Suspensión de Honduras ante EITI dejará a extractivismo al libre albedrío

La razón principal de que se esté suspendiendo al país es porque no cumplió el principio de abrir espacios efectivos y suficientes para una participación de la ciudadanía en temas de concesiones, sino que, por el contrario, lo que ha hecho el Estado es declarar secretos los procesos para consecionamientos mineros

Por: Leonardo Aguilar

El Progreso, Yoro.- Lo que extraen las compañías mineras en Honduras no contará con aval internacional, por lo que, según expertos, las trasnacionales mineras serán vistas como asaltantes que tienen las manos manchadas de sangre, esto después que esta semana Honduras fuera suspendida por 18 meses de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI), porque el Estado hondureño no progresó lo suficiente en la evaluación sobre la participación de la sociedad civil.

Se recomendó a la institución del Gobierno que regula las concesiones mineras, que es Inhgeomin, que mejore la divulgación de información en lo referente a la concesión de licencias, asimismo se instó a mejorar la transparencia en los datos sobre la explotación y los beneficios sociales que dejan estos proyectos.

Muchos sectores están preocupados porque con la suspensión de Honduras de la EITI las compañías mineras actuarán a su arbitrio en temas económicos y de impacto ambiental, en otras palabras, difícilmente serán fiscalizadas en cuanto al pago de impuestos que están obligados a hacer por las estratosféricas ganancias que les deja la explotación de los bosques hondureños.

Además, en temas de economía de Estado es un revés para el Gobierno. Así lo considera el economista Julio Raudales, quien piensa que la suspensión de Honduras por 18 meses de la EITI hará más difícil que los inversionistas que están interesados en esta industria se acerquen al país.

Para algunos pobladores que defienden los territorios la suspensión de la EITI no significa mucho, argumentando que este ha sido un mecanismo perverso porque no ejerce una función real sobre las compañías mineras. Por ejemplo, argumentan que no tiene incidencia en la defensa de la vida.

Octavio Sánchez

“Por eso nosotros nunca fuimos partícipes de la EITI, porque son mecanismos perversos que se inventa el Banco Mundial y las Naciones Unidas para legitimar la violación de derechos humanos, solo están para fiscalizar asuntos de impuestos, pero nunca para cuestionar si alguien ha muerto en el contexto de luchas, ni tampoco se preguntan si se contaminan los ríos”, dijo a Criterio.hn Octavio Sánchez, miembro de la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (Conroa).

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Entre las preocupaciones durante el proceso para suspender a Honduras de la EITI, salió a relucir la aprobación del nuevo Código Penal que atenta contra la defensa territorial que puedan hacer los indígenas y pueblos originarios. Por lo que se pidió al Gobierno que garantice que los procesos para instalación de proyectos extractivos se hagan sin ningún tipo de imposición, para evitar represalias en contra de ambientalistas.

Pero el ambientalista y catedrático universitario Juan Mejía asegura que la EITI es una iniciativa internacional de cara a fomentar y garantizar lo que ellos llaman “la práctica de la minería sostenible”, es decir, garantizar que el oro, plata y demás metales que se extraen en diversos países lleven como un sello de que no son contaminantes, destructores, que no son asaltantes de territorios, sino que mantienen buenas relaciones con las personas. Significando todo esto que los proyectos no alteren el ambiente ni afecte a las personas.

“Con ese sello de la EITI los productos extraídos tienen, como quien dice, las puertas abiertas. Es un mecanismo internacional avalado por grandes instituciones internacionales. No disponer de ese aval significa para las transnacionales mineras un problema, es como estar extrayendo en Honduras los diamantes con sangre allá en África. Entonces acá el oro y la plata están manchadas con la sangre de la gente. Por lo tanto, estas transnacionales son vistas como manchadas con sangre de la gente inocente”, dice Mejía.

Para Pedro Landa, experto en derecho ambiental, la noticia de la suspensión de Honduras de la EITI refleja en parte la situación que se está viviendo en Honduras, porque, sin duda alguna, la razón principal de que se esté suspendiendo al país es porque no cumplió el principio de abrir espacios efectivos y suficientes para una participación de la ciudadanía en temas de concesiones, sino que, por el contrario, lo que ha hecho el Estado es declarar como secretos los procesos para concesionamientos mineros.

Pedro Landa

“Honduras ha desconocido la eficacia de los cabildos abiertos en donde se han expresado las negativas a muchos de estos proyectos. En otros casos también, cuando estamos hablando de los pueblos indígenas se ha negado la consulta y conocimiento libre, previo e informado, entonces todos estos son elementos que fueron tomados en cuenta, en la fase preparatoria, para la resolución”, agrega Landa, quien es parte del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús (SJ).

Landa cuenta que la EITI comenzó haciendo consultas con organizaciones sociales, con el Estado mismo, con diversas organizaciones, incluidos expertos y además conversó con algunos de los ciudadanos de las zonas interesadas en el tema, en la mayoría de los casos se pudo evidenciar que existe una nula participación de la ciudadanía, que se vio reflejada, primero, en el rechazo a estos proyectos, y segundo, se pudo mostrar el ejemplo de Guapinol, en Tocoa, Colón, zona norte de Honduras.

“La suspensión de Honduras de la EITI tiene un impacto con los proyectos que ya están aprobados y con los proyectos que están en proceso de aprobación. Porque poniéndonos de lado de los inversionistas, la situación no luce bien, porque el régimen de Juan Hernández ha vendido que el país es parte de la EITI, y ahora resulta que no. Entonces, los inversionistas ponen mucho cuidado en continuar con estos procesos de inversión. De repente esto puede significar una paralización o una reorientación de esos fondos de las grandes empresas transnacionales”, concluyó el ambientalista.

En cuanto a temas de transparencia, Vladimir Mendoza, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), dijo a un medio capitalino que esto afectará también en materia de transparencia por lo que urgió a que urgentemente se integren organismos de sociedad civil para que cree la necesidad a estas empresas mineras a ser transparentes en el manejo de los proyectos.