados para ello. El problema entonces no es lo que propone sino con quienes se están aliando para lograr ese propósito.

¿Por qué es problema? Porque del lado de los diputados corruptos del Partido Nacional, su interés es trastocar la legislación constitucional para que sus fechorías queden impunes. En ese sentido, esta coincidencia política inconfesa, es preocupante y por eso no puedo calificarla más que de oportunista.

Es lamentable que el tema de la Constituyente, que fue abrasado con tanto fervor por el Pueblo en Resistencia como una alternativa democrática al Golpe de Estado, fuera abandonado durante tanto tiempo, para atender las necesidades electorales inmediatistas, y que ahora se le utilice como moneda de cambio, metiéndolo por la puerta de atrás. Esa propuesta más parece una desesperada medida política del liderazgo (total o parcial) de LIBRE, que una jugada calculada con buen tino pues si las cosas salen mal un remedo de «constituyente» podría terminar siendo un salvavidas a los corruptos del país.

¿Alianzas con «los de allá» o «los de acá”?

Cabe preguntarse ¿Hasta dónde piensa llegar este sector de LIBRE en su alianza con este sector del Partido Nacional en el Congreso Nacional? NO lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nada bueno cabe esperar de este sector de la oligarquía, ni con el gobierno de JOH ilegitimo e ilegal. Eso solo lo fortalece y prolonga su sobrevivencia hasta las próximas elecciones, cuando terminarán dándonos más de lo mismo. Lo que empieza mal termina mal.

No hay ninguna garantía de que los cachurecos no arreglaran sus desavenencias, con la asesoría del Tío Sam, y lo más probable es que dejaran “vestido y alborotado” a su ingenuo aliado. A estas alturas debería ser una lección aprendida que las contradicciones entre los miembros de la cúpula cachureca son secundarias y que su principal contradicción es contra nosotros, el Pueblo.

LIBRE no tiene condiciones en el Congreso Nacional para hacer aprobar nada que no convenga a los intereses del Partido Nacional, porque con el fraude este se aseguró mayoría absoluta. Para cualquiera con dos dedos de frente, es más probable que los diputados corruptos quieran convertir al Congreso en “constituyente” o que promuevan un referéndum a su conveniencia, a que quieran ceder a una Constituyente Originaria como el Pueblo la quiere.

Si de verdad la cúpula de LIBRE estuviera interesada a encaminarse hacia una Asamblea Constituyente Originaria, como pregona, los llamados a la movilización tendrían como objetivo real desestabilizar al régimen; ya que de un régimen ilegitimo como este, no puede surgir una solución democrática. Esta solo puede surgir del pueblo movilizado.

Si LIBRE quisiera lo que el Pueblo realmente quiere, abogaría por una alianza, no con los corruptos sino con la “Honduras de acá”, es decir, con las comunidades que luchan contra la minería y las represas, los estudiantes universitarios que luchan contra las imposiciones en la UNAH, con los trabajadores que están descontentos por el alto costo de la vida y los bajos salarios; es decir, con el Pueblo explotado y oprimido.

Y en cuanto a los métodos de lucha, no debería convocar tanto a manifestaciones únicamente, que a estas alturas no causan ninguna mella al gobierno de JOH, sino que organizaría acciones de presión en la calle, unificadas a nivel nacional, como en noviembre y diciembre, que afecten la economía de la burguesía. Se debería apoyar en los llamados “Comandos Insurreccionales” que prometió activar en febrero de este año y luego en abril, siguiendo el ejemplo de lo que hacen los compañeros de la Alianza en Choluteca, Choloma, El Progreso, entre otras ciudades, solo que con un mayor nivel de organización.

