Solo el 23% de militares denunciados enfrentan requerimientos fiscales

Entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, en el marco del estado de excepción, se presentaron 90 denuncias ante el Ministerio Público y, de éstas, solo se emitieron 18 requerimientos fiscales por delitos vinculados con la criminalidad y la violencia.

Durante este periodo, seis militares han sido requeridos por la Fiscalía por asesinato, dos por portación ilegal de armas de uso comercial y tres por tráfico de drogas agravado.

Tegucigalpa, Honduras. – Datos examinados por Criterio.hn ponen en evidencia una vez más cómo el estamento legal hondureño continúa revistiéndose de falencias, especialmente en los escasos requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público (MP) en contra demiembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes, durante el estado de excepción en Honduras, han sido denunciados en varias ocasiones por cometer delitos vinculados con la criminalidad y violencia.

De acuerdo con cifras analizadas, obtenidos a través de la petición de información SOL-MP-2629-2024 hecha a la Fiscalía, durante diciembre de 2022 y mayo de 2024, período en que ha estado vigente el estado de excepción, efectivos de la institución castrense fueron denunciados en 90 ocasiones por diferentes delitos.

Del total de acusaciones presentadas, el 13% (12 denuncias) son por delitos vinculados directamente con la criminalidad y la violencia. Es decir, mientras la inseguridad cobra terreno en el país, elementos de la Policía Militar podrían haberse encargado de reforzar aún más este mal, ya que durante el estado de excepción han sido denunciados por asesinato, portación ilegal de armas y tráfico de drogas.

“Estos datos son solo una ventana por la cual la población tiene acceso a la realidad en la que siempre se han encontrado la Policía Militar y Policía Nacional. La comisión del delito por parte de los uniformados, sin ninguna duda, ha incrementado con el actual estado de excepción“, opinó Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).

Según Acevedo, al suspender los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República debido al estado de excepción, los uniformados no solo tienen mayores facultades, sino también la posibilidad de cometer más actos irregulares por los operativos que orquestan y las funciones administrativas que les continúan asignando desde el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

“Nosotros hemos conocido y recibido denuncias de algunas de las ilegalidades que están cometiendo gracias al estado de excepción. No todo es malo, pero por el protagonismo que el gobierno les está entregando, de alguna manera, las cosas deberían de ser distintas, no igual a los antecedentes que han dejado”, precisó Acevedo en pláticas con este medio de comunicación.

Lo expuesto por Acevedo tiene sentido, durante el estado de excepción dos militares han sido denunciados por cometer ilegalidades mientras ejercían funciones de las cuales tienen facultades debido a la suspensión de garantías constitucionales, que podrían ser más rigurosas ahora con la entrada en vigencia de la segunda fase del Plan Solución Contra el Crimen.

En resumen, según la información proporcionada por la Fiscalía, el 10 de junio de 2023 y el 2 de julio del mismo año, elementos de la Policía Militar del Orden Público cometieron arbitrariedades o ilegalidades durante dos allanamientos en vivienda en Olanchito, Yoro, en el extremo norte del país.

Además, otro abuso de poder facilitado por el estado de excepción, que se traduce en la comisión de un delito, se refleja en los casos registrados en mayo y julio de 2024. El 19 de mayo, un uniformado supuestamente asesinó a un hombre de 37 años por no detenerse en un retén militar en un sector conocido como Los Bajos de Choloma, situado en Choloma, Cortés.

El otro caso, que está en proceso de investigación en el Ministerio Público, se registró el pasado martes 2 de julio, en la colonia Los Pinos, ubicada en el extremo oriente de la capital. En este incidente, un militar habría disparado contra un joven de 22 años que se conducía en una motocicleta. El joven falleció, posteriormente, tras ser trasladado a un centro asistencial público.

Aunque el número de arbitrariedades, como las antes expuestas, cometidas no solo por elementos de la Policía Militar sino también por uniformados de la Policía Nacional, podría incrementarse al punto de ser incalculable. Esto se debe a que gran parte de la sociedad no tiene acceso a la justicia y otro grupo desconfía de las autoridades, percibiendo que el andamiaje legal no funciona.

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DENUNCIAS INDICAN QUE MILITARES SON MÁS VIOLENTOS QUE CRIMINALES

El común denominador indica que, aunque puedan existir posibles vínculos con la criminalidad organizada, los elementos de la Policía Militar son más violentos que criminales. Esto se debe a que el 52% (47) de las denuncias en su contra recibidas por el Ministerio Público durante el estado de excepción son por delitos relacionados con todo tipo de violencia, acoso y violación.

