Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Por segunda ocasión consecutiva en los juzgados de Tela, en Atlántida, Honduras, se ha reprogramado la audiencia preliminar que debe desarrollarse contra 12 luchadores sociales de las comunidades de Pajuiles organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
La primera vez que se pospuso la audiencia se debió a la no asistencia de los representantes de la empresa Hidrocep y los representantes de las instituciones del Estado y ayer se reprogramó debido al fallecimiento de un pariente de la jueza que conoce la causa.
Este proceso de criminalización data del año 2017 cuando nuestros compañeros fueron engañados por la policía nacional al solicitarles su tarjeta de identidad con la excusa que debían llenar un reporte para sus superiores donde indicaban que le brindaban seguridad al campamento digno por la defensa del agua y la vida, pero posteriormente ese listado fue utilizado para criminalizarlos y mantenerlos bajo medidas sustitutivas a la prisión hasta el día de hoy, esto ha causado perjuicio económico y en la salud de nuestros compañeros debido a que la mayoría son personas de la tercera y cuarta edad.
Por este caso el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia inició junto a varias organizaciones nacionales e internacionales una campaña mediática que llamamos «La criminalización del sombrero» en honor a nuestros compañeros campesinos que hoy siguen siendo afectados por las instituciones del Estado para favorecer a una empresa del modelo extractivo.
Las y los pobladores de Pajuiles suman casi mil días continuos en la lucha por cuidar el río y la Sierra Nombre de Dios que es fuente de vida para más de 20 comunidades en esta zona del país, mientras tanto el empresario sigue gozando de la impunidad que le da como beneficio el servil actuar de la justicia hondureña.