En suma, debería hacer una alianza para LUCHAR, no para prestarse a quien sabe que maniobras de los diputados del enemigo, echando a perder la oportunidad histórica de impulsar la lucha por la Constituyente desde el Pueblo mismo.(Foto de portada de Radio Progreso)

Por el retorno a la legalidad constitucional y a la libertad

Por: País Insurrecto

Una dictadura ensombrece a Honduras. No hay otro modo de calificar a quienes usurpan el poder soberano y usan al Estado como negocio y para negocios, sin la mayoría de la sociedad y más bien contra ella. Luego de un largo período de “democracia tutelada”, convertida tras el golpe de Estado de 2009 en “democracia autoritaria”, la extrema derecha, con el respaldo del gobierno estadounidense, a partir de las elecciones inútiles de noviembre de 2017 nos convirtieron en país sometido a un régimen indecente, violador de la aspiración y voluntad populares.

La marca cachureca

Vivir en dictadura es existir con el alma en vilo. Sufre la dignidad porque dejó de imperar el Estado de Derecho y se impuso el estado de los fuertes. Vivir en dictadura es vivir bajo la apariencia del Estado constitucional, pero en verdad con seudo instituciones al servicio de la discrecionalidad del dictador. Una reducida camarilla de políticos asociados al régimen, en alianza estrecha con cierta élite empresarial oligárquica, consiguió apoderarse de todos los hilos administrativos, legales, militares y policiales del Estado hondureño para lucrarse y corromper sin límite a la sociedad.

Quien ejecuta esto es usualmente un conjunto pequeño de pícaros con suma audacia gerencial, que paso a paso va tomando las escalas diversas del poder hasta hacerlas suyas. Cuando el pueblo menos acuerda ya son dueños de los sistemas, los métodos, los diálogos y los protocolos con que se emiten las leyes, se aprueban los impuestos, se elige funcionarios y se forjan políticas que en vez de favorecer a la población le otorgan a empresas extractivistas internacionales lo mejor de la riqueza hidráulica, minera e incluso intelectual de la nación a cambio de baratos juegos de impuestos y tasas que jamás lograrán desarrollar la república.

Mientras que los procedimientos tradicionales de dominio son de asociaciones o conjuntos, la dictadura es unipersonal. Un fulano o individuo logra acaparar consigo las potencias absolutas del Estado y nada se mueve, construye o decontruye sin la expresión de su voluntad. Ello requiere mucha inteligencia, desde luego, pero igual suma maldad, y la biografía del pueblo se edifica con la primera, no la segunda.

Ninguna tiranía es eterna, empero, y su caída es más próxima cuanto mayor es la voluntad comunitaria para resistirla. Así que los gritos de ¡fuera JOH!, que voluminosamente se escuchan en Honduras e incluso el exterior, deben ser considerados no como simples protestas sino como la constante y permanente reacción digna de un pueblo que resiste ser dominado y humillado, que está dispuesto ––no importa el tiempo que requiera–– a transformar esa dolorosa experiencia en mal recuerdo del pasado, en pesadilla y jamás en aceptación. La Honduras insurrecta tiene dignidad.

La marca del imperio

Lo que esta dictadura ha destruido es la constitucionalidad, a la que vició y burló y a la que pervirtieron y prostituyeron en conjunto el ejecutivo, el legislativo, la sala constitucional y el Ministerio Público, es decir los entes representativos del Estado democrático clásico. Apoyaron su rotura real y simbólica las fuerzas armadas, más todo un complejo estamento al que es largo enlistar pero que comprende a la empresa privada, organismos regionales complacientes e interesados en que en Honduras nada cambie y siga indemne el statu quo, la comunidad europea, aún no desligada de pretéritos complejos racistas e imperiales; y sobre todo el mando hegemónicoque es Estados Unidos, lo cual no es de extrañar ya que al dar su respaldo a la ignominia en Honduras el comportamiento del imperio sigue el mismo patrón aplicado en Egipto, en Bangladesh, en Vietnam, hoy en Afganistán, Siria. Pero es inútil, ningún ejército ha sido jamás, nunca, capaz de doblegar la dignidad de los pueblos.