Según el análisis de datos, que abarca desde diciembre de 2022 hasta abril de 2024, algunos integrantes de la PMOP fueron denunciados en 44 ocasiones por cometer cualquier tipo de violencia, por ejemplo, física, psicológica, sexual y familiar.

Además, fueron denunciados tres veces por agresión sexual, violación sexual y acoso laboral respectivamente, completando así un total de 47 acusaciones por todo tipo de violencia.

Al igual que en la criminalidad, esto solo es una muestra que la institución castrense está integrada por personas que no tienen dominio de sus emociones en situaciones que los coloquen bajo presión, como ha quedado evidenciado en reiteradas ocasiones.

Una muestra más de lo expuesto, es el caso protagonizado por el jefe de la Policía Militar del Orden Público, Ramiro Fernando Muñoz, quien hace poco menos de un año, previo a la intervención de un centro penal, amenazó de muerte a uno de sus subalternos que supuestamente trató de hacerle una sugerencia y apuntó con el fusil de reglamento.

“¿Vos crees mierd* qué me podés decir a mí cómo hacer las cosas? Te quitan el uniforme, te ponen en calzoneta, te enchachan y te mandan a ese centro de detención. Da gracias a Dios que estás vivo, porque si me haces eso fuera de aquí, estarías en un costal metido. Te tengo vigilado, ¿sos marero? ¿De dónde sos? Me dices dónde vive tu mamá, tu papá y dónde vive todo el mundo que tenga vínculo con este pendej*, y me das esa información”, fueron las palabras de Muñoz en un audio filtrado en medios de comunicación.

Según el abogado Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, los datos revelados sobre violaciones y la actuación de uno de los máximos jerarcas militares, sumados a los antecedentes históricos durante los gobiernos anteriores, son elementos que justifican por qué a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) no se les deben asignar funciones que deberían ser desempeñadas por civiles.

“Esto es otra muestra de que los militares no deben convivir con la sociedad ni se les deben asignar tareas que deberían realizar los civiles. Los militares no ven a los ciudadanos, ellos ven enemigos porque están siendo preparados para combatir con el enemigo, no para estar en las calles con la población. Ellos son susceptibles a situaciones que tengan que ver con la comisión de algún delito a cambio de recibir beneficios”, opinó el defensor de derechos humanos Joaquín Mejía.

La violación de derechos humanos por parte de la Policía Militar, denunciado incluso por organizaciones internacionales, podría aumentar en los próximos meses, debido a que ahora intervendrán en todos los barrios y colonias del país catalogados como los más peligrosos, como parte de la segunda fase del Plan Solución Contra el Crimen.

El resto de las denuncias (31 de las 90) interpuestas contra militares durante el periodo analizado son por otros tipos de delitos. Por ejemplo, fueron denunciados ocho veces por cometer el delito de fraude y otras ocho por el uso de documentos falsos, lo que equivale al 18%. Las demás acusaciones, aunque en menor número, incluyen coacción y desobediencia.

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¿CUÁNTOS MILITARES HAN SIDO REQUERIDOS?

A pesar de que en las denuncias antes descritas predominan delitos graves que podrían constituir una de las razones por las cuales los militares no deben estar en las calles y por qué no deberían ser piezas clave en el estado de excepción, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal para el 23% de los señalados, durante el periodo analizado.

Según la información proporcionada por la Fiscalía a través de la petición de información SOL-MP-2656-2024, durante 2023 solo presentaron 18 requerimientos fiscales contra militares por delitos vinculados con la criminalidad y la violencia. 

Sin embargo, durante este año la dinámica ha empeorado; hasta principios de junio solo han presentado tres, a pesar de la evidente diferencia en comparación con las acusaciones, lo que es el equivalente al 23%.

Aunque el común denominador de las denuncias contra militares es la violencia, en los requerimientos fiscales la dinámica cambió. El 52% de los requerimientos fiscales (11) en contra de uniformados son por delitos vinculados directamente con la criminalidad organizada.

Por ejemplo, durante el estado de excepción, seis militares han sido requeridos por la Fiscalía por asesinato, dos por portación ilegal de armas de uso comercial y tres por tráfico de drogas agravado.

Mientras tanto, el 48% de los requerimientos fiscales están dirigidos literalmente contra militares que presuntamente perpetraron delitos vinculados con todo tipo de violencia, como maltrato familiar, violación, violencia contra la mujer y violación con consentimiento de la víctima.

