La intervención militar en los centros penitenciarios comenzó el 26 de junio de 2023, días después de la tragedia ocurrida en el PNFAS el 20 de junio, en la que perdieron la vida 46 internas
Tegucigalpa, Honduras. – La militarización en los centros penales ha quedado en duda después que, en menos de una semana, se reportaran el supuesto suicidio de un interno y dos fugas en la Penitenciaria Nacional, ubicada en Támara, Francisco Morazán.
El incidente más reciente ocurrió el sábado 18 de mayo por la tarde, cuando se informó que Eduardo José Matute, un privado de 24 años, presuntamente se había envenenado. Al día siguiente, los familiares reclamaron el cuerpo y mencionaron que las autoridades expresaron que investigarán el caso.
Tres días antes, las autoridades del mismo centro penitenciario habían confirmado la fuga de dos internos. Según José Coello, vocero de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), los hombres aprovecharon un apagón para escapar y evitar ser detectados.
Durante el conteo nocturno en el módulo “Casa Blanca” del penal, se descubrió la ausencia de dos reclusos: Gandi Espinal Raudales y Frederick Madrid Montoya. Según Coello, los hoy prófugos rompieron los barrotes y escalaron una muralla para llegar a la «zona muerta» del penal.
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12 MUERTES EN PENITENCIARÍAS TRAS MILITARIZACIÓN
Es importante señalar que la muerte mencionada anteriormente no es la única que ha ocurrido bajo la supervisión militar en los centros penitenciarios.
Desde el 23 de junio, cuando se aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-28-2023 que implementa esta medida, se han reportado 12 muertes.
La última ocurrida el pasado sábado, sería la número 12 en los distintos centros penitenciarios de Honduras, según el registro del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (Conaprev), cifra que coincide con el del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT).
Entre estas muertes se incluye la del joven Isaí Jonathan Núñez Cruz, ocurrida el 17 de julio de 2023 en la UMEP#1, conocida como «Core 7», mientras estaba en prisión preventiva, pero las autoridades declararon esta muerte como un suicidio.
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Al respecto, Rihanna Ferrera, presidenta de la organización Cozumel Trans, expresó que días antes de la fuga ya se habían reportado problemas de energía en una cárcel hondureña, sin embargo expresó que estos no son justificantes para que se haya podido realizar una fuga.
Además, cuestionó la clasificación oficial de un deceso como suicidio, argumentando que es poco probable dado que los reclusos no preparan su propia comida, por lo que esto implicaría que otra persona debió estar involucrada en la muerte del interno.
En este sentido, Ferrera urgió al Ministerio Público (MP), a proporcionar una explicación detallada y transparente, enfatizando que la entrega del cuerpo no es suficiente, “es necesario realizar investigaciones exhaustivas sobre las muertes en las cárceles, como las ocurridas en la cárcel de mujeres el año pasado, ya que la judicialización de los responsables directos no revela la verdad completa detrás de los incidentes”, expresó la defensora.
Finalmente, señaló que a pesar que la intervención militar en las prisiones está a punto de cumplir un año, los resultados han sido lentos, ya que los problemas de violencia, muertes y hacinamiento persisten, mientras que las autoridades parecen dar prioridad a otras acciones, como la compra de camiones, entre otras.
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MUERTES EN PENITENCIARIAS UNA CONSTANTE EN HONDURAS
Las cárceles de Honduras han sido testigos de una serie de eventos trágicos a lo largo de los años, marcados por la violencia y las muertes de privados de libertad.
Si se hace un recuento de las tragedias se recuerda el 5 de abril de 2003, un enfrentamiento en la cárcel de El Porvenir, Atlántida, terminó con la vida de 66 personas.
En mayo de 2004, un incendio en el penal de San Pedro Sula resultó en la muerte de 107 reclusos y dejó otros 25 lesionados. Este fue uno de los incendios más mortales en la historia penitenciaria de Honduras, y puso de manifiesto las condiciones peligrosas en las que se encontraban los internos.
Un motín en enero de 2006 en la penitenciaría de Támara causó 13 muertes, seguido por una reyerta en 2008 en la misma cárcel que dejó 18 muertos. Estos sucesos continuaron mostrando la volatilidad y la falta de control dentro de las instalaciones.
En 2011, un enfrentamiento en la cárcel de San Pedro Sula cobró 9 vidas. Y en marzo de 2012, un motín seguido de un incendio en la misma cárcel resultó en 13 muertes adicionales.
El 14 de febrero de 2012, un incendio en la cárcel de Comayagua cobró la vida de 360 reclusos, lo que representa una de las peores tragedias en la historia reciente del país, este incidente provocó una conmoción nacional e internacional.
El 20 de diciembre de 2019, una reyerta en el penal de Tela resultó en 20 muertos. Solo tres días después, un enfrentamiento entre la mara MS y la pandilla 18 en El Porvenir dejó un saldo de 19 muertos. Estos enfrentamientos entre grupos rivales resaltaron la presencia de pandillas y la violencia endémica dentro de las prisiones.
La más reciente fue la tragedia suscitada el 20 de junio de 2023, en la penitenciaría Nacional de Adaptación Femenina (PNFAS), que cobró la vida de 46 privadas de libertad, hasta la fecha solo se conoce el requerimiento fiscal en contra de siete mujeres pertenecientes a la pandilla 18, por suponerlas responsables de asesinato y asociación para delinquir a titulo de coautoras.
