Por: Criterio.hn/La PrensaGrafica
«Mientras los gobiernos de El Salvador y Honduras rechazan, tajantes, la necesidad de establecer en esos países un ente internacional de combate al crimen organizado, la administración Obama y el Senado estadounidense siguen enviando señales de que no están conformes con la forma en que ambos Estados combaten la corrupción y la impunidad»
A las voces estadounidenses que apoyan la ejecución en El Salvador y Honduras de un modelo anticorrupción similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se sumó esta semana la del influyente senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, uno de los que deciden sobre los fondos para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.
“Los problemas de Guatemala (debilidad institucional, corrupción e infiltración del crimen organizado en el Estado) no son solo de Guatemala. Honduras y El Salvador sufren las mismas condiciones de instituciones débiles, falta de credibilidad, corrupción extendida, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, periodistas, aun fiscales, y de una historia de impunidad”, dijo el senador Leahy al pleno del Senado en una sesión dedicada a la discusión del pacto de no proliferación nuclear firmado entre Estados Unidos e Irán.
“Espero que estos gobiernos (de El Salvador y Honduras) vean a CICIG como un modelo de cuya experiencia técnica e independencia puedan beneficiarse para… enfrentar estos problemas con viejas y profundas raíces”, defendió Leahy el modelo CICIG frente a sus colegas el miércoles pasado.
La atención en Irán, dijo Leahy, ha distraído la atención de Washington de lo que pasa en el Triángulo Norte, “sobre todo ahora que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras están buscando una cantidad considerable de fondos (estadounidenses) para financiar la Alianza para la Prosperidad”.
El pasado 9 de julio, el comité de adjudicaciones del Senado, del que Leahy forma parte, reservó una partida de $673.5 millones para el plan centroamericano en el anteproyecto de presupuesto para operaciones internacionales, que aún debe ser aprobado por el pleno de la Cámara Alta y luego bajar a aprobación de la Cámara de Representantes.
El desembolso del 75 % de esos fondos, según está escrito en el anteproyecto, está sujeto al cumplimiento de condiciones específicas por parte de los países receptores. Entre las condicionantes acordadas por los senadores están, por ejemplo, “la creación de fuerzas policiales profesionales y transparentes”, “regular el rol de los ejércitos en la seguridad interna” o “perseguir y castigar a miembros de las fuerzas de seguridad que violen los derechos humanos” y “proteger y promover la democracia en cooperación con las cortes interamericanas de derechos humanos y las comisiones internacionales contra la impunidad cuando sea apropiado”.
La última figura, la de comisiones internacionales contra la impunidad similares a la instalada en Guatemala en 2007 con apoyo de Naciones Unidas, la CICIG, es uno de los modelos que más simpatizan a los tomadores de decisiones en Washington, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
Por lo alto y por lo bajo, funcionarios estadounidenses han apoyado la idea de comisiones similares a CICIG en el Triángulo Norte. Primero fueron los principales asesores del vicepresidente Joe Biden, antes de que este viajara a principios de año a Guatemala a reunirse con los presidentes Otto Pérez Molina; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; y Juan Orlando Hernández, de Honduras, para hablar sobre la alianza. Luego fue el mismo Biden quien, según fuentes del Congreso consultadas entonces, trasladó a Pérez Molina el deseo estadounidense de una nueva prórroga de CICIG. Después fue la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Y, por último, el embajador Thomas Shannon, enviado especial a Centroamérica, quien habló del tema en San Salvador.
“Cada país debe decidir qué modelo seguir, pero lo cierto es que estos países tienen problemas de corrupción y falta de transparencia que son innegables. El establecimiento de mecanismos como CICIG nos dirían que hay, en Honduras y El Salvador, gente dispuesta a trabajar para encontrar soluciones reales”, dijo el miércoles a LA PRENSA GRÁFICA un asistente legislativo que ha participado en las discusiones del Senado.
Lo que hay no basta
Ni Honduras ni El Salvador quieren comisiones internacionales para resolver problemas que, dicen, pueden arreglarse con el concurso de las instituciones nacionales. La oposición de ambos gobiernos a las sugerencias estadounidenses de instalar mecanismos como CICIG ha sido una: No.
El mismo día en que el embajador Shannon reiteró la sugerencia en San Salvador, el secretario de asuntos estratégicos y coordinador del gabinete de seguridad del presidente Sánchez Cerén, Hato Hasbún, dijo que en El Salvador no era necesaria una CICIG. A Hasbún le siguieron la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, del partido en el gobierno; el coordinador del FMLN, Medardo González; y, por último, el canciller Hugo Martínez. El vocero de la presidencia, Eugenio Chicas, incluso sugirió que la insistencia de formar una comisión así era parte de un plan “de la derecha” para orquestar un golpe de Estado.
Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, ha dicho por su parte que CICIG no ha solucionado los problemas de Guatemala porque, entre otras cosas, no ha fortalecido las instituciones nacionales.
En su alocución del miércoles ante el Senado, Leahy recordó que, en el pasado, el dinero estadounidense invertido en Centroamérica para mejorar la institucionalidad y el combate a la corrupción no siempre ha cumplido esos objetivos y opinó que el modelo CICIG sí ha servido para ello. “Aunque el sistema de justicia de Guatemala permanece frágil, la alianza entre CICIG y el Ministerio Público (Fiscalía) ha jugado un rol crítico en favor de la causa de la justicia en Guatemala”, dijo.
Un funcionario estadounidense que ha participado en las discusiones sobre la Alianza para la Prosperidad desde principios de año dice, respecto a los argumentos de los gobiernos de Hernández y Sánchez Cerén: “Nadie puede decir que CICIG no hizo una diferencia en Guatemala, y que no ayudó a fortalecer el Ministerio Público. Está claro que la debilidad de las policías, las fiscalías y los tribunales en Honduras y El Salvador los hacen incapaces de enfrentar estos problemas. Hemos visto esto por décadas, invertido dineros y hasta ahora los resultados no son alentadores”.
Esta semana, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, en inglés) y la Universidad Johns Hopkins organizaron un evento público para discutir el modelo CICIG y su aplicación en los otros países del Triángulo Norte. “Este es un ejemplo de cómo una iniciativa independiente puede rescatar a un Estado… al centro de todo esto debe estar siempre la discusión sobre la corrupción, que es el foco central de la actividad criminal”, dijo ahí Louise Shelley, profesora de la Universidad George Mason y especialista en modelos de lucha anticorrupción en el mundo.
WOLA, por su parte, consideró que el apoyo de Leahy al modelo CICIG es un llamado para que los gobiernos de Honduras y El Salvador lo consideren. “Lo que está claro es que en el Congreso hay mucho interés por ver que los gobiernos de Centroamérica tomen pasos concretos para atacar la corrupción y la influencia de grupos ilegales, y que el apoyo de los congresistas a los fondos estadounidenses estará ligado al progreso en esos temas”, dijo WOLA.
