La falta de consenso entre las bancadas del Congreso Nacional impidió la aprobación de reformas electorales como la segunda vuelta, separación de elecciones y reducción de diputados
Tegucigalpa, Honduras. – En menos de un mes, las y los hondureños acudirán a las urnas para participar en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025. Sin embargo, estos comicios se desarrollarán bajo las mismas reglas de procesos electorales anteriores, debido a la falta de avances en las reformas electorales.
El Congreso Nacional no priorizó la aprobación de modificaciones a normativa electoral, incluyendo la implementación de la segunda vuelta, separar las elecciones de diputados de las presidenciales y la ciudadanización de las mesas electorales.
Analistas señalaron que la falta de voluntad política y los acuerdos entre los partidos políticos han sido los principales obstáculos para avanzar en este proceso de reformas electorales.
En febrero de 2022, el diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, presentó un proyecto de reformas que posteriormente pasó a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.
El proyecto de las reformas electorales contempla la aprobación de una segunda vuelta electoral, regular los periodos de congresistas y alcaldes, y reducir el número de diputados propietarios y suplentes del Poder Legislativo.
Asimismo, se pretende limitar a dos periodos el mandato de congresistas y alcaldes, ya que algunos legisladores han llegado a estar más de cuatro periodos como los diputados nacionalistas Oswaldo Ramos Soto –que falleció en 2024— y Antonio Rivera Callejas, entre otros.
También se pretende reglamentar la reelección presidencial que implementó de manera ilegal el exmandatario, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión por delitos relacionados a la narcoactividad, misma que se mantiene indefinida y vulnera la democracia del país.
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CONGRESO NACIONAL EN DEUDA CON LA POBLACIÓN
Pese a la importancia de estas reformas electorales la Junta Directiva del Congreso Nacional, no agendó la discusión de las mismas o la sometió a discusión ante el pleno. En ese sentido analistas señalan que los diputados y la clase política tiene una gran deuda con la población.
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), dijo a Criterio.hn que los partidos políticos, especialmente los representados en el Congreso Nacional, ha quedado a deber en muchos aspectos, entre ellos las tan ansiadas reformas electorales.
Agregó que es momento que la ciudadanía debe analizar y cambiar las reglas del juego, y mostrarles a los políticos que se deben al pueblo y como tal deben priorizar acciones y leyes que garanticen procesos electorales transparentes y confiables.
Por otro lado, el exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, señaló que sin reformas electorales es incierto cómo se garantizará la transparencia en el conteo de votos en las futuras elecciones.
«Si no hubo reformas, ¿cómo se resolverá la necesidad de transparencia en el conteo de votos en las mesas electorales?», cuestionó Moreno. Además, advirtió que, de no haber cambios sustanciales, el conteo de votos podría seguir dependiendo de acuerdos entre caudillos locales y nacionales, en lugar de responder a un sistema electoral confiable y legítimo que genere certidumbre a la población.
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UNA SEGUNDA VUELTA SE DEBIÓ APROBAR EN 2023
La aprobación de la segunda vuelta electoral, ha sido una de las reformas de las que se ha hablado y propuesta en reiteradas ocasiones, sin embargo, la misma no pasa de una simple propuesta.
Dado que esta reforma implica una modificación constitucional, debía ser ratificada en una legislatura posterior. En este caso, de haber sido aprobada en 2024, la segunda vuelta habría requerido una nueva votación en 2025, año en el que las y los hondureños son llamados a ejercer el sufragio.
En ese sentido, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Augusto Aguilar explicó que debido a los tiempos esta reforma se debió aprobar en 2023 o por muy tarde en 2024, debido a que la misma necesita ser ratificada en una siguiente legislatura.
La necesidad de una segunda vuelta surge en 2013, por la aparición de nuevas fuerzas políticas como el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Anticorrupción (Pac) que buscaban desplazar al bipartidismo (Partido Nacional y Liberal).
Con la aprobación de la segunda vuelta electoral se garantizaría que en caso que ningún candidato presidencial obtenga la mayoría absoluta en las elecciones generales, los dos más votados se enfrenten en una segunda elección. Este mecanismo busca garantizar mayor legitimidad y respaldo para el presidente electo.
De acuerdo a cifras del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las elecciones de 2013 el candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, se alzo con la victoria al obtener el 36,89% de los votos escrutados, contra un 28,78% obtenido por Xiomara Castro, candidata por el recién creado Partido Libre.
Los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de las elecciones generales de 2017 dieron como ganador al entonces presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, quien se reeligió pese a ser ilegal y a los señalamientos que lo involucraban con actividades de narcotráfico (acusaciones que derivaron en su extradición y posterior sentencia a 45 años de prisión por delitos de tráfico de droga).
En ese cuestionado proceso electoral, Hernández Alvarado fue declarado ganador con un 42.95% de los votos, en medio de alegatos de fraude por los llamados “votos rurales”, contra un 41.42% obtenido por la Alianza de Oposición –integrada por el Partido Innovación y Unidad (Pinu) y Partido Libre— encabezada por Salvador Nasralla.
