Tegucigalpa, Honduras.- La instancia de sociedad civil denominada Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) instó este lunes al Gobierno, liderado por la presidenta Xiomara Castro, a que efectúe la firma del memorando de entendimiento que daría pie a las fases de previas de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras.

El reclamo se da en un contexto en el que la presidenta Castro viajó un día atrás, el 11 de diciembre, a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde esta semana sostendrá reuniones con el director Miroslav Jenča, subsecretario general
para Europa, Asia Central y América del Departamento de Asuntos Políticos de
Naciones Unidas, con el propósito de afinar detalles del texto.

A través de una conferencia de prensa, la ACTJ imploró al Gobierno a que la firma del memorando de entendimiento, que está por efectuarse según fuentes oficiales, se apegue al espíritu del primer borrador que remitió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 31 de julio de 2022.

“Demandamos al gobierno, acelerarla firma del memorando de entendimiento sin más dilatorias, apegándose a los estándares de la ONU en el financiamiento, contratación de personal internacional, la figura del querellante adhesivo, para garantizar que la CICI estará facultada para investigar y perseguir la corrupción pasada, presente y futura, así como su independencia y capacidad técnica.

Dentro de la contrapropuesta que realizó el Gobierno a la ONU, con relación al memorando de entendimiento, se planteó que el Estado hondureño nombre a los funcionarios nacionales e internaciones.

Sin embargo, dicha intención no ha sido bien aceptada ni por la ONU ni por las organizaciones de sociedad civil, quienes han planteado que sea la CICI quien elabore un instrumento de identificación y nombramiento de personal.

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Asimismo, tampoco ha sido bien recibida por parte de la ciudadanía la iniciativa gubernamental de que sea el Gobierno quien financie el mecanismo anticorrupción, limitando a la cooperación internacional a aportar recursos técnicos. Esto se evidenció el 20 de noviembre de 2022, cuando la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, públicamente manifestó que fundamentalmente el financiamiento debe provenir del Estado.

Esta postura, que posteriormente fue redefinida por funcionarios del Ejecutivo, ha sido altamente criticada por analistas consultados por Criterio.hn como Josué Murillo, excoordinador de Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), y Gabriela Blen, representante de la ACTJ y exdirigente del Movimiento Indignados, quienes han asegurado que un financiamiento exclusivo por parte del Estado le restará independencia a la CICI.

Al más alto nivel, el financiamiento del mecanismo anticorrupción también constituye uno de los puntos cruciales dentro de las negociaciones entre el Gobierno y la ONU, aunque según diversos reportes de prensa, ya se ha acordado que el 70% corra por la cooperación internacional y el restante 30% por el Estado hondureño.

Criterio.hn contactó a los ministros de Transparencia y Presidencia, Edmundo Orellana y Rodolfo Pastor de María y Campos, respectivamente, pero ambos aseguraron no estar autorizados a dar detalles previos a la suscripción del memorando de entendimiento. Gobierno y ONU, según fuentes de Cancillería, firmaron un acuerdo de confidencialidad la semana anterior.

LLAMADO AL CONGRESO

Además de las exigencias al Ejecutivo, la ACTJ también llamó al Congreso a cumplir con su parte. “A todos los diputados solicitamos brindar la importancia debida a la creación de las condiciones jurídicas que permitan la instalación de la CICIH, lo que demanda sesionar en los días que resten de este año y atender de emergencia las siguientes necesidad”.

Específicamente, la ACTJ exigió, una vez más, la derogación del decreto 116-2019, que le impide al Ministerio Público ejercer acción penal contra diputados y funcionarios públicos investigados por corrupción y que obliga a los jueces a dictar sobreseimientos, delegando toda la responsabilidad al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Ese decreto, junto al 57-2020 y al 93-2021, constituyen un auténtico pacto de impunidad.

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El 57-2020 restringe al Ministerio Público el inmediato secuestro de documentos y objetos relacionados en investigaciones o persecuciones del delito, como carga probatoria, y lo obliga a someterse a las decisiones de los jueces, quienes definen qué órganos se encargarán de la custodia de las pruebas, en una evidente obstrucción de los procesos investigativos.

Mientras que el 93-2021, aprobado en la Semana Morazánica de 2021 con total arbitrariedad, reforma varios artículos del Código Penal en lo concerniente al delito de lavado de activos; específicamente, entre otras reformas, desobliga a los entes financieros a develar información ante investigaciones de lavados de activos y extorsión sin la previa autorización de un juez.

Además, los insta a aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, cuyo dictamen se presentó semanas atrás ante la Cámara legislativa. Sin embargo, ante una supuesta falta de consensos entre las bancadas, el proyecto de decreto se ha quedado estancado en la discusión en su primer debate.