Por: Daniel Girón
Tegucigalpa, Honduras.- Varios grandes casos de corrupción se mantendrán archivados en el Poder Judicial si el Congreso Nacional no logra consensos para derogar una serie de decretos que protegen a corruptos, expuso Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco).
“Hay cinco casos de corrupción que están archivados en la Corte Suprema de Justicia, y no serán desarchivados mientras no se deroguen decretos que crean impunidad. Si no se deroga el decreto 116-2019 los casos que están sobreseídos van a prescribir y quedan en impunidad”, puntualizó.
“Nosotros hemos cumplido con pedirle a los diputados que deroguen los decretos 11-2019, 56-2020 y el 93-2021. Con la reforma al Código Penal, los tiempos de prescripción han bajado, todo va depender de los delitos que se estén acusando a los imputados”, agregó.
Y es que gracias a la implementación de los decretos 93-2021, 57-2020 y 116-2019, más de 400 presuntos criminales señalados por cometer el delito de lavado de activos están en libertad.
El Congreso presidido por Mauricio Oliva, en 2019, aprobó el decreto 116-2019, que consiste en un pacto con el que se legalizó el fondo departamental, y que generó un mecanismo paralelo que bloquea a los fiscales del MP a investigar grandes casos de corrupción.
Santos planteó que se derogue el decreto 93-2021, porque los narcotraficantes y políticos vinculados con la corrupción quedan blindados para mantener bajo la opacidad sus riquezas amasadas de manera ilícita y, también, para que la justicia los procese, el MP debe demostrar que los recursos provienen de actos delictivos.
Y es que, mediante este pacto de impunidad, el Congreso reformó el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Lavado de Activos, lo que incumple con las normas internacionales financieras que perjudica directamente la economía hondureña, advirtió Santos.
El fiscal recordó que desde que cocinaron estos “pactos de impunidad” que blinda a funcionarios y estanca procesos judiciales, advirtió que habría consecuencias como las que ya se están viviendo: casos de corrupción desestimados y archivados, amparados en los decretos mencionados.
En la agenda legislativa desde hace varias semanas está contemplada la derogación del decreto 93-2021, pero no se ha logrado por falta de voluntad, lo que expertos traducen que hay temor entre los congresistas salpicados en casos de corrupción.
PIEDRA EN EL ZAPATO PARA LA CICIH
Con la derogación de esos decretos también se estaría dando un paso importante para la posible instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa que hasta la fecha no ha logrado cumplir la presidenta Xiomara Castro, dicen analistas.
“En el caso hipotético de que la CICIH venga, si los diputados votan a favor, una de las condiciones que van a poner es que no se investiguen casos de corrupción porque hay actuales diputados de partidos involucrados”, puntualizó Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Lo dicho por Ramírez cobra sentido si se trae a memoria el caso de los diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Antonio Rivera Callejas, quienes desde sus trincheras se han negado en votar para que se deroguen los decretos.
Estos diputados fueron señalados por la extinta Misión de Apoyo Contra Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en el famoso caso de corrupción Fe de Erratas, el cual llevó a los tribunales, pero quedaron amparados en decretos aprobados por el Congreso.
LEA: Pérdida de institucionalidad se manifiesta en actuaciones del Congreso hondureño
¿HAY VOLUNTAD PARA DEROGAR ESTOS DECRETOS?
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, aseguró que existe voluntad política en avanzar con la agenda anticorrupción del Congreso, pero, por la discusión de otros intereses, todavía no se han logrado derogar algunos decretos ligados al pacto de impunidad.
“Hay algunos temas que se han discutido, algunos de ellos hasta en su tercer debate (…) yo puedo decir que dictaminamos todas las iniciativas que considerábamos vitales para que todos los operadores de justicia pudieran luchan contra la impunidad y corrupción”, mencionó.
“En un solo dictamen tenemos dos pactos de impunidad: uno es el 57-2020, que es derogar una interpretación que le hacen al Código Penal y, el otro, es el 93-2021, que de no derogarse estaría dándose mucha impunidad en el delito de lavado de activos”, agregó.
Sin embargo, estas derogaciones no se volvieron a tocar porque en la actualidad no se están celebrando sesiones debido a la polémica con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que no se ha hecho efectiva porque el acta no ha sido ratificada.
“Lo más importante es salir de esta crisis. Si se ratifica o no el acta del CAF, es decisión de cada diputado (…) después en junio vamos a un descanso, pero podemos postergarlo a través de un decreto especial para derogar los decretos”, advirtió.
Desde el punto de vista de Mena, si el titular del Legislativo, Luis Redondo, se dedicara a generar debates y consensos con los jefes de bancadas, el tema de la agilización de la agenda legislativa no sería un obstáculo para la derogación de leyes importantes para el desarrollo de Honduras.
“A estas alturas nuestro mayor interés es que se proceda con la derogación inmediata de los decretos 93-2021, 53-2020 y 116-2019 que son los más urgentes. Desde el partido salvador de Honduras hemos manifestado que nuestros votos están listos”, valoró.