Retrato de la dictadura

Es una estructura o régimen caracterizado por distorsionar y burlar el pacto que unánimemente aceptaron los pueblos en su Constitución y que es un contrato histórico entre gobernantes y gobernados. Estos, mediante tal acuerdo, prometen obedecer las leyes y mandatos gubernativos en tanto se les administre bien, pero con derecho a rebeldía e insurrección inmediatas si el mandatario obra mal.

Para subvertir tal acuerdo el sátrapa o tirano comienza por adueñarse de los tres estamentos institucionales: ejecutivo, legislativo y judicial, poniendo a la cabeza de ellos, con maniobras abusivas, a cómplices. Luego seduce y soborna a las fuerzas armadas y entes represivos, de modo que al instante requerido le sirvan para apuntalar el delictuoso régimen, no importa si gaseando, garroteando o matando, entre tales minucias no ocurre distinción. El dinero corre como río, se invierte a profundidad en el silencio de los medios de comunicación y todo acontece entre fértiles ambientes de secretividad: nadie sabe nada de lo confidencial, todo recurso jurídico choca con un sistema que ha sido blindado para que sea inexpugnable ante cualquier fuerza o poder que no esté bajo control de una dictadura que ha logrado perfeccionar la maldad de sus perversos círculos de dominación.

Grito unánime por el retorno a la constitucionalidad

Con las dictaduras todo conduce a lo peor y debilitarlas hasta erradicarlas es condición básica para que avancemos hacia un escenario de retorno al Estado de Derecho y la democracia. Solamente en democracia podremos ponernos de acuerdo sobre un nuevo modelo económico, social y cultural que nos conduzca hacia el futuro de una sociedad pluralista, con iguales oportunidades y en donde toda su gente corre por igual los mismos riesgos. Para avanzar hacia esa sociedad soñada necesitamos sacudirnos de la actual imposición tiránica, y para ello hemos de convocar y articular todos los esfuerzos y energías de todas las fuerzas sociales, culturales, políticas y organizativas que creemos en las transformaciones en democracia y en el Estado plenamente jurídico. Dejar de unirnos es ceguera cómplice. Optar por ello significaría seguir la abusiva pauta neoliberal que posiciona al comercio, al dinero y al lucro como sostenes de un gobierno ofensivo para la humanidad.

Es urgente convertir en reclamo nacional la vuelta a la constitucionalidad democrática. No podemos construir nación si no es fundamentada en modernos principios de convivencia, administración, cultura, economía y política comunes, lo que implica visiones actualizadas, incluso audaces,de la República. Si el Estado no sirve para conseguir el progreso social y el bienestar de la ciudadanía, ¿qué otro propósito puede tener sino egoísta y vulnerable?

Esos lemas deben ser, por tanto, ¡retorno a lo constitucional!, ¡por una genuina asamblea constituyente!––convocada por el pueblo, no por los usurpadores–– y ¡abajo el pensamiento autoritario, verticalista y dictatorial!

A las democracias se las edifica en horizontalidad ciudadana o se las destruye.

¡País insurrecto!

Abril, 2018

 Ismael Moreno, Sj Darío Euraque, Víctor Meza, Helen Umaña, Rodolfo Pastor Fasquelle, Eduardo Bähr, Patricia Murillo, Wilfredo Méndez, Hugo Noé Pino, Efraín Díaz Arrivillaga,  Mauricio Torres Molinero,  Ramón Enrique Barrios, Leticia Salomón, Marvin Barahona,  Joaquín Mejía, Rafael Del Cid, Mario Ardón Mejía, Rafael Delgado, Julio Escoto

Pleno del CN acepta eliminar los subsidios a los diputados propietarios y suplentes

Por: redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. En la sesión ordinaria de ayer jueves 12 de abril, el pleno del Congreso Nacional eliminó los subsidios para los diputados propietarios y suplentes de todas las bancadas, sin excepción.

La diputada Doris Gutiérrez, del Partido Innovación e Unidad (PINU),  pidió se elimine el subsidio que reciben los diputados de las distintas bancadas del Congreso Nacional tal como lo había manifestado a Criterio.hn el pasado 5 de abril del presente año.

