Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Más de dos semanas de presión, con toma de instalaciones, batallas campales con la policía, procesos judiciales a varios estudiantes y la impopularidad en las redes sociales de la rectora y sus acompañantes en la dirección universitaria, obligaron a modificar las exigencias del plan de arbitrios y estándares de calificación académica aprobados el año anterior por el consejo universitario.
Las medidas, unas cosméticas y otras con alguna validez para los estudiantes, no resuelven en su totalidad las demandas planteadas por los estudiantes, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula e igual en los centros regionales de Choluteca, Olancho, Comayagua, Olanchito, etc.
Tras una amplia reunión a la que asistieron delegados de los frentes Fuerza Universitaria Revolucionaria y Frente de Reforma Universitaria, el Consejo Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fijó diferir el controvertido 70 por ciento de aprobación en las clases hasta el 2018.
Un informe de la vicerrectoría de orientación y asuntos estudiantiles sobre el beneficio académico del 70 por ciento en el 2004-2015, en todos los centros universitarios, dice que en el 1er período de 2004, 39 % de estudiantes estaban en riesgo académico. En 2015, esto bajó a 17 %. La primera etapa del 2015, mermó a 16 % y en la 2do, a la mínima proporción de educandos en riesgo de la historia de la UNAH, con 14 %.
La vicerrectoría detectó que el grado de anuencia de asignaturas de 65 %, rompe la tendencia y riesgo académico que subió a 30 %, dato indicativo de que el porcentaje de estudiantes no aprobaba sus clases con la nota mínima de 65 por ciento.
Las autoridades superiores universitarias anunciaron que el índice de aprobación de 65 por ciento, vigente desde el 13 de junio en todo el país. También se discutió la reposición de exámenes y el alza de varios pagos administrativos.
Las disposiciones fueron aprobadas después de nuevos actos de protesta que confirman el rechazó de un importante segmento del estudiantado.
Entre sus reclamos, el movimiento estudiantil universitario, que aglomera a los estudiantes protestantes, incluyó el derecho a tomar predios en cualquier parte del país, lo que ha dado lugar a suspender clases por más de una semana.
Alumnos de distintas facultades, por medio del movimiento estudiantil universitario, emitieron un comunicado donde rechazan los acuerdos y piden que se derogue el plan de arbitrios y normas académicas que alegan carecen de consenso y criterios desde su óptica.
Además, suspender órdenes de captura, impugnadas el lunes anterior, a los líderes de las protestas, desmilitarizar predios universitarios y desestimar requerimientos fiscales de educandos que residen en el exterior, los cuales califican de abuso autoridad de la fiscalía.
A este caldo de cultivo, se sumaron hace unas horas y por primera vez docentes de distintas carreras, como humanidades, ciencias sociales y artes, entre otras, en apoyo a las demandas del movimiento estudiantil universitario.
Las protestas de los universitarios han sido intermitentes ante una serie de medidas que las autoridades dicen mejorarán el rendimiento académico, pero que el estudiantado ve como parte de la privatización de la alma mater.
En 2014 y tras ocho días de paro en el Valle de Sula, los protestantes dijeron no manifestarse por el 70%, sino por exclusión de mil 400 jóvenes, multas, cobros por anular clases y criminalización de 5 estudiantes denunciados en el ministerio público.