Ejemplo de los requerimientos que culminaron en capturas, son los hechos más recientes que respaldan los datos y exponen los abusos perpetrados por algunos miembros de esta institución son las capturas realizadas de cuatro militares por abusar sexualmente de dos mujeres: una con discapacidad psicológica y una menor de edad. Ambos incidentes ocurrieron en diferentes partes del país.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, los militares identificados como Omar Mauricio Padilla Gotas, Josué Francisco Wichop y Juan Carlos Duarte Aguilar, supuestamente abusaron sexualmente de una joven con discapacidad psicológica. El hecho ocurrió mientras ejercían funciones en la base Xatruch en Tocoa, Colón, la noche del 17 de enero y la madrugada del 18 de 2024.

La investigación indica que la joven, cuya edad no se ha determinado, salió de su vivienda sin el consentimiento de sus familiares. Mientras deambulaba por las calles, pasó frente al destacamento militar, momento en el que los uniformados la sometieron y abusaron sexualmente de ella.

El otro hecho vincula directamente a Enly Maudiel Ramírez Alvarado, un soldado que supuestamente, la noche del 25 de febrero de 2024, interceptó a una menor de edad en una aldea ubicada en el municipio de San José, La Paz.

 La menor se dirigía a la vivienda de su abuelo cuando Ramírez Alvarado la llevó a un terreno abandonado, donde abusó sexualmente de ella y posteriormente la amenazó con asesinarla si contaba lo sucedido.

Criterio.hn se contactó con el departamento de prensa del Ministerio Público para conocer el motivo de los pocos requerimientos, a pesar de que las denuncias predominan en número y explicaron que estos requerimientos no siempre están vinculados directamente a una denuncia que, a veces, resultan de procesos de investigación que pueden durar incluso años.

Sobre el tema, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, aseguró que en el Ministerio Público persisten problemas que están afectando los procesos investigativos. En pocas palabras, una de estas falencias es la falta de fiscales, lo que imposibilita la presentación de requerimientos.

“Estamos viendo pocos procesos en contra de militares, pese al alto número de denuncias. Sin embargo, esto, en la actual Fiscalía, no sucede por desestimación ni falta de voluntad, sino porque los pocos requerimientos presentados están bien sustentados y, además, hay pocos fiscales trabajando en los procesos de investigación”, dijo Villanueva a este medio de comunicación.

La afirmación de Villanueva es positiva para el Ministerio Público, pues sostiene que no hay desestimación de casos, sino que los pocos requerimientos presentados obedecen a la falta de fiscales para procesar las investigaciones y que estas sean desarrolladas con diligencia.

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PESE A VÍNCULOS CON CRIMINALIDAD, GOBIERNO LES ESTÁ AMPLIANDO EL PODER

A pesar de que históricamente algunos militares se han aprovechado de estar ligados con el poder político y económico para confabularse con estructuras criminales, el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que prometió ‘desmilitarizar la sociedad’, les ha entregado en bandeja de plata no solo el manejo administrativo y operativo de las cárceles y algunas instituciones del estado, sino que también les ha dado uno de los presupuestos más elevados de la historia.

Por ejemplo, uno de los hechos que desnudó el vínculo de la institución armada con el crimen organizado quedó evidenciado en diciembre de 2023, cuando el coronel José Rodimiro Arita fue arrestado mientras intentaba ingresar 445 mil lempiras a un centro penal para entregárselo a privados de libertad integrantes de la pandilla Barrio 18.

Rodimiro, quien en ese entonces era director del centro penal La Tolva, ubicado en el municipio de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras, justificó que el dinero era para que los privados de libertad celebraran las fiestas de Navidad y fin de año.

A pesar de este caso, que es uno de los más recientes, el gobierno de la presidenta Castro entregó a la Secretaría de Defensa un presupuesto de 11,385,650,724.00 lempiras para el ejercicio fiscal de 2024, aumentando en un 7% en comparación con 2023, que era un poco más de 10 mil millones de lempiras (10,662,758,329).

Los antecedentes en los que han estado envueltos los militares plantean nuevamente la pregunta de en qué más deben verse involucrados para que los gobiernos comprendan que la institución castrense no fue creada ni está siendo preparada para convivir con la sociedad, sino para luchar contra enemigos, una lucha que, aunque no ha iniciado, está siendo alimentada con fondos económicos y estimulada con privilegios para sus jerarcas.