Tegucigalpa.- La Corte de Apelaciones de La Ceiba confirmó el sobreseimiento definitivo en favor de 16 integrantes de la Cooperativa Los Laureles, entre ellos el defensor del territorio Omar Cruz Tomé asesinado el 18 de enero de este año.
El anuncio fue revelado por el Bufete Estudios para la Dignidad, que representó legalmente a los miembros del colectivo campesino acusados de usurpación agravada por el Ministerio Público (MP) y la empresa agroindustrial Corporación Dinant, presidida por Miguel Mauricio Facussé, hijo del fallecido terrateniente Miguel Facussé.
La confirmación del sobreseimiento definitivo sobreviene luego que el MP y Corporación Dinant interpusieron recursos de apelación contra el sobreseimiento inicial dictado por el Juzgado de Letras de Tocoa, en el departamento de Colón, ubicado en el norte de Honduras.
Criterio.hn contactó al abogado del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Lestter Castro, quien explicó que a la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles se le adjudicaron 558 hectáreas de tierra en 1985 por el Instituto Nacional Agrario (INA).
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Estas fueron canceladas y el título de propiedad emitido en favor de la Cooperativa Los Laureles en 1991. Dos años después, en 1993 los campesinos fueron despojados de la tierra con la Ley de Modernización Agrícola, a través de compraventas ilegales en favor de las empresas agroindustriales entre ellas la Exportadora del Atlántico, una de las empresas que conforman el Grupo Dinant, relató el profesional del derecho.
PROCESO DE CRIMINALIZACIÓN CONTRA CAMPESINOS
En el 2021, las y los campesinos realizaron el proceso de recuperación de tierras y producción de las mismas. A partir de esta acción se abrió un proceso de investigación y se presentó un requerimiento fiscal en contra de las y los 16 campesinos a mediados de 2022, relató el abogado Lestter Castro.
Esto pese, a que previamente, en febrero de ese mismo año, la Plataforma Agraria —de la cual forma parte la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles— y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), suscribieron el acuerdo agrario con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, con el objetivo de llegar a una solución pacífica a la violencia en El Aguán.
En la audiencia inicial realizada en junio de 2022, el papel que jugó el Ministerio Público en el proceso careció de objetividad e imparcialidad. “Más bien parecía que el Ministerio Público —el fiscal Peyron Otoniel Salinas, denunciado por la Plataforma— era el apoderado legal de Corporación Dinant” y no el representante de los intereses generales de la sociedad, narró el abogado.
Además, ahondó que este juicio tuvo una duración de tres días, al final de los cuales el Juzgado de Letras de Tocoa decretó un sobreseimiento definitivo en favor de los 16 campesinos y campesinas. Sin embargo, tanto el acusador público como privado presentaron recursos de apelación contra el fallo, aduciendo que el mismo no les favorecía y que la tierra pertenecía a la empresa Exportadora del Atlántico, propiedad de Miguel Facussé. Esto a pesar que la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles tenía el título de propiedad definitivo otorgado por el INA a su nombre, y ya había suscrito el convenio agrario con el gobierno.
Con esta notificación de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, “que finalmente sobresee definitivamente a los compañeros, confirman la resolución del Juzgado de Letras y se termina, por ahora, este proceso de criminalización en contra de estos campesinos y campesinas. Cabe destacar que una de las personas que estaban siendo criminalizadas era Omar Cruz Tomé, quien fue asesinado el 28 de enero de este año”, dijo Castro.
Además de su criminalización, al momento de su asesinato, Omar Cruz Tomé era el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles. En octubre de 2022, dirigentes e integrantes de la Plataforma Agraria, COPA, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), y el BED denunciaron la existencia de un plan para asesinar a la dirigencia campesina en El Aguán, entre ellos Cruz Tomé, el cual estaría siendo impulsado por las empresas agroindustriales.
A la muerte de Omar Cruz Tomé el 18 de enero de 2023, siguió el asesinato del dirigente y miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez, Santos Hipólito Rivas, junto a su hijo adolescente de 15 años, Javier Rivas, el 13 de febrero.