La diputada expresó: “Si bien es cierto que tenemos solicitudes de ayuda de las comunidades, este subsidio no se ha manejado de manera transparente, no se han hecho las liquidaciones del caso y esto ha dado lugar a tener muchas críticas fundamentadas”.

Esto –continuó diciendo la parlamentaria-, en el sentido que muchos diputados lo han usado para motivos personales, para viajes o para otro tipo de situaciones para los cuales no fue creado.

Nota relacionada https://criterio.hn/2018/04/05/doris-gutierrez-solicitara-la-derogacion-de-los-subsidios-destinados-a-los-diputados/

El subsidio era a discreción del presidente del Poder Legislativo, a unos les daban más, a otros no les daban, a otros les daban menos y esto podría servir para otro tipo de cosas como medida de presión -señaló.

La moción fue aceptada casi por unanimidad por los diputados presentes en la cámara legislativa.

“Nosotros no negamos que hemos recibido subsidios, pero hemos hecho rendición de cuentas públicas, de hecho, el próximo 20 voy a informar sobre los dos subsidios que recibimos los dos diputados del PINU de aquí de Francisco Morazán”, dijo Doris Gutiérrez.

La parlamentaria del Pinu finalizó diciendo: “Después del subsidio cada diputado tiene que ayudar de su sueldo a la gente”.

Empleados de Diario Tiempo emplazan a titulares de los tres poderes del Estado para que les paguen sus prestaciones

Para blindarse de cualquier acción legal de parte de los trabajadores y de las autoridades de Tributación del país, Carlos Rosenthal quemó la sala de máquinas del edificio de Diario Tiempo con la documentación real de los ingresos financieros de esta empresa.

Diario Tiempo jamás figuró en la lista de empresas designadas por las autoridades de EE.UU y nunca fue intervenida por las autoridades de Honduras.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – Los exempleados del desaparecido Diario Tiempo en carta enviada a los titulares de los tres poderes del Estado reclaman el pago de sus prestaciones tras casi tres años del cierre del medio de comunicación.

A causa del entrampamiento del caso provocado por los jueces de los tribunales de justicia, los exempleados exigen el pago de sus prestaciones laborales a través de esa demanda y han visto como muchos de sus compañeros han sufrido problemas de salud, como ataques cardíacos, parálisis faciales y de extremidades.

Además, en medio de esta situación, falleció un compañero que padecía cáncer por no haber sido atendido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entidad que le suspendió el servicio en vista de que la familia Rosenthal no transfirió las cuotas que nos descontaba a los empleados.

En la carta lo exempleados señalan que los hondureños deben saber que la familia Rosenthal cerró voluntariamente Diario Tiempo para evadir el pago de las prestaciones laborales de todas las personas que trabajamos durante años en esa empresa y que Diario Tiempo jamás figuró en la lista de empresas designadas por las autoridades de Estados Unidos y nunca fue intervenida por las autoridades de Honduras.

Carta Pública Exempleados de Diario Tiempo

San Pedro Sula, 9 de abril de 2018

Sr. Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia

Sr. Juan Orlando Hernández, presidente de la República

Sr. Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional

Sociedad hondureña

Señores representantes de los tres poderes del Estado y sociedad hondureña nos dirigimos a ustedes mediante esta carta pública para expresarles nuestra preocupación por la dramática demora que ha tomado en los juzgados laborales de San Pedro Sula una demanda colectiva interpuesta por más de 200 trabajadores del desaparecido Diario Tiempo contra los propietarios, los señores Jaime Rosenthal, presidente de Grupo Continental, y Carlos Rosenthal, gerente de Diario Tiempo, y la razón social Editorial Honduras S.A.

Los exempleados de Diario Tiempo, que fuimos víctimas de violaciones a nuestros derechos laborales por parte de la familia Rosenthal, le exigimos a las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia que realicen una investigación inmediata de este caso y exhorten a los jueces a ser imparciales, pues éstos están actuando de manera sesgada para favorecer a la familia Rosenthal.

