Macaulay apuntó que quienes ostentan el poder, ya sea como funcionarios, ministros o integrantes del Congreso no son líderes, son servidores públicos y como tales deben servir al pueblo de acuerdo a ley y derecho.
Entre el lunes 17 y jueves 20 de abril de la semana pasada, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, visitó San Pedro Sula, Puerto Cortés y Tegucigalpa, con el objetivo de fortalecer el trabajo de activistas afrohondureños y garífunas.
Fotos: Horacio Lorca/Criterio.hn
Tegucigalpa.- Honduras enfrenta un serio problema de violencia, criminalización, persecución y asesinatos contra las y los defensores de derechos humanos. Un fenómeno que suele ser abordado por los gobiernos con comunicados lamentando los sucesos, pero difícilmente con investigaciones que den con los autores intelectuales de estas acciones criminales.
En los primeros cuatro meses del 2023 se han registrado los asesinatos de al menos diez personas ligadas directa o indirectamente a la defensoría de la tierra, el territorio y el ambiente, ocho de los cuales ocurrieron en la Valle del Aguán y dos más en Tela, Atlántida.
Mientras que en 2022, según el último Análisis Global de Front Line Defenders, Honduras registró el asesinato de al menos 17 personas defensoras de derechos humanos, superada en América únicamente por Brasil con 26, México con 45 y Colombia con 186 asesinatos.
En el marco de la visita de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, realizada la semana pasada, Criterio.hn abordó con ella el papel que debe jugar la sociedad en general para enfrentar este tipo de violencia.
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Macaulay exteriorizó que la sociedad debe confrontar este y cualquier otro tipo de violencia, alzando su voz para ser escuchada por el gobierno y los poderes fácticos, presionar para que se escuchen sus voces y decirles que este tipo de violencia debe investigarse adecuadamente y ser detenida. “La sociedad no debe permanecer en silencio. Le debemos al futuro del país hablar”, afirmó.
Explicó que otros países donde se ha presentado este tipo de violencia y donde se han dado pasos positivos para poner un alto a la misma, “son aquellos donde la sociedad ha dicho: ‘No, basta de este tipo de violencia. Tenemos que hacer algo’. Si la sociedad hondureña pudiera hacer eso, creo que ayudaría mucho”.
Macaulay, quien además fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), apuntó que este Tribunal regional ha tomado decisiones relacionadas a las tierras de pueblos indígenas y garífunas de Honduras, en los que el Estado está obligado y debe entregar títulos que estén claramente delimitados y demarcados.
“Somos conscientes del hecho que estas decisiones no se están implementado, por lo que Honduras siempre está siendo monitoreada y luego recordada que están obligados a hacer esto”, señaló.
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Macaulay no lo mencionó, pero entre estos casos por los que Honduras es constantemente monitoreada están las sentencias a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, en las cuales el Estado fue declarado responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva de estas poblaciones, por lo que el Tribunal regional dictó una serie de reparaciones que a casi ocho años de la sentencia siguen sin cumplirse.
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ABARCA TAMBIÉN A LA SOCIEDAD
La presidenta de la CIDH remarcó que “la responsabilidad en el Estado no recae solo en las y los políticos que están en el poder y desde el gobierno, sino en la gente que vive también en el país, la sociedad. Conoces el viejo dicho: ‘un país tiene el gobierno que merece’, la sociedad es la que elige, la que va a votar, ahí está el poder. La sociedad debe hablar, debe dirigir, debe exigir”.
La también comisionada de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, subrayó que aquellos que están en el poder pueden ignorar las resoluciones emitidas por Cortes locales o regionales, “pero la sociedad básicamente es la que está en el poder. Son ellas y ellos quienes eligen a los representantes que ejercen el poder, por eso la sociedad debe hablar, es difícil, pero tiene que hacerlo”.
Macaulay se pronunció en contra de la práctica generalizada en América de llamar líderes a quienes ostentan el poder. Las y los funcionarios, ministros e integrantes del Congreso, entre otros, no son líderes, son servidores públicos. “Se supone que deben servir al pueblo de acuerdo a la ley, de acuerdo al derecho que les corresponde como personas humanas, pero muchas veces en América se refieren a ellos como los líderes, y me temo que esto se les sube a la cabeza”, pormenorizo.
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Agregando: “Tenemos que educar a nuestra sociedad para que dejen de pensar y tratar a los servidores del pueblo, de la tierra, del país, como líderes, porque es la sociedad quien debe decidir, debe hablar, debe expresar lo que quiere de estas personas cuando los eligen, para que sus mandatos sean escuchados, y sus mandatos siempre estén en consonancia con el respeto a los derechos humanos de cada persona”, afirmó.
Macaulay visitó Honduras entre el lunes 17 y el jueves 20 de la semana pasada en el marco del proyecto “Cerrando las brechas: Fortaleciendo la capacidad de las organizaciones afrodescendientes en América Latina y el Cáribe para buscar la Justicia Racial”, impulsado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, así como la Organización Negra Centroamericana (Oneca).
La CIDH inició ayer lunes 24 de abril, una visita in loco a Honduras para observar la situación de derechos humanos en el país. Esta es liderada por Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH; Roberta Clarke, segunda vicepresidenta; la comisionada Julissa Mantilla Falcón y los comisionados Joel Hernández, Carlos Bernal y Stuardo Ralón.
La delegación también es acompañada por: la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; la secretaria ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; la relatora especial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad García Muñoz; junto a especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
En el marco de la visita in loco a Honduras, la CIDH se reunió ayer con el titular de la Procuraduría General de la República, Juan Manuel Díaz Galeas; la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque; funcionarios del Ministerio Público; el pleno de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
