Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. -No hay una fórmula mágica, es la suma de medidas. Mientras la presidenta Xiomara Castro no ejecute cambios en la seguridad, difícilmente obtendrá resultados significativos en la lucha contra el crimen organizado, que tiene a Honduras entre los países más violentos del mundo, advierten analistas entrevistados por Criterio.hn.
Unos proponen la reanudación de la depuración policial e iniciar con la militar con bajas justificadas. Otros plantean combatir ferozmente el narcotráfico porque aseguran que es la causa de la inseguridad. Y algunos advierten que no se deben emular las políticas de otras naciones.
La mandataria, en respuesta a los amotinamientos en cuatro cárceles de la nación, ocurridos el pasado sábado, nombró a la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, para liderar un plan de intervención en los centros penitenciarios y la construcción de dos cárceles de máxima seguridad que recibirán a 1,500 privados de libertad que forman parte de estructuras criminales.
Y desde el 6 de diciembre de 2022, Castro implementó un estado de excepción parcial que se ha ido extendido mediante la emisión de decretos del Poder Ejecutivo. Esta medida seguirá vigente hasta el 21 de mayo del 2023, ahora, en 123 de los 298 municipios
Lo cierto es que, aunque las medidas parecen prometedoras, para algunos analistas que además piden paciencia, otros las consideran sólo como paliativos superficiales que no erradicarán el mal endémico de la inseguridad.
DEPURACIÓN ANUAL CON INVESTIGACIONES
El director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, sugirió la depuración policial y militar anualmente porque ambas instituciones son vulnerables por las ofertas del crimen organizado.
“La depuración debe ser constante porque estas instituciones (Policía y Fuerzas Armadas) son vulnerables a la participación en el crimen organizado y corrupción. Estos hechos (depuración) deben mantenerse no sólo cuando las cosas (crimen) se pongan difíciles”, argumentó.
Ramírez, también abogado, planteó que los depurados deben salir de las instituciones una vez que se les haya comprobado, en una investigación, sus vínculos con la criminalidad.
De lo contrario, estimó, que si se hace una depuración, como ocurrió años atrás, los policías dejarán sus uniformes sin que se les pruebe que tuvieron relación con delitos relacionados al crimen organizado.
Aunque la opción del miembro de ASJ se ve viable, podría ser compleja de aplicar en función de que, a mediados de 2022, el gobierno empezó el proceso de reintegro de unos 2,000 policías que habían sido separados de la institución armada en la última década.
Ese proceso de limpieza de la institución armada inició en el primer año del gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), y continuó en las dos siguientes gestiones de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022) hasta 2020, con un saldo de 19,000 miembros fuera de sus puestos.
Lea: ¿Por qué volver a políticas de mano dura en combate a criminalidad y control de centros penitenciarios?
“ES ILUSO CONFIAR EN LA POLICÍA Y FUERZAS ARMADAS”
A criterio del exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno Coto, es crédulo confiar en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas porque a lo largo de la historia han sido salpicadas por su complicidad con el crimen organizado y narcotráfico.
“Es iluso confiar en una Policía y Fuerzas Armadas que han estado vinculados con el crimen organizado, además de violentar los derechos humanos con sus abusos de poder”, opinó.
Por ejemplo, la Policía Nacional se vio manchada de forma internacional en 2020 cuando la Corte Federal de Manhattan de Estados Unidos acusó al exdirector Juan Carlos “El Tigre” Bonilla (2012-2013) por abusar de su cargo e ignorar la ley para facilitar el trasiego de droga por Honduras rumbo al país norteamericano.
También está el caso de Mauricio Hernández Pineda, expolicía y primo del expresidente Juan Orlando Hernández, quien también está privado de su libertad en Estados Unidos por suponerlo responsable de introducir droga a Estados Unidos.
En tanto, en el caso de las Fuerzas Armadas, señaló Moreno Coto, han violentado los derechos humanos con total abuso de autoridad.
En 2022, elementos de la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) abatieron en un enfrentamiento a un aficionado de fútbol que en un partido le propinó una patada por la espalda a una mujer miembro de la Policía Nacional, recordó el también sacerdote jesuita.
Se trató de Wilson Ariel Pérez Hernández, quien huyó por varios días, pero el 31 de mayo de 2022 murió, según la Policía Nacional, en un enfrentamiento con miembros de la FNAMP.
Pérez, perdió la vida, según la autopsia, a causa de un hemotórax, laceración pulmonar y heridas por arma de fuego, por lo que se estableció que su muerte fue de manera homicida.
Esa muerte, como otras, ha provocado que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) exija investigaciones con resultados eficaces para que los decesos no queden en la impunidad.
Le puede interesar: Seguridad de centros penales pasa por sanear el Instituto Nacional Penitenciario
MILITARIZACIÓN E INTEGRALIDAD
Moreno Coto planteó que la mandataria hondureña no puede contar con las Fuerzas Armadas en sus planes contra la criminalidad por sus antecedentes: represiones contra la población en manifestaciones.
“Lo peor que le puede pasar al país es la remilitarización en la sociedad. Venimos de un periodo largo de imposiciones militares, de abuso e impunidad militar”, subrayó, aunque el artículo 272 de la Constitución faculta a la entidad castrense a cooperar con la Policía Nacional a conservar el orden público.
El director del ERIC dijo que el gobierno debe solucionar el problema de la inseguridad en Honduras con un plan integral, en el que participe el Ministerio Público (MP), Poder Judicial y veedores internacionales defensores de los derechos humanos.
“Debemos pensar en respuestas integrales a la situación de violencia, extorsión y criminalidad que deben estar unidas con un sistema judicial y de investigación fortalecido”, mencionó.
Y mientras el gobierno ejecuta las nuevas medidas anunciadas contra la criminalidad, en Honduras casi 11 personas mueren violentamente cada día, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) analizadas por Criterio.hn.
