Tegucigalpa, Honduras. – De los 183 expedientes de elementos de la Policía Nacional involucrados en irregularidades que la Dirección de Asuntos Disciplinarios (Didadpol) envió al Ministerio Público (MP) en los últimos cuatro años, solo 10 (equivalente a 1 de cada 20) llegaron a instancias judiciales, de los cuales la mayoría fueron beneficiados con sobreseimientos provisionales.
Lo anterior se basa un cruce de datos elaborado por Criterio.hn con información proporcionada por la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía Nacional (Didadpol) sobre los expedientes de policías enviados al Ministerio Público y cuántos de estos han sido procesados judicialmente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Entonces, según la información bridada por la Secretaría de Seguridad a través de la petición de información SOL-DIDADPOL-109-2024, en los últimos cuatro años han remitido al Ministerio Público 183 expedientes de policías que presuntamente están envueltos en varias ilegalidades de índole penal.
El análisis de datos revela que el año con el mayor número de expedientes enviados al MP fue 2021, con 50 casos, representando el 27% del total de 183 expedientes. Le sigue 2022 con 40 casos, lo que equivale al 22%.
Con el vigente estado de excepción la participación de agentes policiales en actos ilegales ha proliferado debido a las facultades que poseen
En 2020 fueron remitidos 22, lo que representa el 12%. Aunque las ilegalidades cometidas por policías aumentaron en 2023 debido a las facultades del estado de excepción, ese año registró la menor cantidad de expedientes enviados al MP, con solo 6, es decir, el 3% del total.
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LOS POCOS PROCESADOS RECIBIERON SOBRESEIMIENTOS PROVICIONALES
La Fiscalía, actualmente dirigida por el fiscal general Johel Zelaya, quien fue notario de Narsy “Tito” Asfura—implicado en diversas ilegalidades y precandidato presidencial por el Partido Nacional—revocó más de 50 de los 183 expedientes enviados por la Secretaría de Seguridad. Las revocaciones se debieron a que las faltas no requerían procesos judiciales, sino administrativos, o a la falta de pruebas suficientes.
Entonces, de acuerdo con el análisis de datos realizado a los documentos proporcionados por el Ministerio Público a través de la solicitud de información SOL-MP-2803-2024, de los más de 130 expedientes que sí eran de índole penal, la Fiscalía solo presentó requerimiento fiscal contra 10 agentes policiales. La Fiscalía no precisó el rango de estos agentes dentro de la institución, a pesar de que se solicitó dicha información.
Tres agentes policiales de 24 años, que durante 2024 cometieron el delito de tortura en el ejercicio de sus funciones, fueron requeridos por el Ministerio Público y actualmente enfrentan un proceso judicial.
De igual forma, tres agentes policiales de 25, 26 y 40 años, acusados de abuso de autoridad y vejámenes, fueron requeridos por la Fiscalía. Aunque el Poder Judicial les concedió un sobreseimiento provisional, el MP apeló esta decisión, por lo que actualmente se encuentran en esa instancia legal.
La misma dinámica se mantiene en el proceso de cuatro agentes policiales de 23, 24, 25 y 29 años, quienes cometieron el delito de tortura. Estos fueron beneficiados con un sobreseimiento provisional, el cual fue apelado por el MP.
Un sobreseimiento provisional es una resolución judicial que suspende temporalmente un proceso penal sin decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Este fallo se emite cuando el juez determina que no hay pruebas suficientes para proseguir con el juicio en ese momento, aunque se deja abierta la posibilidad de reabrir el caso si surgen nuevas evidencias en el futuro.
En esencia, el sobreseimiento provisional actúa como una pausa en el procedimiento judicial, no como un cierre definitivo. Si aparecen nuevas pruebas o se resuelven los problemas que llevaron a esta decisión, el proceso puede reactivarse y continuar su curso dentro del sistema judicial.
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PROLIFERACIÓN DE ACTOS ILEGALES POR PARTE DE LOS POLICÍAS
En los últimos 632 días, durante los cuales 223 de los 298 municipios hondureños han estado bajo un estado de excepción parcial considerado inconstitucional, las fechorías y arbitrariedades perpetradas no solo por funcionarios de la Policía Nacional, sino también por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), han proliferado debido a las mayores atribuciones otorgadas por esta medida de emergencia.
Amparados en el estado de excepción, que faculta a los elementos de seguridad pública para realizar arrestos y allanamientos de viviendas sin una orden judicial ni el acompañamiento de un fiscal del MP, se han perpetrado diversas ilegalidades en perjuicio del sector más vulnerable de la sociedad por parte de las fuerzas de seguridad.
El estado de excepción no solo ha permitido que elementos de seguridad pública cometan diversas fechorías, sino que también ha revelado cómo dentro de la institución operan varias redes criminales dedicadas a la comisión de distintos delitos, como falsificación de documentos, implantación de pruebas y extorsión. Estos actos delictivos, en la mayoría de los casos, se mantienen en la opacidad, desencadenando impunidad.
El criminólogo Dennis Castro Bobadilla señaló que, históricamente, algunos integrantes de la Policía Nacional, desde miembros de la cúpula hasta la escala básica, han cometido diversas ilegalidades.
De acuerdo con Bobadilla Castro, expresidente del Congreso Nacional, incluso hay quienes ingresan a la institución con el propósito de cometer fechorías para beneficiar a élites económicas y políticas del país. El estado de excepción, según él, solo ha revelado la punta del iceberg de estos problemas que, en su gran mayoría involucran a integrantes de la cúpula, por eso permanecen en opacidad.
