Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. Luego que ayer la Corte de Apelaciones concedió a 22 imputados en el “Caso Pandora” un sobreseimiento definitivo, analistas han objetado sus observaciones contra esa decisión de la justicia hondureña que su criterio no representa una resolución estrictamente apegada a una orden jurídica, además que revela la fragilidad de la institucionalidad para procesar altos funcionarios.
El experimentado abogado en derecho penal y exjuez de sentencia, Ramón Barrios, analizó que el sobreseimiento de la justicia hondureña en el “Caso Pandora”, develó una irregularidad histórica del aparato judicial.
Esencialmente “en Honduras no tenemos Tribunales de Justicia, lo que tenemos en Honduras son Tribunales de legalidad; es decir Tribunales que aplican la ley que se hace en el Congreso Nacional. Y no todo lo que se hace en el Congreso Nacional, aunque es legal, no es justo”, amplió Barrios durante una comparecencia en un medio televisivo.
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Considerando esa anomalía de la justicia hondureña, el también catedrático universitario explicó que “los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia se eligen más allá de lo estrictamente jurídico; se eligen con criterios políticos”.
Por otra parte, en la argumentación usada para conceder el sobreseimiento definitivo de los implicados en el “Caso Pandora”, Barrientos critica que el “argumento no tiene nada de jurídico”.
“Porque el principal argumento dice que el Ministerio Público no ha podido probar durante audiencia inicial que esas personas sabían de la procedencia ilícita -de los fondos-”. De modo que “no se necesita ser profesional del derecho para no estar de acuerdo con ello”, sentenció.
En entrevista con Criterio.hn, para el director de la Facultad de Ciencias Sociales de Honduras (FLACSO-Honduras) y analista social, Rolando Sierra, la decisión de la justicia hondureña, conllevará a un aumento del nivel de impunidad que ya viene afectando la institucionalidad. Además “que continúe esa espiral de impunidad, que tanto afecta al país, lo que hace es aumentar la desconfía de la ciudadanía en la institucionalidad”.
“Vemos un caso donde la institucionalidad del país se ve nuevamente debilitada sobre todo en la lucha contra la corrupción, lo que hace es aumentar los niveles de impunidad que se tienen”, expone Sierra.
De acuerdo a este analista, el sobreseimiento de los implicados en el “Caso Pandora”, expuso una justicia con escasa capacidad de respaldo investigativo. “Sobre todo porque no se vio la capacidad de investigación para juzgar una situación bastante evidente tal y como lo había trabajado la MACCIH”.
“Si bien es importante que el Fiscal General anuncie que tomarán medidas. Pero sobre todo esto tiene que evaluarse y ver cómo se mejoran las capacidades de investigaciones para que estos casos sean realmente condenados”, recomendó.
En detalle, el “Caso Pandora” revela la desviación de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Esa investigación fue coordinada y procesada gracias a la extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) en conjunto con la también desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
