Por: redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Ante reiteradas prácticas de ineficiencia y complicidad en el manejo las investigaciones de los casos en el Valle del Aguán, la plataforma Agraria solicita una comisión con reconocimiento internacional que investigue los mecanismos de aplicación de justicia en el Valle del Aguán.
Lo anterior se dio a conocer en pronunciamiento de la Plataforma Agraria sobre el Reporte de la Oficina del Inspector General en el Departamento de Justicia de EE.UU
En el Aguán, existe la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguan (UMVIBA), la que está contemplada en el Plan de Acción de la Corporación Financiera Internacional (IFC), como una estrategia para limpiar la imagen y la participación de Corporación Dinant, en los asesinatos y las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los campesinos.
Esta unidad está siendo asesorada y financiada por la Embajada de los Estados Unidos, con el fin de investigar los asesinatos a campesinos y campesinas, pero sorpresivamente estos siguen en total impunidad, en los últimos tres meses cuatro personas han sido liberadas, aun teniendo participación en homicidios y vínculo directo con el grupo paramilitar que opera en el Aguan, esto ocurre debido a la ineficiencia en los proceso de investigación, la confabulación y la red corrupción que opera en el sistema de aplicación de justicia en honduras.
Plataforma Agraria se pronuncia sobre el Reporte de la Oficina del Inspector General en el Departamento de Justicia de EE.UU
Tocoa, Colón, Honduras 02 de junio 2017: Ante los resultados del reporte de la Oficinas de los Inspectores Generales del Departamento de Estado y de Justicia que condujeron a una revisión conjunta sobre las respuestas del Depto. de Estado y la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas), sobre la investigación de los hechos ocurridos el 11 de mayo 2012 donde fueron asesinadas cuatro personas entre ellas dos mujeres en estado de embarazo y otras cuatro resultaron heridas, las víctimas eran miembros de la comunidad de Ahuás quienes se conducían en un taxi acuático.
Clara Wood sobreviviente y madre del niño Hasked Brook Wood muerto en el ataque.
Según el informe el Incidente del 11 de mayo en la comunidad de Ahuás, Honduras, en el marco de la operación Martillo que inicio en el abril del 2012 con un programa de 90 de días diseñado para desarticular vuelos de transporte de drogas desde América del Sur hasta Honduras. El equipo de campo para las misiones de intercepción se compone de miembros del Equipo de Asesoramiento Y Soporte Técnico Desplegado en el Extranjero (FAST, por sus siglas en inglés) y oficiales aprobados de la unidad de la Policía Nacional hondureña conocida como el Equipo de Respuesta Táctica (ERT).
La noche de los hechos tres oficiales (un miembro del equipo FAST y dos oficiales ERT), se conducían en un bote pequeño con forma de canoa, conocido como “pipante”, que contenía grandes cantidades de cocaína que habían decomisado. El “pipante” perdió potencia y flotó en el río, luego un bote más grande transportando más de una docena de pasajeros entró en contacto con él, por lo que los ocupantes del “pipante” dispararon por más 26 segundos en contra el bote de pasajeros, así como también un agente antidrogas que ordeno a un artillero de puerta desde un helicóptero que acompañaba al “pipante” abrir fuego en contra de los pasajeros del taxi acuático.
Juana Jackson de 28 años de edad estaba embarazada y murió en ataque, aquí junto a su abuela
Sobre los hechos del 11 de mayo del 2012, la Fiscalía de Derechos Humanos en Honduras dio a conocer en septiembre un reporte oficial de las investigaciones que favorecían a los oficiales de Equipo de Respuesta Táctica de Honduras, este reporte contaba con numerosos errores y omisiones. Además incluía ciertos hallazgos de balística que resultaron cuestionables y no podían explicar el hecho que los testimonios de sobrevivientes en el bote de pasajeros eran inconsistente con otra evidencia, por lo tanto carecía de veracidad.
Es notable que los miembros del Equipo de Asesoramiento y Soporte Técnico Desplegado en el Extranjero (FAST, por sus siglas en inglés), ocultaron la realidad de los hechos presentando testimonios e informes que faltaban a la verdad, tal como la DEA que no condujo una investigación profunda al contrario incorrecta, incompleta y basada en información no confiable e insuficiente, como ser que los pasajeros del bote dispararon primero y que los oficiales hondureños respondieron al fuego, aduciendo que eran narcotraficantes que pretendían recuperar la droga. De igual manera se plantó como evidencia una arma de fuego por la Policía Nacional de Honduras, con el fin de justificar la masacre hacia los pasajeros que se conducían en el taxi acuático la noche del 11 de mayo.
Las actuaciones citadas en el informe, sobre las investigaciones erróneas, la utilización de testigos falso, información incorrecta, inconfiable, incompleta, insuficiente que carece de soporte técnico y la negación de las autoridades en profundizar una verdadera investigación sobre los hechos del 11 de mayo 2012.
Este patrón ha sido utilizado en la región del Valle del Aguan por más de cinco años, donde han asesinado más de un centenar de campesinos y campesinas que en su mayoría siguen en la impunidad, esta estrategia es utilizada con la clara la intensión de proteger a escuadrones de la muerte y grupos paramilitares que operan en esta región del Aguan.
Cabe mencionar que en el Aguan, existe la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguan (UMVIBA), la que está contemplada en el Plan de Acción de la Corporación Financiera Internacional (IFC), como una estrategia para limpiar la imagen y la participación de Corporación Dinant, en los asesinatos y las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los campesinos.
Esta unidad está siendo asesorada y financiada por la Embajada de los Estados Unidos, con el fin de investigar los asesinatos a campesinos y campesinas, pero sorpresivamente estos siguen en total impunidad, en los últimos tres meses cuatro personas han sido liberadas, aun teniendo participación en homicidios y vínculo directo con el grupo paramilitar que opera en el Aguan, esto ocurre debido a la ineficiencia en los proceso de investigación, la confabulación y la red corrupción que opera en el sistema de aplicación de justicia en honduras.
En el último año grupos paramilitares que operan el Aguán han ejecutado operaciones de impacto sicológico el primero el 19 de junio del 2016 fueron asesinados Allan Martínez y Manuel Milla líderes campesinos de la comunidad de Panamá, en un campo de fútbol frente a una medio centenar de personas.
Y el segundo hecho ocurrió el 18 de octubre del mismo año donde fueron asesinados José Ángel Flores y Silmer Dionicio George cuando salían de una reunión con más de 40 líderes y lideresas de las empresas campesinas de MUCA, ambos casos continúan en impunidad y los asesinos circulan en la región a vista y paciencia de la UMVIBA y las autoridades locales, estas prácticas se relacionan con el patrón de ineficiencia manejada en el caso de Ahuás, es por ello que solicitamos una comisión con reconocimiento internacional que investigue los mecanismos de aplicación de justicia en el Valle del Aguán.