A causa del entrampamiento del caso provocado por los jueces, exempleados, que exigimos el pago de las prestaciones laborales a través de esa demanda, hemos visto como muchos compañeros han sufrido problemas de salud, como ataques cardíacos, parálisis faciales y de extremidades. Además, en medio de esta situación, falleció un compañero que padecía cáncer por no haber sido atendido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entidad que le suspendió el servicio en vista de que la familia Rosenthal no transfirió las cuotas que nos descontaba a los empleados.

Mientras el Estado de Honduras nos niega la justicia, a través de los jueces, la familia Ronsethal, para ejercer más presión, anunció una pre-demanda contra el Estado de Honduras por casi mil millones de dólares (18,000 millones de lempiras) arguyendo que el Estado le causó daños a la empresa Inversiones Continental Panamá.

Un abogado de esta familia, en medios de comunicación de todo el país, quiso hacer creer a la población que no es la familia Rosenthal la que reclama, sino el holding de empresas en Panamá, pero el 98% de este conglomerado empresarial pertenece a esta familia y en cuya acta de constitución del Registro Mercantil de Panamá aparece hasta Miriam de Rosenthal, esposa del magnate Jaime Rosenthal.

Los hondureños saben perfectamente que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a miembros de la familia Rosenthal como “Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros para Narcóticos (Kingpin Act)” y a varias de sus empresas, entre ellas Inversiones Continental Panamá, por lavado de dinero sucio procedente del narco. Esto lo dicen documentos de entidades de Estados Unidos y nos es invento nuestro.

Joon H. Kim, el fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, confirmó en un comunicado el 15 de diciembre de 2017 “que Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo fue condenado a 36 meses de prisión por participar en transacciones monetarias en propiedades derivadas de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Rosenthal se declaró culpable el 26 de julio de 2017 ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos John G. Koeltl, quien impuso la sentencia. Durante el curso del esquema de lavado de dinero, Rosenthal fue un congresista hondureño entre 2010 y 2014, y un candidato a la presidencia de Honduras entre 2012 y 2013”. Su primo hermano Yankel Antonio, también recibió condena en el distrito sur de Nueva York por los mismos delitos. Mientras, Don Jaime, evadió la extradición mediante artilugios legales al reactivarle un juicio en Honduras, del cual goza de medidas distintas a la prisión.

Los exempleados de Diario Tiempo consideramos que la familia Ronsethal actúa de manera hipócrita y desvergonzada, porque, pese a que la justicia de Estados Unidos encontró culpable a Yani Rosenthal, pretende demandar al Estado de Honduras y por otro lado, se niega a pagarnos prestaciones laborales (equivalentes a un pelo de la fortuna que amasa) y, más allá de eso, busca repetir viejas prácticas en detrimento de la independencia del Poder Judicial.

Al presidente Juan Orlando Hernández, por ser el titular del Poder Ejecutivo y la figura representativa del Estado de Honduras, le pedimos que agote las instancias que le permite la ley para que nuestro caso no quede en la impunidad.

A todos los hondureños, independientemente del partido político al cual pertenezcan, los invitamos a informarse en las fuentes oficiales de la justicia de Estados Unidos (como https://www.justice.gov y /www.treasury.gov) para que puedan tener una opinión objetiva, sin fanatismo, y contar con un concepto claro de nuestro problema.

Los hondureños deben saber que la familia Rosenthal cerró voluntariamente Diario Tiempo para evadir el pago de las prestaciones laborales de todas las personas que trabajamos durante años en esa empresa.

Los hondureños deben saber que Diario Tiempo (Editorial Honduras) jamás figuró en la lista de empresas designadas por las autoridades de Estados Unidos y nunca fue intervenida por las autoridades de Honduras.

