La Sociedad Interamericana de Prensa pidió a las autoridades de México y de Honduras investigar con celeridad y profundidad los móviles detrás de los asesinatos de tres reporteros en los últimos días. La organización reiteró su reclamo por la falta de eficiencia de los sistemas de protección y seguridad para periodistas.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, expresó condolencias a las familias y colegas de las víctimas de estos crímenes en México y Honduras. «Nos alarma la indefensión que padecen los periodistas ante la violencia. Instamos a las autoridades de ambos países a investigar con celeridad y profundidad para establecer sanciones a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos, y conocer si tuvieron como móvil la actividad periodística», dijo Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras.
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Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó: «Condenamos estos nuevos crímenes que reflejan la falta de justicia que rodea a la mayoría de los asesinatos contra periodistas en países donde existen mecanismos de protección que debieran ser eficientes para prevenir este tipo de delitos». Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina, reiteró que la SIP viene solicitando a los gobiernos de ambos países que revisen los protocolos de los sistemas de protección, ya que estos parecen ser insuficientes e ineficientes.
En México, Margarito Martínez, de 49 años, fotorreportero independiente, fue baleado el 17 de enero cuando salía de su domicilio en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California. Trabajaba para varios medios nacionales e internacionales. Días antes del asesinato, Martínez había solicitado su incorporación al mecanismo estatal de protección para periodistas, luego de que un expolicía lo acusara de ser editor de dos páginas de Facebook dedicadas a la publicación de crímenes. Temía represalias de grupos criminales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado constató que el arma usada en el asesinato del fotógrafo había sido utilizada en otros cinco hechos delictivos ocurridos entre mayo y junio de 2020. Las autoridades investigan también si se trató de una disputa personal con un vecino.
José Luis Gamboa, director del diario digital Inforegio, fue atacado el 10 de enero con un arma punzocortante durante un supuesto asalto, en el puerto de Veracruz. El cadáver de Gamboa fue identificado por la familia el 14 de enero. Sobre este crimen el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, consideró que podría estar ligado a su labor periodística. En su canal en YouTube, Gamboa entrevistaba a políticos y publicaba denuncias locales.
En Honduras, Pablo Isabel Hernández Rivera, de 34 años, activista y periodista, fue asesinado por la espalda cuando se dirigía a la iglesia en San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira, el 9 de enero. Desde hace cinco años trabajaba como director y periodista de la radio comunitaria Tenán 94.1 F.M, «La Voz Indígena Lenca» y había denunciado amenazas en su contra. En febrero de 2021, desconocidos sabotearon el cableado eléctrico y de internet de la radio. Hernández Rivera también era coordinador de comunidades eclesiales e impulsor de la Universidad Indígena y de los Pueblos, entre otras actividades.
Canahuati y Jornet reiteraron el llamado urgente de la SIP a reforzar los mecanismos de protección, para que puedan cumplir con eficacia su misión de reducir los ataques contra los periodistas y garantizar su seguridad.
Estos tres asesinatos en México y Honduras se suman a los de los reporteros Wilguens Louissaint y Amady John Wesley, asesinados el 6 de enero en Haití cuando cubrían un enfrentamiento entre pandillas.
