Tegucigalpa, Honduras.- Sólo cuatro de los 21 abogados aspirantes al cargo de fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) no recibieron tachas ni denuncias en la segunda fase del proceso que está haciendo la Junta Proponente para seleccionar a los mejores cinco y enviarlos al Congreso Nacional, donde elegirán a las próximas autoridades de la fiscalía para el periodo 2023-2028.
Los profesionales del derecho Raúl Hernán Silva Castellanos, Johel Antonio Zelaya Álvarez, Kevin Alessandro Sólorzano y Olga Yaneth Flores Aguiar fueron los únicos que salieron librados del proceso de tachas y denuncias, mismos que desde el martes 11 de julio tienen que someterse a las pruebas psicométricas y económicas.
Por ejemplo, el caso del abogado Raúl Silva de 72 años, llama la atención porque se ha postulado en dos ocasiones para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, en la último para el periodo 2023-2030, fue inhabilitado, junto a 11 personas más, porque no se presentó a hacer las pruebas toxicológicas, psicométricas y de patrimonio, en las que se hubiera descartado, por ejemplo, si ha ganado dinero de manera ilícita.
En tanto, Johel Antonio Zelaya Álvarez, de 42 años, originario de Reitoca, Francisco Morazán, quien se presume es cercano a la familia del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y afín al oficialismo, actualmente se desempeña como socio mayoritario del bufete Zelaya y Asociados, lugar para el que labora desde 2005.
Johel Zelaya se desempeñó como asesor legal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel) desde el 2006 hasta el 2015 y, bajo el mismo puesto, desde 2002 estuvo en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y se desconoce la fecha que salió de esa institución, ya que en su hoja de vida se limitó a colocar “eventual”.
Zelaya logró mantener un perfil bajo mientras ostentó esos puestos en las instituciones mencionadas, incluso su nombre nunca salió a relucir, pese a que fue asesor legal, en la crisis que enfrentó y continúa enfrentando la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y, con esa misma hegemonía, se ha mantenido en la delgada línea para continuar con su aspiración a ser fiscal general.
De las cinco mujeres que continúan en el proceso de selección, la única que no fue denunciada ni tachada fue la abogada Olga Yaneth Flores, de 54 años, originaria de Catacamas Olancho, quien del 2001 a 2002 trabajó como procuradora de la fiscalía especial contra la corrupción en el Ministerio Público.
Flores, de 2010 hasta 2023 trabajó como fiscal titular en la fiscalía de Talanga y Tegucigalpa, en Francisco Morazán. Su primer empleo, ejerciendo como profesional del derecho, fue en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) de 1994 a 1998.
El cuarto abogado que no recibió tachas ni denuncias es Kevin Alessandro Solórzano Hernández de 40 años, originario de Tegucigalpa, Distrito y cuenta con más de 10 años de trayectoria como fiscal auxiliar y titular, cargo que continúa desempeñando en la actualidad.
El resto de los postulantes, entre ellos el abogado Mario Urquía Fajardo que se rumora sería el ungido del oficialismo para ostentar la figura de fiscal general y Luis Javier Santos titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), recibieron hasta cuatro denuncias, pero tienen tres días hábiles para demostrar su inocencia, con fundamentos, ante los proponentes.
Por ejemplo, la abogada originaria de Tela, Atlántida, al norte de Honduras, Reyna Teresa Valerio Harry, que se desempeña como coordinadora de la fiscalía en San Pedro Sula, obtuvo 6 denuncias en su contra, siendo la postulante más tachada. Y varios profesionales del derecho sólo recibieron un señalamiento, como lo es el caso del aspirante Mario Morazán.
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PROCESO DE LA JUNTA
De los 21 profesionales del derecho que continúan en el proceso de selección, la Junta Proponente elegirá a los mejores cinco, de los cuales, dos deben ser mujeres y tres hombres, para después ser enviados en una nómina al Congreso Nacional para que en una sesión de segundo grado elijan al fiscal general y adjunto de la fiscalía que estarán durante desde septiembre de 2023 y terminarán en 2028.
Al concluir el proceso de postulaciones el pasado 25 de junio, los proponentes enviaron a 20 abogados a subsanar sus carpetas, es decir, presentaron su documentación con información falsa, errónea e incompleta. Ese proceso duró más de 48 horas (abrió el sábado 1 de julio a las 5:00 de la tarde, y cerró el lunes 3 a las 8:00 de la noche).
De los 20 profesionales del derecho a los que les pidieron subsanar información, sólo dos no lograron hacerlo: el abogado Óscar Arnaldo Alvarado García y Karen Alicia Motiño Valerio, quienes fueron eliminados del proceso en la primera fase.
En la cuarta reunión la Junta Proponente determinó inhabilitar a la abogada y exdiputada por el Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, por no cumplir con la experiencia en materia penal para ostentar cualquiera de los cargos que entran en elección de la fiscalía.
Por su parte, bajo el argumento de tener problemas personales, la abogada y titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna, renunció a su postulación, pero en el proceso iba a ser inhabilitada por ostentar la titularidad de una institución pública.
El pasado 10 de julio, al cierre del proceso de tachas y denuncias, el abogado Alejandro Alvarenga Portillo, también renunció a su postulación argumentando que el proceso que está haciendo la Junta Proponente está maniatado y es cuestión de trámite porque ya hay rumores de las personas que ostentarán los altos cargos en la fiscalía.
Sólo 21 abogados fueron parte del proceso de tachas y denuncias, que inició el miércoles 5 de julio y terminó este lunes 10. Justamente, en esta fase, sacarán a los profesionales del derecho que respondan a intereses de la clase política, tengan problemas con la ley, y hayan violentado los derechos humanos.
Ahora los abogados tachados, que son 17, tiene tres días hábiles (miércoles, jueves y viernes) para literalmente desmentir las denuncias interpuestas en su contra y poder continuar en el proceso, una vez los proponentes hagan las valoraciones.
De forma paralela los abogados deben de ir a hacer las pruebas toxicológicas, de patrimonio y psicológicas, en los lugares establecidos por los proponentes, con la finalidad de demostrar que están plenamente listos para ostentar un cargo de alta envergadura, como lo es la fiscalía.
Al finalizar el proceso anterior, los proponentes evaluarán a los abogados que pasaron los tres filtros anteriores y se les dará una calificación de 1 a 100, en la que escogerán a los cinco mejore calificados y los enviará al Congreso Nacional.
En esa instancia, el Congreso jugará el papel más importante: seleccionar a los dos mejores para asumir el cargo que actualmente ostenta Óscar Chinchilla, fiscal general, y Daniel Arturo Sibrián, fiscal adjunto.
El Congreso, en esa etapa, que será a finales de agosto de este año, tendrá la oportunidad de reivindicarse ante la sociedad o, como pasó en el proceso de la CSJ, continuará con la hegemonía de hacer procesos de elección buscando poner en cargos a personas obedezcan a intereses mezquinos para beneficiar a la clase política.