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ANTECEDENTES

El 7 de octubre de 2015, la “Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la designación de tres empresarios hondureños y siete negocios como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros para Narcóticos (Kingpin Act) por desempeñar un papel importante en el narcotráfico internacional. Jaime Rolando Rosenthal Oliva; junto con su hijo, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo; y su sobrino, Yankel Antonio Rosenthal Coello, proporcionan lavado de dinero y otros servicios que apoyan las actividades internacionales de narcotráfico de múltiples narcotraficantes centroamericanos y sus organizaciones delictivas”

Según el comunicado del Departamento del Tesoro, la acción de la OFAC se dirigió contra “siete negocios clave de la familia Rosenthal, incluyendo su principal holding panameño, Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V., conocido como Grupo Continental. Grupo Continental es la compañía matriz de un conglomerado de negocios en Honduras que participan en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, construcción, turismo y medios. Anunciado hoy junto con Grupo Continental se encuentra su brazo agrícola, Empacadora Continental S.A de C.V. (ahora conocido como Alimentos Continental), y dos de sus componentes financieros clave, Inversiones Continental, S.A. (por ejemplo, Grupo Financiero Continental) y el banco hondureño, Banco Continental S.A., con sede en San Pedro Sula, Honduras”.

De acuerdo con la acusación de la OFAC, las empresas que formaron parte de la estructura de lavado de activos, utilizada por la familia Rosenthal, son BANCO CONTINENTAL, S.A.,  DESLAND OVERSEAS, LTD,  EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V. ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V,  INVERCIONES CONTINENTAL, U.S.A., CORP,  INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V. (HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.; «GRUPO CONTINENTAL»,  INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V,  PREYDEN INVESTMENTS, LTD,  SHELIMAR INVESTMENTS, LTD,  SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS II, INC, SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS III, INC.

Tras la designación de la OFAC y captura de Yankel Rosenthal, la tarde del 6 de octubre de 2015 en un aeropuerto de Miami, Florida, el señor Carlos Rosenthal dejó de pagar los salarios a los empleados de Diario Tiempo aduciendo insolvencia y el 27 de octubre suspendió la circulación del periódico. Ese día, la familia Rosenthal publicó en portada un editorial, con fondo negro y con el título “Hasta pronto, Honduras”, en el cual explicó que “Tiempo, el Diario de Honduras, se ve en la dolorosa situación de suspender temporalmente su entrega diaria al público que, generosamente por 45 años nos ha favorecido con atención y su lealtad a nuestra labor informativa y de opinión.

Carlos Rosenthal quemó la sala de máquinas del edificio de Diario Tiempo

con la documentación real de los ingresos financieros de esta empresa.

Días más tarde, el señor Carlos Rosenthal y sus empleados de confianza vaciaron las oficinas de Diario Tiempo, es decir, retiraron todos los muebles de oficina, incluidas camas que tenía el señor Ronsethal en su interior para su uso personal, y dejaron el edificio vacío y al mismo tiempo en completo abandono a los empleados.

Para blindarse de cualquier acción legal de parte de los trabajadores y de las autoridades de Tributación del país, Carlos Rosenthal quemó la sala de máquinas del edificio de Diario Tiempo con la documentación real de los ingresos financieros de esta empresa. También cambió de propietario unos 20 vehículos de lujo que ingresaron al país como carros para uso de medios de comunicación con las exoneraciones fiscales que tienen las empresas de comunicación en Honduras.

El Ministerio Público y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) deben investigar el abuso en el aprovechamiento de estas exoneraciones.

En esos días, pese a que no teníamos jefes que les dieran órdenes y no recibir salario, además de las condiciones insalubres por falta de agua, los empleados asistíamos a trabajar durante octubre, noviembre y diciembre. Esta situación de abandono la conocieron las autoridades del Ministerio del Trabajo, entre ellos el señor ministro Carlos Madero, quien llegó a Diario Tiempo a constatar la situación, y también todos los hondureños por medio de denuncias realizadas por todos los medios de comunicación.

En diciembre, luego de haber agotado todos los recursos legales y con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo, el señor Carlos Rosenthal, como gerente de Diario Tiempo (Editorial Honduras), recibió el despido indirecto a favor de los empleados. En enero de 2016, los empleados presentaron una demanda laboral contra la familia Rosenthal para reclamar el pago de sus derechos violentados por estas personas en el cierre intempestivo del medio de comunicación.

