Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras (FITH), Armando Villatoro, no descarta que al terminar la pandemia del Covid 19 surja una enorme cantidad de demandas laborales derivadas del despido de trabajadores y de las suspensiones indefinidas de contratos de trabajo, autorizadas por el Ministro del Trabajo, Carlos Madero.
El 15 de marzo pasado, el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en Consejo de Ministros, aprobó mediante el decreto PCM -021-2020 restringir garantías constitucionales y suspender labores en el sector público y privado mientras dure la emergencia del Covid 19. La disposición fue aprovechada por muchos empresarios, que para no pagarles el salario a sus trabajadores solicitaron la suspensión de contratos de trabajo establecida en la ley.
Su petición la basaron en el inciso segundo del artículo 100 del Código del Trabajo, que se refiere a la fuerza mayor. El artículo 111, numeral 8 de esta Ley Laboral, señala que la suspensión por fuerza mayor no puede sobrepasar de 120 días.
Sin embargo, el 16 de julio, previo a la finalización del plazo de la primera suspensión iniciada el 16 de marzo, el Ministro Madero, amplió las suspensiones sin que el Congreso Nacional haya emitido una reforma de la legislación laboral vigente. En su momento Madero dijo, que la suspensión era necesaria porque el país se centraba en la fase más fuerte de la pandemia y que solo podía controlarse si los hondureños continuaban quedándose en sus casas.
Ante tal situación, Villatoro dice que hay violación de la ley y que “tendrán que venir muchas demandas para ver cómo se recuperan los salarios de los trabajadores”. Y sostuvo que esos reclamos no solo serán para las empresas que continuaron la suspensión labores a partir del 16 de julio sino que desde marzo, cuando inició la pandemia.
A la fecha, cifras oficiales indican que 200 mil trabajadores están suspendidos de sus puestos de trabajo, 300 mil según la dirigencia obrera, situación que de acuerdo con Villatoro los llevará a realizar una revisión de las solicitudes presentadas en el Ministerio el Trabajo, donde seguramente encontrarán que muchas fueron mal planteadas.
Según Villatoro, en este momento los trabajadores están en indefensión porque la Secretaría del Trabajo se encuentra cerrada y provocando problemas a los obreros que han sido despedidos sin poder realizar acciones del trámite administrativo, necesario para el reclamo de prestaciones laborales.
Los derechos laborales prescriben a los sesenta días y ante esa situación, Villatoro le pide al Ministro del Trabajo que no vaya a aplicar la figura de la prescripción, porque muchos obreros que fueron despedidos entre marzo y julio que no pudieron hacer trámites administrativos porque las oficinas han permanecido cerradas.
Informó, que hace dos semanas la empresa maquiladora, Delta Honduras despidió a 400 trabajadores que no han podido realizar los trámites administrativos ante el Ministerio del Trabajo, que es el ente garante de los derechos laborales.
