Previo a la elección de la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos firmaron un pacto donde se acordó la distribución de las cuotas de poder en instituciones donde se requiera de elección de segundo grado, la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público y el reparto de los máximos cargos en esta institución
Tegucigalpa, Honduras. – La Junta Proponente tiene una tarea difícil, pero no imposible, para darle a Honduras un fiscal general y fiscal adjunto. El país centroamericano requiere del fortalecimiento de los entes de investigación para hacerle frente al combate a la corrupción e impunidad.
“Nuestro sistema de justicia definitivamente está resquebrajado”, afirmó José Ramón Ávila, miembro de la Junta Proponente en representación de la sociedad civil.
El acceso a la justicia, de acuerdo con analistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos, es una deuda de los operadores de justicia, una situación que se ha agudizado en los últimos años, sobre todo en los periodos encabezados por Oscar Chinchilla, fiscal general por dos periodos consecutivos y señalado de haber estado al servicio de Juan Orlando Hernández –expresidente de Honduras extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico—.
En ese sentido, es crucial que la selección de autoridades del Ministerio Público sea un proceso transparente e independiente, pese a que, de acuerdo con José Ramón Ávila “no hay una intención –por lo menos de la institucionalidad de los diferentes poderes— de desarrollar un proceso de recuperación del Estado de Derecho”.
Eliminarán a aspirantes a fiscal general del MP que no desvirtuaron denuncias
¿FISCALES, YA ESTÁN SELECCIONADOS?
Honduras ha tenido selecciones de fiscales controversiales, un ejemplo de ellas fue la reelección de Oscar Chinchilla actual fiscal genera. La confesión del narcotraficante, Geovanny Fuentes Ramírez, donde señala que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández le confió “a Chinchilla lo puse ahí para protegernos”. Este hecho además de explicar la inacción ante la corrupción perpetrada en los gobiernos nacionalistas entre 2010-2022 y su relación cercana con el presidente Hernández, conforma que Chinchilla fue impuesto.
En ese sentido, la sociedad hondureña está a la expectativa de esta elección, ya que esto podría significar un cambio y un verdadero acceso a la justicia a través del combate a la corrupción.
Sin embargo, la suspicacia ante la imposición y control del MP permanecen, por las declaraciones de algunos diputados, que aseguran que los cargos de la Fiscalía serán repartidos a través de arreglos entre los partidos políticos tradicionales del país.
Estas aseveraciones por parte de diputados, José Ramón Ávila, las cataloga como una irresponsabilidad por parte del Poder Legislativo. “es un irrespeto a la ciudadanía manifestar que los puestos ya están seleccionados, eso no abona nada a la democracia, ni a la confianza”.
En febrero, previo a la elección de la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos (Libre, Nacional y Liberal) firmaron un pacto donde se acordó la distribución de las cuotas de poder en instituciones donde se requiera de elección de segundo grado.
Como parte de este pacto político, se concertó la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público y el reparto de los máximos cargos en esta institución, es decir la Fiscalía.
José Ramón Ávila, dijo a Criterio.hn que no tienen mayores garantías de tener como resultado un buen fiscal, debido a la representación de la Junta Proponente, misma que está integrada por 7 miembros que representan diversos sectores de la sociedad.
Sin embargo, aseguró que desde sociedad civil buscaran que “la elección de fiscales no esté orientada o vinculada a esas influencias políticas que muchas veces surgen y que son las que definen la elección del fiscal general”.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de la visita in loco desarrollada en abril de 2023, en sus observaciones preliminares señaló “la corrupción, los altos índices de violencia y la impunidad generalizada son problemas estructurales que han deteriorado la confianza de la población en las instituciones de procuración y administración de justicia en Honduras”.
De acuerdo con Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de Violencia (ONV), “la violencia y la criminalidad crece en países que son altamente corruptos y sobre todo donde hay impunidad y esa es la premisa fundamental para que la violencia crezca”.
Para la especialista en temas de seguridad, en el país centroamericano “los delincuentes tienen más o menos el 95 % de probabilidad que la justicia no los alcance, porque no se investiga y no se judicializa, por lo tanto, la acción penal es mínima”.
La CIDH indicó que, según la información disponible, la impunidad en Honduras respecto de los delitos en general, superaría el 90%. Además, subraya que, en el caso de delitos contra mujeres, personas LGBTIQ+, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las cifras de impunidad alcanzarían un porcentaje mayor.
Las organizaciones de mujeres apuntan que la impunidad en casos de violencias contra la mujer supera el 95%. También las organizaciones de personas LGBTIQ+ señalan que en delitos de odio ronda el 93 %.
En ese sentido, la CIDH recalcó que es fundamental el proceso de nombramiento de las personas titulares del MP, se rija bajo criterios de igualdad, no discriminación, formación, mérito y transparencia, incluyendo amplia participación ciudadana.
“Sólo de esta manera se podrá garantizar su independencia, avanzar en el combate a la corrupción y a la impunidad, fenómenos persistentes en Honduras”, enfatizó el organismo internacional.