Luego de 28 meses (dos años y tres meses) el juicio laboral no ha superado la primera instancia judicial debido a las constantes dilatorias presentadas ante el juzgado por unos cinco abogados de esa familia, cuya misión es retrasar y que se engavete el proceso, y permisibilidad de los jueces.

Inicialmente el representante legal de los trabajadores tuvo que probar que los Rosenthal son los representantes legales de Diario Tiempo, ya que esta familia nombró en cargos de junta directiva a sus empleados de confianza (jardineros, guardaespaldas y secretarias) con el único fin de evadir sus responsabilidades civiles, mercantiles y sobre todo laborales.

Cuando finalmente la jueza (ya despedida de su cargo por razones que desconocemos) decidió citar a Jaime Rosenthal y a Carlos Rosenthal como responsables de Diario Tiempo y Grupo Continental, estos en una jugada maliciosa más tratan de dilatar el proceso argumentando mediante apelaciones que desconocen los hechos que motivaron la demanda de los trabajadores.

Los miembros de esta familia se niegan a comparecer argumentando que no eran miembros de la junta directiva de la empresa, negando su participación accionaria, pero su mentira se descubre sola ya que aún mantienen vigente la edición electrónica de este medio de comunicación como tiempodigital.hn que ha sido operado desde su canal 11 y desde el centro comercial Novaprisa.

Los exempleados de Diario tiempo han estado viviendo tiempos de lipidia han manifestado en varias ocasiones cuando han realizado plantones reclamando sus derechos

Estas acciones han alargado en el juzgado laboral (primera instancia) un juicio que de acuerdo a las leyes laborales debería estar con sentencia firme. No nos explicamos como un juez permite tantas trabas dilatorias en este juicio.

El próximo jueves 12 de abril la Corte de Apelaciones de san Pedro Sula deberá resolver una apelación presentada por los abogados de los Rosenthal, quienes se niegan a comparecer a declarar. Esta acción entorpecerá la audiencia que está programada para el 25 de abril, fecha en que Jaime Rosenthal y Carlos Rosenthal deben comparecer.

Los extrabajadores de Diario Tiempo, los únicos afectados con el cierre de esta empresa, solicitamos a los presidentes de los tres poderes del Estado, en especial la Corte Suprema de Justicia, celeridad en la resolución de este caso y el país mande un mensaje positivo al mundo de que aquí se respetan los derechos de los trabajadores.

Mesa de derechos humanos condena protección a policías violadores por parte del Poder Judicial

Solicitan a las distintas embajadas y organismos internacionales, con presencia en nuestro país, que tienen en su mandato de nación el respeto irrestricto de los derechos humanos, su solidaridad activa por la vigencia de estos principios universales.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- La Mesa de Derechos Humanos ha reaccionado ante la negligente aplicación de justicia en el caso de los policías que torturaron a cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en septiembre de 2017, incluso rociandoles gas pimienta en sus rostros.

La mesa condena la actitud de la Jueza Gabriela Cristina Gallo, cuyas actuaciones fueron cargadas de contenido de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas, incluso mostrando acciones de discriminación durante la audiencia y piden a  la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que proceda contra la jueza Gabriela Cristina Gallo y que no siga conociendo de la causa. Que vele por la independencia judicial y el no sometimiento a ningún poder fáctico.

Reunida la Mesa de Derechos Humanos para analizar el caso de los defensores y defensoras de derechos humanos víctimas de varios delitos por parte de la Policía Nacional de Honduras, después de las valoraciones de rigor, expresa:

  1. Condenamos la actitud de la Jueza Gabriela Cristina Gallo, cuyas actuaciones fueron cargadas de contenido de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas, incluso mostrando acciones de discriminación durante la audiencia.
  2. Reprochamos el papel del Ministerio Público por cuanto el Fiscal durante la audiencia no tuvo la diligencia correspondiente, lo que pone en peligro la sanción que corresponde a los agresores, pues el rango del cargo o los grupos a que estos representan no deben ser motivo de intimidación ante la justicia.
  3. Rechazamos de la Secretaría de Seguridad las acciones de protección en favor de los policías encausados en detrimento de las sanciones que corresponden y del juicio mismo, pues al premiarles con mejores puestos mandan un mal mensaje a los mismos integrantes de la policía alejándoles más de su misión.

