Siete meses después de la tragedia en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) las autoridades requirieron a las nueve supuestas autoras materiales de la tragedia, registrada el 20 de junio de 2023, que cobró la vida de 46 privadas de libertad
Analistas consultadas por Criterio.hn dicen que, de no presentar resultados de dicha tragedia se podría ver como complicidad; no obstante también es crucial que se identifique y castigue a los autores intelectuales
Tegucigalpa, Honduras.- Para mañana martes 30 de enero a las 9:00 am está programada la audiencia inicial para las nueve privadas de libertad acusadas de ser las responsables materiales de la masacre perpetrada en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara, a unos 10 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña.
En la audiencia de declaración de imputado celebrada la mañana del viernes 26 de enero, un juez en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó la medida de detención judicial para las implicadas.
Además, determinó que la audiencia inicial se realizaría de forma virtual, amparados en el artículo 127 del Código Penal de Honduras que permite dicha acción, en casos excepcionales o así se requiriera.
FISCALÍA REQUIERE A LAS SUPUESTAS AUTORAS MATERIALES
Se recuerda que el 18 de enero del presente año el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra las presuntas responsables de la masacre.
A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) emitió una acusación por los delitos de asociación para delinquir, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, incendio cualificado, portación ilegal de arma de fuego prohibida y portacion de arma de fuego permitida.
Las nueve integrantes de la pandilla 18, responden a los nombres de: Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara.
Además de, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Saraí Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila.
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SEGUIR INVESTIGANDO
Sobre el tema, la fundadora del movimiento social Honduras Resurge Jimena Garcia Merino, dijo a Criterio.hn que, no se puede dejar de investigar la masacre porque se podría considerar como un acto de complicidad por parte de las autoridades a cargo de los centros penitenciarios, y del crimen organizado que también podría estar realizando algún tipo de asesinato selectivo.
“A todas las victimas se les debió realizar un reconocimiento, una autopsia u otro proceso que garantice que esa fue la causa de la muerte porque de lo contrario se estaría cometiendo una violación a los derechos humanos al no darle información sobre las causas a los familiares”.
En general –apuntó García- de todas muertes en los centros penitenciarios se debe brindar resultados concretos por parte de las autoridades, incluso cuando sean muertes naturales se debe considerar si hubo una asistencia de salud oportuna.
“Si hay enfermedades que por no ser tratadas a tiempo se desencadena una muerte, que pudo ser evitada, por eso es importante saber si la persona tenía acceso a salud oportuna”, dijo García.
Expresó que más allá de la obligación del Estado de comunicar las muertes también tiene la obligación de ejecutar acciones para evitar que se sigan suscitando.
AUTORES INTELECTUALES
De su lado, la defensora de derechos humanos Angélica Milla, dijo Criterio.hn que, es necesario que las autoridades brinden un informe sobre los autores materiales, pero también a los autores intelectuales, ya que a su juicio estas responderían a un funcionamiento de una organización dentro de las cárceles.
Destacó que la militarización solo no puede ser el proceso curativo de los acontecimientos delictivos, sino que se debe apuntar a la investigación, “creo que lo que estamos adoleciendo son verdaderos procesos de investigación y socialización por que no se puede dejar que transcurra el tiempo y que se nos olvide a todos la tragedia”.
Resaltó la importancia de investigar y socializar los resultados para que la población tenga la certeza que se hizo justicia y procesos investigativos científicos y sistematizados, en que la población pueda acceder y conocer qué fue lo que realmente sucedió.
Finalmente recomendó que la secretaría de Derechos Humanos debe estar presente y auditar los procesos e igual forma una mesa de trabajo de seguridad para que pueden velar por el tema de prevención y soluciones de esta forma lograr que estos hechos no se repitan.
Cabe recordar que, en noviembre de 2023, la Subsecretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, denunció en un foro televisivo que municiones de la Policía Nacional de Honduras, fueron utilizadas para concretar la masacre en dicho recinto penitenciario.