Por lo anterior demandamos:

1) A la Corte Suprema de Justicia proceda contra la jueza Gabriela Cristina Gallo y que no siga conociendo de la causa. Que vele por la independencia judicial y el no sometimiento a ningún poder fáctico.

2) Al Ministerio Público revisar su accionar en razón de asumir con propiedad este asunto que impacta en la vida del Estado hondureño por sus implicaciones y repercusiones.

3) A la Secretaría de seguridad que suspenda toda acción de privilegio, protección e injerencia en favor de los policías procesados, pues va en contra de todo el sistema de justicia.

4) Solicitamos a las distintas embajadas y organismos internacionales, con presencia en nuestro país, que tienen en su mandato de nación el respeto irrestricto de los derechos humanos, su solidaridad activa por la vigencia de estos principios universales.

5) Al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras, a mantenerse vigilante y tomar acciones en este emblemático caso que afecta al mundo de los derechos humanos.

6) Al Relator de la Comisión Interamericana sobre defensoras y defensores de derechos humanos tomar nota de esta comunicación y desarrollar las acciones de urgencia que precisan.

7) Al Relator para Honduras de la Comisión Interamericana, como yo lo hemos pedido en las audiencias pasada de la CIDH, que en su visita de este mes de abril, conozca en terreno de este caso para las medidas que correspondan.

MESA DE DERECHOS HUMANOS.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 7 días del mes de marzo del 2018.

Cc: Magistrado Presidente Rolando Argueta, Corte Suprema de Justicia.

Cc: Jueza Gabriela Cristina Gallo. Juzgado de Letras de lo Penal. Tegucigalpa.

Cc: Abogado Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República.

Cc: Abogada Soraya Morales, Fiscalía Especial de Derechos Humanos.

Cc: General Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Seguridad en los Despachos de Seguridad.

Cc: Comisionado General José David Aguilar Morán, Director Policía Nacional.

Cc: María Soledad Pazo, Representante Residente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Cc: Comisionado Francisco Eguiguiren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

Cc: Comisionado Joel Hernández, Relator para Honduras. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Gobierno de JOH está enviando armas y dinero a gente civil en el sector norte del país: Salvador Nasralla

Zelaya reiteró que, “el que está en esta lucha y tiene miedo de morirse que mejor se vaya para su casa a chinear sus chiguincitos y su mujercita”.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- El candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, denunció este día martes que por órdenes del presidente Juan Hernández se está enviando armas y dinero a personas civiles en el sector norte de Honduras.

Nasralla dijo que Juan Hernández, es el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras y con instrucciones de él, se están enviando armas, municiones y dinero a los departamentos de Colón, Atlántida y los municipios donde la lucha es más férrea.

“Están armando grupos paramilitares”, dijo Nasralla, “Producto de esta acciones fue la muerte del joven Wilmer Paredes en la comunidad de Esparta en el departamento de Atlántida”.

Por su parte el coordinador de la Alianza, Manuel Zelaya, hizo un llamado a mantenerse vigilantes de estas acciones que también podría ser parte de una campaña para meterle miedo al pueblo para que no salga a manifestarse.

Zelaya dijo que el pueblo debe organizarse en cada departamento, cada municipio, aldea, barrio y caserío y vigilar quienes son los que participan en cada manifestación y filmarlos y tomarles fotos y haciendo uso de un derecho que brinda la Constitución hay que capturarlos y entregarlos a las autoridades.

Zelaya reiteró que, “el que está en esta lucha y tiene miedo de morirse que mejor se vaya para su casa a chinear sus chiguincitos y su mujercita”.

Vea el vídeo…